SANTO DOMINGO.- La magistrada Katia Miguelina Jiménez, jueza del Tribunal Constitucional (TC) aseguró que esta alta corte ha hecho importantes aportes durante estos casi diez años de existencia, en procura de la consolidación del Estado constitucional de derecho y la realización de los objetivos de una democracia.
Al participar como panelista en el seminario internacional “Un centenario de los tribunales constitucionales”, organizado por el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional de México (UNAM), Jiménez Martínez expresó que el TC ha creado una extensa jurisprudencia, dimanada de las más de 4500 sentencias que han ido perfilando el régimen jurídico para asegurar la supremacía de la Constitución, garantizar su correcta aplicación y controlar los excesos de los poderes públicos.
‘’La justicia constitucional constituye un elemento medular para la construcción y fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho’’, subrayó la jueza del TC, quien agregó que “lo evidentemente sagrado para un Estado es su Constitución como norma de normas”.
Tras exponer todo lo concerniente al origen y conformación del Tribunal Constitucional dominicano, la magistrada destacó que las decisiones del órgano jurisdiccional han irradiado en todos los ámbitos, viabilizando en el instituto del amparo la vía idónea, eficiente y eficaz para la tutela del derecho a la salud, estableciendo una protección reforzada en los casos que lo ameriten.
Sobre este aspecto, destacó sentencias como la TC/0111/19, en la cual el Tribunal Constitucional conoció un recurso de revisión de sentencia de amparo y estimó que la situación de salud del accionante ameritaba que se otorgara la cobertura correspondiente aún en el caso en que no se encuentre actualmente prevista en el Catálogo de Prestaciones de Servicios de Salud.
También hizo referencia a la sentencia TC/0213/19, en la que el tribunal ordenó la tutela de un menor de edad en materia de amparo preventivo, cuando la aseguradora notificó que reduciría drásticamente la cobertura de su póliza de servicios de salud internacional tras alegar que su padecimiento obedecía a una enfermedad congénita, epilepsia sintomática, que necesitaba una operación urgente.
En aras de la protección del medio ambiente, la jueza constitucional mencionó la sentencia TC/0167/13, que ordenó la paralización de los trabajos mineros en la reserva natural Loma Miranda, y la TC/0021/17, que prohibió la instalación de un aserradero en el área protegida de Valle Nuevo.
En cuanto a la apertura de los Estados a la recepción de directrices jurisprudenciales supranacionales y la particular situación de este país, explicó que en el ámbito doméstico se ha posibilitado su aplicabilidad, insertando diversas disposiciones constitucionales y mediante el activismo jurisprudencial con figuras jurídicas como el bloque de constitucionalidad, que no limita la Constitución dominicana a sus disposiciones, sino que incorpora órdenes normativos ajenos a ella.
Reconoció que el hecho de pertenecer a un sistema comunitario de protección pudiera generar tensiones con algunos de los Estados miembros, lo cual ha ocurrido también con otros países, pero consideró que lo que debe primar es la necesidad de preservar la eficacia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por lo cual abriga la esperanza de que la República Dominicana pueda retomar esa importante y necesaria interacción, traducida en diálogo jurisprudencial, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La magistrada del TC agradeció la invitación extendida para integrar la mesa VI del seminario, junto a Eduardo Ferrer, de México; Marcelo Figueiredo, de Brasil; Marie-Christine Fuchs, de Alemania y Julio César Ortiz Gutiérrez, de Colombia y Gerardo Eto Cruz, de Perú.
