SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de trascendental el envío a juicio de fondo de los encartados en el expediente de Odebrecht y dijo que es el primer caso de corrupción de transcendencia internacional en el que se dicta auto de apertura a juicio contra la mayor parte de los procesados.
“En los últimos 20 años este es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en la República Dominicana por la cantidad de imputados, el nivel de influencia de los mismos y por los montos involucrados”, expresó Rodríguez, de acuerdo a un comunicado de la Procuraduría.
El jefe del Ministerio Público manifestó que “se trata de una decisión de envío a juicio correcta, justa y apegada de manera estricta a las leyes, las pruebas presentadas, y al debido proceso, adoptada contra exfuncionarios, legisladores, exlegisladores y empresarios, marcando un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana”, expresó el magistrado Rodríguez.
Aseguró que en el país se está iniciando una nueva era que responde a la demanda de la población en la lucha contra el grave flagelo de la corrupción y el trabajo serio y responsable del Ministerio Público.
Resaltó que el cuerpo de fiscales a cargo del caso está preparado para demostrar de nuevo en esta nueva etapa del proceso la vinculación de cada uno de los procesados a los graves hechos de corrupción que se les imputan y lograr que sean sancionados como mandan las leyes.
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó auto de apertura a juicio contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó en sobornos en el país para obtener contratos de obras.
Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Con respecto a Jesús Antonio Vásquez Martínez, que fue excluido del proceso, dijo que evaluarán la decisión para decidir si corresponde apelar la decisión dentro del plazo que establece la ley.
El procurador general de la República destacó el trabajo y los esfuerzos hechos por el Ministerio Público para avanzar con este caso a pesar de la persistente intención de los imputados de torpedear el proceso, utilizando un sinnúmero de tácticas dilatorias, durante el cual presentaron más de 50 incidentes que les fueron rechazados luego que fueran acogidas las solicitudes del Ministerio Público.
Manifestó que “ha sido un intenso trabajo durante el cual los encartados en todo momento han tratado de confundir al país y han utilizado múltiples maniobras y tácticas dilatorias para que el proceso no avance a fin de no enfrentar sus inminentes consecuencias, presentando una gran cantidad de incidentes que en su mayoría fueron rechazados por improcedentes”.
En ese mismo orden, expresó “ellos trataron de desacreditar el proceso y quitarle validez a las confesiones de los empleados de Odebrecht, sin embargo, los incidentes fueron rechazados porque es en estas delaciones que precisamente se indica quiénes son los que recibieron los sobornos”.
Igualmente, expresó “esta sentencia demuestra que la acusación presentada por el Ministerio Público no era un mamotreto como alegaban los imputados, sino que es un expediente preparado de manera perfecta”.
El jefe del Ministerio Público reiteró su compromiso de seguir enfrentando de manera firme, seria y responsable el enriquecimiento ilícito y todo acto realizado al margen de la ley y la buena administración del erario.
Para ello, dijo seguirán fomentando la capacitación especializada de los fiscales y la adquisición de los equipos tecnológicos y todos los aparatos necesarios que les permitan seguir jugando su rol de manera efectiva y así brindarle un servicio de calidad y eficiente a toda la ciudadanía.
