Con pancartas en las manos y con el entusiasmo en sus rostros los peledeistas en Madrid recibieron a su líder Leonel Fernández.

El equipo del presidente Leonel Fernández le da una calurosa bienvenida a su llegada a Madrid, España, decididos a caminar junto a él, hasta llegar al Palacio Nacional el 16 de agosto del 2020.

Con pancartas en las manos y con el entusiasmo en sus rostros los peledeistas en Madrid recibieron a su líder Leonel Fernández.

El ex presidente Fernández recibió abrazos de sus simpatizantes.

Muchos se tomaron fotos con él y les pidieron besos.

Es una costumbre del ex presidente Fernández recorrer todo el país y también visitar otras naciones para presentar su propuesta política a los dominicanos.

Desde diciembre del 2017, un equipo de estrategas busca continuar consolidando el perfil y la victoria electoral de Fernández en el 2020.

Se recuerda que entre los estrategas que dirige la campaña de Leonel Fernández, está el diputado de Ultramar-Europa, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Marcos Cross Sánchez.

Este legislador ha logrado obtener el mayor cargo a nivel de su partido en Europa, y actualmente trabaja en esta urbe para llevar nuevamente al presidente Leonel Fernández a la presidencia de la República Dominicana para el 2020.

“Leonel avanza con pasos firmes, dentro y fuera del país hacia la presidencia en el 2020, con un PLD unido conquistaremos nueva vez el corazón de la mayoría de los dominicanos, y ejemplo de esto es el recibimiento que los dominicanos dieron en Madrid”, indicó Cross.

Rafael Zapata G.

SANTO DOMINGO. El ministro Administrativo de la Presidencia de la República y el Director General de Comunicación de la Presidencia afirmaron este martes que fueron poco más de 430 millones de pesos los pagados por el Gobierno a dos empresas del brasileño Joao Santana por concepto de asesoría política durante el período 2012-2016, y no 1,400 como denunciara la semana pasada la diputada Faride Raful.

A través de una carta enviada a Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena expresaron que el Gobierno siempre ha actuado apegado a las leyes del país y que con la denuncia y solicitud de informción al respecto lo que se busca es sacar provecho político.

“De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano”, expresan los funcionarios en su misiva.

Revelaron que las empresas a las que se les pagó la suma de (RD$430,506,711.17) fueron a CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016.

Sostuvieron que “los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que éstas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares”.

A continuación el texto íntegro de la carta envíada por Peralta y Marchena a la Cámara de Diputados:

Honorable

Rubén Maldonado Díaz

Presidente de la Cámara de Diputados

de la República Dominicana

Su Despacho

Honorable señor Presidente:

Cortésmente, nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un proceso de investigación sobre los referidos contratos.

Mediante comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los medios de comunicación.

Lo primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride Raful Soriano.

De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.

En lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración Pública.

Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.

Pasamos ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:

1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública.

2) En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

3) En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L.

4) Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente manera:

Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado

Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 35,762,850.00

Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados.

3) En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen vigentes, desmentimos esa información, al tiempo que ofrecemos la información correcta: a) el contrato con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de 2012 y fue rescindido el 3 de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia

Al respecto, vale aclarar que la razón por la cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de marzo de 2014 y estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.

5) Los referidos diputados han alegado que las empresas con las que se hicieron esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron acusadas de corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen, Brasil, por lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto, es importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos.

6) Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos.

5) En en lo que respecta a la acusación de que la memoria del Ministerio Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no se encuentra disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web (www.mapre.gob.do), al igual que las demás memorias correspondientes al período 2013-2017, en las que se puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite publicidad y otros servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite aparece un momento global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos que se emiten durante el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer cualquier información particular que se le solicite..

Honorable señor presidente: agradecemos de antemano la atención que le preste a esta comunicación, al tiempo que nos ponemos a su disposición en caso de requerir información adicional sobre este asunto. Reafirmamos a la vez nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de la más alta estima y consideración.

Atentamente,

José Ramón Peralta F. Roberto Rodríguez Marchena

Ministro Administrativo de la Presidencia Director General de Comunicación.

El presidente de la alta corte, Milton Ray Guevara, hizo el anuncio junto a los jueces Justo Pedro Castellanos Khoury, Rafael Díaz Filpo y Víctor Joaquín Castellanos Pizano

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) anunció su IV Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que se realizará del 19 al 21 de septiembre próximo con la participación de juristas nacionales e internacionales.

Con este congreso, cuyo tema es La Constitucionalización del derecho, la alta corte busca promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho en el país.

El anuncio fue hecho durante una rueda de prensa encabezada por el magistrado presidente de la alta corte, magistrado Milton Ray Guevara, y los jueces de la comisión organizadora del evento, Justo Pedro Castellanos Khoury, coordinador, que integran, además, Rafael Díaz Filpo y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.

Se informó que el congreso, dirigido a jueces, procuradores, fiscales, defensores públicos, abogados, catedráticos y estudiantes de término de la carrera de Derecho, entre otros, abarcará conferencias magistrales y paneles a cargo de expertos calificados, quienes ampliarán los temas jurídicos constitucionales en los debates programados.

Entre los expositores internacionales destacan el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Alejandro Linares; Gloria Stella Ortiz, Vice presidenta de la Corte Constitucional de Colombia; Oscar Dejuán Asenjo, catedrático español de la Universidad Castilla-La Mancha; María Victoria Calle Correa, catedrática y exmagistrada de la Corte Constitucional de Colombia.

Asimismo, estarán José Manuel Bandrés, magistrado del Tribunal Supremo de España; Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica; Lucio Pegoraro, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Bolonia y Roberto Gargarella, abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires.

Del país, participarán como conferencistas los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Rafael Díaz Filpo, jueces del TCRD; Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; el doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en España, el magistrado Rafael Vásquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo (TSA); los magistrados Miriam Germán Brito, Francisco Ortega Polanco y Manuel Ramón Herrera, jueces de la SCJ.

También estarán como ponentes la magistrada Yeni Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional y los juristas Eduardo Jorge Prats, Marisol Vicens, Cristóbal Rodríguez, Ramón Emilio Núñez y Rosina de la Cruz Alvarado.

“La constitucionalización del derecho”, a cargo del magistrado del TC español Pedro González Trevijano, conferencia inaugural que da nombre a este encuentro y será seguida de disertaciones como “La constitucionalización de la vida económica”, “La “La constitucionalización de la vida política”, “La constitucionalización del derecho administrativo. El camino hacia del control de la administración”, “La constitucionalización del derecho civil y del proceso civil” y “La constitucionalización del derecho civil y del proceso civil con especial referencia al caso dominicano”.

El día de clausura será dedicado a analizar “La constitucionalización del derecho penal y del proceso penal”, “La constitucionalización del derecho laboral, con especial referencia al caso dominicano”, “La constitucionalización del derecho y cultura constitucional” y “Expectativas y retos en la constitucionalización del derecho”.

Cómo inscribirse

El costo de inscripción, que incluye material de apoyo, certificado, almuerzo y refrigerios, es de 5000 pesos para estudiantes de grado dominicanos, mientras que los matriculados procedentes de universidades del extranjero deberán pagar 100 dólares y presentar copia de inscripción, matrícula y carnet de estudiante vigente.

Los profesionales y estudiantes de postgrado deberán invertir un total de 10 000 pesos, mientras que los profesionales provenientes de academias del extranjero deberán pagar la suma de 200 dólares o equivalente en pesos dominicanos.

SANTO DOMINGO, RD.-El ex juez del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero, consideró inconstitucional la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de conferirle en la Ley de Partidos a la Junta Central Electoral la organización y dirección de las elecciones de sus candidatos.

“Objeto que se procure atribuirle competencia a la Junta Central Electoral de organizar las elecciones internas de los partidos políticos, no tan solo por ser inconstitucional, porque la Constitución de la República no faculta a los legisladores a asignarle una nueva atribución a un órgano constitucional, sino porque los conflictos y cuestionamientos de esas elecciones se le atribuirán injustamente a ella”.

El ex fiscal del Distrito Nacional sostuvo que lo recomendable en este momento es que la JCE supervise y certifique las convenciones internas de los partidos políticos, con carácter obligatorio, para que sus informes sirvan de prueba de lo realmente acontecido ante el Tribunal Superior Electoral y no los informes parcializados de los Notarios o testigos.

“A la Junta Central Electoral todos debemos cuidarla, garantizando su imagen de árbitro y de credibilidad bien ganada de sus integrantes, razón por la cual debemos excluirla de las críticas y contestaciones que normalmente se producen en las elecciones internas de los partidos políticos” dijo Hernández Peguero.

Criticó que los legisladores hayan excluido de sus debates de los proyectos de leyes electorales a la Junta Central Electoral, a pesar de será el árbitro del proceso electoral.
Hernández Peguero manifestó que las nuevas disposiciones impactarán, en caso de su aprobación, en las organizaciones políticas y en Junta Central Electoral (JCE), que tiene que crear nuevas estructuras de supervisión y fiscalización.

“Descarto la facultad opcional de los partidos políticos de celebrar elecciones internas con el padrón de electores de la Junta Central Electoral, porque las primarias abiertas requieren, con carácter de obligatoriedad, la participación de todos los partidos, sino los no participantes decidirían quienes serán los candidatos de sus opositores” dijo José Manuel Hernández Peguero.

Sugirió la flexibilización de los requisitos legales para las candidaturas independientes, lo cual podría garantizar más efectivamente la participación de la ciudadanía que las primarias abiertas, y así podrían participar y ser electos personalidades y dirigentes ciudadanos que no militen ni respondan a los partidos políticos.

Sobre el establecimiento de reglas para el financiamiento de los partidos dijo que es determinante para sanear la política dominicana y que la oposición debe jugar un rol preponderante para que esto sea posible.

El delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE al descartar la posibilidad de la reelección del presidente Danilo Medina, dijo que como estadista el mandatario trascenderá por sus logros en educación, salud y su acercamiento al ciudadano común.

La dirección de campaña de la Circunscripción #1 del Distrito Nacional, realizó un esfuerzo concentrado en el sector de Manganagua y otros barrios del Distrito Nacional, con la participación de decenas de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que respaldan la candidatura del ex presidente Leonel Fernández.

La actividad inició a las 9:30 de la mañana de ayer con la presencia de los militantes, quienes desarrollaron la jornada de captación de firmas en respaldo en las esquinas, casas, callejones y otros lugares.

Los participantes, quienes portaban gorras y otros objetivos distintivos que promovían la candidatura de Fernández, recibieron la bienvenida de las personas en cada sector visitado.

En el esfuerzo concentrado trabajaron más de 40 comisiones distribuidas en diferentes zonas estratégicas para lograr la meta de las firmas previamente propuesta.