SANTO DOMINGO, RD. El senador por la provincia Samaná, Pedro Catrain, viajó a Estados Unidos para gestionar la libertad de decenas de personas indocumentadas del municipio de Sánchez que se encuentran detenidas en una cárcel del estado de Georgia.

Este viernes el senador Catrain se reunió con el congresista por Nueva York, Adriano Espaillat, quien se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para traer de regreso a los dominicanos que hace más de un año intentaron llegar a Puerto Rico en una pequeña embarcación, pero fueron apresados por las autoridades estadounidenses.

“Esta es una situación que ha traído mucho desasosiego en la provincia debido a que son muchas las familias que llevan largo tiempo sin saber nada de sus parientes”, dijo Catrain tras reunirse con el legislador norteamericano de origen dominicano.

Según Espaillat son más de 40 los dominicanos que se encuentran detenidos hace más de un año en una cárcel especializada para migrantes indocumentados ubicada en el estado de Georgia.

Catrain informó que Adriano Espaillat ha dispuesto que un equipo de abogados expertos en migración asista legalmente a los dominicanos para traerlos a casa a la mayor brevedad posible. “Esperamos resolver este angustioso caso lo más rápido posible, con la asistencia legal dispuesta por Espaillat creo que ya es una cuestión de semanas”, declaró Catrain.

Se recuerda que el 2 de septiembre de 2019 salió desde el municipio de Sánchez provincia Samaná una pequeña embarcación con decenas de personas a bordo con destino a Puerto Rico, las cuales fueron interceptadas por la guardia costera y enviadas a una prisión en los Estados Unidos.

En ese sentido, el senador Pedro Catrain envió una comunicación al canciller dominicano Roberto Álvarez solicitándole activar los mecanismos diplomáticos para ubicar el destino de los indocumentados y traerlos de vuelta al país.

Entre los indocumentados presos en Estados Unidos se encuentran, entre otros, Bruno Adames Fermín, Marcelo Antonio Reyes, Ricardo Cepeda, Marian Alexandra Johnny, Josefina García Jazmín, Iván Josué Moquete Pérez, Marcos Ortega de la Cruz, Juan Carrasco Sánchez y Alberto Pérez Moscoso.

El Senado de la República aprobó este miércoles un contrato de préstamo suscrito entre el Estado dominicano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 100 millones de dólares, para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Política de Desarrollo en Apoyo a la Respuesta de la República Dominicana ante la Crisis de la Covid-19, y a las dificultades sanitarias ocasionada por dicha enfermedad.

Esta iniciativa fue sometida al Pleno Senatorial por la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Senado de la República, Faride Raful (Distrito Nacional), quien además solicitó que la misma sea incluida en el orden del día.

El informe presentado por la legisladora señala que dicho préstamo servirá para acompañar los esfuerzos del país por limitar los impactos adversos de la pandemia, atendiendo los riesgos inmediatos a la salud, como los efectos socioeconómicos en hogares pobres y vulnerables.

La pieza remitida por el Poder Ejecutivo tiene el objetivo de mejorar el sistema de salud, así como apoyar a la población más vulnerable.

Los senadores sancionaron en única lectura una Resolución que solicita al Poder Ejecutivo declarar de Alta Prioridad la Terminación de los trabajos de Construcción, Acondicionamiento y Equipamiento de los hospitales provinciales Doctor Teófilo Hernández y del municipal de Miches, provincia El Seibo. La iniciativa es de la autoría del vicepresidente del Senado, Santiago José Zorrilla.

De igual manera fue sancionada la Resolución que reconoce al beisbolista Julián Javier, por su brillante carrera deportiva en la República Dominicana y a su extraordinaria participación en las Grandes Ligas del Béisbol Mundial, así como por ser un creador de nuevos equipos de béisbol que han albergado a cientos de jóvenes y servirán para las futuras generaciones.

Además, sancionaron la resolución que solicita a la ministra de Cultura, Carmen Heredia, la instalación de una Escuela Libre de Cultura, en el municipio de Hato Mayor del Rey, en Hato Mayor.

También, la Resolución que solicita a la ministra de Cultura, Carmen Heredia, la terminación y apoyo financiero para la Casa de la Cultura en el municipio Consuelo.

Las iniciativas son de la autoría de los senadores Franklin Peña Villalona (San Pedro de Macorís) y Cristóbal Venerado Castillo (Hato Mayor).

Los legisladores ratificaron también cinco nombramientos diplomáticos, entre ellos a Flavio Amaury Rondón de Jesús, como embajador en la República de Cuba.

El nombramiento diplomático de Alejandro Arias Zarzuela ante la República del Perú.

De igual manera, fue ratificado el nombramiento diplomático de Sandra Mancebo ante la República de Honduras.

Además, el nombramiento diplomático de María Isabel Castillo Báez como embajadora ante la República de los Estados Unidos Mexicanos.

Los senadores también ratificaron el nombramiento diplomático de Georges Bahsa Hazim como embajador de la República Dominicana ante el Estado de Qatar.

El nombramiento diplomático de Faruk Miguel Castillo como embajador ante la República de Haití.

Estas iniciativas fueron presentadas al Pleno Senatorial por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Franklin Rodríguez (San Cristóbal).

Mientras, el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, solicitó al Pleno Senatorial que estos nombramientos diplomáticos sean incluidos en el orden del día de la sesión de este miércoles.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) firman convenio interinstitucional para la formación profesional de atletas de alto rendimiento y sus hijos, a través de diversos programas educativos.

El convenio contempla que los deportistas reciban la oportunidad de estudiar en el programa de inglés por inmersión, que será impartido en las instalaciones del MIDEREC, además de obtener becas nacionales e internacionales en diversas áreas. El acuerdo también establece incluir a colaboradores y funcionarios de esa dependencia, incentivando así la formación continua.

El titular del MESCYT, Franklin García Fermín, explicó que la alianza beneficiará a ambas instituciones, mediante el desarrollo del deporte y la dignificación de quienes lo ejercen, brindando acceso a estudios de grado, posgrado y cursos profesionalizantes en el área del deporte, tanto en el país, como en el extranjero.

“Felicito al Ministerio de Deporte por la importante labor que viene realizando a favor del recreo, apostando a un cuerpo y una mente sana”, expresó García Fermín.

Mientras que el ministro de Deportes y Recreación, Francisco José Camacho, agradeció la disposición del MESCYT para firmar el acuerdo, calificándolo de histórico, además de un incentivo para que los atletas posean una educación deportiva y universitaria.

“Habrá un antes y un después para nuestros deportistas, haremos todo tipo de acuerdos para que nuestros atletas puedan educarse, porque la educación es lo mejor que le podemos dejar”, argumentó el funcionario.

Mediante el tratado, el MIDEREC se comprometió a ceder en todas las provincias del país, instalaciones y herramientas para que el MESCYT pueda desarrollar los programas formativos.

La firma del documento fue efectuada en el marco de la primera reunión del Comité de Seguimiento de Gestión del MIDEREC, en la sede de esa institución. Estuvieron presentes los viceministros del MESCYT, Juan Francisco Viloria, Carlos Mendieta y Genaro Rodríguez Martínez; el asesor especial, Julio Altagracia, y Diego Torres, consultor jurídico; el viceministro técnico del MIDEREC, Elvys Duarte, entre otras personalidades.

La Comisión Permanente de Ética del Senado República recibió este jueves la visita de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para conocer su opinión sobre el Proyecto de Ley que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGET), de la autoría del senador Félix Bautista (San Juan), y la vez, reafirmarle su respaldo en todas las iniciativas tomadas desde ese organismo, en aras de fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en la administración pública.

“Estamos seguros que con la designación suya se abre un nuevo espacio para combatir la corrupción; aquí hay senadores de diferentes partidos, sin embargo, el fin común es que las cosas se hagan bien en cualquier administración; estamos abiertos a colaborar en lo que sea necesario”, expresó Aris Yván Lorenzo (Elías Piña), presidente de la Comisión.

El senador dijo que esa Comisión aspira a la creación de un sistema de ética donde se pueda acceder a la declaración de patrimonio de los servidores públicos, a sus pagos de impuestos de manera automática, sin que sea necesario iniciar una investigación en lavado de activos o en la Dirección General de Impuestos Internos.

La directora de Ética e Integridad Gubernamental solicitó un plazo prudente a la Comisión para estudiar el proyecto de ley y destacó la importancia que reviste para la DIGET, trabajar en coordinación con el Congreso Nacional.

“Cuando estemos en una etapa de elaboración; la idea que tenemos es venir aquí para lograr una reforma de ética y prevención, ustedes pueden estar seguros que estamos abiertos a todas las iniciativas, este no es un problema de un partido, es un problema de nación. Me agrada esta visita para lograr un lazo de comunicación”, dijo Ortiz Bosch.

La funcionaria agregó, además, que la DIGET no sólo es un organismo de persecución, sino una entidad de educación ética, y transparencia.

“Todos los funcionarios públicos; al menos lo del Ejecutivo, deberán entrar de manera obligatoria en la formación de ética con un título que le dará las Naciones Unidas, con validez internacional; pretendemos que 200 mil funcionario públicos entren a formar parte del portal en el corto plazo”, agregó

La directora de Ética e Integridad Gubernamental consideró, además, que la reforma de la ley en sentido general tiene una necesidad de actualización.

El Proyecto de Ley que crea la Dirección General de Ética tiene por objeto crear la Dirección General de Ética (fue creada por decreto), como órgano rector en materia de ética, integridad y transparencia, gobierno abierto, datos abiertos, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses, protección a los datos personales y libre acceso a la información pública.

Estuvieron presentes en la reunión los senadores, Aris Yván Lorenzo (Elías Piña), presidente de la Comisión; y Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez).

Las mejoras garantizan decenas de empleos para la populosa barriada.

SANTO DOMINGO ESTE.- En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República Raquel Peña y el presidente de la compañía José Ignacio Acero Ruíz, la empresa Joseph Industrial Shipyard relanzó y potencializó este jueves las operaciones, que por más de 60 años, realiza en la rivera del río Ozama, en la comunidad del Dique, Santo Domingo Este, desde donde se han beneficiado decenas de familias que allí laboran.

El astillero realizó importantes mejoras para el funcionamiento de sus operaciones, que incluyen la adquisición de bombas de menor consumo eléctrico, contribuyendo de este modo con el medio ambiente; además de dragar el canal de entrada unos 20 pies, con lo que ahora se podrán reparar hasta cuatro embarcaciones de manera simultánea.

Las inversiones, que sobrepasan los 100 millones de pesos, colocan a la empresa en la lista de las más importantes de la región, que cumple con todos los estándares de calidad que requiere el sector naviero.

“Hemos invertido más de 100 millones de pesos para repotenciar el astillero, por lo que con humildad pero con mucho orgullo por el trabajo realizado, podemos decir que tenemos un astillero del siglo XXI en el mismo centro del Caribe”, enfatizó el presidente de Joseph Industrial, José Ignacio Acero Ruíz.

Con estas mejoras, la flotilla de empleados que actualmente es de 200 personas, podría aumentar hasta los 1,500, según estimaciones, lo que se traduce en un apoyo directo para la empobrecida barriada del Dique, en la margen oriental del río Ozama.

Asimismo, la empresa puso a disposición del Estado 120,000 metros de terreno de su propiedad, para la construcción de viviendas dignas para las familias que viven en condiciones infrahumanas y cuyas vidas peligran cada vez que se registran fuertes aguaceros en el territorio Nacional.

Durante el encuentro, la vicepresidenta Raquel Peña resaltó la importancia de esta empresas para el desarrollo económico del país y se comprometió a brindar el apoyo necesario desde el gobierno, para continúe expandiendo estas operaciones.

“La repotenciación de este dique que hoy dejamos inaugurado, suma a la materialización del deseo del presidente Luis Abinader, de hacer de nuestra República Dominicana, el host de Las Américas” resaltó Peña durante su intervención.

La compañía Joseph Industrial Shipyard, construida en los años 50 por el señor Félix Benítez Rexch, es utilizada para la reparación de los buques y dragas de la Armada de República Dominicana, así como los barcos comerciales de la isla y toda la región, aprovechando su ubicación estratégica, por donde pasan unas 100,000 naves anualmente.

Estas mejoras permitirán a la compañía no sólo la reparación, sino también la construcción de embarcaciones, lo que la lleva a competir con los diques más importantes del Caribe.

El acto contó, además, con la presencia del vicealmirante Ramón Gustavo Betances, comandante general de la Armada de la República Dominicana, de Jean Luis Rodríguez, director general de Autoridad Portuaria, y empresarios ligados al ramo de las navieras.

SANTO DOMINGO. –La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este jueves rendir un informe favorable al proyecto de ley que modifica el artículo 144 del Código Civil de la República Dominicana, donde se prohíbe el matrimonio de menores de 18 años de edad.

La reunión celebrada en uno de los salones de la Cámara de Diputados estuvo presente el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, quien votó de forma simbólica por la aprobación de la iniciativa.

Mientras que el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Alexis Jiménez explicó que la decisión fue tomada por los miembros de la comisión luego de desarrollar un amplio debate.

La pieza del diputado José Horacio Rodríguez en uno de sus considerandos establece que es un requisito fundamental para asegurar que las niñas y adolescentes, puedan completar su educación, reducir los embarazos en la adolescencia, reducir la tasa de mortalidad materna e infantil, así como reducir los niveles de violencia de género en la República Dominicana.

En otro de los considerando se establece que existe una relación entre el índice de pobreza y matrimonio o unión de menores, evidenciado por el hecho de que el 59% de las niñas con mayores niveles de pobreza del país se unen o casan antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de los 15 años y que, en ese sentido, las conclusiones de un estudio del Banco Mundial y la UNICEF de 2017, con base en datos de 2015, establecen que la pobreza general del país se habría reducido en 30% al 27%, si se eliminara el matrimonio de menores de edad en el país.

El presidente de la comisión aclaró que ningún miembro de la Comisión de Justicia favorece el matrimonio infantil en el país, tras asegurar que el matrimonio infantil en la república dominicana no existe.

“Lo que sí quiero dejar bien claro es que en esta comisión es las posiciones que hemos vertido, que quiero queden claras y que he vertido de manera personal y que ninguno de los diputados según la impresión que tenemos ningún diputado está de acuerdo con el matrimonio infantil.

No existe matrimonio Infantil en la república dominicana”, precisó Alexis Jiménez.

La comisión recibió un documento del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, donde el organismo fija su posición en torno a la iniciativa.
La institución señala que no se puede permitir que las niñas y adolescentes sigan sufriendo los abusos, violencia, embarazos no deseados y violaciones que son perpetradas contra menores de edad.​

El doctor Ramón Arístides Madera Arias, juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE) le hizo un llamado urgente al Presidente de la República, Luis Abinader Corona, para que actúe en auxilio del Tribunal Superior Electoral para salvarlo del colapso, el cual se encuentra en estado de coma, en virtud del estrangulamiento económico al que esa alta corte ha estado sometida durante los últimos tres años.

Manifestó el magistrado que ante la precaria situación económica que enfrenta el Tribunal Superior Electoral, no tiene recursos para completar el pago de las remuneraciones del presente mes de noviembre, que está en peligro el pago de la regalía pascual y del salario del mes de diciembre, a menos que el presidente de la República adopte las medidas correspondientes con la finalidad de resolver la grave situación económica que afecta a este órgano extra poder del Estado.

Según expresó el doctor Ramón Arístides Madera Arias en el presupuesto del año 2020, al Tribunal Superior Electoral le fueron asignados para pagar las remuneraciones la suma de RD$488,006,669.00 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Millones, Seis Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos), de los que al mes de octubre del presente año han sido ejecutados la cantidad de RD$457,894,051.40 (Cuatrocientos Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Cincuenta y Un Peso con 40/100), lo que significa que para terminar las proyecciones de la ejecución presupuestaria del año, apenas están pendientes de ejecutar la suma de RD$30,112,617.60 (Treinta Millones Ciento Doce Mil Seiscientos Diecisiete Pesos con 60/100), lo que proyecta un déficit para este año, solo por ese concepto de aproximadamente RD$100,000,000.00 (Cien Millones de Pesos).

En el Tribunal Superior Electoral, el capítulo del presupuesto de las remuneraciones abarca las actividades económicas concernientes al pago del personal que se incluyen los gastos siguientes: los sueldos fijos, sueldos transitorios, sueldos del personal contratado y/o igualado, el pago a los suplentes, el sueldo número 13, el bono de vacaciones y el pago de prestaciones laborales, que solo por este último concepto en el presente año hay un déficit de RD$16,340,175.27 (Dieciséis Millones, Trescientos Cuarenta Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos con 27/100), con proyección a aumentar este año a la cantidad de RD$ 30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos), por el pago de las prestaciones laborales que hay que pagarle al Ex presidente de este tribunal y a todo su equipo que le acompañará en la Junta Central Electoral, los cuales renunciarán para pasar a trabajar acompañándolo en sus nuevas funciones.

En virtud de las declaraciones del doctor Ramón Arístides Madera Arias, los gastos fijos del referido órgano constitucional del Estado, sólo por el concepto de pago en el capítulo de remuneraciones, oscilan todos los meses en una suma de dinero que oscila entre los Cuarenta a Cincuenta Millones de Pesos Mensuales (RD$40,000,000.00 a RD$50,000,000.00).

Otro capítulo en el cual el Tribunal Superior Electoral está en rojo es el correspondiente a los sobresueldos, para lo cual fueron presupuestados para este año la suma de RD$48,750,00.00 (Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos), sin embargo, han sido ejecutados hasta el mes de octubre la suma de RD$83,272,272.92 (Ochenta y Tres Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 92/110 ), lo que significa que existe en ese reglón un déficit de RD$34,522,272.92 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Veintidós Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 92/100).

En este sentido, debemos destacar que en este capítulo se incluyen la compensación por horas extraordinarias de trabajo, la compensación por los servicios de seguridad y las compensaciones especiales, que por ser el 2020 un año Electoral, esos gastos se incrementaron significativamente, por el exceso de trabajos, en vista de que el Tribunal Superior Electoral para responder a la sobre demanda de trabajos con motivo de las elecciones municipales, y las presidenciales y congresionales tuvo que someterse durante mucho tiempo a extensas jornadas de trabajos de días, de noches, los fines de semana y los días feriados, incluyendo el viernes santo.

En el presupuesto el Tribunal Superior Electoral, está siendo castigado y asfixiado económicamente desde el año 2018, cuyo monto está congelado desde ese año en la suma de RD$601,000,000.00 (Seiscientos Un Millón de pesos) al año, y no se le ha aumentado un centavo ni siquiera por concepto de indexación por inflación, ni se ha tomado en cuenta que el 2019 fue un año pre-electoral y que el 2020 un año electoral, con lo cual los gastos necesariamente se incrementaron de una manera sustancial.

Manifestó el magistrado Madera Arias que el TSE tiene otros gastos que conlleva una suma exorbitante de recursos económicos, tales como la contribución a la seguridad social, en la cual se erogan aproximadamente RD$50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos) al año; la contratación de los servicios básicos que conllevan un gasto al año de aproximadamente RD$70,000,000.00 (Setenta Millones de Pesos), en pago de teléfonos, internet, televisión por cable, electricidad, agua, recolección de residuos, etc., así como también existen enormes gastos por concepto de: pago de seguros, reparaciones, mantenimiento, materiales y suministros, combustible, vehículos, viáticos, mobiliarios, equipos, etc.

Por otra parte, Madera Arias hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader Corona, a fin de que en la adenda que se le hará al presupuesto del año 2020, le sea hecho un aumento sustancial al presupuesto del Tribunal Superior Electoral, con el objetivo de sacarlo de la calamidad económica, para evitar el colapso de este órgano electoral, con la finalidad de ofrecer mejor servicio a los usuarios, para lo cual pidió el apoyo y comprensión de todo el liderazgo político nacional, de la sociedad civil, de las iglesias y de todos los sectores que luchan por el fortalecimiento de la democracia en un estado social y democrático de derecho, para evitar que en el futuro el Tribunal Superior Electoral se vea sometido al chantaje y presión económica, y que no tenga que estar mendigando ni arrodillándose ante ningún poder público pidiendo asignación adicional de recursos económicos para no sucumbir y cumplir con sus compromisos libre de tipo de presión, ni de amenaza.

Por último el magistrado Madera Arias manifestó que el TSE no tiene un local propio para el desenvolvimiento de sus labores, que están arrimados en uno de los edificios del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), por lo que le pide al Presidente Luis Abinader que tenga a bien de entregarle a dicha institución, el local que ocupa el disuelto Consejo Estatal del Azúcar (CEA), o que se le entregue completo el edificio que comparte con el INDRHI, porque su personal está en un estado de hacinamiento, mientras que la otra institución tiene otro moderno y gigante edificio localizado al lado de la Lotería Nacional.

Además destacó que el Tribunal Superior Electoral no tiene vehículos propios para asignarlos a los jueces, al Departamento de Inspectoría, ni a ningunos de sus funcionarios, motivo por el cual pide con urgencia la intervención del Presidente de la República, para que proceda a colaborar con la solución de ese problema, ordenándole a la Dirección General de Aduanas que le done al Tribunal Superior Electoral una pequeña flotilla de vehículos de esos que han sido objeto de incautación.

La Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado de la República se reunió este miércoles con representantes de los ministerios de Interior y Policía, Industria Comercio y Pymes; y de Medio Ambiente para conocer los avances en la formulación de una propuesta conjunta, dirigida a enriquecer el Proyecto de Ley para el Control de Expendio, Suministro y Consumo de Bebidas Alcohólicas, de la autoría del senador Santiago José Zorrilla (El Seibo).

En la pasada reunión, la Comisión acordó recibir un informe que recogiera la postura del sector público sobre la pieza, para luego socializarlo con el sector privado.

”Solicitamos que nos permitan diez días laborables más; creemos que en ese tiempo podremos traer la propuesta oficial del Gobierno sobre el Proyecto de Ley”, dijo Jesús Feliz, vice ministro de Interior y Policía.

El presidente de la Comisión, Virgilio Cedano (La Altagracia), destacó la importancia que tiene el hecho de que las instituciones se pongan de acuerdo.

“La idea es ponernos como meta que en este año podamos prepararnos para presentar el proyecto a las empresas privadas involucradas en el negocio del expendio de bebidas alcohólicas”, dijo el senador Cedano.

La iniciativa tiene por objeto regular la venta, el expendio, suministro gratuito y consumo de bebidas alcohólicas, a la vez que fomenta la responsabilidad en el consumo de las mismas en República Dominicana.

En su artículo 3 sobre la licencia para expendio de bebidas alcohólicas, la pieza legislativa establece, que para que un centro de expendio o turístico pueda dedicarse o continuar con la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas en envases abiertos o cerrados deberá obtener, por cada establecimiento, una licencia a ser emitida por el Ministerio de Interior y Policía.

En la reunión participaron, además de Cedano, los senadores Franklin Romero (Duarte); Franklin Rodríguez, (San Cristóbal); Eddy Nolasco (Valverde) y Cristóbal Castillo (Hato Mayor).