SANTO DOMINGO, RD.- Durante un panel auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), los juristas Julio Cury, Trajano Potentini, Pedro José Duarte Canaán y Nelson Ruddys Castillo Ogando, analizaron el impacto de la nueva legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; donde además pusieron a circular una recopilación de las normas y principales instrumentos internacionales sobre la materia, con estudio doctrinal incluido a cargo de Potentini.
El primero en exponer fue Julio Cury, quien lamentó que el Congreso Nacional haya enajenado sus facultades, al acoger un y hacer un copy page, de una ley foránea e impuesta por gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, y lo peor aún sin tomar en cuenta, ni adaptarla a la realidad de la República Dominicana, incurriendo con ello en diferentes yerros y desfase, convirtiendo de paso a la nueva ley 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en inconstitucional, desproporcionada y abusiva.
Tanto Cury como Potentini, coincidieron en señalar algunas incongruencias y escollos que presenta la nueva legislación, por ejemplo, prevé como infracciones precedentes y determinantes para el lavado de activos, al tráfico de influencias, el sicariato, el testaferrato y el enriquecimiento no justificado, expresiones y conceptos que NO se encuentran tipificados en las leyes del país como delitos.
Asimismo, expresaron las trabas a la libertad de empresas con las nuevas disposiciones desproporcionadas para los sujetos obligados no financieros, la prohibición del uso de dinero en efectivo, a partir de ciertas cantidades, pese a que la constitución designa el peso dominicano como la moneda de circulación nacional, la capacidad casi generalidad y discrecional que le da la ley a las autoridades para reglamentar, en clara y abierta contradicción con el artículo 4 de la constitución, cuando contempla que las facultades de los poderes del Estado son indelegables; entre otras.
Potentini manifestó su preocupación por la eventual afectación del secreto profesional del abogado, así como la afectación del derecho constitucional a la defensa y la presunción de inconciencia, ello sumado a las insostenibles responsabilidades y obligaciones de los profesionales del derecho, frente a la implementación de la nueva ley.
Por otra parte, el jurista Duarte Canaán abordo la profusa lista de tipos penales que hoy tienen vocación de lavado de activos, al tenor de la nueva legislación, destacando el aumento y agravación de las penas, hasta 40 años de reclusión mayor y multas exorbitantes de 300 mil a los 4 millones de pesos, a juicio del togado la nueva corriente se inscribe en el expansionismo penal, uno de los signos distintivos de la tendencia moderna del derecho penal.
El último en exponer, el Dr. Nelson Ruddys Castillo Ogando, estimó al referirse al rol de los notarios de cara a la ley 155-17, que la tendencia internacional desde el grupo de acción financiera (GAFI), y otras agencias internacionales, sería el favorecer una corriente orientada a eliminar al notariado como ente intermediario de las operaciones financieras, además de darle prioridad al uso y servicios de los bancos fuera del manejo del efectivo.
De igual forma Ogando Castillo reconoció que para los notarios en el plano nacional no será tan difícil el sortear las dificultades de la ley, toda vez que muchas de las disposiciones de la ley se corresponden con el ejercicio y naturaleza del notariado, en razón de que el notario realiza su trabajo con la escritura y desde siempre tiene que conservar un protocolo de sus actos.
La actividad fue escenario para la puesta en circulación del libro Legislación Dominicana en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con un estudio doctrinal a cargo de Trajano Potentini, conteniendo las principales disposiciones sobre el tema, tanto a nivel nacional, como internacional, la obra ya se encuentra a disposición del público en la Librería Jurídica Virtual, en el tel. 809682-6343.
Finalmente, el panel de expertos conto con la participación de un nutrido grupo de profesionales del derecho y otras profesiones; además de estudiantes de derecho y una representación de La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud Lac), celebrado en el salón de eventos de la Fundación Justicia y Transparencia.
