SANTO DOMINGO, RD.-Expertos del Consejo Nacional de Drogas (CND) imparten con éxito de manera virtual en el taller: “Rol del Dirigente Deportivo y Profesor de Educación Física”, con el objetivo de mostrar aspectos básicos a tomar en cuenta para el conocimiento de la problemática del uso indebido de sustancias ilícitas en el deporte y los medios de abordar esa problemática con un enfoque preventivo.

La iniciativa del CND y su presidente Jaime Marte Martínez es desarrollada por el Departamento de Prevención en el Deporte (DEPREDEPORTE) que dirige la licenciada Johanna González.

“El taller tiene como finalidad lograr que los dirigentes deportivos adquieran conocimiento, autoridad e influencia para de esa forma asumir la labor de agente multiplicador en prevención de drogas en el área deportiva”, explicó Marte Martínez al pronunciar las palabras de apertura del taller.

El presidente del CND afirmó que se ha propuesto integrar a toda la dirigencia deportiva en la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas en el renglón de la reducción de la demanda.

“Hemos redoblado los esfuerzos para que todos los entrenadores, dirigentes deportivos, profesores y estudiantes de educación física en diferentes disciplinas deportivas puedan concientizar a los atletas y familiares bajo su dependencia en relación a los daños a corto y largo plazo que causan las drogas depresoras, estimulantes y perturbadoras (alucinógenas) al sistema nervioso central”, apuntó Marte Martínez.

Impacto inmediato

En tanto que la licenciada González, coordinadora del taller, aseguró que las orientaciones impactarán de manera positiva en los participantes en la plataforma virtual de los programas educativos.

“Los participantes en el taller podrán presentar un conjunto más amplio de aportes a la comunidad deportiva y de esa forma mitigar todos los factores de riesgo presentes en la vida de los jóvenes”, agregó.

-Duración-

La directora del Departamento de Prevención en el Deporte del CND destacó que el taller consta de 7 sesiones de 2 horas cada una, siendo un modelo teórico/práctico. El proceso de capacitación concluirá en la primera semana de marzo.

Dijo que al final del programa los más de 100 participantes obtendrán los conocimientos necesarios para que puedan sensibilizar al público objetivo.

“Al finalizar el taller, los y las participantes estarán en capacidad de multiplicar los conocimientos adquiridos con el personal bajo su dependencia”, afirmó.

Contenidos

Destacó que entre los temas a tratados figuran: el origen y estructura del CND, legislación vigente en materia de drogas Ley (50-88), prevención de drogas y manejo de conflictos, drogas, clasificación, efectos y consecuencias en el organismo y factores de riesgo y de protección.

Además, efectos y consecuencias del uso de los esteroides en el deporte, consecuencia de la hookah y el tabaquismo en el deporte, valores y autoestima en los deportistas, presión de grupo: ¿cómo influye en los atletas?.

El taller concluye con una exposición, evaluación y cierre de las actividades que tiene una metodología altamente participativa.

El Tribunal Constitucional (TC) conoció y decidió veintiséis expedientes, dos sobre acción directa de inconstitucionalidad, once sobre amparos directos, seis sobre recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, cinco sobre recursos de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y dos sobre solicitud de liquidación y aumento de astreinte, durante las sesiones virtuales celebradas esta semana, con la participación de las juezas y jueces que integran el Pleno.

El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, encabezó las sesiones en la que se conocieron los expedientes TC-01-2019-0049 y TC-01-2018-0051, relativos a la acción directa de inconstitucionalidad; y los expedientes sobre amparos directos TC-06-2020-0001, TC-06-2020-0002, los fusionados TC-06-2020-0015, TC-06-2020-0018, TC-06-2020-0021, TC-06-2020-0024 y TC-06-2020-0027; TC-06-2020-0006, TC-06-2020-0012, TC-06-2020-0031, TC-06-2020-0004, TC-06-2020-0003, TC-06-2020-0007, TC-06-2020-0042 y TC-06-2020-0008.

Así también se conocieron los expedientes TC-05-2020-0088, TC-05-2020-0141, TC-05-2019-0186, TC-05-2019-0255, TC-05-2020-0070 y TC-05-2013-0110, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo; los expedientes relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional TC-04-2019-0061, TC-04-2019-0241, TC-04-2020-0034,

TC-04-2020-0057, TC-04-2019-0063 y los expedientes TC-12-2020-0004 y TC-12-2020-0001, relativos a la solicitud de liquidación de astreinte.

En el expediente TC-01-2019-0049, incoado por Francisco del Rosario, contra el artículo 8 de la Ley 4314, que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, de fecha 22 de octubre de 1955 (modificada por la Ley 17-88 del 5 de febrero de 1988), la decisión adoptada fue acoger la acción directa y, consecuentemente, declarar no conforme con la Constitución la norma atacada.

Respecto del expediente TC-01-2018-0051, incoado por Hipólito Sánchez Adames, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 y 15 de la resolución número 21/2018 emitida el 6 de junio de 2018, por el Consejo del Poder Judicial, la decisión fue declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad de que se trata.

En cuanto al expediente TC-06-2020-0001, incoado por Wanderlif Terrero, Oscar Riquelme García Volquez y Máximo Starlin Veloz Javier contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones por presunta violación a su derecho fundamental a la propiedad sobre los valores cotizados en los fondos de pensiones, se decidió declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Respecto del expediente TC-06-2020-0002, incoado por Nikairo Ramón Rodríguez Díaz, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión tomada fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Sobre el expediente fusionado conformado por TC-06-2020-0015, TC-06-2020-0018, TC-06-2020-0021, TC-06-2020-0024 y TC-06-2020-0027 incoados, respectivamente, por Isidora Carvajal, Jerson Manuel Silverio Alcántara, Yaquelin Margarita Contreras Melo, Aníbal Herrera Cepeda y Yakaira Gómez de Pellerano, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, lo decidido fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

En relación con el expediente TC-06-2020-0006, interpuesto por Bolques Luis Viloria Lorenzo, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión adoptada fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Respecto al expediente TC-06-2020-0012 interpuesto por Rodolfo Jiménez, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Concerniente al expediente TC-06-2020-0031, incoado por Jonathan Estévez Fabián contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones con el fin de obtener la desafiliación del Sistema Dominicano de Pensiones y el retiro anticipado de los fondos acumulados, se decidió declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Acerca del expediente TC-06-2020-0004, incoado por el señor Julio Alejandro Mota Vallejo, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, se decidió declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Referente al expediente TC-06-2020-0003, incoado por el señor Raunel Alberto Santos Alcántara, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, se decidió declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Respecto del expediente TC-06-2020-0007, interpuesto por Greilyn Agramonte, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, el 26 de mayo de 2020, la decisión fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

En cuanto al expediente TC-06-2020-0042, incoado por Kelvin Ambioris Santana Natera, contra la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Comandancia General de la Fuerza Aérea, se decidió declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente lo es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

En relación con el expediente TC-06-2020-0008, incoado por Richard Cordero Torres contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones por alegada violación al derecho de propiedad, se decidió declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Con respecto del expediente TC-05-2020-0088, interpuesto por Presbiterio Morla Rijo contra la sentencia 0030-02-2019-SSEN-00281, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 19 de septiembre de 2019, acoger el recurso, revocar la sentencia, y declarar inadmisible la acción de amparo.

Sobre el expediente TC-05-2020-0141, interpuesto por Whenshy Wilkerson Medina Sánchez, contra la sentencia TSE-135-2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, por el Tribunal Superior Electoral, la decisión tomada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia atacada.

En el expediente TC-05-2019-0186, incoado por Ellyn Nobel Reynoso Batista, contra la sentencia 0030-2017-SSEN-00030, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 2 de febrero de 2017, la decisión fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia atacada.

En cuanto al expediente TC-05-2019-0255, interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia contra la sentencia 030-04-2019-SSEN-00077 dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 4 de marzo de 2019, se decidió acoger el recurso y, por tanto, revocar la sentencia y declarar inadmisible la acción de amparo.

Referente al expediente TC-05-2020-0070, incoado por Enmanuel de Jesús Trinidad contra la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00311, de fecha 10 de septiembre de 2019, por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia atacada.

Con relación al expediente TC-05-2013-0110, interpuesto por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, de una parte, y, de otra parte, por los señores Cristian C. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reyna del Carmen Rodríguez, contra la sentencia 192-2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 2 de mayo de 2013, se ha decidido acoger el recurso, revocar la sentencia y declarar la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento.

Acerca del expediente TC-04-2019-0061, incoado por la Inmobiliaria Freoscar, S. R. L., contra la sentencia 103, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en fecha 25 de enero de 2017, declarar la inadmisibilidad del recurso.

En cuanto al expediente TC-04-2019-0241, interpuesto por el señor Porfirio Andrés Bautista García, contra la Resolución 3544-2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 19 de septiembre de 2019, se declaró la inadmisibilidad del recurso.

En relación con el expediente TC-04-2020-0034, interpuesto por Roldán Ernesto Hernández Rodríguez, Alexandra Saleme Ortiz y Alexander Hernández Saleme, contra la Resolución 3152-2017, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de junio de 2017, la decisión adoptada fue declarar inadmisible el recurso.

En cuanto al expediente TC-04-2020-0057, incoado por Juan Evangelista Sánchez Estrella, Federico Antonio Cabrera González y la Agencia de Cambio Hemisferio, S. A., contra la sentencia 90-2019, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 10 de julio de 2019, se decidió rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia.

Respecto del expediente TC-04-2019-0063, interpuesto por Marian Elizabeth Ramírez Pérez contra la sentencia 773, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 18 de septiembre de 2017, lo decidido fue rechazar el recurso y, consecuentemente, confirmar la sentencia atacada.

En cuanto al expediente TC-12-2020-0004, interpuesto por Edison Apolinar Muñoz Rosado por la sentencia TC/0227/18, dictada el 19 de julio del año 2018 por el Tribunal Constitucional contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, lo decidido fue acoger la solicitud de liquidación de astreinte.

En relación con el expediente TC-12-2020-0001, incoado por Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez contra el Ayuntamiento del Municipio de Santiago y Abel Atahualpa Martínez Durán, por la sentencia TC/0048/19, dictada el 8 de mayo de 2019 por este Tribunal Constitucional, la decisión adoptada fue acoger parcialmente la solicitud y rechazar la solicitud de aumento de astreinte.

El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia de COVID-19. A tales efectos, se han dispuesto medidas para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de manera presencial y el teletrabajo en una gran parte del personal. Esta semana estará sesionando igualmente. El TC informó que estas informaciones en estado de emergencia no sustituyen la publicación de los comunicados sobre adopción de decisiones que seguirán siendo emitidos conforme la normativa institucional.

SANTO DOMINGO, RD- Con un 69.55% de los votos computados, el exministro de MEPYD Juan Jiménez y el Ing. Johnny Pujols encabezan las votaciones. Hasta el último boletín emitido la noche del domingo, la diferencia era de 109 votos, siendo ya los dos favoritos de los 110 que serán electos.

Además de Jiménez y Pujols, otros jóvenes, han tomado la delantera en los primeros boletines de las elecciones internas celebradas por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para elegir 300 nuevos miembros de su Comité Central, figurando la ex ministra de juventud, Robiamny Balcácer, en tercer lugar, el ex candidato a senador por el Distrito Nacional Rafael Paz, cuarto lugar, seguido del joven Michael Matos, asistente del exministro José Ramón Peralta.

Con una notoria participación de la matrícula del PLD, en medio de un proceso organizado que no registró incidencias, el Partido de la Liberación Dominicana da paso una nueva generación en su órgano de dirección, figurando entre los 10 más votados, 7 jóvenes con menos de 40 años.

De acuerdo a las declaraciones del secretario electoral del PLD, Danilo Díaz, “Puede ser que los que están arriba bajen o suban más, pero puede haber desplazamiento de hasta diez lugares por efecto de los resultados de alguna provincia donde un aspirante tenga alguna influencia, etcétera”.

Además, informó que la tarde de este lunes se ofrecerá un boletín con la totalidad del escrutinio y que se mantendrán actualizando los resultados todo el día, en vivo, a través de su portal digital.

SANTO DOMINGO.- El director del hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, doctor Julio Landrón, junto al director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Dr. Fausto López Solís, dejaron inaugurado un módulo para brindar servicios a los afiliados al seguro de riesgos laborales.

“Este módulo garantizará que la clase que mueve la economía, la clase trabajadora en caso de tener un accidente tendrá la facilidad de atención y autorización inmediata a su problema” resaltó el doctor Landrón.

El doctor Julio Landrón explicó que en este espacio los afiliados al seguro de riesgos laborales podrán acceder con facilidad a los servicios que ofrece el IDOPPRIL.

“Esta es la primera unidad de atenciones instar hospitalaria que se inaugura en esta gestión en lo que va de año; nosotros nos comprometemos a darle toda la asistencia necesaria al personal IDOPPRIL y que unidos podamos seguir brindando un servicio de calidad a los usuarios” señaló el doctor Landrón.

Durante el encuentro el doctor Landrón y el doctor López Solís realizaron un recorrido por las diferentes instalaciones del centro de salud, con la finalidad de conocer los espacios de atención para los trabajadores que le ocurra algún accidente laboral y que sean trasladados a dicho hospital. .

“Esta iniciativa beneficiará de gran manera a la clase trabajadora, debido a que no tendrán que salir del hospital a solicitar servicios de riegos laborales y podrán realizar sus solicitudes en este centro hospitalario” explicó el doctor Landrón, quien además es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia.

El director del IDOPPRIL señaló que el objetivo es facilitar el acceso a los servicios que ofrece el seguro de riesgos laborales a los afiliados, para lo cual está trabajando de la mano con todos los relacionados y así garantizar a la población trabajadora obtener el beneficio del SRL que establece la seguridad social de una forma ágil y oportuna.

“La apertura del módulo IDOPPRIL en el HTNAL, representa un gran paso de avance para los afiliados que reciben servicios de salud a consecuencia de un evento calificado como laboral en el referido hospital y las PSS cercanas” resaltó el Dr. López Solís.

El doctor Landrón estuvo acompañado de los subdirectores del hospital.

Previo a finalizar el encuentro el director de IDOPPRIL firmó el libro de visita del establecimiento de salud.

Santo Domingo, RD.- La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (ASONAFISS), demandó la destitución del diputado Pedro Botello, tras incitar a la violencia durante las encendidas protestas registradas frente al Congreso Nacional, exigiendo el 30% de los Fondos de Pensiones.

El presidente de la entidad, Joel Rodríguez, calificó como improcedente este tipo de manifestaciones, que alteran y laceran la paz social en el país, por lo que consideró que Botello debe ser destituido a la mayor brevedad como legislador y que le sean aplicadas las sanciones correspondientes.

Rodríguez, consideró además, que el legislador debe desistir de ese tipo de accionar, ya que no es el más idóneo método de lucha para demandar cualquier tipo de reivindicación.

Planteó que el Congreso debe tomar carta en el asunto sobre las medidas a adoptar en ese sentido, y exhortó al diputado Pedro Botello, que de continuar con las luchas, debe retirarse del Congreso Nacional como legislador.

Precisó, que basta con la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa la República Dominicana, lo que hace inoportuno este tipo de eventos agresivos que a su entender no deben repetirse, tras considerar que la paz social es una garantía contra la cual no se puede atentar en el país.

El presidente de ASONAFISS, reiteró que Botello debe renunciar a ese método de lucha que no hace otra cosa que confrontar a las autoridades, provocar caos y consecuencias negativas para el país, además de que desmeritan las luchas pacificas en demanda de reivindicaciones sociales.

Diversos sectores de la vida nacional, exigen que el diputado Pedro Botello sea interpelado a través de un juicio político en la cámara baja, a fin de que sea destituido del hemiciclo.

Senadores y diputados también coinciden en que Botello sea suspendido de la Cámara de Diputados y sometido a un juicio político, tras comprobarse que patrocinó las manifestaciones violentas frente al Congreso Nacional, protagonizadas por un grupo de jóvenes al amparo del legislador, que apedrearon la sede legislativa rompiendo varios cristales.

De acuerdo al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el caso fue asumido por la Comisión de Disciplina, quien deberá rendir un informe al hemiciclo sobre lo sucedió y recomendar las sanciones correspondientes contra Pedro Botello.

-Valdez Albizu anuncia que se evalúan nuevas facilidades de liquidez para seguir impulsando la actividad económica.

-Informa que se han canalizado préstamos por unos RD$71,992 millones.

-Destaca la moderación en la disminución de la actividad productiva, que pasó de -RD$29.8 % en abril a -1.0 % en diciembre de 2020.

-Resalta que el país cuenta con reservas internacionales históricamente altas de unos US$12,225.2 MM.

SANTO DOMINGO, RD. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió al presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, quien estuvo acompañado por Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva, y otros directivos de esa entidad, con quienes pasó balance al desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas para el 2021, así como al comportamiento de las principales actividades industriales del país.

Durante la reunión, realizada en la sede del BCRD, Valdez Albizu destacó la capacidad de resiliencia de la economía dominicana, al mostrar una recuperación admirable después de estallar la crisis del covid-19 en el país a inicios del pasado año.

En ese sentido, el gobernador resaltó que se ha afianzado el proceso de recuperación gradual de la economía dominicana desde que viviera su momento más crítico en abril del pasado año. Luego de una caída interanual durante ese mes de -29.8 %, la disminución de la actividad productiva se ha moderado hasta el punto de que en diciembre pasado apenas alcanzó -1.0 %, lo que representa un avance significativo de 28.8 puntos porcentuales respecto a abril de 2020, para cerrar el año 2020 con una caída interanual en torno a -6.7 %, por debajo del promedio de América Latina.

El gobernador informó que durante el pasado mes de diciembre – si se excluyera al sector de Hoteles, Bares y Restaurantes – las actividades económicas presentarían una variación positiva de 2.3 %, reaccionando favorablemente a las medidas de estímulo económico.

Agregó que hasta el momento el BCRD ha ejecutado un programa de provisión de liquidez en moneda nacional de unos RD$190 mil millones (4 % del producto interno bruto -PIB-), para canalizar préstamos al sector privado a través de las entidades de intermediación financiera. De manera específica, de las facilidades de liquidez ofrecidas por el Banco Central a las entidades de intermediación financiera, éstas han canalizado préstamos por el orden de RD$71,992 MM a los sectores económicos (el mayor total de cualquier país de America Latina), quedando todavía disponibles unos RD$25,757 MM del monto autorizado por la Junta Monetaria durante el pasado año 2020.

Con respecto al mercado cambiario, el gobernador del BCRD resaltó que al corte del 5 de febrero las reservas internacionales del Banco Central se colocaron en US$12,225.2 MM, fortaleciéndose de forma sostenida, superando el 15 % del PIB y una cobertura de ocho meses de importaciones, por encima del 10 % del PIB y los tres meses de importaciones en las métricas recomendadas por el FMI.

Señaló que el déficit de la Cuenta Corriente fue de 1.8 % del PIB en 2020, mejor de lo previsto, influenciado por el extraordinario aumento en las remesas que compensaron parcialmente la ralentización del turismo, al cerrar el año 2020 con un monto de US$8,219.3 MM de remesas.

Perspectivas económicas 2021

El gobernador Valdez Albizu apuntó que según el sistema de pronósticos del programa monetario del BCRD, la economía terminará el 2021 con un crecimiento de entre 5.5 % y 6.0 %, lo cual nos ubicaría como una de las la economías de mayor crecimiento de Latinoamérica, a pesar del gran desafío en materia sanitaria que tenemos por delante.

Adelantó que se están evaluando medidas adicionales de facilidades de liquidez que serán presentadas a la Junta Monetaria para dinamizar aún más los sectores productivos, lo cual junto a varias obras importantes que han sido anunciadas por el gobierno central, conjuntamente con la participación del sector privado, deben dinamizar de forma importante la economía para el presente año.

El gobernador aprovechó para expresar su preocupación por la inflación que ha estado afectada de forma transitoria por el incremento de commodities, tales como harina, soya, maíz, en la producción de alimentos, el precio del petróleo y el impacto rezagado de fenómenos climáticos. No obstante, señaló que la misma convergería en el rango meta de 4.0 % + /- 1.0 % durante el segundo semestre del año 2021.

De su lado, Celso Juan Marranzini elogió el rol que ha jugado el Banco Central durante la crisis sanitaria, manteniendo la confianza y la certidumbre de los agentes económicos en una situación tan adversa, lo cual, según el gremio, se ha reflejado en el comportamiento de la economía, en la resiliencia de todos los sectores, en la estabilidad cambiaria y en el desempeño de la banca, principalmente.

Marranzini expresó que se sienten entusiasmados con el apoyo del BCRD y destacó que los niveles de reservas con que cuenta la entidad, dan mucha tranquilidad a los agentes económicos y al sector industrial.
En la reunión, además de Marranzini y Almánzar, estuvieron presentes Luis Concepción, director de la AIRD y presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), y Roberto Despradel, asesor económico de la AIRD.

Por el Banco Central, acompañaron al gobernador, la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda; el asesor económico de la Gobernación y del Banco Central Julio Andújar Scheker; el subgerente de Cuentas Nacionales Ramón González, y los directores Joel González y Máximo Rodríguez, de Programación Monetaria y Regulación y Estabilidad Financiera, respectivamente.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, instaron a la Comisión Permanente sobre Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados a rechazar el contrato con Apache por los graves e irreversibles daños que causará en el medio ambiente y en la plataforma costeromarina del país la exploración y la explotación de hidrocarburos.

El pasado jueves, 11 de febrero, esta comisión escuchó las explicaciones de ambas entidades de las razones por las cuales el Congreso Nacional debe rechazar el contrato con la empresa petrolera estadounidense.

La reunión que se celebró en la Sala Rafaela Alburquerque de la Cámara de Diputados, estuvo encabezada por el diputado Jorge Cavoli Balbuena, presidente de la comisión. Participaron los diputados José Miguel Cabrera, Lourdes Aybar Serulle, Juan José Rojas, Lily Florentino, Danny Valdez, Miguel Alberto Bogaert y José Horacio Rodríguez.

Por parte de las organizaciones, acudieron al encuentro Euren Cuevas, Rubén Toribio Rosario, Enrique de León, Tito Olivo Salazar y Xabier Francisco de León. Enrique de León tuvo a su cargo la presentación del documento que fue depositado por las entidades en la comisión.

Impactos ambientales, ecológicos y climáticos

Las organizaciones explicaron que la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas frente al litoral de la ciudad de Santo Domingo, producirá una gran contaminación al suelo, subsuelo, cuerpo de agua, la costa y las playas.

Advirtieron que como resultado de estos impactos, especialmente de vertidos y derrames de hidrocarburos inevitables en este tipo de operaciones y en los pozos abandonados, desaparecerán ecosistemas y las especies que habitan en ellos.

Destacaron que tanto la exploración como la explotación de los hidrocarburos emitirán gases de efecto invernadero, especialmente de metano con un potencial de calentamiento 86 veces mayor que el dióxido de carbono.

Señalaron que a causa de estas emisiones se incrementará la vulnerabilidad del país al cambio climático, y será imposible el cumplimiento de la reducción de estas emisiones en un 27% antes del 2030 y de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050, comprometidas por el Gobierno dominicano ante el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Denunciaron que el contrato forma parte de la agresión de Apache, de TOTAL y de otras petroleras en contra del mar Caribe, las cuales están perforando pozos en aguas profundas ante las costas de Trinidad y Tobago, de Guyana y de Surinam.

“Estamos ante el riesgo de que el Caribe se convierta en un gran lodazal y en un mar muerto, incluido el litoral del Gran Santo Domingo”, aseguraron.

Afectará a RD como destino de turismo sostenible o verde

Las organizaciones llamaron la atención sobre el hecho de que el área que se concederá a Apache está situada frente de las costas de la ciudad de Santo Domingo, Primada de América y Patrimonio de la Humanidad, teniendo el límite más cercano a cinco kilómetros de distancia.

Plantearon que esta ubicación ante la ciudad de Santo Domingo y ante cinco de los principales puertos del país que son la entrada de la mayor cantidad de mercancías y de turistas por mar, “será un golpe de muerte a la marca país asociada al trópico y a la naturaleza, y a esta actividad que es actualmente la más importante para nuestra economía”.

Manifestaron que es incompatible el turismo, especialmente el tipo de turismo de naturaleza como el que ofrece la República Dominicana, con la explotación de hidrocarburos, por lo que iniciadas estas operaciones se reducirá grandemente la llegada de turistas de EUA, Canadá, Inglaterra y Europa, nuestros principales clientes.

Expusieron que la merma y posible desaparición de la actividad turística del país, no podrá ser compensada por los posibles ingresos consignados en el contrato con Apache, “aún en el mejor de los escenarios que está muy lejos de hacerse realidad”.

Indicaron que los hidrocarburos son un pésimo negocio por sus bajos precios, aumento de sus costos y por la baja demanda de estos combustibles.

Observaron que para el 2050 habrá desaparecido el vehículo de motor de explosión, y las energías de fuentes renovables y el hidrógeno verde habrán reemplazado por completo a los hidrocarburos.

“Está muy claro que la explotación de hidrocarburos no es hoy y, mucho menos en el futuro, un negocio rentable y carece de la capacidad de pagar los daños y la remediación de éstos que produce su extracción. Es más lo que se pierde que lo que se gana”, dijeron.

Contrato de Apache es una estafa

Las organizaciones calificaron de ilegal el origen de la contratación de Apache, por haber sido, de nueve empresas originalmente interesadas, la única que permaneció en la licitación de la primera ronda de bloques de hidrocarburos efectuada el 27 de noviembre de 2019, en Houston, Texas, EUA.

Consideraron que por la circunstancia de que solo una empresa permaneció en la ronda, este proceso de licitación debió haberse declarado desierto y jamás adjudicarle el contrato a Apache que al igual que las demás empresas que se retiraron no cuenta con ningún financiamiento bancario.

Adujeron que el Estado dominicano firmará un contrato con Apache que según el artículo 5 del mismo puede ser sustituida por decisión de las denominadas “Empresas participantes” que no son identificadas en ningún lugar, sin consultar a las autoridades dominicanas. “Es decir, que en realidad Apache no es la otra parte del contrato, sino desconocidos, lo que hace de este contrato una gran estafa”, concluyeron.

Igualmente revelaron que se otorga al contrato la capacidad de modificar la ley, en el mismo se reconoce la vigencia de la ley inglesa en materia no incluida en la legislación nacional y establece el inglés como el idioma oficial para cualquier comunicación.

Afirmaron que el contrato implica una concesión hasta de 60 años de duración y una regalía de apenas 3 y 2% cuando la regalía en Guyana y Surinam es de 6.25%, en Brasil de 16% y en EUA de un 12%.

Aclararon que como resultado de un muy generoso régimen de exención fiscal, el Estado en realidad no recibirá ingresos significativos de la ganancia aunque el contrato consigna una participación en los beneficios netos de un 40% a favor del país.

Significaron que en el contrato se establece un mecanismo para evadir la responsabilidad de Apache de responder por los daños causados por contaminación y derrames de hidrocarburos.

Las organizaciones sugirieron que en caso de que el informe de la comisión sea favorable al contrato de Apache, proponga al pleno de la Cámara de Diputados que convoque vistas públicas para escuchar a los sectores afectados por la exploración y explotación de hidrocarburos.

Basaron su petición en que “el debate de este contrato con la empresa Apache se está tomando la decisión de escoger entre una economía de fósiles o una economía verde sustentada en energías renovables, y también si queremos o no salvar el mar Caribe de la contaminación de la explotación de los hidrocarburos”.

Los representantes de la Fundación Global para la Nutrición Infantil afirman que impactaría positivamente a pequeños y medianos productores del cereal, ante la desgravación DR CAFTA.

SANTO DOMINGO, RD.-. En el marco del lanzamiento de la Campaña ALIMENTACIÓN 10 HAMBRE 0, una delegación de tecnólogos extranjeros especialistas en ayuda alimentaria humanitaria propusieron al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) una donación de tres (3) nuevos alimentos fortificados basados en proteínas y harina de arroz nacional, cuya inclusión en la cesta alimentaria de las Bodegas Móviles mejoraría el impacto nutricional neto del surtido actual.

En una visita efectuada por representantes de la Fundación Global de Nutrición Escolar (Global Child Nutrition Foundation -GCNF -siglas en inglés) al Ing. Iván Hernández Guzmán, los señores licenciado Will Lajara y el doctor Ryan Kennedy, delegado regional y director ejecutivo respectivamente del organismo internacional, plantearon a la dirección ejecutiva los beneficios que aportaría a los pequeños productores nacionales de arroz, la inclusión del nuevo alimento en la cesta alimentaria del INESPRE, así como en otros programas alimentarios estatales.

<<…Siendo el programa de Bodegas Móviles una iniciativa social gubernamental, es factible condicionar la proveeduría de los nuevos alimentos fortificados, de manera tal que solo pequeños productores nacionales sean los suplidores certificados del arroz como materia prima del mismo…>>, precisó el doctor Ryan Kennedy.

Aseveró que en las naciones donde se implementa y desde un punto de vista estrictamente económico, los programas de ayuda alimentaria humanitaria y alimentación escolar son vectores de generación de demanda interna de rubros agropecuarios o alimentarios, que por consecuencia catalizan la producción local de los mismos, contribuyendo a dinamizar la economía de zonas agrícolas mientras se contribuye a la soberanía alimentaria.

Entretanto, Lajara informó que en octubre pasado le planteó al administrador del Banco Agrícola, Ing. Fernando Durán, en su calidad de dirigente de un clúster de mipymes alimentarias, la factibilidad técnica de procesar el arroz para los nuevos alimentos fortificados en una moderna planta estatal de procesamiento de harinas no tradicionales, localizada en el municipio de Nagua.

<< Igualmente, manifestamos la disposición del clúster microempresarial de rehabilitar operativamente la planta para este propósito, así como la producción de harina de batata como sustituto del trigo en la fabricación de galletas escolares de alta energía>>, indicó.

En el encuentro se presentó como ejemplo el dossier de una intervención alimentaria realizada en 2018 con el alimento infantil propuesto en la Escuela Primaria Mata Limón, Paraje Chirino, Provincia de Monte Plata, donde se desarrolló un protocolo y se intervinieron 556 estudiantes de nivel primario, a quienes les fueron dispensados durante 5 días lectivos la proteína fortificada con cereal de arroz nacional reconstituido en la cocina de la escuela, como desayuno en una ocasión, y en otra en las meriendas diarias.

El impacto nutricional del alimento, así como su aceptabilidad, fueron avalados por los técnicos de la institución que supervisaron la intervención alimentaria.

La Fundación Global de Nutrición Infantil (Global Child Nutrition Foundation), es una red global de gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, cuya sede figura en Estados Unidos, que trabajan juntas para apoyar programas de ayuda alimentaria humanitaria motivando a las comunidades a prosperar, a través de capacitación, asistencia técnica y oportunidades de trabajo.

Postula que los programas estatales de ayuda alimentaria y alimentación escolar tienen un retorno de la inversión positivo, basados en hallazgos que confirman que invertir hoy en alimentos fortificados con proteínas y micronutrientes tendrá beneficios en ahorros de costos de salud y atención médica mañana.

SANTO DOMINGO, RD.-La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este) llegó a un acuerdo con las autoridades de Bayaguana, para la entrega de un camión de bomberos con las mismas especificaciones que el incendiado en septiembre pasado, en un accidente con un cable de media tensión.

La Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas explicó que con ese propósito, el gerente general de EDE Este, ingeniero Tomás Ozuna Tapia, firmó un acuerdo con el alcalde Manuel Antonio Santana Jiménez y el coronel Jhonys Alexander de la Rosa Constanza, intendente de los Bomberos.

Agregó que para llegar a la firma del acuerdo, las partes sostuvieron reuniones, donde negociaron la justa reparación de los daños y perjuicios provocados por la caída del cable de media tensión instalado en la zona de concesión de EDE Este, llegando a un acuerdo satisfactorio.

El ingeniero Ozuna Tapia dijo que ha sido de su interés remediar el perjuicio causado a la comunidad de Bayaguana, con la privación de un bien que es utilizado para salvaguardar tanto la seguridad física como la de sus bienes.

De su lado, Santana Jiménez, alcalde de Bayaguana, agradeció la disposición mostrada desde un principio por las autoridades de EDE Este, encabezadas por el ingeniero Ozuna Tapia, de resolver el impasse con la reposición del camión bombero.

En tanto que, el coronel de la Rosa Constanza, intendente de los bomberos, saludó en nombre de las autoridades de Bayaguana, el apoyo recibido de parte del ingeniero Ozuna Tapia desde el mismo momento en que se incendió el vehículo.

El acuerdo firmado establece los términos y condiciones para el pago por concepto de indemnización de parte de EDE Este a favor del Cuerpo de Bomberos y el Ayuntamiento de Bayaguana, así como el concesionario exclusivo de la marca del camión.

EDE Este sostuvo que el pago por concepto de reparación de los daños y perjuicios causados por la caída del cable de media tensión fue aprobado por el Consejo de Administración Unificado de las Edes, y el destino final de los restos del vehículo incinerado queda bajo custodia de los bomberos.

En la firma del acuerdo estuvo por EDE Este, además del ingeniero Ozuna Tapia, el gerente regional comercial de la Región Occidental, José Severino de Jesús Reinoso.

Acompañaron al alcalde Santana Jiménez y el coronel de la Rosa Constanza, el padre Francisco Antonio Castillo Montilla, el asesor del alcalde, Sigfrido Guerrero y Wilson Robles, representante de las organizaciones populares de Bayaguana.