Institución realiza auditorias mensuales y pide supervisión y acompañamiento de varios gremios e instituciones.
SANTO DOMINGO, RD. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), reiteró la solicitud de asesoría a la Cámara de Cuentas (CCRD), la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos de RD, para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, dijo que, pese a que los fondos de la entidad no son estatales, porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, buscan el acompañamiento de dos organismos fiscalizadores del Estado y de importantes gremios para que colaboren con el proceso.
“El pasado tres de agosto del presente año solicitamos por escrito a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos de RD, que nos acompañen en la selección de una firma auditora privada que fiscalice los recursos CARD y todavía estamos esperando respuesta de la CCRD, por lo que reiteramos el llamado”, expresó Surun Hernández.
El presidente del gremio dijo que para legitimar aún más la elección de la firma auditora, la actual administración también solicitó la participación de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil como son la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, del Colegio de Contadores Públicos, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y de Participación Ciudadana para que nos den acompañamiento, veeduría, asesoría y supervisión para que el proceso de licitación se haga conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que el mismo tenga todas las garantías de transparencia correspondientes.
Entre las firmas privadas sugeridas para realizar la auditoría figuran BDO Dominicana, Deloitte, KPMG, Deloitte, Pricewaterhousecoopers, Ernest &Young, ManPower, MasterCard, Mckinsey & Company, The Cocktail, Baker & McKenzie, Right Management Consultant, Basham, Ringey CorreaS.C, Mckinsey & Company.
Miguel Surun Hernández destacó que el CARD ha implementado sólidos controles contables y un eficiente manejo de los limitados fondos que ingresan a esa institución, los cuales son manejados con apego a la Ley 340-06, a pesar de no ser recursos públicos.
El gremialista indicó que todos los informes contables y procesos son publicados mensualmente en la página institucional del Colegio, con el objetivo de que los abogados, abogadas y el país en general sepan en que son invertidos los recursos.
Otras auditorías
En los últimos cinco años las gestiones del CARD han sido auditada anualmente revelando un manejo correcto y eficiente de los recursos, en cumplimiento al artículo 2 de la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, que establece la necesidad de realizar auditorías a instituciones descentralizadas y autónomas; asimismo al artículo 19 de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados, que plantea una rendición de cuentas anual, y en otras épocas del año en caso de ser necesario.
Ingresos del gremio
La Ley 3-19 del Colegio de Abogados establece el pago de 50 pesos por sellos para ser utilizados en contratos notarizados, registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones; registros comerciales tramitados por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, actos de alguaciles, conclusiones judiciales y otros.
Sentencia del Tribunal Constitucional
Recordó que recientemente el Tribunal Constitucional determinó mediante sentencia que “El Colegio de Abogados de la República Dominicana es una entidad gremial con intereses y base privada, alegando que “los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio ”.
El CARD cuenta con autonomía, independencia presupuestaria y financiera y en la actualidad ostenta niveles de transparencia óptimos, debido a que publica en su página web www.colegiodeabogados.org.do, todas las informaciones referentes a erogaciones, nóminas, compras y contrataciones, gastos semanales, auditorías, gastos extraordinarios, ingresos diarios, y otros.
