SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, destacó el trabajo realizado por la Comisión Especial del Senado que presidió para el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa considerada clave dentro del proceso de transformación y modernización de la institución del orden.

Romero afirmó que la comisión desarrolló un amplio proceso de análisis y consultas, examinando cada disposición del proyecto con el objetivo de fortalecer la transparencia, la profesionalización, la disciplina y la eficiencia de la Policía Nacional.

Uno de los cambios más relevantes aparece desde el artículo 12. La versión modificada elimina un párrafo del texto original y deja expresamente establecido que el presidente de la República ejerce el mando supremo de la Policía Nacional, directamente o por conducto del Ministerio de Interior y Policía. La modificación simplifica la disposición y reafirma el principio de subordinación de la fuerza pública al poder civil.

Igualmente se fortalecen las funciones de la Dirección de Asuntos Internos. Además de investigar, la nueva versión le otorga competencias para supervisar operaciones encubiertas, verificar pruebas de integridad del personal, controlar el manejo de información reservada y rendir informes periódicos al ministro de Interior y Policía y al Consejo Superior Policial sobre investigaciones relacionadas con corrupción y vínculos de agentes con estructuras criminales.

El Consejo Superior Policial también amplía sus competencias. La reforma incorpora atribuciones relacionadas con el seguimiento de indicadores de gestión, el análisis de datos criminales, la aprobación de proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos y retiros. Igualmente, deberá conocer informes periódicos sobre traslados de oficiales y asignaciones de protección policial.
Uno de los cambios más visibles recae sobre el uso de policías fuera de sus funciones naturales.

La reforma elimina las asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones o fundaciones y las limita a instituciones públicas. Además, incorpora un artículo que prevé investigaciones administrativas, civiles y penales contra las autoridades que utilicen personal policial en funciones ajenas a la seguridad pública.

El artículo sobre registros preventivos también cambia de manera significativa.

El nuevo texto desarrolla las circunstancias en que podrán realizarse registros superficiales e incorpora salvaguardas como la prohibición de basarlos en perfiles raciales o estereotipos, la obligación de mantener encendidas las cámaras corporales durante el procedimiento, el derecho del ciudadano a grabar la actuación policial y la prohibición de desnudos forzados o tocamientos en zonas íntimas. Asimismo, dispone privilegiar detectores electrónicos o caninos antes del contacto físico directo.

La reforma más amplia se concentra en el régimen disciplinario. El proyecto sustituye el modelo en el que una misma estructura investigaba y resolvía los expedientes por otro que separa a los inspectores instructores, encargados de investigar y formular cargos, de los inspectores de decisión, responsables de juzgar las faltas disciplinarias.

También amplía el catálogo de faltas muy graves al incorporar conductas relacionadas con corrupción, acoso sexual y laboral, manipulación de sistemas informáticos, alteración de evidencias digitales, discriminación, maltrato animal, apropiación de bienes públicos y violaciones a la cadena de custodia. Además, reorganiza las sanciones según la gravedad de las infracciones y exige que toda decisión disciplinaria esté motivada con base en los principios de proporcionalidad, legalidad y debido proceso.

Finalmente, el proyecto modifica el régimen transitorio de pensiones mediante un esquema que armoniza los derechos adquiridos de quienes ingresaron bajo leyes anteriores con el nuevo Plan Especial de Pensiones de la Policía.

Santo Domingo-  El Instituto de Comunicación y Periodismo (ICOPER) celebró su VIII Ceremonia de Graduación, durante la cual fueron investidos decenas de participantes que culminaron exitosamente programas de formación en oratoria y maestría de ceremonias, relaciones internacionales y comunicación política, relaciones públicas, comunicación estratégica y otras especialidades.

La ceremonia, celebrada en el Centro Cultural INDOTEL, fue presidida por el director académico del ICOPER, Ysnardi Guarecuco, y reunió a autoridades nacionales, docentes, familiares e invitados especiales.

El discurso central estuvo a cargo del director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ingeniero Milton Morrison, quien exhortó a los graduandos a ejercer un liderazgo basado en el servicio, la innovación y la responsabilidad social.

También, motivó a los nuevos egresados a convertir los conocimientos adquiridos en acciones que generen cambios positivos en sus comunidades y en el país.

“Ustedes tienen en sus manos una gran responsabilidad que llega en una sociedad dominicana en una coyuntura tal donde se debaten algunos elementos que tiene que ver con la libertad de expresión, cuando a través del del nuevo Código Penal, algunos interpretan que hay artículos que limitan esa libertad de expresión. Hay otros que asumen que no hay tal restricción y lo que hay son elementos que se convierten en garantes para que esa comunicación que se haga sea una comunicación responsable y vinculada a la verdad, “, expresó.

“El gran reto que se tiene hoy en día es, obviamente, si lo que se comunica responde o no a la verdad, si lo que se comunica responde o no a argumentos sólidos que puedan sustentarse” agregó Morrison.

Asimismo, exhortó a los nuevos profesionales a ejercer la comunicación con ética, sensibilidad humana y un firme compromiso con la verdad y el servicio a la sociedad.

De su lado, el director académico del ICOPER destacó que la formación continua constituye la mejor herramienta para enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más exigente en materia de comunicación.

La actividad contó, además, con la presencia de la diputada por la provincia de Samaná, Carmen Lidia Williams, quien acompañó a los graduados durante esta significativa jornada académica celebrada en Santo Domingo.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los participantes con el mejor desempeño académico, como estímulo a la excelencia, la disciplina y el compromiso demostrados a lo largo de su proceso de formación.

Con esta octava ceremonia de graduación, el ICOPER reafirmó su compromiso con la educación continua y la formación de profesionales capaces de ejercer un liderazgo responsable, fortaleciendo así su misión de contribuir al desarrollo de la comunicación y del talento humano en República Dominicana.

El Poder Judicial dominicano avanza de manera estratégica en su proceso de transformación [RA1.1]digital mediante la incorporación responsable de soluciones tecnológicas apoyadas en inteligencia artificial (IA), orientadas a optimizar la gestión judicial, fortalecer la transparencia institucional y mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia.[RB2.1].

Estas iniciativas forman parte de una visión moderna, ética y segura, en la que la tecnología actúa como herramienta de apoyo al trabajo judicial, sin sustituir la función jurisdiccional ni el criterio humano.

Entre los avances más relevantes ejecutados se encuentra la implementación piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, así como de áreas administrativas y de apoyo a tribunales. [RA3.1][RB4.1]

Esta herramienta de IA generativa permite automatizar tareas repetitivas, mejorando la redacción jurídica y agilizar el análisis de información legal mediante consultas inteligentes, contribuyendo a optimizar la elaboración de proyectos de decisiones y reducir los tiempos de respuesta en procesos internos.

El piloto fue implementado con criterios de seguridad y gobernanza tecnológica, operando dentro de la infraestructura segura de la nube del Poder Judicial, lo que garantiza la protección de la información judicial y permite evaluar de manera controlada el potencial de estas capacidades para fortalecer la eficiencia institucional y apoyar una justicia más oportuna para la población.

Esta transformación digital se desarrolla bajo buenas prácticas internacionales y conforme a los marcos éticos institucionales, fundamentados en que modernizar la justicia no significa automatizar sin ética, sino fortalecer la función judicial mediante tecnología responsable, preservando la independencia judicial, la protección de los datos y asegurando el control humano, trazabilidad, transparencia y supervisión judicial en cada proceso, con el fin de contribuir a la reducción de la mora judicial, y fortalecer el acceso y la transparencia.[RA5.1].

Asimismo, el Poder Judicial impulsa un proyecto de estandarización de plan[FV6.1][RB6.2]tillas de productos judiciales mediante Inteligencia Artificial, orientado a mejorar la claridad, uniformidad y precisión de los documentos emitidos por los tribunales. [RB7.1][MR7.2].

Esta iniciativa permite automatizar y estructurar la elaboración de distintos productos jurisdiccionales, tales como decisiones relacionadas con pensiones alimentarias, certificaciones jurisdiccionales, divorcios, desalojos civiles y autos judiciales, garantizando mayor consistencia en la redacción y en los criterios documentales. [RB8.1][MR8.2][MR8.3][RA8.4].

De esta manera, estas herramientas tecnológicas simplifican y agilizan la labor de jueces y secretarios judiciales, al tiempo que contribuyen a que los usuarios del sistema reciban documentos más claros, organizados y comprensibles, fortaleciendo la calidad y transparencia del servicio de justicia.

Además, el Poder Judicial impulsa iniciativas de automatización inteligente, orientadas a reducir tareas manuales, optimizar los procesos judiciales y fortalecer la integridad, trazabilidad y transparencia de la información judicial, integradas al portal de Acceso Digital y al Sistema de Gestión de Casos. [RB9.1][MR9.2][FV9.3].

El sistema incorpora herramientas que facilitan y agilizan el trabajo judicial, como el Capturador de Partes, que registra automáticamente a los intervinientes a partir de documentos cargados: el OCR ( Reconocimiento Óptico de Caracteres), que convierte documentos escaneados en texto utilizable; y el Anonimizador de Documentos, que protege la privacidad al ocultar datos sensibles, así como el producto Unificador de Documentos, orientado a consolidar archivos y facilitar una gestión documental más ordenada, ágil y trazable [RB10.1][RB10.2][MR10.3][RA10.4].

También incluye la fijación automatizada de audiencias, el generador de productos para crear documentos judiciales mediante plantillas inteligentes y buscadores inteligentes dentro del expediente.

Además, integra funciones como el resumen de casos, la cronología del caso y el resumen automático de documentos, que permiten comprender rápidamente la información clave del proceso.

Por último, se incorpora el Modelo del Tribunal Superior Administrativo trabajado desde el laboratorio de innovación de la Escuela Nacional de la Judicatura en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Poder Judicial, que apoya el análisis y seguimiento de casos en el Tribunal Superior Administrativo.[RB11.1]

Dentro de esta arquitectura tecnológica se integra el ecosistema de inteligencia artificial del Poder Judicial, concebido como una herramienta clave para impulsar la innovación en la justicia.

A través de él se apoyan tareas de automatización, análisis de información y asistencia al trabajo judicial y administrativo, siempre bajo criterios de seguridad, transparencia, trazabilidad y control institucional.

Su propósito es fortalecer la gestión judicial y contribuir a una justicia más ágil, confiable y centrada en las personas, asegurando que la tecnología sea utilizada de manera responsable y como apoyo al servicio público de justicia.[RB12.1].

“Este enfoque convierte al Poder Judicial dominicano en un referente regional en materia de justicia digital, posicionándolo a la vanguardia del uso responsable de tecnologías emergentes.

La Inteligencia Artificial no solo impulsa la eficiencia operativa, sino que consolida un modelo ético, seguro, auditable y orientado a brindar respuestas oportunas, accesibles y de alta calidad a la ciudadanía. Con ello, la institución reafirma su compromiso de construir una justicia inteligente, confiable y profundamente humana, donde la tecnología sea un habilitador y no un fin en sí misma”, indicó Ricy Bidó, director de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial.[KV13.1][RA13.2] .

Estas iniciativas forman parte de la visión institucional del plan Justicia del Futuro 2034, que concibe la inteligencia artificial como un motor de innovación responsable para fortalecer la administración de justicia.

El gremialista afirma que su decisión busca rescatar, adecentar y relanzar el CARD, fortaleciendo la unidad de la comunidad jurídica nacional.

Santo Domingo. – El abogado y dirigente gremial Jhonny Aristy anunció formalmente sus aspiraciones a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) para el período 2026-2029, tras considerar que la institución atraviesa un profundo deterioro y requiere una nueva etapa de liderazgo, unidad y compromiso institucional.

Afirmó que su decisión nace de la necesidad de rescatar, adecentar y relanzar el gremio, a fin de que el Colegio de Abogados vuelva a desempeñar el rol que le corresponde como corporación pública, en sintonía con los desafíos actuales del sistema de justicia y con las demandas de los profesionales del derecho en todo el país.

“El Colegio de Abogados debe estar conectado con la realidad social y profesional en la que ejercemos los abogados y abogadas dominicanos. Nuestro gremio necesita una dirección comprometida, con trayectoria, sensibilidad y voluntad real para defender las conquistas y reivindicaciones que demanda la clase jurídica”, expresó Aristy.

El aspirante a la presidencia del CARD sostuvo que los profesionales del derecho merecen un mejor destino gremial, basado en la dignificación del ejercicio profesional, la defensa institucional, la modernización del Colegio y el fortalecimiento del sistema de justicia como garantía de seguridad jurídica para la población.
Asimismo, indicó que su proyecto gremial estará sustentado en un Plan de Acción CARD 2026-2029, el cual recogerá propuestas orientadas a la unidad de la comunidad jurídica, la recuperación del prestigio institucional, la transparencia administrativa, la capacitación permanente y la defensa efectiva de los derechos de los abogados. Aristy manifestó que su aspiración representa un llamado amplio a todos los abogados y abogadas del país para construir, desde la participación y el compromiso colectivo, una nueva etapa para el gremio.

“Hoy asumimos con firmeza esta decisión, convencidos de que juntos podemos devolverle el prestigio a nuestro gremio”, puntualizó.

Jhonny Aristy reiteró que su proyecto tiene como eje central la unidad, el adecentamiento institucional y la transformación del Colegio de Abogados en una entidad moderna, respetada y verdaderamente representativa de la clase jurídica nacional.

El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, ex director de la desaparecida Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, lamentó que en la República Dominicana se gaste más dineros en atender las víctimas mortales y heridos de los accidentes de tránsito, que la inversión en el sector de la educación.

“La Organización Mundial de la Salud estima que la atención médica, la rehabilitación y las pérdidas de productividad (horas/hombre y los años de vida perdidos por muertes o ajustados por discapacidad por siniestros viales representan aproximadamente el 3% del PIB en la mayoría de los países, y hasta el 5% en naciones de ingresos bajos o medios (RD$ 332,030.5 Millones 4 % de Educación en 2026”, explicó.

El congresista, quien pronunció un discurso en la puesta en circulación de su obra “Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana: Historia, Transformación y Legado Institucional”, con la presencia del expresidente Leonel Fernández Reyna, destacó que mientras más recursos las autoridades invierten en la educación para la prevención, menos se gastaría para la atención de las víctimas, familiares heridos y fallecidos.

“El impacto local según la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) y el sector sanitario, estiman que el costo directo del tratamiento de un paciente politraumatizado a causa de un accidente de tránsito oscila entre RD$300,000 y más de RD$2,000,000 de pesos. Estos gastos médicos trasladan una presión financiera masiva al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), generando déficits millonarios en el sistema, que requiere estudios actuariales de manera frecuente”, señaló.

Tobías Crespo indicó que los pagos del sector asegurador por accidentes de tránsito han experimentado un fuerte aumento, registrando RD$16,957 millones en un año. “En total, los siniestros (accidentes y otros eventos) costaron RD$62,842 millones al mercado asegurador, con un promedio de RD$46 millones diarios destinados específicamente a siniestros viales”.

“Los accidentes de tránsito representan una gran pandemia con más muerte que hasta el Covid. Cada día mueren en República Dominicana de ocho a nueve personas diarias, y más de tres mil al año”, lamentó.

“Este libro que ponemos en circulación, es un trabajo que recoge el proceso histórico, institucional y legislativo que dio origen a una de las reformas más importantes para la organización y modernización del sistema de movilidad y transporte terrestre de nuestro país”, puntualizó su autor.

El congresista dijo esperar que la obra sea acogida como parte de la enseñanza en las escuelas y universidades públicas y privados para que los estudiantes, no solo conozcan los detalles de la importante ley, sino para que cada día tengamos ciudadanos más conscientes y más formados sobre la materia.

El prólogo de la obra estuvo a cargo del director del periódico Listín Diario, don Miguel Franjul, quien hizo una breve reflexión sobre el aporte de la publicación; al marco jurídico, la movilidad y la seguridad vial en la República Dominicana.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el director general de la Biblioteca Nacional, profesor universitario y escritor Rafael Peralta Romero, quien ponderó su importancia en los tiempos actuales.

A la puesta en circulación de la obra, celebrada en el Auditorio profesor Juan Bosch, asistieron además, magistrados del Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, representantes del Tribunal Superior Electoral, Procuraduría General de la Republica, Junta Central Electoral, senadores, diputados, familiares del diputado Tobías Crespo y otros invitados especiales.

La puesta en circulación de esta obra que incluye un diagnóstico del sector al momento del inicio de los primeros procesos de consultas oficiales, historia del sector, proceso legislativo de formación de la ley donde se puede expresar el llamado espíritu del legislador, aportes sobre la proyectada reforma institucional, análisis jurídico de los aspectos normativos más estructurales en el contenido de esta norma.

También las políticas públicas aún pendiente por cumplir y aplicar, aspectos doctrinales y jurisprudenciales ocurridos posterior a su promulgación el 21 de febrero del año 2017, el texto íntegro de la ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la Republica Dominicana y los 20 reglamentos de un total de 32 que al día de hoy el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (COD-INTRANT) ha aprobado y que en su mayoría no han sido puestos en práctica ni aplicación.

Cabe recordar que la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, autoría de Tobías Crespo, constituye una de las leyes más trascendentales e importantes que forman parte de la legislación de la República Dominicana.

Santo Domingo, D.N. – Como parte del programa “La Presidencia en el Territorio”, el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, encabezó este fin de semana una amplia jornada de trabajo en la Circunscripción No. 1, iniciativa que se desarrolla de manera simultánea en las tres circunscripciones de la capital con el propósito de fortalecer la organización partidaria, ampliar la participación ciudadana y consolidar el crecimiento territorial de la organización.

Durante el recorrido, Rafael Paz participó en la juramentación de decenas de nuevos miembros incorporados a la Fuerza del Pueblo a través de la Comisión de Crecimiento del Distrito Nacional, reafirmando el proceso de expansión y fortalecimiento que experimenta la organización en la capital.

La agenda fue coordinada por el director ejecutivo de la Comisión de Crecimiento del Distrito Nacional, Nicolás Candelario, junto a los equipos territoriales, desarrollándose en los sectores 30 de Mayo, Esther Rosario, Manresa Parque, Club San Carlos y Club San José, donde dirigentes, líderes comunitarios y nuevos miembros participaron activamente en cada uno de los encuentros.

Al dirigirse a los presentes, Rafael Paz afirmó que el crecimiento de una organización política no debe medirse únicamente por la cantidad de personas que incorpora, sino por su capacidad para organizarse, formar liderazgos y mantener una presencia permanente junto a las comunidades.

“Nuestro compromiso es construir un partido cada vez más cercano a la gente, con capacidad para escuchar, organizar y servir. Una organización presente en cada barrio, que acompañe a las comunidades, represente sus principales causas y esté preparada para construir las soluciones que demanda la República Dominicana.”

Asimismo, exhortó a los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo a incorporarse activamente al trabajo político y comunitario, fortaleciendo las estructuras territoriales y contribuyendo a identificar y canalizar las principales necesidades de cada sector.

Como parte de la jornada, Rafael Paz sostuvo reuniones de trabajo con dirigentes de base, líderes comunitarios y equipos políticos de la Circunscripción No. 1 para evaluar el avance del plan organizativo, revisar las metas de crecimiento y definir las próximas acciones dirigidas a continuar fortaleciendo la presencia de la Fuerza del Pueblo en los distintos barrios de la capital.

El programa “La Presidencia en el Territorio” forma parte de la estrategia de fortalecimiento organizativo impulsada por la Dirección del Distrito Nacional, inspirada en la visión del presidente Leonel Fernández de consolidar una Fuerza del Pueblo moderna, organizada, cercana a la ciudadanía y preparada para representar las demandas de la sociedad dominicana.

Durante la jornada, Rafael Paz estuvo acompañado por dirigentes, coordinadores territoriales, presidentes de direcciones medias y equipos políticos de la Circunscripción No. 1, quienes participaron activamente en cada una de las actividades desarrolladas durante el recorrido.

Con esta nueva jornada de trabajo, el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional continúa impulsando un modelo de organización basado en la cercanía con la gente, el fortalecimiento territorial y la participación activa de la dirigencia, consolidando a la Fuerza del Pueblo como la organización política con mayor presencia comunitaria en la capital.

Santo Domingo,-El destacado jurista dominicano Juan Manuel Morel Pérez ha culminado con éxito el Doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de A Coruña, España, alcanzando la mención Cum Laude en la defensa de su tesis doctoral, un reconocimiento reservado a investigaciones de excelencia académica.

La tesis fue dirigida por el prestigioso catedrático español Jaime Rodríguez-Arana, referente internacional en Derecho Administrativo, lo que otorga un sello de rigor científico y calidad a la investigación realizada.

Trayectoria académica y profesional

Juan Manuel Morel Pérez, natural de la ciudad de La Vega, es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una sólida formación complementada por un Magíster en Seguridad y Defensa Nacional, así como una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Actualmente se desempeña como Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD, espacio de análisis y propuestas estratégicas en materia de seguridad nacional. Además, ha sido docente y asesor externo del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), contribuyendo a la formación de oficiales y profesionales en el ámbito de la seguridad pública.

Producción intelectual y liderazgo institucional

El Dr. Morel Pérez es autor de libros de alto contenido académico, entre ella su mas reciente obra Reflexiones sobre derechos humanos, quien ha logrado consolidarse como una voz influyente en el debate de la región.

Asimismo, es fundador de la Asociación Euroamericana de derechos Fundamentales (ASDEFUN), organización dedicada a promover la investigación, la capacitación y el fortalecimiento en derechos humanos

Reconocimiento internacional

La obtención de la mención Cum Laude en su doctorado reafirma el compromiso del Dr. Morel Pérez con la excelencia académica y profesional, así como su aporte al desarrollo del Derecho Administrativo en Iberoamérica. Este logro no solo enaltece su trayectoria personal, sino que también proyecta el talento dominicano en escenarios académicos internacionales.

Con este nuevo título, el Dr. Morel Pérez se consolida como uno de los juristas dominicanos con mayor proyección en el ámbito del derecho público y la seguridad, aportando desde la investigación y la docencia a la construcción de instituciones más sólidas y democráticas.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que, a partir del lunes 13 de julio, se iniciará el proceso de adquisición del tratamiento con Risdiplam (Evrysdi) para los pacientes diagnosticados e incorporados hasta la fecha al Programa de Medicamentos de Alto Costo con Atrofia Muscular Espinal (AME), como parte de las acciones destinadas a garantizar su acceso continuo a esta terapia.

La medida responde al compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de garantizar el acceso oportuno y continuo al tratamiento de los pacientes con AME. Para ello, se aseguró el respaldo presupuestario necesario, con una disponibilidad de RD$300 millones destinados a financiar la adquisición de este medicamento a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC).

Este anuncio se produce a partir de la comunicación oficial de la DAMAC, mediante la cual informó al Ministerio de Salud Pública que estaban dadas las condiciones técnicas, presupuestarias y administrativas necesarias para iniciar el proceso de adquisición del tratamiento y avanzar en la cobertura de los pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME).

La primera dosis será entregada este lunes al paciente Dayron Almonte Socias, en atención a la urgencia de su condición clínica, mientras se completa, con la mayor celeridad posible y conforme a los procedimientos legales, regulatorios y administrativos correspondientes, el proceso de adquisición para garantizar el tratamiento de los demás pacientes incorporados al programa.

Este importante avance es el resultado de un proceso técnico e institucional que incluyó la evaluación clínica de los pacientes, el análisis de sostenibilidad financiera, la gestión del respaldo presupuestario, la incorporación de la nueva molécula al catálogo terapéutico de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo y la coordinación de los procesos regulatorios y de adquisición con las instituciones competentes, con el propósito de garantizar un acceso continuo, seguro y sostenible al tratamiento.

Como parte de este proceso, el pasado 9 de marzo el ministro Víctor Atallah remitió una comunicación oficial a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), solicitando la realización de un estudio actuarial para evaluar la incorporación de Risdiplam (Evrysdi) al Catálogo de Medicamentos Esenciales del Plan de Servicios de Salud (PDSS), como alternativa terapéutica para los pacientes con Atrofia Muscular Espinal, con el objetivo de avanzar hacia una solución permanente y financieramente sostenible para las familias afectadas por esta enfermedad.

«Hoy damos un paso trascendental como Estado. Detrás de esta decisión hay un trabajo técnico riguroso, el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader y la firme voluntad de garantizar que ningún niño con Atrofia Muscular Espinal quede sin acceso al tratamiento que necesita. Nuestro deber es seguir construyendo soluciones responsables, sostenibles y centradas en las personas, siempre con sensibilidad humana y poniendo a los pacientes y sus familias en el centro de nuestras decisiones», expresó el ministro Atallah.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública informó que la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo actualizó su catálogo terapéutico para incorporar Risdiplam (Evrysdi) al tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal. Paralelamente, se realizaron las coordinaciones con PROMESE/CAL, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y el laboratorio fabricante para garantizar la adquisición del medicamento en el menor tiempo posible, cumpliendo con todos los procedimientos legales y regulatorios aplicables.

La disponibilidad de estos recursos permitirá cubrir aproximadamente un año de tratamiento continuo para los pacientes actualmente incorporados al programa. El medicamento cuenta con certificaciones internacionales de calidad y seguridad emitidas por agencias regulatorias de alta vigilancia, entre ellas la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Los nuevos casos que sean diagnosticados serán evaluados conforme a los criterios médicos, técnicos y administrativos establecidos por el Programa de Medicamentos de Alto Costo para determinar su incorporación.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud Pública reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el acceso equitativo a terapias de alto costo mediante decisiones fundamentadas en evidencia científica, responsabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Este paso fortalece la respuesta nacional frente a las enfermedades raras y refleja la voluntad del Estado dominicano de ofrecer soluciones oportunas, seguras y cada vez más integrales para los pacientes y sus familias.