El diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, realizó este lunes un recorrido por varios centros educativos y culturales de Cristo Rey, a los fines de evaluar la operatividad de los mismos en la situación sanitaria actual que vive el país a causa del Covid-19.

En ese sentido, el representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), visitó el Liceo secundario Rosa de Sarón, la Fundación Trópico, la Casa de la Cultura de Cristo Rey, el Liceo secundario y el preescolar Trópico, el Centro Paz y el Voluntariado para el Desarrollo, instituciones de larga trayectoria en la barriada y que desempeñan una función social y cultural en sus habitantes.

El director del Liceo Rosa de Sarón, profesor Andrés Ramos, expresó que la institución se mantiene cerrada desde marzo y que se están habilitando una sala tecnológica, para que los maestros impartan docencia en la modalidad virtual.

Sin embargo, Ramos teme que (debido a las limitaciones económicas de los estudiantes de ese centro y las precariedades del plantel) las desigualdades sociales sigan aumentando en detrimento de los alumnos.

En la visita Pacheco palpó el deterioro que presenta la planta física.

Fundación Trópico, Casa de la Cultura y Comisión de los Derechos Humanos

El también miembro de la comisión ejecutiva del PRM, visitó el edificio que alberga la Fundación Trópico y los centros educativos.

El presidente de la Fundación, Fernando Morillo, expresó que “nuestras instituciones están pasando por momentos difíciles. Acabamos de cerrar el Liceo que tenía más de 160 alumnos y lo hemos hecho en el marco de la pandemia. Asimismo cerramos el preescolar, que alberga a los niños pobres de los callejones, esos callejones que usted conoce. Cerramos la biblioteca del centro, porque no contamos con los recursos para mantenerla abierta”.

Manuel María Mercedes, presidente de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que de los siete programas que tenían en ejecución, solo se mantiene uno y es el de asistencia jurídica.

“Nosotros queremos que vengan en auxilio querido amigo”, manifestó María Mercedes. “No es la primera vez que hemos tenido diálogo desde la Fundación Trópico con la Cámara de Diputados, que nos han mostrado la solidaridad de Alfredo Pacheco como líder de la comunidad de Cristo Rey y del país. Nosotros esperamos que venga en solidaridad de su barriada”, dijo.

Tony Estrella, presidente de la Casa de la Cultura de Cristo Rey, también abordó la problemática. La institución alberga a niños de la barriada que tienen interés en aprender música, artes plásticas y otros asuntos relacionados.

“En mi rol de representación, de diputado del Distrito Nacional me encuentro aquí. Escuchando y viendo qué podemos hacer por nuestra comunidad. Qué podemos hacer para que estas entidades sigan funcionando, sigan cumpliendo con su rol social”, dijo al inicio del encuentro.

Pacheco se comprometió a conversar la situación con las autoridades pertinentes y socializar con el sector empresarial, en busca de una solución conjunta a la problemática. Asimismo se designó una comisión de seguimiento entre las instituciones y el diputado.

“Nosotros siempre hemos mantenido contacto con esta institución y nos comprometemos a en los próximos 30 días dar respuestas”, puntualizó.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Salud informó este lunes que ha detectado 320 casos nuevos de coronavirus y otras cuatro defunciones en la República Dominicana.

En el boletín 214 emitido por de la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) señala que en las últimas 24 horas fueron realizadas en el país 4,303 muestras para un total de pruebas procesadas de 545,492.

Respecto a las defunciones, aclaró que ninguna se produjo en las ñultimas 24 horas, pero no especificó cuándo ni dónde se registraron.

Hasta el momento suman 2,203 las personas que han fallecido en la Republica Dominicana desde que surgió la pandemia. El total de casos acumulados es de 121,667, y activos 20,584. Los recuperados del Covid-19 ascienden a 98,880, los descartados son 423,825.

La tasa de letalidad se sitúa en 1.81 por ciento y la mortalidad es de 210.84 por millón de habitantes.

La ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de 29 por ciento con 152 ocupadas de 531 disponibles.

El decreto 566-20, emitido el 15 de octubre de 2020, dispone en su Artículo 1 «el traslado de los restos mortales de Rosa Protomartir Diez, insigne luchadora independentista, miembro de La Trinitaria, heroína nacional, hermana del padre de la patria Juan Pablo Duarte y Diez, fundador de la Republica Dominicana».

Un párrafo de este articulo dispone «erigir un cenotafio con la inscripción del nombre Rosa Protomartir Duarte y Diez, hasta tanto sean localizados sus despojos mortales y trasladados a su noble sepultura en el Panteón de la Patria».

El Artículo 2 del decreto crea una Comisión de Exaltación integrada por el ministerio de Cultura, la Comisión Permanente de efemérides Patrias, la Academia Dominicana de la Historia, el Instituto Duartiano y el Archivo General de la Nación.

Asimismo, por el ministerio de la Mujer, el ministerio de Interior y Policía, el ministerio de Defensa, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Universidades.

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) conoció y decidió doce expedientes en sus sesiones virtuales celebradas esta semana, en la que se trabajaron cinco expedientes sobre recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, tres sobre recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, dos sobre solicitudes de suspensión de ejecución de sentencias, uno sobre control preventivo de constitucionalidad de tratado internacional y otro relativo a una corrección de error material.

El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, encabezó las reuniones de trabajo en las que el Pleno decidió los expedientes TC-05-2014-0266, TC-05-2020-0021, TC-05-2020-0052, TC-05-2020-0029 y TC-05-2019-0286 sobre recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo; y los expedientes TC-04-2020-0018, TC-04-2019-0249 y TC-04-2020-0029, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.

También fueron decididos los expedientes TC-07-2020-0025 y TC-07-2020-0017, relativos a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia; TC-02-2019-0006, relativo al control preventivo de constitucionalidad de tratado internacional y TC-10-2020-0002, sobre la solicitud de corrección de error material.

En el expediente TC-05-2014-0266, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Asociación de Propietarios de Vehículos de Transporte Público del Distrito Nacional (SICHOVEPO) y compartes, contra la sentencia 20145618, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con asiento en el Distrito Nacional en fecha diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), la decisión fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia atacada.

En cuanto al expediente TC-05-2020-0021, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Santos Torres Tejada, contra la sentencia 465-2019-SSEN-00543, dictada por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se decidió acoger el recurso y, por tanto, revocar la sentencia objeto del mismo, así como también declarar improcedente la acción de amparo de cumplimiento.

Respecto del expediente TC-05-2020-0052, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Jonathan Rafael Vizcaíno Hawkins, contra la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00239, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la decisión tomada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia recurrida.

En relación con el expediente TC-05-2020-0029, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete, contra la sentencia 271-2019- SSEN-00770, de fecha tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Puerto Plata, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, consecuentemente, confirmar la sentencia objeto del mismo.

Acerca del expediente TC-05-2019-0286, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora Angélica María de León Cordero contra la sentencia 0186-2017-SSEN-01374, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de La Altagracia en fecha dieciocho (18) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), se decidió acoger el recurso y, por tanto, revocar la sentencia objeto del mismo, así como también declarar improcedente la acción de amparo de cumplimiento.

Referente al expediente TC-04-2020-0018, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Diomedes Féliz González contra la sentencia 313-2019, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), la decisión adoptada fue acoger el recurso y, por tanto, anular la decisión recurrida.

En cuanto al expediente TC-04-2019-0249, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Jaison Torres Pérez, contra la resolución 3041-2018, de fecha nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se decidió declarar el recurso inadmisible.

Sobre el expediente TC-04-2020-0029, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), contra la sentencia 631, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la decisión tomada fue declarar el recurso inadmisible.

Con relación al expediente TC-07-2020-0025, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoada por el señor Sauris Rodríguez Sánchez, contra la sentencia 1704, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la decisión adoptada fue rechazar la solicitud de suspensión de ejecución planteada.

En lo que concierne al expediente TC-07-2020-0017, relativo a la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoada por Miguelina Peguero Dicent, Luis Miguel Peguero Pichardo, Luis Antonio Peguero de la Rosa, Jackeline Peguero de la Rosa y Miguel Peguero Pichardo, contra la sentencia 1368, de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, la decisión tomada fue rechazar la solicitud de suspensión de que se trata.

Acerca del expediente TC-02-2019-0006, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entre la República Dominicana y las Naciones Unidas”, suscrito en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, en fecha siete (7) de julio de dos mil dieciocho (2018), la decisión tomada fue declarar el tratado conforme con la Constitución.

Finalmente, sobre el expediente TC-10-2020-0002, relativo a la solicitud de corrección de error material interpuesta por José Eulogio Hernán Peña Sosa, de la sentencia TC/0521/19, del dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A., contra la sentencia 127, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), lo decidido por el Tribunal Constitucional es rechazar la solicitud.

El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia de COVID-19. A tales efectos, se han dispuesto medidas para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de manera presencial y el teletrabajo en una gran parte del personal. Esta semana estará sesionando igualmente. El TC informó que estas informaciones en estado de emergencia no sustituyen la publicación de los comunicados sobre adopción de decisiones que seguirán siendo emitidos, conforme la normativa institucional.

PUERTO ESPAÑA, Trinidad y Tobago… El embajador de la República Dominicana en la isla caribeña de Trinidad y Tobago, Doctor José Serulle Ramia, abogó para que los Estados trabajen en fortalecer a la Organización de las Naciones Unidas, como mecanismo de garantía para fomentar la cooperación y la paz mundial.

“En efecto, la ONU nació como una organización llamada a promover la paz y la cooperación internacional luego de la humanidad haber vivido un período de terror y angustias inimaginables», expresó el diplomático dominicano, haciendo referencia al exsecretario general de la ONU, Javier Solana.

El Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la República de Trinidad y Tobago, manifestó “Si bien es cierto que el mundo de hoy es mejor en relación a los períodos de las dos grandes guerras que conoció la humanidad en el siglo XX, no menos cierto es que la pandemia de la Covid-19 ha mostrado que estamos viviendo en un ambiente de profunda división entre los Estados.

Recordó que los mismos (Los Estados), no obstante todos los llamados hechos por la ONU y, de manera particular, por la OMS, no han sido capaces de unirse y vertebrar políticas y acciones que reflejen los anhelos del sistema de las Naciones Unidas.

Sostuvo que las palabras del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no pueden ser más claras y determinantes sobre lo que sucede a nivel mundial: “La calamidad climática acecha. La biodiversidad está colapsando. La pobreza crece de nuevo. El odio se expande. Las tensiones geopolíticas escalan. Las armas nucleares siguen en una alerta de gatillo sensible. Las tecnologías han abierto nuevas oportunidades, pero también nuevas amenazas. La pandemia de la Covid-19 ha dejado al descubierto las fragilidades del mundo. Solo podemos afrontarlas juntos”

En efecto, dijo, “la pandemia ha puesto en evidencia las grandes limitaciones que afectan a las poblaciones del mundo, en especial a los más desfavorecidos”.

Asimismo, demuestra cómo, de mantenerse los niveles de desigualdad social y de discriminación, las perspectivas no son nada halagüeñas, indicó el también Representante Permanente de la República Dominicana ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

“La ONU está fundamentada en el multilateralismo y convivencia pacífica, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y bienestar humano, sostuvo el embajador Serulle Ramia.

El 20 de septiembre, la ONU celebró de manera virtual el 75° aniversario de su creación en medio de una convulsa situación mundial, en lo sanitario y económico, debido en parte a las restricciones impuestas por la Covid-19.

El discurso del Excelentísimo Presidente de la República Dominicana, Luis R. Abinader Corona, pronunciado en tan relevante ocasión, establece que nuestro país se mantendrá incondicionalmente apoyando a la ONU. Esta justa declaración constituye un ejemplo fiel de la postura que hoy deben adoptar todos los Estados del mundo, como única vía de avanzar por el sendero del entendimiento, la cooperación, el progreso y la paz, expresó finalmente el embajador en Trinidad y Tobago, José Serulle Ramia.

La comisión especial, para el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley General de Deportes, realizó este viernes una jornada de vistas públicas, a fin de escuchar el sentir de los diferentes sectores sobre la iniciativa.

El presidente de la comisión, Pedro Botello, elogió el apoyo de los sectores deportivos al llamado a estas vistas públicas, donde acudieron representantes de movimientos locales, regionales, nacionales y de ultramar, federados, miembros de la crónica deportiva, así como funcionarios deportivos.
“Quiero recalcar que esta legislatura termina en enero, de igual forma el proyecto perime, ya que tendrá dos legislaturas, por lo que tenemos el tiempo encima. No queremos hacer un trabajo al vapor, ni queremos festinar la propuesta, pero si queremos y tenemos la voluntad, de revisar todas las propuestas recibidas por ustedes”, sostuvo.

Dentro de las propuestas de modificación y opiniones externadas, estuvo la de Radhames Espinal, presidente de la Fundación Para el Desarrollo de la República Dominicana, quien consideró que se necesita al liderazgo deportivo para poder aprobar la Ley.

Eden Carvajal, coordinador nacional del Consejo Nacional de Discapacidad, pidió que se contemple el fondo para el desarrollo a atleta con discapacidad, ya que los atletas discapacitados, tienen dificultad para desarrollarse. “En cada eventos hay problemas para poder participar ya que no se sabe de dónde saldrán los fondos, solo se menciona a los discapacitados el veintitrés de septiembre, día del atleta con discapacidad, pero solo ese día, dijo.
Sostuvo que en la nueva norma debe estar contemplado el desarrollo del atleta con discapacidad, “ustedes deben acoger esto a fin de que puedan desarrollarse y el deporte paralímpico sea inclusivo”, dijo.
También opinó el exsecretario de Deportes, Felipe -Jey- Payano, quien estimó que esa ley hace tiempo debió estar en mano de los deportistas dominicanos. Pidió, en ese sentido, “olvidar lo que no se hizo en el pasado y avocarse al futuro”, por lo que aposto al trabajo de los legisladores a fin de que la modificación sea aprobada.
Solicitó a los legisladores tener presente el aspecto social y humano, ya que no se puede hablar de deporte si esos factores no están garantizados.
“Debe garantizarse la salud, la educación, el medio para que ese deportista pueda desarrollarse y tener las condiciones para ser un gran representante del país, si no se hace eso, entonces lamentablemente no estamos haciendo nada”, sostuvo.
Dijo que todas las políticas deben enfocarse primero en los deportistas, ya que ellos son el eje fundamental, por lo cual debe garantizársele el presente y el futuro.
Asimismo hizo uso de la palabra el deportista Gabriel Mercedes, quien abogó para que los deportistas sean incluidos en los debates.
“He sido participe de que el desarrollo deportivo cambia las vidas de las personas y nosotros como jóvenes, podemos aportar más allá de la cancha La Ley de deporte en su artículo 6, dice que es de interés el deporte nacional de gran rendimiento, si es así, porque nosotros los atletas de alto rendimiento no formamos parte de las comisiones, a fin de escuchar nuestras ideas”, manifestó.
Dijo que si lo que se busca es una ley de inclusión, debe incluirse a los atletas de alto rendimientos, “diputados hagan que los atletas seamos vistos más allá de nuestros logros deportivos y que seamos escuchados y que seamos más que ejemplo a la sociedad, en cuanto a nuestro talento”, finalizo.
En el encuentro de más de 5 horas, donde los congresistas escucharon las opiniones y las sugerencias de más de 40 exponentes, estuvieron presentes diputados de las diferentes bancadas, representantes de clubes, asociaciones deportivas, ligas, deportistas y público aficionado al deporte.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía estuvo en el encuentro y dijo que en términos generales está complacido con el proyecto de ley.
La mesa principal estuvieron presentes además de Botello, la vicepresidenta, Olfany Méndez, el proponente del proyecto Jesús Martínez Alberti, Juan Carlos Echavarría, Ignacio Matos, Ramón María Ceballo, Mateo Evangelista Espaillat, Llanelis Matos Cuevas y Rafael Cuevas Jiménez.

Sobre la Ley de Deportes
El proyecto de Ley de la autoría de Jesús Martínez Alberty, señala que la actual Ley General de Deportes, 356-05, del 30 de agosto de 2005, ha sido de difícil ejecución debido a ciertas fallas jurídicas y conceptuales graves en sus disposiciones actuales y que además, no contribuyen a alcanzar el consenso requerido entre los diversos sectores deportivos del país para su efectiva aplicación. La ley vigente limita ciertas atribuciones del Estado en materia deportiva, lo cual afecta las políticas públicas del Poder Ejecutivo, siendo este el principal organismo responsable de la organización, planificación y ejecución de las mismas.
La propuesta de modificación obedece al interés de conformar una norma legal coherente, actualizada y que responda a los requerimientos de la comunidad deportiva nacional.
La Ley tiene por objeto establecer los principios rectores del deporte, la educación física y la recreación. Se consagra que su práctica estará orientada esencialmente a la formación integral de los ciudadanos, a fin de contribuir al bienestar social del país.
Asimismo, declara de interés nacional el fomento, promoción, desarrollo y práctica del deporte, la educación física y la recreación en toda la geografía nacional, así como también el mantenimiento, la protección y la construcción de las infraestructuras aplicadas para esos fines, lo cual se hará, de ser necesario, con el concurso y participación de las organizaciones del sector privado.
Del mismo modo la iniciativa en estudio, crea el Consejo Nacional de Estrategia Deportiva (CONED) como el órgano consultivo, asesor y de apoyo técnico para la planificación de la actividad físico- deportivo nacional.
Este estará integrado por el ministro de Deportes y Recreación, quien lo presidirá; el viceministro técnico del Ministerio de Deportes y Recreación; el ministro de Educación; el ministro de Salud Pública y Asistencia Social; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; el presidente del Comité Olímpico Dominicano; el ministro de la Juventud; el presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; un representante de las federaciones deportivas nacionales, el cual será designado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna presentada por el Comité Olímpico Dominicano; un representante de los entrenadores deportivos, designado por el Poder Ejecutivo; el presidente del comité paralímpico dominicano; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); un representante de los clubes organizados del país, escogido por la Federación Nacional de Clubes; un representante de las uniones deportivas del país, el cual será escogido por ellas mismas de una terna que presente la organización nacional que las agrupa.

Azua.- El Ministerio de Obras Públicas dejó iniciados este sábado los trabajos de construcción definitiva del puente sobre el arroyo Los Charcos, que comunica los municipios de Las Yayas y Padre Las Casas, el cual había colapsado debido a las torrenciales lluvias que dejó la tormenta Laura a su paso por el territorio nacional.

El viceministro de Infraestructura Vial, Roberto Herrera, encabezó el acto, quien dijo que la obra se inicia, atendiendo instrucciones del ministro Deligne Ascención, quien visitó personalmente la comunidad a raíz del paso de la tormenta Laura.

Explicó que el puente que se construirá abre enormes oportunidades a miles de familias laboriosas de esas y otras comunidades, acortando distancias entre pueblos y ciudades, y promoviendo al mismo tiempo nuevos vínculos entre sus pobladores, imprimiendo y gran impulso a las actividades económicas y comerciales.

“Ya se acabaron los tiempos en los cuales, con solo nublarse el horizonte, había que iniciar los preparativos para estar incomunicados por días, a veces por semanas”, expresó Herrera, al referirse a las crecidas del río Las Yayas, que en más de una oportunidad hicieron colapsar los puentes que encontraba a su paso.

«Por instrucciones precisas del Presidente Luis Abinader y el ministro Deligne Ascención, estamos dando inicio a esta nueva estructura, la cual traerá una solución definitiva a los residentes de estas comunidades, que estará concluida de acuerdo a las proyecciones en los dos primeros meses del próximo año», refirió.

Dijo que el puente será una estructura construida con fundación indirecta, edificada sobre pilotes, que cumplirá con todos los estándares que demanda una obra de esta naturaleza.

Herrera afirmó que el levantamiento de la obra tendrá una inversión de 100 millones de pesos y que tendrá una longitud de 25 metros de largo.

Aseguró que, con esta obra, el ministro Deligne Ascención cumple compromiso de resolver daños causados por la Tormenta Laura y, al mismo tiempo, promesas del Presidente Abinader, de hacer pequeñas obras que impactan y dan mejor calidad a la vida para las comunidades del país.

De su lado, José Guillermo Ascención, representante de la empresa que tiene a cargo la ejecución de la obra, dijo que en estos momentos están procediendo a la canalización del río, con una estructura metálica y muros de gaviones, garantizando que el nuevo puente será de gran calidad, tal como lo ha pedido el MOPC.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, explicó que tanto el barrilito como el cofrecito, en los términos que han sido concebido, sustentados en resoluciones de sus respectivas cámaras, violan la Constitución de la República.

Explicó que dice eso, porque es nula toda erogación de fondos públicos realizada sin una ley que la regule, como dispone su el Art. 236, además de la necesaria identificación de las fuentes que engendran obligaciones pecuniarias a cargo del Estado, para la correspondiente erogación.

Potentini refirió que también con el barrilito y cofrecito, se viola el principio de universalidad creado por el Art. 11 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, No. 423-06, al establecer que el sistema presupuestario abarca a todas las instituciones del sector público y exige que todos los recursos y gastos deban ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible, y que deberán ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto.

Propuesta de ley para establecer Programa Nacional de Asistencia Social Legislativa (PRONASLE).

En consecuencia, Justicia y Transparencia, plantea una ley que instituya el Programa Nacional de Asistencia Social Legislativa (PRONASLE), estableciendo la mecánica y el procedimiento, en que los legisladores puedan desarrollar la asistencia social, con un marco regulatorio que implique rendición de cuentas, licitaciones en virtud de la ley 340-06, sobre compra y contrataciones públicas, sometidos a la ley 200-04, sobre acceso a la información pública, al escrutinio de la cámara de cuentas; además de su previsión y consignación en la ley de presupuesto general del estado.

La referida propuesta de ley considerará la suspensión de estos planes sociales, en beneficio de aquellos legisladores que estén optando por una reelección, ya sea como precandidato, en las primarias de su partido, o ya bien sea, en su condición de candidato, períodos en los cuales estarán suspendidas automáticamente la erogación de los fondos, en beneficio del congresista en reelección, sobre todo para mantener la competencia democrática, en un plano de equidad e igualdad. Asimismo, se reorientarían los fondos en tiempos de campaña, de los congresistas precandidato o candidato, en beneficio de las iglesias, para que estas continúen asistiendo a las comunidades.

De igual forma Potentini informó que la propuesta sugerirá, un esquema que priorice con la asignación de recursos la zona fronteriza del país, por tratarse del área geográfica más pobre, deprimida y olvidada de toda la geografía nacional, concibiendo además una estructura administrativa en todas las provincias, para servicios y contacto con los electores.

En ese sentido la FJT reconoce la necesidad de que los congresistas cuenten con los recursos, para canalizar las urgencias sociales de sus electores, máxime que hoy día la labor del congresista, va más allá de la responsabilidad de legislar, imponiéndose una dinámica de constante roce y solución de problemas básicos en beneficio de sus comunidades.

La propuesta tomará en consideración los diferentes planes de asistencia social que desde diversas entidades estatales maneja el gobierno, privilegiando el contacto que de primera manos tienen los legisladores con sus comunidades, permitiéndoles asistirlos con prestaciones y necesidades básicas, sobre todo salvaguardando la dignidad de la función legislativa, que no tengan que estar haciendo filas para que un ministro o incumbente gubernamental lo sometan a vejámenes y pérdidas de tiempo detrás de alguna obra o asistencia para su provincia.

Finalmente, Justicia y Transparencia entiende que es favorable, siempre bajo un esquema institucional, el que los legisladores puedan asistir a los electores de sus demarcaciones territoriales, con diversas prestaciones y ayudas, para mitigar las grandes desigualdades que se verifican con la atención, que solo se les facilita a los sectores más conectados con las estructuras de poder.