SANTO DOMINGO, RD,- El exdiputado Henry Merán, inscribió su candidatura para aspirar a Defensor del Pueblo.

Las aspiraciones del excongresista serán anunciadas en las próximas horas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

La función esencial del Defensor del Pueblo según el artículo 191 de la constitución “es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes”.

Merán, de 46 años, nativo de San Juan, es doctor en Derecho y se desempeñó como congresista durante los períodos 201-2020 y ha presentado estudios e investigaciones sobre el Defensor del Pueblo en España, Modelo a seguir en la República Dominicana.

La ley del Defensor del Pueblo exige en su artículo 5, literal f) que su titular debe poseer amplios conocimientos de la administración pública y gestión gubernamental.

Merán es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, por lo que aclara en su carta de presentación para aspirar a la posición, que el artículo 11 de la Ley del Defensor del Pueblo (19-01) dice que éste “no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario”, pero que ese no es un requisito exigible para aspirar o ser candidato al puesto.

“Se trata de una prohibición expresa para ejercer la función una vez la persona que reúna todos los requisitos mencionados en el artículo 5 de la ley sea elegido por el Congreso Nacional”, indica. Sostiene que lo mismo pasa con cualquiera de los demás órganos constitucionales, como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

SANTO DOMINGO, RD,.Tras varios casos de feminicidio en donde las víctimas acuden a poner denuncias contra sus agresores y posteriormente las mujeres son asesinadas por éstos, la procuradora general Miriam Germán Brito, emitió una normativa que prohíbe a todos los fiscales del país levantar “actas de compromisos”, que dejen en libertad a agresores en los casos que reúnen una serie de características que alertan a las autoridades sobre un potencial feminicida.

“Queda totalmente prohibido levantar actas compromisos en materia de violencia feminicida”, plantea Germán Brito en una instrucción general impartida a todo el cuerpo del Ministerio Público en la que advierte, además, que se trata de una postura que “deberá permanecer invariable”.

“A pesar de que la víctima -como consecuencia del Síndrome de la Mujer Maltratada o la indefensión aprendida- quiera establecer un acuerdo, es importante tener en cuenta que para acordar, el consentimiento de las partes no puede estar viciado y una mujer que tiene su vida en riesgo frente a su verdugo agresor carece de libertad para convenir al margen de las secuelas que deja la violencia feminicida”, indica el comunidado de la Procuraduría.

La medida busca reducir el riesgo de tragedias en el entorno de hombres con relaciones tóxicas con sus parejas o exparejas e incluso con su ámbito familiar. Se trata de una decisión firme que deberá facilitar el apresamiento -y hasta persuadir en muchos casos- a hombres como los responsables de matar a decenas de mujeres cada año en los casos de feminicidios y feminicidios no íntimos.

La instrucción general obliga a los fiscales que reciben denuncias de mujeres maltratadas a evaluar un conjunto de indicadores de riesgo relevantes en los conflictos de violencia con potencial feminicida, empezando por “los antecedentes de violencia de género de los imputados”.

Otro indicador será la existencia de multiplicidad de denuncias contra el hombre agresor. Además, las señales de alertas que vinculen al imputado a crímenes graves como el sicariato, el maltrato infantil, el consumo o tráfico de drogas o el porte y tenencia legal e ilegal de arma de fuego.

El tipo y la forma de las heridas o golpes propinados a la mujer serán otros indicadores en los que tendrá un alto significado de riesgo, las agresiones en el cuello, la caja torácica o en las manos.

Serán señales de alertas para los fiscales las amenazas de muerte, la violencia de género en compañía de delitos sexuales o los actos de tortura y barbarie.

También, la violación de la orden de protección por parte del imputado. “Cuando se comprueba o detecta que el imputado incumplió la orden de protección, esto es un indicador de riesgo feminicida y de irrespeto a la ley, es un desafío a la autoridad”, advierte la instrucción general de Germán Brito. “El agresor evidencia con su conducta que no acata las disposiciones judiciales y que representa un peligro inminente para la víctima”, añade.

Los indicadores llaman la atención sobre la violencia ejercida en presencia de hijos menores y el hábito de consumo excesivo de alcohol o sustancias controladas por parte del agresor.

En lo adelante, las armas de fuego de hombres implicados en un caso de violencia intrafamiliar y sexual serán retenidas por las autoridades, sin importar que la porten en forma legal, “especialmente cuando este ha sido parte de la violencia o amenaza infringida”.

La instrucción general de la procuradora establece una serie de directrices a tomar en consideración en los casos de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales que reafirman el rol del Ministerio Público y la participación de la Policía Nacional en la investigación de los feminicidios.

Además, instruye a los fiscales para que gestionen la prisión preventiva de los hombres agresores en los casos de violencia de género, ya que más que el peligro de fuga, el riesgo lo constituye la permanencia forzada del imputado en el entorno familiar y de la mujer denunciante.

Los miembros del Ministerio Público también tienen la obligación de apelar la decisión, en los casos que lo ameriten, cuando un juez disponga la variación de la prisión preventiva para un hombre agresor. Además, mantener un seguimiento estricto de los procesos por violencia de género.

“Cuando una víctima desiste de su denuncia o proceso, esta acción para nada compromete el accionar del Ministerio Público, que debe procurar siempre, aparte del testimonio de la víctima, otros elementos probatorios por si se produce tal circunstancia”, advierte la magistrada Germán Brito.

SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo dos muertes por coronavirus en el país, para un total de 2,310 defunciones por la enfermedad en el país.

En el boletín 248 se indica, sin embargo, que en las últimas 24 horas no se han registrado muertes a causa del Covid-19, y que las dos defunciones reportadas ocurrieron antes de ese período, pero fueron reportadas ayer.

La tasa de letalidad ronda 1.67%. Mientras que los casos positivos nuevos son 640, para un 11.14% de positividad diaria. En total se acumulan 138,410 casos desde que se registró el primer caso de la enfermedad, de los cuales 23,548 son activos.

En este informe publicado en el Listín Diario, detalla que durante el día de ayer se procesaron 8,230 muestras. De 500 camas destinadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes con la enfermedad, 185 se encuentran ocupadas.

SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) conoció y decidió esta semana veintiséis expedientes; cinco sobre recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, doce sobre recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, uno sobre control preventivo de constitucionalidad de tratado internacional, dos sobre demandas en suspensión de ejecución de sentencias y seis sobre amparos directos.

En reuniones virtuales, encabezadas por el magistrado presidente, doctor Milton Ray Guevara, los jueces y juezas del TC conocieron el expediente TC-05-2020-0032, los expedientes fusionados TC-05-2020-0039, y TC-05-2020-0038; TC-05-2020-0034, TC-05-2013-0195, TC-05-2020-0012, sobre recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo.

También se conocieron los expedientes TC-04-2019-0207, TC-04-2014-0107, TC-04-2019-0251, TC-04-2019-0253, TC-04-2020-0005, el expediente fusionado por los TC-04-2019-0181, TC-04-2019-0182, TC-04-2019-0186, y TC-04- 2020-0072; y los expedientes TC-04-2019-0159, TC-04-2020-0035, TC-04-2020-0023, TC-04-2020-0031, TC-04-2020-0047, TC-04-2019-0252, sobre recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

Además, se conocieron el expediente TC-02-2020-0004, sobre control preventivo de constitucionalidad de tratado internacional; y los expedientes TC-07-2019-0053 y TC-07-2019-0017, sobre demandas en suspensión de ejecución de sentencias.

De igual manera, se conocieron los expedientes TC-06-2020-0016, TC-06-2020-0034, y el expediente fusionado por los TC-06-2020-0014, TC-06-2020-0017, TC-06-2020- 0020, TC-06-2020-0023 y TC-06-2020-0026; así como TC-06-2020-0030, TC-06-2020-0019 y los expedientes sobre amparo directo TC-06-2020-0032, TC-06-2020-0038 y TC-06-2020-0039,.

En el expediente TC-05-2020-0032, interpuesto por el señor Onassi Alcántara Alcántara, contra la sentencia 0030-02-2019-SSEN-00152, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 6 de junio de 2019, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia objeto del mismo.

En cuanto al expediente fusionado por el TC-05-2020-0039, interpuesto por la Policía Nacional, y el TC-05-2020-0038, interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional, ambos contra la sentencia 0030-04-2019-SSEN-00276, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 5 de agosto de 2019, se decidió acoger los recursos, revocar la sentencia, declarar procedente la acción de amparo de cumplimiento e imponer una astreinte para asegurar el cumplimiento de la sentencia.

Respecto del expediente TC-05-2020-0034, incoado por el señor Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón contra la sentencia 0030-02-2019-SSEN- 00266, de fecha 12 de septiembre de 2019, por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, la decisión del Pleno fue declarar el recurso inadmisible.

En el expediente TC-05-2013-0195, interpuesto por Local Free Zones Services, INC., debidamente representada por Miguel Ángel de la Cruz Espinal, contra la sentencia 00361-2013, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Hermanas Mirabal el 4 de septiembre de 2013, la decisión adoptada fue acoger el recurso, revocar la sentencia atacada y declarar inadmisible por la existencia de otra vía.

En cuanto a los expedientes TC-05-2020-0012, interpuesto por el Grupo Pérez Soluciones Sanitarias y Ambientales, S.R.L., contra la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00155, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 21 de mayo de 2019, el tribunal decidió acoger el recurso y revocar la sentencia recurrida.

En relación con el expediente TC-04-2019-0207, incoado por el señor Misael de Jesús María Ventura contra la sentencia 2098, dictada en fecha 19 de diciembre de 2018 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, consecuentemente, confirmar la sentencia.

En cuanto al expediente TC-04-2014-0107, interpuesto por el Consejo Estatal del Azúcar, contra la sentencia 78, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justica en fecha 28 de agosto de 2013, lo decidido es declarar inadmisible el recurso de revisión de que se trata.

Respecto del expediente TC-04-2019-0251, incoado por Francisco Peguero de León, contra: a) la resolución 4531-2012 de fecha 23 de marzo de 2012, por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; b) la sentencia 82, de fecha 9 de abril de 2008, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; y c) la sentencia núm. 770, de fecha 2 de abril de 2007, por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, la decisión fue declarar inadmisible el recurso de revisión.

En lo que respecta al expediente TC-04-2019-0253, incoado por los señores Eddy Antonio Reyes, Olga Reyes, Carlos Manuel Pérez Peña, Paula Peguero Alcántara, Pelagia Peguero Amparo, Miguelina Peguero Amparo, María Eneyda Peguero Amparo, Guadalupe Alcántara Silva, Noris Ortiz Herrera, Celeste Ortiz Hernández, Clara Alcántara Rosario, Juan Marino Alcántara, Paulino Alcántara Mañón, Maura Pérez Alcántara, Onelia Pérez Alcántara y Alicia Alcántara Farías, contra las siguientes decisiones: a) sentencia 469, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, el 27 de junio de 2018, y b) sentencia 1398-2017-S-00084, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Tierras Departamento Central en fecha 19 de abril de 2017, se declaró la inadmisibilidad del recurso.

En cuanto al expediente TC-04-2020-0005, interpuesto por Merit Caribbean Corporation contra la sentencia 173, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 11 de abril de 2018, la decisión tomada fue declarar inadmisible el recurso de revisión.

En lo que respecta al expediente fusionado por los expedientes TC-04-2019-0181, interpuesto por la razón social Águila Dominico-Internacional, S. A.; TC-04-2019-0182, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Fomento de Obras y Construcciones, S. A.; TC-04-2019-0186, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por las entidades comerciales Bel-Three Property Management Limited, Bel Dominicana Corporation, Lamb Development Corporation y TC-04-2020-0072, relativo al recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Yovanka Indhira Torres Robles, todos contra la sentencia 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 28 de diciembre de 2018, la decisión tomada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia atacada.

Sobre el expediente TC-04-2019-0159, interpuesto por Miguel Andrés Cedeño Carpio y Bryan Antonio Rijo Henríquez contra la resolución 3772-2017, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 7 de agosto de 2017, se decidió declarar inadmisible el recurso.

Respecto del expediente TC-04-2020-0035, incoado por el señor José Joniel Ureña Minaya contra el auto administrativo 606-2019-AUT-00112, dictado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago en fecha 10 de junio de 2019, la decisión tomada fue declarar el recurso inadmisible.

En relación con el expediente TC-04-2020-0023, interpuesto por los sucesores del señor Freddy Antonio Delgado y la señora Esther Beltré de León contra la sentencia 671, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 18 de octubre de 2017, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, consecuentemente, confirmar la sentencia.

En lo que se refiere al expediente TC-04-2020-0031, interpuesto por Yosiry Rafalina Bueno García, Rudy de Jesús Colón Guzmán, Lucía Jáquez Salcedo, José Ramón Méndez, Favia Domitila Toribio, Marla Pastora Martínez de Reyes, Andrés Ignacio Santos Vargas y compartes contra la sentencia 536-2018, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 15 de agosto de 2018, la decisión adoptada fue declarar el recurso inadmisible.

En cuanto al expediente TC-04-2020-0047, interpuesto por Ana Mercedes Báez Mateo contra la sentencia 569 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de septiembre de 2017, el tribunal decidió rechazar el recurso.

En el expediente TC-04-2019-0252, interpuesto por Veiramar, S. A. (antiguo Puerto Merengue), Enrique Barreras Alen y Francisco Martí contra la Resolución 1290-2017, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 26 de enero de 2017, el tribunal declaró inadmisible el recurso.

Acerca del expediente TC-02-2020-0004, relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”, suscrito en Dubai, Emiratos Árabes Unidos en fecha 3 de noviembre de 2014 y sometido ante este Tribunal Constitucional el 17 de julio de 2020, la decisión adoptada fue declarar el indicado acuerdo no conforme con la Constitución.

En cuanto al expediente TC-07-2019-0053, incoado por Jhonny Heinsen contra la sentencia 2051 dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en fecha 31 de octubre de 2019, lo decidido fue declarar inadmisible la solicitud de que se trata.

Sobre el expediente TC-07-2019-0017, incoado por el señor Lorenzo Areche Melo contra la resolución 3569/2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 20 de agosto de 2018, la corte declaró inadmisible la solicitud de que se trata.

En lo que respecta al expediente TC-06-2020-0016, interpuesto por el señor Eduardo Reyes contra la Superintendencia de Pensiones, representada por el superintendente Ramón E. Contreras Genao y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión adoptada fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

En cuanto al expediente TC-06-2020-0034, interpuesto por el señor Domingo de los Santos contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión tomada fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente lo es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

En lo que se refiere al expediente fusionado por los expedientes número TC-06-2020-0014, TC-06-2020-0017, TC-06-2020- 0020, TC-06-2020-0023 y TC-06-2020-0026 incoados por las señoras Seneida Valenzuela, Mónica del Pilar Contreras Melo y Escarlin de la Rosa Santana; y los señores, Deybi Roel Villalona de los Santos y Óscar E. Pellarano Vargas, respectivamente, contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, el Pleno declaró la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y, por tanto, remitir el expediente a esa jurisdicción.

Acerca del expediente TC-06-2020-0030, interpuesto por el señor Misael Cabrera Fabián contra la Superintendencia de Pensiones y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión tomada fue declarar la incompetencia del Tribunal Constitucional, declarar que la jurisdicción competente es el Tribunal Superior Administrativo y remitir el expediente a esa jurisdicción.

Con relación al expediente TC-06-2020-0019, interpuesto por Keny Núñez contra la Superintendencia de Pensiones, representada por el superintendente Ramón E. Contreras Genao y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la decisión adoptada es declarar su incompetencia para conocer la acción, declarar competente al Tribunal Superior Administrativo y, en consecuencia, ordenar el envío del expediente.

Sobre los expedientes TC-06-2020-0032, TC-06-2020-0038 y TC-06-2020-0039, relativos a las acciones de amparo interpuestas por Gustavo Guerrero, Brawny, Ramón Nova Vizcaíno y Milva Nova Vizcaíno, respectivamente, contra la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones, el tribunal acogió la excepción de competencia planteada, declaró su incompetencia, declinó la acción al Tribunal Superior Administrativo y ordenó a los accionantes proceder conforme a lo dispuesto por la ley.

El Tribunal Constitucional se mantiene sesionando en modalidad virtual debido a la situación causada por la pandemia del denominado COVID-19. A tales efectos, se han dispuesto medidas para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales de manera presencial y el teletrabajo en una gran parte del personal. Esta semana estará sesionando igualmente. El TC informó que estas informaciones en estado de emergencia no sustituyen la publicación de los comunicados sobre adopción de decisiones que seguirán siendo emitidos conforme la normativa institucional.

Santo Domingo. 18-11-2020.- El Senado de la República escogió este miércoles al representante de la segunda mayoría para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La iniciativa, procedente del Poder Ejecutivo, fue sancionada con una votación de 23 senadores de los 27 presentes en la sesión de hoy.

El presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo), presentó al Pleno Senatorial el informe en el que recomendaba que el partido de la Fuerza del Pueblo ostente la representación como segunda mayoría para la conformación del CNM.

En su informe, Taveras Guzmán señala que Fuerza del Pueblo es el partido que posee la segunda fuerza con mayor representación en el Senado de la República, contando con nueve senadores.

Asimismo, expresó que el partido o bloque de partidos que siendo distinto al del presidente del Senado ostente la segunda mayoría, es aquel que según la correlación vigente, de acuerdo a la conformación actual del Senado, siga en número de representantes al partido o bloque de partidos que integra la mayor cantidad de representantes.

Refiere, además, que según el Acta del Pleno del Senado No.001, de fecha 16 de agosto del año en curso, los bloques partidarios para el período 2020-2024, quedaron conformados con la siguiente cantidad de representantes. Indica que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene 18 representantes, en tanto que la Fuerza del Pueblo (FP) cuenta con 8 representantes, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obtiene 4 representantes.

Tras los debates, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez (Pedernales), recomendó al Pleno Senatorial que sea escogido como miembro al CNM el senador por la provincia Hermanas Mirabal, el Doctor Batista Rojas Gómez.

Los legisladores sancionaron, además, en única lectura el acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de Marruecos, sobre la Exoneración de Visados de Turismo y Negocios, firmado en Santo Domingo.

Los senadores también ratificaron en única lectura el nombramiento diplomático de Gustavo Enrique Hernando, como embajador en la República de Argentina.

Además, la ratificación del nombramiento diplomático de Mayerlyn R. Cordero Díaz, como embajadora ante la República de Costa Rica.

Fueron ratificados los nombramientos diplomáticos de Julio César George Encarnación ante la República de El Salvador; y el de Elvis Antonio Alam Lora ante la República de Turquía.

También fue ratificado el nombramiento diplomático de Manuel Morales Lama, como embajador en la República Árabe de Egipto, además la ratificación del nombramiento diplomático de Frank Hans Dannernberg Castellanos, en la Federación de Rusia. Estas iniciativas diplomáticas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo.

En la sesión de este miércoles, los legisladores sancionaron varias resoluciones entre las que figura una que solicita al Senado de la República la Creación del Grupo Parlamentario de Amistad con la Unión Europea. Esta iniciativa fue presentada al Pleno Senatorial por el senador por Samaná, Pedro Catrain.

También, la Resolución que solicita la instalación de una sucursal del Banco de Reservas en el municipio Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal. Iniciativa autoría del senador por la misma provincia, Franklin Rodríguez.

Además, la Resolución que solicita al administrador del Banco de Reservas y a su Consejo Directivo la instalación y apertura de una sucursal de esta entidad financiera en el municipio de Galván, provincia Bahoruco. La iniciativa es autoría de la senadora Melania Salvador Jiménez.

De igual forma, fue sancionada la Resolución que declara de emergencia la conclusión de la reconstrucción del puente del cruce de Pueblo Nuevo, Cambita-Garabitos, provincia de San Cristóbal; de la autoría del senador Franklin Rodríguez.

En la sesión también fue aprobada la Resolución que recomienda al presidente Luis Abinader instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, al Plan Social de la Presidencia y al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para la puesta en marcha de un Plan Integral de Auxilio y Ayuda para las familias afectadas por la tormenta tropical Laura, que devastó sus viviendas, ajuares y servicios básicos de sobrevivencia en los barrios Azul, 24 de Abril y Ugamba, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El proponente es el senador por la misma provincia, Franklin Romero.

De igual manera fue sancionada la Resolución que solicita la construcción de un elevado en el kilómetro 44 de la autopista Duarte, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal; iniciativa de la autoría del senador Franklin Rodríguez.

Además, la Resolución que solicita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ejecutar un plan efectivo para reducir el uso masivo de la leña y el carbón en Elías Piña.

Sancionaron en primera lectura, el proyecto que declara Las Corridas de Toros de la provincia El Seibo, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana; iniciativa de la autoría del vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla.

Además, el proyecto que declara la provincia de Santiago Rodríguez como provincia Ecoturística.

En otro orden, el representante de la provincia La Altagracia, Virgilio Cedano expresó su preocupación porque aún hay funcionarios que no han presentado su Declaración Jurada de Bienes.

Cedano anunció que solicitará ante la Cámara de Cuentas un informe certificado y actualizado de los que faltan por cumplir con ese requisito de ley y que el mismo será compartido con la Procuraduría General de la República, la Cancillería y otras agencias de control.

También propuso que los funcionarios designados en el servicio exterior presenten sus declaraciones antes de iniciar sus funciones.

El senador de Pedernales, Dionis Sánchez, valoró como positivo que el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) haya escuchado a los comunitarios de Oviedo, quienes se opusieron a que se sembrara caña de azúcar en una extensión de terrenos que no está destinada para esos fines.

De igual modo, resaltó la importancia de que las comunidades se empoderen y actúen de manera unificada para garantizar su desarrollo.

Mientras, la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal de Jiménez, llamó a la unidad de los senadores para actuar en conjunto en beneficio de las localidades que representan y honrar de esa manera la responsabilidad otorgada por el país de acompañar y buscar solución a los problemas que aquejan a las comunidades.

Finalmente, el senador Antonio Marte (Santiago Rodríguez) reiteró su llamado al Gobierno de ir en auxilio del sector transporte, al tiempo de agradecer al presidente de la República que esté consignado en el Presupuesto del próximo año la construcción de la carretera Samba-Martín García.

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó este fin de semana un amplio plan de asfaltado, bacheo y reacondicionamiento de la avenida 27 de Febrero de esta Capital, desde la intersección con la avenida Isabel Aguiar hasta la calle Josefa Brea.

El programa está inscrito dentro de las acciones a realizar en el período de los primeros 100 días de gestión del ministro Deligne Ascención al frente de la institución, en interés de llevar mayor seguridad a los residentes y conductores de la 27 de Febrero, considerada entre las vías principales del Distrito Nacional.

Los trabajos fueron realizados por las brigadas operativas y de equipos pesados pertenecientes a las distintas dependencias del MOPC.

La jornada de asfaltado y bacheo se inició en la avenida 27 de Febrero con calle Josefa Brea, sector Villa Francisca, y se extendió hasta la Isabel Aguiar, de Herrera.

Entre los puntos más críticos de la avenida que fueron asfaltados por el MOPC se encuentran los túneles de la 27 de Febrero con avenida Núñez de Cáceres y el de la avenida Privada.

También, fueron intervenidos los tramos comprendidos entre las avenidas Máximo Gómez y Ortega y Gasset. De igual manera, el tramo entre la calle Carmen Mendoza de Cornielle y Doctor Defilló.

El MOPC informó que también fue asfaltado en su totalidad el trayecto comprendido entre las avenidas Luperón e Isabel Aguiar (desde la Plaza de la Bandera hasta Pintura).

Brigadas a cargo del Viceministerio de Mantenimiento Vial, que dirige el ingeniero Mélito Santana Rincón, procedieron a retirar la capa asfáltica en mal estado y el sellado con asfalto nuevo.

El MOPC informó, además, que también trabajó este fin de semana en la colocación de las juntas de expansión de los elevados sobre el Expreso Quinto Centenario.

“Estos trabajos, que forman parte del plan previsto a desarrollar por el MOPC durante los primeros 100 días de gestión, son coordinados desde nuestros distintos viceministerios”, explicó el MOPC en una nota de la Dirección de Comunicaciones.

Y agregó que con los mismos se está cumpliendo con el mandato del Presidente Luis Abinader, que busca, entre otras finalidades, que quienes transiten por estas vías conduzcan sin mayor contrariedad y con más seguridad.

El MOPC anunció asimismo que en los próximos días será intervenidos los elevados, en ambas direcciones, desde la Leopoldo Navarro hasta la cabecera oeste de los puentes Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, junto a la avenida Teniente Amado García Guerrero.