SANTO DOMINGO, RD..-Empleados de la Inmobiliaria Constructora Paravel, S.A., se quejaron en esta semana ante las autoridades inmobiliaria , en reclamo del pago de la bonificación correspondiente al año 2020.

Según dicen , la empresa se niega a pagar las bonificaciones alegando que producto al covid -19 la constructora ha tenido pérdidas.

Los reclamantes amenazan con realizar varias manifestaciones si sus demandas no son atendidas , exigieron el pago de la bonificación como lo establece el Código del Trabajo en su artículo 123.

“Estamos exigiendo los derechos que nos corresponden”, declaró el quejante.

Durante el encuentro, en que se puso de manifiesto la capacidad de resiliencia de la economía dominicana, participaron Aurélien Salvini, consejero financiero del Servicio Económico Regional francés; Jean-Baptiste Dabezies, jefe del Servicio Económico de la embajada; y Lyse Marques, agregada sectorial del Servicio Económico Regional francés.

SANTO DOMINGO, RD.-. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mantuvo una reunión con una misión diplomática y comercial encabezada por el embajador de Francia, señor Eric Fournier, en la que se conversó sobre el comportamiento de la economía dominicana durante la pandemia y el proceso de recuperación previsto por las medidas monetarias y fiscales implementadas, unido a la capacidad de resiliencia de nuestra economía.

A la vez, se sentaron las bases para una mayor colaboración entre Francia y República Dominicana en un futuro, tomando en cuenta las favorables condiciones que República Dominicana ofrece a la inversión extranjera directa (IED).

El gobernador Héctor Valdez Albizu señaló a la delegación francesa que “la República Dominicana es el lugar donde sus inversiones pueden radicarse con seguridad y perspectivas positivas, dados los sólidos fundamentos sobre los que se sustenta la economía de nuestro país”.

Valdez Albizu resaltó que las medidas macroeconómicas y fiscales llevadas a cabo en República Dominicana, junto a una rápida reacción sanitaria para proporcionar la vacuna a los ciudadanos en toda la geografía nacional, ha seguido garantizando que nuestra nación sea un destino de inversión de primer nivel en la región.

“A ello debe sumarse la estabilidad macroeconómica existente, la consistencia en la tasa de cambio, la seguridad jurídica, y la paz social en nuestro país”, dijo.

El gobernador informó que la economía dominicana creció un 47.1 % en abril, siendo la variación acumulada promedio de enero-abril de 11.5 %. Estimó que la economía dominicana crecerá entre 7 % y 8 % en 2021.

Destacó que para este año se espera una inversión extranjera directa de unos US$2,925 millones, los cuales cubrirían dos veces el déficit en Cuenta Corriente. Igualmente, resaltó que las remesas y zonas francas crecieron al mes de abril 130.6 % y 108.1 %, respectivamente; mientras que las reservas internacionales alcanzaron más de US$12,400 millones recientemente, equivalentes a 7.5 meses de importaciones y 14.1 % del PIB.

Valdez Albizu recordó que, para hacer frente a los efectos de la pandemia, el Banco Central puso en marcha el programa de provisión de liquidez más amplio de la región, ascendente a RD$215 mil millones, aproximadamente un 5 % del PIB, a través de distintos instrumentos como reportos, reducción de encaje legal y la creación de la facilidad de liquidez rápida (FLR).

Indicó que, a la fecha, se han canalizado por medio de los intermediarios financieros RD$195,814.4 millones a empresas y hogares, a través de unos 90 mil nuevos préstamos, refinanciamientos y reestructuraciones de deuda, con los cuales se han beneficiado principalmente a los sectores Comercio y Mipymes, Hogares, Manufactura, Construcción y Exportación.

Valdez Albizu explicó que estas medidas han sido exitosas en flexibilizar las condiciones monetarias, reflejadas en una disminución de más de 300 puntos básicos en la tasa de interés activa promedio de la banca múltiple

En cuanto a la inflación anualizada de 10.48 %, el gobernador explicó que obedece a factores externos asociados principalmente al impacto en los precios internos del alza de los precios de los commodities en los mercados internacionales y que en República Dominicana no existen razones monetarias ni fiscales que expliquen este fenómeno, asegurando que estos niveles de inflación son transitorios y que en los próximos meses la inflación deberá converger con la meta proyectada en el Programa Monetario de 4% +/- 1% .

Con el señor Eric Fournier estuvieron presentes los señores Aurélien Salvini, consejero financiero del Servicio Económico Regional francés; Jean-Baptiste Dabezies, jefe del Servicio Económico de la embajada y Lyse Marques, agregada sectorial del Servicio Económico Regional francés.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarisa de la Rocha de Torres; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; y el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker.

Santo Domingo, RD.- El senador representante de la provincia Hermanas Mirabal, Dr. Bauta Rojas, demandó durante la sesión del Senado de este martes, que el Ministerio de Educación, (Minerd), aplique la indexación salarial a los maestros jubilados, tal como ordena la Ley General de Educación 66-97.

La solicitud fue realizada mediante una Resolución, que destaca lo establecido en la Ley General de Educación, que ordena al Estado establecer las condiciones necesarias para que el profesional docente alcance un nivel de vida digno, un estatus y reconocimiento social acorde con su misión profesional y que disponga de los recursos y medios indispensables para el perfeccionamiento y el ejercicio efectivo de su labor.

Rojas, expresó que la Ley 66-97 en su artículo 170 manda a que “los sueldos de los docentes pensionados y jubilados sean revisados por lo menos cada tres años para hacer los ajustes adecuados a la variación de índice de precios del país, y que nunca serán menores que el sueldo mínimo del sector oficial”.

Recientemente la Unión Nacional de Maestros y Maestras Pensionados y Jubilados han estado demandado que el Ministerio de Educación cumpla con lo establecido su propia ley, pero no han sido escuchados. Motivó el senador.

Dijo que desde el año 2013, el Ministerio de Educación viola la indicada ley, afectando a miles de maestros que dedicaron toda su vida a la enseñanza. “Más de doce mil maestros jubilados se encuentran devengando salarios desde ocho a dieciséis mil pesos, insuficientes para llevar una vida digna, es un acto de justicia reconocer los derechos adquiridos de los maestros.

Catalogó como inaceptable que después que los maestros han entregado toda su vida a la enseñanza, se les niegue un retiro decente, incluso, negándoles su seguro médico

SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 882 nuevos contagios de covid-19 y 8 defunciones a causa de la enfermedad, por lo que el total de casos en el país asciende a 320,136 y el de muertes a 3,781.

Un total de 54,950 personas permanecen con la enfermedad y de ellas 1,300 están hospitalizadas, para una ocupación de camas de 48 %, mientras que las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al 65 % de su capacidad, con 430 camas ocupadas, según dicha cartera.
En tanto, los ventiladores en uso ascienden a 269, para un 51 % de la disponibilidad.

De acuerdo con la información oficial, la tasa de positividad diaria se ubicó en 19.17 % y la de las últimas cuatro semanas en 17.83 %.

En la última jornada se procesaron 7,426 pruebas PCR. (Agencia).

Santo Domingo. – El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, inició el proceso de transformación del cuerpo de bomberos de esa demarcación, anunciando una serie de medidas dirigidas a la reestructuración de los espacios que utilizan y mejoras en las condiciones salarial de los hombres y mujeres que conforman la entidad.

Entre los puntos de mejoras anunciados por el alcalde para el remozamiento estructural de las estaciones de bomberos del municipio están, la readecuación de las habitaciones, oficinas, comedores y áreas de descanso, así como suplir de equipos de protección, gestión de plan de viviendas y prestamos, mejora salarial e incentivos por evaluación de desempeño, entre otros.

También se incluye el equipamiento con las herramientas de trabajo necesario, como vehículos para la labor que realizan y ambulancia, picos, hachas, mangueras, escaleras, extractores, bombas de apoyo, herramientas de corte y martillos, entre otros artículos que permitan realizar un mejor trabajo.

Además, se trabajará en el fortalecimiento de la brigada empresarial, la cual estará integrada por el obispo de Santo Domingo Norte, Amable Tineo, y por empresarios radicados en el municipio.

Los trabajos de remozamiento se comenzarán la próxima semana en la estación de Villa Mella, y como parte de la transformación se pondrá en marcha un plan para el lanzamiento de la escuela de bomberos en la que se puedan formar tanto del municipio como de otras demarcaciones del país, al igual que la unidad de atención médica, en la que se incluirá salud mental, odontología y nutrición, que estará disponible para los colaboradores y sus familiares.

Guzmán también juramentó los nuevos directivos del cuerpo de bomberos, ratificando en la posición de intendente a Candelario del Villar y designando a José Luis Acevedo como sub-jefe técnico, Casimiro Moreta García como inspector general, a Gregorio Ernesto Reyes como director de la guardia voluntaria, Wilson Mauricio quedó como director de operaciones y Kenia Modesta Solano como secretaria del departamento técnico.

Candelario del Villar fue ratificado mediante la resolución 32-2021 emitida por el Concejo de Regidores el día 22 del presente año, en la cual también se designó de manera interina a Joel Morillo como enlace de los bomberos con las instituciones, Dionicio Martínez como financiero, Franklin Salazar como administrativo y Débora Núñez será la directora interina de recursos humanos.

SANTO DOMINGO, RD.-Los directores generales del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) firmaron un acuerdo interinstitucional mediante el cual ambos organismos se comprometen a compartir y cooperar mutuamente en el desarrollo de actividades formativas, preventivas, asesorías, capacitaciones y/o entrenamientos que pudieren ser útiles para el mejor desarrollo de la aviación civil de manera segura.

Román E. Caamaño y el mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez acordaron que las instituciones que representan se aboquen a definir mecanismos que permitan aprovechar de manera óptima sus respectivos recursos, a fin de promover acciones y medidas que favorezcan el objetivo común de promover y fomentar el desarrollo seguro, ordenado y eficiente de la aviación civil en territorio dominicano.

Esta cooperación estará fundamentada en la combinación de medidas y la organización de diversos recursos humanos y materiales en los ámbitos institucionales y aeroportuarios, que contribuyan al establecimiento de una política nacional en materia de seguridad operacional, aeroportuaria y de la aviación civil, basada en las leyes 491-06, de Aviación Civil y la 188-11, de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, en cumplimiento con los Anexos 6, de Operaciones y 17, sobre Seguridad, del Convenio de Chicago de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El IDAC se compromete a proporcionar al CESAC toda información relativa a la seguridad de la aviación civil (AVSEC) remitida por la OACI, así como toda información relativa a actos de interferencia ilícita contra las aeronaves o contra la aviación civil de la que tenga conocimiento y coordinar con el CESAC brindar la adecuada protección a las radio ayudas y comunicaciones de navegación aérea que se encuentren ubicadas fuera de los perímetros de las terminales aeroportuarias.

Suministro de baterías de radio

El IDAC, en un espíritu de sana cooperación para el fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil en todo el territorio nacional, dentro del marco de la ceremonia, suministró al CESAC, 200 baterías para sus radios de comunicaciones modelo MNTN4497CR, MAHLIION.

Los titulares de ambos organismos manifestaron que tanto este acuerdo interinstitucional al aporte de las baterías para radios de comunicaciones, constituyen un avance en las relaciones entre los órganos estatales que tienen protagonismo en la aviación civil del país y la intención de asegurarle a la República Dominicana su lugar de preponderancia en materia de seguridad operacional y seguridad de la aviación internacional.

En la firma del acuerdo interinstitucional participaron junto a Caamaño y Febrillet Rodríguez, por parte del IDAC el subdirector general Héctor Porcella, la directora legal Bernarda Franco, la directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Priscilla Camarena y la encargada del departamento de Relaciones Interinstitucionales Jazmín Fabré Jiménez.

Por el CESAC participaron el coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) Dionisio de la Rosa Hernández, subdirector general; la directora jurídica, capitán (FARD) Wendy Santana; capitán de Defensa Aérea (FARD) Juan Domingo Reyes Colón, subdirector de Informática y Comunicaciones y la coronel (ERD), Maribel Peláez, directora de Relaciones Públicas.

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, solicitaron que el Ministerio de Salud Pública realice con carácter de urgencia una profunda y exhaustiva investigación para descartar que la contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, esté causando numerosas muertes en la comunidad de Nizao, provincia Peravia.

Las organizaciones informaron que la Red de Monitoreo Comunitario de Nizao comprobó que desde el año pasado a la fecha han fallecido 60 personas en el hospital de ese municipio a causa de ataque agudo al miocardio.

Las entidades aseguraron que según el registro de este hospital, en el año 2020 murieron 45 personas por esta causa de un total de 52 fallecidos y en lo que transcurre del año 2021, otras 15 murieron por esa misma causa de un total de 25 fallecidos.

Observaron que produce alarma que en una población de apenas 13,240 habitantes, el 78% de los fallecimientos en el hospital entre ambos años, sea a causa de infarto agudo al miocardio.

Destacaron que en el 2020 las defunciones registradas por esta causa representan el 87% del total y en lo que va de este año ya alcanzan el 60% de todas las causas de muertes.

Comunicaron que también la Red de Monitorio Comunitario de Nizao comprobó que en este año, se han producido tres muertes por leucemia en la comunidad, una de las cuales ocurrió en el hospital municipal.

“Esta situación no se puede considerar dentro de parámetros normales y por tanto se debe investigar sus posibles causas”, aseguraron.

Manifestaron que se debe realizar este estudio sin más demora, ya que a nivel mundial se ha establecido científicamente que las plantas de carbón para generar electricidad causan infartos cardio y cerebrovasculares así como diferentes tipos de cáncer, entre el que está la leucemia.

Explicaron que específicamente las emisiones áreas de gases ácidos y de microparticulas y las sustancias tóxicas que contienen las cenizas de carbón se ha comprobado a través de numerosos estudios efectuados en EUA, Europa y en otros continentes que provocan enfermedades respiratorias, infartos cardio y crebrovasculares, cáncer del pulmón y de otros órganos, daños genéticos en los fetos, abortos, esterilidad masculina y disminución de la capacidad cognitiva de la infancia.

Recordaron que recientemente la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, EUA, realizó un estudio de las cenizas de Punta Catalina, dictaminando su alta toxicidad tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

Indicaron que los riesgos de la población de Nizao de sufrir estas enfermedades están incrementados por la cercanía de la comunidad a la Central Punta Catalina y también por la forma totalmente inadecuada de manejar las cenizas de carbón que son arrojadas al aire libre.

Afirmaron que una inmensa montaña de cenizas tóxicas que crece cada día con mil 95 toneladas de estos residuos, está enclavada en medio de Nizao y Santana al Este, del batey San José, Catalina y Pizarrete al Norte, y de Paya, al Oeste, en un radio de menos de diez kilómetros.

Igualmente señalaron que desde el 2019, cuando comenzó a operar la primera unidad de Punta Catalina, se han sucedido eventos como incendios de caldera y emisiones de grandes humaredas que han aumentado el impacto de la contaminación aérea por la quema de 4 millones de toneladas de carbón al año.

Precisaron que durante abril y mayo de este año se produjo una situación muy crítica y peligrosa a causa de la formación de densas nubes de gases ácidos y de micropartículas a baja altura que se estacionaron desde Paya hasta la ciudad de Baní.

Advirtieron que estas nubes sumamente tóxicas pudieron haber causado masivas muertes prematuras de infantes y de envejecientes si hubieran permanecido estacionadas durante toda una noche.

“Aunque por suerte no ocurrió lo peor, eso no quiere decir que no causaran daños en la salud de las personas que respiraron el aire contaminado y que ahora se esté manifestando a través de diferentes dolencias”, aclararon.

Expusieron que la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, admitió en la justificación de la licitación para adquirir 150 mil toneladas de cal importadas, que las emisiones de gases ácidos y de microparticuladas de Punta Catalina han superado en ocasiones 40 veces todas las normas establecidas al respecto.

“Con un sospechoso tan peligroso como la Central Termoeléctrica Punta Catalina de vecino de Nizao, es preciso verificar si las muertes ocurridas a causa de ataques al corazón, no están vinculadas a la contaminación de estas plantas de carbón”, dijeron.

Plantearon que de comprobarse una relación directa entre la contaminación de Punta Catalina y estas muertes, las autoridades no pueden seguir posponiendo el cierre de esta central o su conversión a gas natural, y el traslado de las cenizas de carbón fuera de la provincia Peravia.

De igual forma expresaron que de comprobarse esta relación, las autoridades tendrían que asumir su responsabilidad y compensar e indemnizar a los afectados o a sus familiares en caso de que éstos hayan fallecido.