Santo Domingo. – El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió que la Ley de Gestión de Residuos, tal como fue modificada recientemente, introduce un esquema de contribuciones que resulta regresivo, desproporcionado y económicamente injusto, afectando de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Mariotti señaló que un análisis comparativo entre el régimen anterior y el nuevo esquema de contribución evidencia aumentos que van desde 83 % hasta 500 %, dependiendo del nivel de ingresos, sin que exista una progresividad real.

“Un negocio que factura entre RD$50 y RD$100 millones pasa de pagar RD$90,000 a RD$260,000; y a partir de ahí, empresas que facturan cientos o miles de millones pagan exactamente lo mismo que una mipyme apenas en crecimiento”, explicó.

El dirigente político enfatizó que el punto más crítico del nuevo esquema es que toda empresa con ingresos superiores a RD$100 millones anuales paga una cuota fija de RD$675,000, sin importar si factura RD$100 millones o RD$10,000 millones.

“Eso rompe cualquier principio de justicia fiscal. El esfuerzo relativo lo termina haciendo el pequeño, no el grande”, sostuvo.

Mariotti agregó que, según los propios datos de la ley, la contribución representa hasta 0.675 % de los ingresos para empresas cercanas al umbral de RD$100 millones, mientras que para grandes corporaciones el peso real cae a 0.003 %, evidenciando un diseño que penaliza a quienes están en proceso de expansión formal.

Asimismo, advirtió que muchos comerciantes perciben este pago como un impuesto encubierto, ya que no existe correspondencia clara entre la contribución exigida y un servicio efectivo de gestión de residuos. “Cuando se cobra sin que el servicio sea visible o proporcional, deja de ser una tasa ambiental y se convierte en una carga fiscal más”, afirmó.

El aspirante presidencial también cuestionó la falta de mecanismos de transición, gradualidad o acompañamiento técnico para mipymes que, además del aumento económico, deberán enfrentar cambios obligatorios en materiales, envases y procesos productivos. “La combinación de mayores costos y ausencia de apoyo estatal puede empujar a la informalidad a sectores que hoy cumplen”, alertó.

Mariotti llamó a revisar la ley y su reglamentación para incorporar escalas verdaderamente progresivas, diferenciación por tamaño de empresa y medidas de apoyo, que permitan avanzar en sostenibilidad ambiental sin sacrificar la viabilidad de los pequeños y medianos negocios.

El presidenciable del PLD dijo: “Defender el medio ambiente es una responsabilidad nacional, pero hacerlo castigando a quienes producen, emplean y cumplen no es desarrollo sostenible ni buena política pública”.

Explicó que: la selección del sitio responde a rigurosos criterios técnicos y no a decisiones improvisadas.

Santo Domingo, RD.- El geólogo Osiris de León afirmó, de manera categórica, que Oakhouse es un moderno proyecto industrial que conlleva una planta de valorización de residuos sólidos para ser instalado en La Cuaba, y que no es un vertedero a cielo abierto, ni una instalación contaminante, sino una moderna industria de valorización, completamente techada, operada por ingenieros, y dedicada al proceso industrial de aprovechamiento y puesta en valor de vidrios, plásticos, papeles, cartones, metales y materia orgánica, con fines comerciales e industriales, que le permitan a la sociedad generar beneficios sin contaminación ambiental.

De León explicó que el proyecto ha sido concebido como el primer paso de una futura zona franca industrial, orientada al desarrollo local y regional, y diseñada bajo criterios técnicos que buscan compatibilizar actividad industrial, seguridad ambiental y tranquilidad comunitaria, lo que en el futuro será el referente nacional y regional.

Según precisó el geólogo, los líquidos contaminantes se generan cuando las aguas ácidas de lluvia entran en contacto con materiales expuestos al aire libre. Ese escenario, subraya, no existe en Oakhouse, ya que toda la materia prima será manejada bajo techo, evitando la humedad y cualquier reacción entre lluvias y sólidos que pudiera generar afectaciones al suelo, al subsuelo o a las fuentes de agua.

“En una industria de valorización, como Oakhouse, la materia prima se mantiene siempre protegida, precisamente para impedir la generación de líquidos contaminantes”, sostiene el experto, quien aclaró que hay personas que piensan que cuando se habla de residuos sólidos se habla de otro Duquesa, pero que el país ya no puede instalar vertederos a cielo abierto, como Duquesa, y que la nueva Ley 98-25 fomenta la industrialización, aprovechamiento y valorización de los residuos.

Un terreno con condiciones geológicas favorables

Osiris de León, en su condición de geólogo, destaca que el terreno escogido para la planta industrial está compuesto por rocas volcánicas basálticas, una formación geológica naturalmente impermeable, sin porosidad, lo que impide la infiltración de aguas hacia el subsuelo y ofrece una protección natural adicional que beneficia al entorno.

La selección del sitio, explica, responde a criterios técnicos rigurosos y no a decisiones improvisadas.
El diseño de la planta Oakhouse incorpora drenes franceses perimetrales, destinados a manejar las lluvias que caigan sobre el área de operaciones. Estos sistemas permitirán que las aguas se mantengan dentro del perímetro industrial, garantizando que ningún líquido se desplace hacia las zonas vecinas.

El objetivo, enfatiza De León, es ofrecer seguridad y tranquilidad a toda la comunidad cercana, asegurando que la operación industrial se mantenga contenida y controlada.

Aunque el subsuelo es impermeable de origen, el proyecto contempla la instalación de cuatro pozos de monitoreo permanente del agua subterránea, ubicados en los cuatro puntos cardinales externos a la planta Oakhouse.

Estos pozos, indicó, estarán disponibles para la supervisión de cualquier autoridad competente, así como para entidades independientes y para la propia comunidad, permitiendo muestreos libres para confirmar la integridad de las operaciones.

Desarrollo con base técnica y transparencia

Para de León, Oakhouse representa un modelo de industria de valorización, diseñado con base científica, ingeniería ambiental preventiva y apertura a la fiscalización. No se trata de un proyecto sustentado en discursos, sino en condiciones geológicas reales, infraestructura adecuada y mecanismos de control verificables por todos los ciudadanos y por todas las autoridades.

“Cuando un proyecto se explica con datos científicos, y se abre al escrutinio, la confianza deja de ser un acto de fe y pasa a ser una conclusión técnica apoyada por todos”, concluye el geólogo.

Azua. La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (FOTESIR), entregó certificados de bonificación por un monto de RD$20,821,758.18 a 36 productores agrícolas de esta provincia, seleccionados tras la convocatoria realizada el pasado 26 de julio.

Durante el acto, el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, resaltó que esta entrega «no solo reconoce de manera formal a los productores beneficiados, sino que constituye un paso decisivo hacia la modernización del riego en la región, para que sea más rentable, sostenible y competitivo».

Caamaño señaló, además, que la tecnificación del riego es una herramienta clave para enfrentar los efectos del cambio climático y la disminución de la disponibilidad hídrica, ya que permite optimizar el uso del recurso, mejorar la productividad y aumentar la resiliencia de los agricultores.

En ese sentido, adelantó que el próximo año se realizarán nuevas convocatorias en Azua, «una provincia bendecida con buenas fuentes acuíferas y terrenos llanos, donde se producen rubros de alto valor como plátano, limón, banano, aguacate, café de alta calidad y vegetales de gran valor comercial».

Mientras, Steven Baldera, coordinador de proyectos del Banco Agrícola (Bagrícola), destacó el papel fundamental que desempeña la entidad financiera en el impulso a la modernización del sector agropecuario, mediante el financiamiento de proyectos de riego tecnificado que fortalecen la productividad y sostenibilidad de la agricultura nacional.

Asimismo, informó que para el próximo año ya están asegurados RD$840 millones destinados al financiamiento de sistemas de riego tecnificado y sistemas de bombeo solar.

Las convocatorias del Fotesir y el programa Bagri-Riego han permitido reducir a más de la mitad el precio de los sistemas de riego y agilizar  para los productores los  tiempos de ejecución.

Cabe resaltar que las bonificaciones otorgadas permitirán a los productores incorporar tecnologías avanzadas de riego, optimizar el uso del agua, reducir costos de producción y elevar la competitividad agrícola. El programa incluye, además, asistencia técnica, seguimiento y capacitación permanente para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.

La actividad, realizada en la Gobernación Provincial de Azua, contó con la presencia de la gobernadora Minerva Navarro, del alcalde de Guayabal, Hipólito Cabral. Además, Ángel Jiménez, gerente de la sucursal Azua del Banco Agrícola; Wellington Castillo, director regional 02 de esta entidad.

También asistieron, Indhira Pulinario, encargada del FOTESIR y Héctor Berigüete, encargado interino de la Regional Sur.

Un expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) defendió las recientes medidas económicas adoptadas por el Banco Central (BC) a favor del sector de la construcción, con el objetivo de dinamizar ese importante sector de la economía.

“La autorización de un programa de provisiones de liquidez por un monto de RD$81 mil millones de pesos de parte de la Junta Monetaria, tal y como lo informó el BC, es una decisión acertada que contribuye a fortalecer y reactivar, no solo la construcción, sino también otros sectores económicos pujantes”, puntualizó el ingeniero Teodoro Tejada.

El expresidente del Codia criticó los cuestionamientos que hicieran a las medidas adoptadas por el BC, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), de que supuestamente los fondos liberados del encaje legal no fueron exclusivamente destinados para el sector vivienda.

“Es importante señalar que, desde un principio, la Junta Monetaria presentó un programa mediante el cual autorizó la provisión de liquidez por RD$81 mil millones, a una tasa de interés no mayor al 9 % anual y plazos de hasta dos años, destinado a sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva, como la construcción y el comercio”, refirió.

El ingeniero Teodoro Tejada, tras recordar que el subsector vivienda forma parte del sector construcción, aclaró que no todos los constructores y promotores de viviendas y apartamentos pertenecen a ACOPROVI.

Señaló que además, los recursos fueron destinados para fortalecer al sector manufactura, la exportación y la agropecuaria, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con el objetivo de propiciar condiciones monetarias favorables y contribuir al dinamismo de la actividad económica.

“La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, que establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana, del 21 de noviembre de 2020, dispone en su artículo 15, relativo a las funciones, que el Banco Central tiene como responsabilidad ejecutar las políticas monetaria, cambiaria y financiera, de acuerdo con el Programa Monetario aprobado por la Junta Monetaria y exclusivamente mediante el uso de los instrumentos establecidos en el artículo 2, literal a), acápite Regulación del Sistema Financiero”, puntualizó.

Santo Domingo, República Dominicana. – El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó tres nuevos informes de fiscalización durante su vigesimoquinta sesión ordinaria, celebrada el pasado lunes 8 de diciembre de 2025, en la sede del órgano constitucional.

En cumplimiento de su mandato constitucional y de las disposiciones de la Ley núm. 18-24, la CCRD elaboró estos informes con estricto apego a las normas técnicas vigentes y con pleno respeto a los derechos de los auditados, reafirmando su compromiso permanente con la transparencia y las mejores prácticas de fiscalización superior.

Las fiscalizaciones corresponden, en primer lugar, a la auditoría practicada a las informaciones incluidas en los estados financieros del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.

Del mismo modo, incluyen la auditoría realizada a las informaciones contenidas en los estados financieros del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), correspondiente al período del 1.º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015.

Finalmente, abarcan la auditoría aplicada a las informaciones financieras recogidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo, por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Cada uno de estos procesos incorpora su respectiva carta a la gerencia y el informe legal, conforme a los procedimientos establecidos y a las normas de control fiscal externo.

Con estas aprobaciones, el número total de auditorías emitidas por la institución asciende a 69 en los últimos siete meses, fortaleciendo la confianza ciudadana en los mecanismos de control fiscal y reafirmando el compromiso del órgano constitucional con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los fondos públicos.

Informes aprobados
Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA).

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Ministerio de Trabajo

La Junta Central Electoral (JCE) informó que este martes fue realizada la ceremonia de generación de las llaves criptográficas de la infraestructura de clave pública (PKI), un paso clave que establece la cadena de confianza necesaria para garantizar la seguridad, autenticidad e integridad de los procesos tecnológicos asociados al proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral y cédula de identidad, en cumplimiento con las mejores prácticas, los estándares internacionales y la regulación nacional.

La ceremonia de llaves fue realizada en un área de acceso restringido por razones de seguridad, y retransmitida en tiempo real desde el Auditorio de la sede central, donde autoridades y funcionarios de la institución acompañaron el proceso.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; el director de Informática, Johnny Rivera; el director de Cedulación, Américo Rodríguez; así como el moderador de la ceremonia, Bernardo Flavio Calatayud Lira. La notaría actuante fue Carmen Chevalier, quien dio fe pública del desarrollo y cumplimiento del procedimiento.

El presidente de la JCE explicó que la ceremonia constituye un acto esencial para establecer la base de la cadena de confianza de toda la infraestructura, destacando la importancia de que estos procesos se desarrollen bajo estándares estrictos de seguridad física y lógica, trazabilidad y control.

“Es importante recordar que cualquier solución tecnológica de seguridad es tan sólida como la normatividad y el entorno en el que nace, opera y brinda los servicios para los cuales fue creada”, expresó Jáquez Liranzo.

Asimismo, precisó que el resultado de la ceremonia es la generación e inicialización de las llaves criptográficas, debidamente documentadas mediante el atestiguamiento notarial correspondiente.

Durante la ceremonia se procedió a la asignación de roles y autorizaciones a los custodios y administradores de las llaves, conforme a los principios de control dual y segregación de funciones. Cada una de las etapas previstas del procedimiento se ejecutó de manera satisfactoria, garantizando la integridad, seguridad y trazabilidad del proceso.

Finalmente, el director de Cedulación, Américo Rodríguez, calificó la ceremonia como un hito relevante dentro del proyecto de renovación de la cédula, y reconoció el trabajo del equipo técnico y operativo que participó en su preparación y ejecución.