Santo Domingo. -El alcalde de Santo Domingo Norte y el miembro titular de la Junta Central Electoral, Samir Chami Isa, sostuvieron una reunión para coordinar la búsqueda de espacio para la instalación de varios centros de servicios en esa demarcación, como parte del proceso que desarrolla la entidad del Registro Civil para acercarse más a la ciudadanía a través de la eficiencia de los servicios que ofrece.

Chami Isa, quien tiene a su cargo la coordinación de juntas electorales y partidos políticos, aseguró que el Pleno de la Junta Central Electoral ya aprobó la creación de una oficina regional para Santo Domingo Norte, por lo que solo están a la espera de contar con un espacio para de inmediato iniciar el proceso de montaje y dejarla en funcionamiento lo antes posible.

En una visita al alcalde Carlos Guzmán, la representación de la Junta Central Electoral que encabezó el magistrado Chami Isa, acompañado por Fausto Mateo y Reginaldo Alcántara, se identificaron varios espacios para la instalación de la oficina, los cuales serán evaluados por una comisión compuesta por ambas instituciones para determinar la factibilidad de los mismo y dar inicio a los trabajos.

Expresaron el interés de la JCE de crear nuevas oficialías de estado civil, la ampliación de los servicios y facilitar el acceso a la ciudadanía, que tiene que desplazarse a diferentes centros del gran Santo Domingo en busca de los documentos que emite esa entidad.

“Lo que queremos en estos momentos es poder ampliar los servicios para que este municipio tenga lo adecuado y lo que demanda una población creciente como esta”, expresó el miembro titular de la JCE Samir Chami Isa en el encuentro.

También se abordaron temas como realizar operativos comunitarios para suplir de documentos a quienes los necesiten, así como trabajar en la creación de nuevos colegios electorales y el cambio de domicilio de miles de ciudadanos que residen en Santo Domingo Norte, pero que no están registrado allí.

Jueces deben anular actuaciones registradas por el Ministerio Público.

Santo Domingo.- El Observatorio por el Justo Proceso consideró hoy que el Ministerio Público está validando actuaciones arbitrarias e inquisitorias un sistema que está derogado.

Dijo que asaltar por sorpresa a personas, negándoles el ejercicio de sus garantías procesales en la etapa preparatoria, es abono del caos institucional.

En su informe número tres, sostienen los abogados constitucionalistas que han comprobado que el Ministerio Público está violándole a determinados imputados el derecho a la defensa, al punto que dirige actos investigativos en contra de personas que ni siquiera sospechan estar en la mira del órgano de persecución.

Manifestaron que en armonía con el paradigma penal acusatorio, los tribunales judiciales deben velar por la materialización del debido proceso, y en caso de que el sujeto pasivo solicite, por ejemplo, certificar que en su contra se ha encaminado un sumario violatorio de su derecho de defensa o al contradictorio, las actuaciones registradas deberían ser anuladas.

Los abogados constitucionalista que integran el Observatorio, Eduardo Jorge Prats, Luis Díaz, Julio Cury, Francisco Franco, Esmery Colomby Rodríguez, Luis Ernesto Peña, Laura Ilán Guzmán, Carlos Julio Martínez; Marisol García, Rosalina Trueba, Dana Mercado, Juan Ramón Vásquez, José Eliseo Almanzar, Félix Rosario, Enrique Vallejo y Fernanda Frías, consideran que actualmente el sistema que prevalece es el acusatorio o adversarial y que los fiscales están haciendo todo lo contrario, ya que actúan como si se tratara de un sistema inquisitorio.

“Pasar de investigado a imputado sin saberlo, supone haber actuado en desequilibrio de fuerzas, lo que fractura clarísimamente el derecho de defensa, contradicción e igualdad de armas”, indican los juristas constitucionalistas.

Precisan que la dignidad de la persona postula la existencia del derecho a ser sujeto del proceso, no objeto del mismo. El debido proceso que se predica a toda clase de actuaciones judiciales se aplica a la etapa de la investigación previa.

“El derecho a la presunción de inocencia que acompaña a toda persona hasta que se le condene en virtud de sentencia firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que esta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas”, indican los integrantes del Observatorio por un Justo Proceso.

Expresaron que de lo contrario los investigadores prefieren, “medicina” de mucho peor remedio que la enfermedad que se pretende combatir.

Dijeron que es irrelevante para el ordenamiento constitucional el nombre que jurídicamente se le otorgue a una persona en una investigación, pues lo trascendente es que a la misma no se le apliquen excepciones temporales al ejercicio de sus prerrogativas en cualquier etapa, y muy particularmente en la etapa pre procesal.

“El Ministerio Público ha ignorado que por encima del Código Procesal Penal (CPP), predomina no solo la Constitución de la República, sino también los tratados internacionales sobre derechos humanos y las interpretaciones que de sus normas hagan los órganos jurisdiccionales competentes, tal como lo establecen los artículos 74.3 constitucional y primero del mismísimo CPP”.

Esa perspectiva horizontal y tubular de nuestro ordenamiento jurídico es lo que está llevando al MP a realizar diligencias para establecer hechos punibles, responsabilidades y formas de participación, sin respetar el derecho de defensa de las personas investigadas durante la etapa preparatoria, acaso como si fuese exclusivo del juicio preliminar o de fondo.

Indican que la Corte Constitucional colombiana ha declarado la invulnerabilidad del derecho de defensa durante la investigación: “El derecho al debido proceso contiene en su núcleo duro esencial el derecho a conocer tan pronto como sea posible, la imputación o la existencia de una investigación penal en curso, a fin de poder tomar oportunamente las medidas que consagre el ordenamiento en aras del derecho de defensa”.

Indican que la doctrina constitucional ha definido el derecho fundamental al debido proceso como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes estatales, de modo que ninguna de actuación dependa del arbitrio de absolutamente nadie.

Hizo solicitud formal a la Cámara de Cuentas para que audite a la CDEEE; PUNTA CATALINA; EDESUR; EDEESTE y EDENORTE

Liquidadores solo han publicado sin detalles lo ejecutado en enero del 2021 y se niegan a entregar informaciones solicitadas a través de la Ley 200-04

SANTO DOMINGO, RD.-La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, denunció este lunes, que la comisión liquidadora de la CDEEE, ha ejecutado miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa, consignado en la ley de presupuesto y gasto público, en los meses septiembre/diciembre del pasado año 2020 y el correspondiente a los meses enero/junio del presente año 2021, sin rendir cuentas en detalles, como establecen las normas de contabilidad gubernamental y administrativas, detalles que deben ser colgada en la sección Transparencia de los portales webs de las instituciones públicas, habiendo colocado en lo que va de año, la ejecución del mes de enero.

El 16 de agosto del año 2020, El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto No. 342-20, mediante el cual declaró de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE y ordenó que a la mayor celeridad posible se transfieran sus atribuciones, funciones y facultades al Ministerio de Energía y Minas, la disposición establece que en conformidad con el artículo 24 de la ley 100-13, modificado por la ley 142-13, se transfieren al Ministerio de Energía y Minas las funciones, atribuciones y facultades de la CDEEE.

A través del citado decreto, creó una comisión liquidadora que tendría que programar, organizar, dirigir y ejecutar la cancelación de la CDEEE y sus activos, la referida comisión la integran el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Hacienda y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien funge como secretario, el decreto, estableció la disolución del Consejo de Administración de la CDEEE, la eliminación del Consejo de Administración de nueve miembros de la entidad y su vicepresidencia ejecutiva, indicando, que el Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto deben hacer los arreglos administrativos para modificar la partida aprobada en el presupuesto del año 2020 a la CDEEE y se establezcan para el Presupuesto del año 2021 los recursos que precise la CLICDEEE para el cumplimiento y alcance del objeto de su creación y misión.

De acuerdo al presidente de ADOCCO, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, los liquidadores, han ejecutado un presupuesto asignado a la CDEEE, no al Ministerio de Energía y Minas, que tiene su presupuesto asignado y que está ejecutando y si cumple con la norma de publicar la ejecución del mismo, lo que no está ocurriendo con el de la empresa eléctrica, la que ha sido desmembrada, sin que la Ley 125-01, haya sido modificada, para su liquidación, manteniendo esta su personería jurídica, hasta tanto eso se produzca. Acotó.

La Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio de 2001: Artículo 138.- Se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), cuyas funciones consisten en liderear (liderar) y coordinar las Empresas Eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). Esta Corporación financiará sus actividades con sus recursos asignados en la Ley de Gastos Públicos, con financiamiento y con cualesquiera otros fondos especializados que les asignen de manera específica.

Acusó al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de ocupar arbitraria e irregularmente las instalaciones de la CDEEE, para instalar su despacho, siendo este un inmueble propiedad de la CDEEE, que hasta tanto no se apruebe su desaparición por el Congreso Nacional y se establezca taxativamente, que institución del Estado dominicano sería la receptora de su patrimonio, este no puede ser tomado, por disposición de un decreto del Poder Ejecutivo, lo que se ha estado produciendo, no solo con los espacios de la CDEEE, sino con la transferencia ilegal de contratos y compromisos contraído por ella a otras empresas.

De la Rosa Tiburcio, dijo que convenientemente el ministro, le ha dado una interpretación a la ley que posterga la condición de órgano rector del sector eléctrico al ministerio y que mantuvo las competencias de la CDEEE, debiendo someterse a su liquidación al Congreso, mientras eso no ocurra, la empresa eléctrica sigue con vida y deben manejarse sus recurso con la mayor transparencia en la ejecución del presupuesto, por lo que hemos solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas de la República, que proceda en el menor tiempo posible, a la realización de auditorías especiales a las siguientes entidades del sector eléctrico:

1- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, correspondiente al periodo Septiembre/Diciembre del año 2020 y Enero/Junio del 2021.

2- Central Termoeléctrica Punta Catalina.

3- Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A, EDESUR.

4- Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE.

5- Distribuidora de Electricidad del Norte S.A., EDENORTE Dominicana S.A..

El sector eléctrico dominicano ha reducido los gastos operativos de manera rigurosa, teniendo un ahorro en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), de enero a junio, de 2 millones de dólares mensuales en comparación con períodos anteriores.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que esta reducción todavía no es óptima, ya que hay algunas falencias en las EDE que tardarán varios períodos para ser resueltas, pero que serán solucionadas con mayor inversión en equipos tecnológicos que ayuden a reducir las pérdidas en estas empresas.

“Los proyectos de inversión de préstamos de organismos internacionales indican que hay que hacer compras masivas en transformadores, medidores, herrajes, etc., para reducir las pérdidas y mejorar el servicio eléctrico”, explicó el ministro durante una entrevista en el programa radial La Super 7 en La Mañana.

El ingeniero Almonte señaló que como esos préstamos representaban dinero para la adquisición de equipos, la pasada administración compraba transformadores, medidores y otros materiales que eran utilizados para sustituir equipos que estaban en buenas condiciones.

El funcionario puso como ejemplo el caso de Edenorte, en Santiago, que tenía arrumbado en su patio más de 3 mil transformadores, muchos de los cuales han sido recuperados e instalados al servicio eléctrico.

“En Edenorte, si usted va al lugar de almacén y laboratorio en La Penda, en Santiago, usted va a encontrar más de 3 mil transformadores que se han recuperado y que están siendo colocados para extender el servicio de electricidad”, argumentó.

Expresó que esa misma práctica se extendió a las demás EDE (Edesur y Edeeste), encontrando en sus almacenes grandes cantidades de medidores abandonados.

“Todo eso vamos a tener que comunicarlo con evidencias a la sociedad para que se entienda”, y agregó que: “hemos ahorrado miles de millones de pesos con esa estrategia de un uso más eficiente de la inversión”, señaló.

Informó que el Ministerio de Energía y Minas está preparando un informe sobre la situación del sector eléctrico que será entregado al presidente Luis Abinader, al cumplirse en primer año de gestión, y después se dará a conocer a la población.

“El presidente Abinader solicitó a todas las entidades que presenten un informe de lo que encontraron y lo que se ha ejecutado con todos los detalles y nosotros estamos preparando precisamente dicho informe”, puntualizó.

Santo Domingo.- La Comisión Especial del Senado de la República designada para el estudio del Proyecto de Ley de Código Penal de la República Dominicana, que preside Santiago José Zorrilla (El Seibo), vicepresidente del Senado, concluyó este lunes la lectura de la pieza legislativa, procedente de la Cámara de Diputados.

En el encuentro los legisladores revisaron 116 artículos, completando los 422 que integran la iniciativa, la cual consta de 115 páginas.

El representante de El Seibo dijo que desde este martes la Comisión Especial comenzará a recibir a las personas que deseen exponer sus opiniones sobre la iniciativa legislativa.

“Nosotros escucharemos sus inquietudes y motivaciones para seguir trabajando, a fin de conformar una Ley justa para el país”, explicó el senador Santiago José Zorrilla.

Será a partir de la próxima semana cuando los senadores presentarán las observaciones que han realizado al proyecto de Código Penal de la Republica Dominicana.

Tras recibir la propuesta de ley procedente de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial inició su lectura el martes 13 de julio del año en curso, continuando el análisis en reuniones realizadas los días 14, 15 y 19 del mismo mes.

El considerando tercero del Proyecto de Ley Código Penal de la República Dominicana explica que para prevenir y enfrentar la actividad delictiva que se manifiesta en la sociedad, se requiere que el Estado adopte políticas públicas, especialmente de carácter económico, educativo y social, que involucren a la ciudadanía en la prevención y el control de esta actividad.

Mientras que el considerando cuarto indica que el presente Código constituye un componente más de las iniciativas legislativas que se han adoptado en los últimos años en el país, para aportar soluciones a la justicia penal y mejorar su funcionamiento, legitimidad y credibilidad, a fin de fortalecer el Estado social y democrático de derecho.

En la reunión estuvieron presentes los senadores Santiago José Zorrilla (El Seibo) presidente de la Comisión Especial y vicepresidente del Senado; Virgilio Cedano (La Altagracia); Dionis Sánchez (Pedernales); Franklin Romero (Duarte) y Aris Yván Lorenzo (Elías Piña).

SANTO DOMINGO, RD.-El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), arquitecto Cecilio Rodríguez, pidió a los suplidores de esa institución con algunas condiciones especiales que han provocado el retraso en sus pagos, no desesperarse ya que en los próximos días estarán recibiendo los mismos.

El funcionario explicó que a pesar de que el INABIE junto al Ministerio de Educación, han hecho esfuerzos extraordinarios para cumplir con los pagos a los suplidores de alimentos y textiles, algunos por diferentes procesos que se deben cumplir administrativamente y legalmente, están pendientes de pagos, pero aseguró que esos expedientes ya están en la Contraloría General de la República.

El arquitecto Rodríguez, informó que ha recibido la promesa desde la Contraloría de que en pocos días estos pagos se realizarán, para ello han puesto todo su empeño pese a que esa institución tiene un gran cúmulo de trabajo.
“Desde nuestra llegada a INABIE hemos recibido un gran apoyo de la Contraloría General de la República, para poder efectuar los pagos a los suplidores de esta institución, y seguir cumpliendo con el mandato del presidente de la República, Luis Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, de brindar todo el apoyo necesario a los estudiantes de todo el país y aportar en la mejora de su calidad de vida” expresó.

Recordó que tiene instrucciones del presidente Abinader y del ministro Fulcar, de apoyar a los pequeños empresarios que son suplidores del INABIE.

Desde el pasado 01 de septiembre del 2020 hasta este 16 de julio del presente año, el INABIE ha pagado a sus suplidores de alimentos la suma de RD$17,348,412,681.18 honrando las deudas de la pasada administración y manteniendo al día los pagos de la gestión actual.

El director del INABIE, arquitecto Cecilio Rodríguez, aprovechó para hacer un llamado los suplidores que están pendientes de firmar y entregar algunos documentos a presentarse a la institución para agilizar el proceso de pago.

Santo Domingo.- El Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional solicitó a la nueva Cámara de Cuentas, en su calidad de órgano rector externo del sistema de control del Estado, que practique una auditoría de los procesos de la gestión del control interno de la Policía Nacional. Se informó que un equipo de auditores ya está avanzando en su realización.

Servio Tulio Castaños, coordinador del Grupo de Trabajo, destacó que entre los más importantes avances registrados se encuentran haber establecido una agenda de cambios en el cuerpo policial en las áreas normativa, organizacional, administrativa, y de diferentes sistemas de remuneración, control y transparencia, de acuerdo a la misión encomendada en el Decreto 211-21.

Consideró muy alto y relevante el nivel de colaboración alcanzado entre el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo Superior Policial y la Dirección General de la Policía Nacional, así como la coordinación de diferentes instituciones estatales a las que se han dirigido para realizar distintas evaluaciones y diagnósticos dispuestas por las leyes y que serán la base de las recomendaciones que presentarán al Poder Ejecutivo al término del mandato del Grupo de Trabajo.

Castaños Guzmán resaltó que gracias a las gestiones del Grupo de Trabajo, una Misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), con sede en Viena Austria, realizó una visita de trabajo al país de 12 días de duración y acaba de producir el informe de evaluación diagnóstica de la estrategia de seguridad ciudadana y la Policía Nacional de la República Dominicana, que contiene elementos claves para abordar los cambios en el cuerpo policial de manera objetiva y profesional.

El Grupo de Trabajo recibió los borradores de todos los reglamentos ordenados por la Ley de la Policía Nacional, pendientes de promulgación desde 2016 y ha completado la revisión del Reglamento General de la Ley, al igual que el destinado a regular el uso de la fuerza por la Policía.

Asimismo, redactó un reglamento para el funcionamiento de Comisiones Independientes integradas por juristas ajenos a la labor policial, para dar seguimiento a todos los procesos sancionadores que se lleven contra los miembros de la Policía Nacional por la comisión de faltas graves, a tono con el artículo 40 de la Ley de la Policía.

El coordinador del Grupo de Trabajo informó que se ha realizado una importante coordinación entre los Ministerios de Administración Pública e Interior y Policía para que ponderen los sistemas y políticas salariales vigentes, y en base a ello se pueda elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de dichos sistemas y adecuar y trasformar su estructura organizacional a la de una policía moderna y acorde a estos tiempos.

Finalmente se anunció que a solicitud del Grupo de Trabajo el Ministerio de Interior y Policía contrató un equipo de consultores locales que asistirán al Grupo en la elaboración de algunos protocolos y otras tareas relacionadas. Estos consultores son los expertos Carolina Ramírez, Lilian Bobea y Daniel Pou.

El informe fue presentado al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, quien estuvo acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; al director general de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en compañía de los miembros del Grupo de Trabajo.

El informe completo del Grupo de Trabajo estará disponible en la plataforma virtual del Ministerio de Interior y Policía para el conocimiento de toda la sociedad dominicana.

El informe fue presentado al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, quien estuvo acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; al director general de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en compañía de los miembros del Grupo de Trabajo.

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que condenaba al Estado al pago de una indemnización de RD$15,000,000.00 a favor de un contratista y estableció los parámetros que motivaron esta jurisprudencia.

De acuerdo con el alto tribunal la sentencia del TSA fue emitida: “sin previamente haber deliberado si concurrían los elementos que concretizaban la responsabilidad patrimonial, a saber; a) una conducta que implique una falta al provenir de una acción u omisión antijurídica de la administración; b) que esta conducta haya originado un daño a una persona; y c) el vínculo de causalidad que debe existir entre la falta y el daño”.

Según la Tercera Sala, es necesario indicar que “la responsabilidad patrimonial, al igual que el régimen de responsabilidad civil común, se reviste de cánones conformados por todos los elementos que la configuran, por lo que es indispensable la conjugación de una acción u omisión, subsumida sobre aspectos fácticos, repercutiendo negativamente en la persona física o jurídica en cuestión; en caso contrario, sería errada la atribución de la responsabilidad patrimonial sin la debida constatación de sus causales”.

La decisión fue emitida por los honorables magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente de la sala; Manuel R. Herrera Carbuccia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico, éste último juez ponente de la decisión.