SANTO DOMINGO.-Los diputados Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Agustín Burgos Tejada, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometieron un proyecto que busca modificar la Ley General de Salud, a los fines de establecer un mecanismo de pago para que los centros asistenciales públicos y privados puedan ofrecer servicio a personas sin seguro médico.

La iniciativa legislativa también ratifica la obligación de todos los centros médicos a ofrecer asistencia a los ciudadanos, tengan seguro o no, y establece consecuencias para los que se nieguen a hacerlo.

“Los costos que genere la asistencia médica serán debitados de los impuestos que el centro de salud o el médico pague por concepto de la declaración jurada, en caso de ser persona física, o reporte de cierre de año fiscal, en caso de ser persona jurídica”, establece el proyecto que busca modificar la ley 42-01, que rige el sistema de salud dominicano.

Castro Silverio, vocero de la bancada del PRSC, y Burgos Tejada, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, informaron que ya la pieza fue depositada en la institución legislativa y ahora están gestionando respaldo entre sus compañeros legisladores para lograr que sea aprobado en el menor tiempo posible.

“La Constitución de la República establece que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas”, declaró Burgos Tejada, al hablar en rueda de prensa junto a Castro Silverio.

De su lado, el vocero de la bancada reformista en la Cámara de Diputados refirió que la Ley General de Salud establece la obligatoriedad de los centros médicos públicos y privados a dar asistencia a las personas que acuden a sus emergencias, pero no establece quién debe cubrir los gastos del servicio, lo que dificulta el cumplimiento de ese mandato.

Barrick Pueblo Viejo aporta, de manera directa e indirecta, el 2% del PIB de la República Dominicana, según el informe económico realizado por la consultora Analytica.

SANTO DOMINGO, RD.- En los últimos ocho años, la minería en la República Dominicana ha representado 17% de la inversión extranjera en el país, el 36 % de las exportaciones nacionales y el 17% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas jurídicas, según datos recientes del informe económico “Barrick Pueblo Viejo: minería en favor del desarrollo de la República Dominicana”, realizado por la consultora Analytica.

En el informe presentado por su directora ejecutiva y economista, Jacqueline Mora, también indica que el valor agregado que generó al sector minero la empresa Barrick Pueblo Viejo ascendió a US$1,501 millones en el 2017.

“De manera directa e indirecta el aporte de Barrick Pueblo Viejo al país equivale al 2% del PIB. Las contribuciones directas que la empresa minera realizó en 2017 a la Dirección General de Impuestos Internos equivalen a más del 3.2% del total de impuestos. Por otro lado, del 2013 al 2017 esta ha aportado anualmente 3.4% de todos los impuestos del país, en promedio”, detalló la economista.

La entrada de las operaciones de Barrick Pueblo Viejo, según la economista, coincidió con la implementación de la última reforma tributaria del país. Durante los años 2013 y 2017, las labores mineras, indicó Mora, aportaron al fisco lo mismo que esta reforma fiscal para la Dirección General de Impuestos Internos.

“Solo en el 2017, Barrick Pueblo Viejo aportó RD$16,000 millones al fisco”, destacó Mora. Agregó que más del 92% de las exportaciones de oro y plata del país en 2017 fueron realizadas por Barrick Pueblo Viejo.

En adición a esto, el informe económico arrojó la importancia de la minería en la generación de divisas. En el año 2017, el impacto directo en la cuenta corriente de la operación de Barrick Pueblo Viejo fue de US$ 906 millones.

“Tomando en cuenta la demanda de importaciones de los suplidores y del consumo de los hogares forjados por Barrick Pueblo Viejo, podríamos decir que el impacto neto fue de US$588 millones.

Una cifra similar al incremento de las Reservas Internacionales Netas para el mismo año”, explicó Mora.

La minería va más allá Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, recordó durante su participación los US$375 millones invertidos por la empresa para remediar los pasivos ambientales históricos de la zona de Pueblo Viejo; y los US$ 75 millones adicionales que, en sociedad con el Estado Dominicano, también fueron invertidos para remediar las áreas fuera de la concesión minera. Barceló también dijo que, “Una minería bien hecha va más allá.

Tiene el potencial para crear sinergias con el Estado, al contribuir de manera integral con el desarrollo de los pueblos. Aportando recursos y tecnología de punta para resolver problemáticas de gran impacto para la sociedad en general”.

Impulso local En el aspecto local, el informe económico indica que, en la actualidad, la tasa de desempleo en Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel es menor que el resto de las provincias del país. En 2014, el 63.1% de las personas en edad laboral eran empleados a sueldo de empresas privadas, mientras que en el 2016 el porcentaje aumentó a un 77.37%.

Con la minería, en ambas provincias, sus habitantes han encontrado otras actividades económicas, como son: la manufactura, los servicios domésticos, los servicios sociales, la construcción y la agropecuaria.

Como resultado, han tenido un incremento de trabajos independientes, que, en el 2014, el 22.75% de las personas en edad laboral eran trabajadores por cuenta, en comparación al 2016 donde aumentó a un 50%.

Con el objetivo de dejar un legado positivo a largo plazo, las empresas mineras se caracterizan, según Mora, por realizar una inversión social corporativa amplia y que construye capacidades. Solo Barrick Pueblo Viejo ha invertido alrededor de RD$40 millones en apoyo a la comunidad.

También anuncian derogación del pago de los 300 pesos por los servicios en línea

Santo Domingo.- Con la finalidad de contribuir a salvaguardar el derecho fundamental de las personas frente a la administración pública, La Dirección General de Pasaportes cederá a modo de préstamo, un local en la zona oriental, para la instalación de la Oficina Regional del Defensor del Pueblo, en el Municipio Santo Domingo Este.

Para tales fines, la Directora General de Pasaportes, Ing. Aura Toribio firmó hoy un convenio con la Defensora del Pueblo, Dra. Zoila Martínez Guante, mediante el cual cedé por dos años, el local donde anteriormente funcionaban las oficinas de esta DGP.

La Directora General de Pasaportes, Ing. Aura Toribio, aprovechó la firma de este acuerdo, para anunciar la derogación del pago de 300 pesos por el acceso a los servicios en línea, lo que permitirá que la ciudadanía obtenga vía web su documento de viaje, sin tener que trasladarse a la sede de esta DGP y sin costo adicional.

La Dirección General de Pasaportes trasladó sus operaciones a la plaza Comercial Megacentro, con la finalidad de ofrecer un mejor, más rápido y cómodo servicio a la población.

Por tal motivo la Defensora del Pueblo, solicitó a modo de préstamo nuestro antiguo edificio, ubicado en la calle Costa Rica, el cual consta de tres niveles, siendo correspondida de inmediato su solicitud, por parte de esta DGP, para la instalación de la Oficina Provincial de dicha institución.

La Directora General de Pasaportes, Ing. Aura Toribio, consideró que ambas instituciones coinciden en la naturaleza de sus funciones, como es la de velar por la aplicación del ejercicio de las garantías fundamentales del ciudadano, preservando su integridad y sus derechos, de conformidad a la Constitución de la República.

La funcionaria destacó además, su interés de estrechar los lazos de colaboración y cooperación entre ambas instituciones, lo que a su juicio, fortalece el ejercicio transparente de la función pública.

De su lado, la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez de Guante agradeció a la Ing. Toribio por acceder a su solicitud, debido a que en lo adelante los ciudadanos provenientes de la zona este, Bocha Chica y otras localidades, no tendrán que trasladarse hasta sus oficinas centrales en Santo Domingo, lo que se traducirá en un ahorro de tiempo y dinero.

El convenio interinstitucional, se llevó a cabo en el Salón de Conferencias de la Dirección General de Pasaportes.

SANTO DOMINGO. La decisión de realizar una protesta frente a la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se aprobó en una asamblea en la que participó un amplio grupo de organizaciones populares, gremiales, sindicales, estudiantiles y políticas.

Esta propuesta de actividad fue sometida con varias modalidades, aprobándose la de realizar una concentración en dicho lugar para continuar denunciando la mafia gubernamental alrededor de los combustibles y exigir la rebaja inmediata de los mismos.

Toda decisión de una asamblea debe ser respetada, por lo que ningún grupo o parte de los y las participantes tiene derecho a desmontar lo que colectivamente se ha aprobado.