En esta nueva etapa, el staff de República Informativa estará conformado por los comunicadores, Joel Rodríguez, Máximo Calzado, Vladimir Núñez y Mabel Paulino.

Santo Domingo. – El programa «Republica Informativa» inicia una nueva etapa y desde este lunes 1 de septiembre se estará transmitiendo por Cinevisión canal 19 en horario de lunes a viernes de 11:00 a 11:30 de la mañana.

La información la dio a conocer el comunicador Joel Rodríguez, experto en Seguridad Social, quien señaló que el staff estará conformado además por los comunicadores Máximo Calzado, Vladimir Núñez y Mabel Paulino bajo la producción de JEN MEDIA & CONSULTING, una empresa dedicada a las Relaciones Publicas y la producción de contenido digital.

Rodríguez explicó que este espacio se caracteriza por ser especializado en investigación, orientación y difusión sobre Seguridad Social, además de implementación de Políticas Sociales y gobierno local.

Agrego que, «Republica Informativa» cuenta con distintas secciones de variedades acerca de: turismo, salud, educación, moda, política, economía y mucho más.

Manifestó Joel Rodríguez, que con en el mismo se presentarán análisis e investigaciones que acontecen en el ámbito nacional.

“Nuestra misión en «República Informativa» en esta nueva etapa es presentar análisis, comentarios e investigaciones sobre temas de Seguridad Social, política, economía, gestión gubernamental y empresarial de cara a sus propias normativas, a fin de orientar a la audiencia acerca del acontecer nacional, desde una óptica especializada y un matiz formativo”, agregó el experto.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones de jurisdicción privilegiada, dictó la sentencia núm. SCJ-PL-25-00009, de fecha 29 de agosto de 2025, mediante la cual rechazó en su totalidad el recurso de casación interpuesto por Rosa Amalia Pilarte López, exdiputada por la provincia La Vega, y ratificó la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida por la Segunda Sala de esa Alta Corte.

Con esta sentencia, se mantiene la condena de cinco (5) años de reclusión y el pago de una multa equivalente a doscientos (200) salarios mínimos del sector público, por infracciones a la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

El Pleno destacó que los argumentos de la defensa, que atribuían las actividades ilícitas a hechos posteriores a la deportación de Pablo Antonio Martínez Javier en 2009, carecían de fundamento.

Además, se comprobó que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001, lo que evidencia la continuidad de las operaciones ilícitas.

Asimismo, mientras la imputada declaró ingresos por aproximadamente RD$16 millones entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas más de RD$4,400 millones, revelando una discrepancia insalvable con su actividad económica declarada.

La sentencia subraya que la imputada actuó con conocimiento del origen ilícito de los bienes, transfiriendo múltiples inmuebles a la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., siguiendo un patrón típico de colocación, estratificación e integración propio del lavado de activos.

El Pleno también precisó que, aunque la imputada fue procesada bajo la Ley núm. 155-17, la sanción impuesta corresponde a la Ley núm. 72-02, conforme al principio de aplicación retroactiva de la ley.

El Pleno confirmó que la condena se fundamenta en pruebas suficientes, indicios razonables y valoraciones válidas realizadas en juicio, rechazando todos los medios del recurso planteado por la defensa.

La decisión incluye el pago de las costas procesales y ordena a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia notificar la sentencia a las partes y al Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, para los fines correspondientes.

El Pleno de la SCJ estuvo integrado por los magistrados Luis Henry Molina Peña (Juez Presidente), Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Justiniano Montero Montero, Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel A. Arias Arzeno, Moisés Alfredo Ferrer Landrón, Arelis Ricourt Gómez, Sarah Altagracia Veras Almánzar, Francisca Gabiela García Gómez de Fadul y Miguelina de Jesús Beard Gómez.

La iniciativa fortalece las competencias digitales de la juventud dominicana y contribuye al cierre de la brecha tecnológica, impulsando el desarrollo inclusivo y sostenible del país.

Santo Domingo Norte. – Un total de 150 jóvenes de distintos barrios de este municipio recibieron certificación en diversas áreas tecnológicas e innovadoras, como parte de las acciones formativas que imparten los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), con el objetivo de reducir la brecha digital y preparar a la juventud para integrarse al mercado laboral con mayores oportunidades.

El acto de graduación contó con la presencia del director general de los CTC, Isidro Torres; la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; y la diputada Patricia Núñez, quienes resaltaron el esfuerzo de los estudiantes y la importancia de estas capacitaciones para el desarrollo social y económico del país.

Torres felicitó a los jóvenes por alcanzar esta meta y los exhortó a continuar su preparación:

“En el día de hoy ustedes reciben las certificaciones correspondientes en diferentes acciones formativas que han recibido en sus respectivos centros, es bueno que continúen formándose para que sigan cruzando otros niveles, tanto en los CTC como en el ITLA, Infotep y así convertirse en emprendedores”, les dijo a los graduados el funcionario.

Isidro Torres sostuvo que la formación, sin duda alguna, es el vehículo más idóneo para combatir la pobreza, y agradeció el apoyo del presidente Luis Abinader y a las distintas entidades públicas y privadas, en los esfuerzos por el fortalecimiento de la entidad en favor del desarrollo económico y social de la nación.

“Ustedes son ya hoy, en este presente, el signo del cambio que el país necesita, los felicito y los animo a continuar, y los reto a seguir viendo los CTC como el aliado con el que pueden contar para seguir adelante y poder fructificar”, puntualizó Torres.

Recordó que el presidente Luis Abinader continuamente insiste en que los jóvenes nunca pueden ponerse obstáculos que no estén en capacidad de saltar y que con la hidalguía que les caracteriza pueden trascender y tener una profesión que será fundamental en sus vidas.

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, destacó el trabajo que realizan los Centros Tecnológicos Comunitarios a nivel nacional y, de manera especial, en ese municipio, al considerar estas iniciativas fundamentales para su crecimiento educativo y social. Asimismo, valoró la gestión de Isidro Torres al frente de los CTC, a quien definió como un funcionario comprometido con la educación y la comunidad, con la capacidad de identificar y potenciar los mejores talentos.

“Este programa es vital para el crecimiento educativo y social de Santo Domingo Norte, el segundo municipio más grande del país. El trabajo que se impulsa desde los CTC abre caminos para nuestros jóvenes y multiplica sus oportunidades”, aseguró.

Entre las habilidades desarrolladas por los graduados destacan Fundamentos de Inteligencia Artificial, paquete de office y Hour of Code (Hora de Programación), una iniciativa que motiva a los participantes a descubrir el mundo de la tecnología y aprender, de manera práctica, los principios básicos de la programación.

Con esta nueva promoción, los CTC consolidan su rol como plataforma de inclusión social y tecnológica, reafirmando su compromiso con una juventud más preparada, competitiva y capaz de liderar los procesos de innovación en el país.

Durante la actividad estuvieron presentes Isidro Torres, director general de los CTC, Elvin Remigio, subdirector, Betty Gerónimo, alcaldesa municipal, Patricia Núñez, diputada, Bernis Mambrú, regidor, Magally Rodríguez, directora Distrito Educación 10-01, Luis Santana, del Comité de los Derechos Humanos, la gestora del CTC Villa Mella, Yanibel Moreno, Manelix De León, director de operaciones de los CTC, entre otros.

En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe; así como representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron este jueves la Declaración de Santo Domingo, un compromiso histórico para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región.

A través de la Declaración de Santo Domingo los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector justicia a nivel nacional, subnacional y comunitario, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva, y mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sistemas judiciales para diseñar, gestionar, e implementar políticas de justicia abierta.

Entre otros puntos, en la Declaración se comprometen a Promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

También procurar recursos humanos, financieros y técnicos —internos y de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector justicia.

Entre otros aspectos de la Declaración se destacan, aprovechar y desarrollar capacidades y conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la promoción y co-creación de iniciativas, políticas y proyectos de justicia abierta.

Asimismo, alentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes abiertas al escrutinio público, e informes periódicos en formatos abiertos.

Además, profundizar la generación de conocimiento técnico, su sistematización y difusión para respaldar y facilitar la implementación de reformas de justicia abierta basadas en evidencia e impulsar y fortalecer la participación de instituciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil en los espacios de co-creación nacionales y subnacionales de justicia abierta en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, con procesos inclusivos y verificables.

Finalmente, los compromisos asumidos incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad incorporando en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.

“Invitamos a instituciones del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil, academia, gobiernos, organismos internacionales, instancias de integración y cooperación judicial regional, donantes, empresas de tecnología y medios de comunicación a respaldar, impulsar y asumir compromisos concretos y sumarse a esta agenda, convencidos de que una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas, es condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe ”, indica el documento suscrito por representantes de 21 países.

Para dar seguimiento a los acuerdos se constituyó un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA) integrado de manera paritaria por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo y acompañamiento de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).

La Declaración de Santo Domingo descansa en los principios rectores de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información; rendición de cuentas participativa y colaboración e innovación centrada en las personas.

La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta se constituyó en un espacio clave para el diálogo, la construcción de consensos y la definición de una agenda común hacia una justicia más accesible, transparente e inclusiva.

Se realizó los días 27 al 28 de agosto y tuvo a República Dominicana como país anfitrión.

Países participantes  

En la conferencia participaron 21 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que dispone la Instalación de Fuentes de Energía Renovable en Edificios Públicos y Privados, presentado por los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla.

Esta ley tiene por objeto fomentar el empleo de fuentes alternas de energía, promover el ahorro y la eficacia energética y establecer los criterios para el uso de energía renovable en edificios públicos y privados, de nueva construcción o remodelados.

En su considerando segundo, la pieza refiere que la alta demanda de energía ha llevado a una sobreexplotación de las fuentes de energía convencionales, de carácter fósil, lo que ha contribuido gradualmente a la degradación de los recursos naturales, ha traído como consecuencia el cambio climático y otros efectos dañinos sobre el planeta tierra; perturbado el equilibrio ecológico y ha puesto en peligro a toda la humanidad y al sistema ambiental.

En otro orden, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que declara el 8 de noviembre de cada año “Día Nacional del Stem”, remitida por la Cámara de Diputados.
El objeto de esta iniciativa legislativa es celebrar e incentivar la importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el desarrollo integral y la competitividad, en consonancia con la celebración del «Día Internacional del STEM” en esta misma fecha.

La palabra STEM es un acrónimo del idioma inglés que corresponde a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y es usado para definir un enfoque educativo que integra estas cuatro disciplinas, el cual promueve el aprendizaje basado en la práctica, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades.

La educación en las áreas STEM constituye un pilar esencial para la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible en la República Dominicana, permitiendo a jóvenes y profesionales contribuir significativamente al progreso científico y tecnológico del país.

En la sesión los senadores aprobaron en segunda lectura la pieza que declara la provincia Hato Mayor Polo Turístico, presentada por el senador Cristóbal Venerado.

Además, se aprobó el proyecto que declara la provincia la Romana, provincia Ecoturística, presentada por el senador Eduard Alexis Espiritusanto.

Fue sancionado en segunda lectura el proyecto de ley que eleva el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio de Higüey, de la provincia La Altagracia a la categoría de municipio. Esta pieza legislativa es de la autoría del senado Rafael Barón Duluc.

De igual manera, los senadores sancionaron el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, autoría de los senadores Ramón Rogelio Genao Durán; Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano; Andrés Guillermo Lama Pérez; Jonhson Encarnación Díaz.

Esta ley tiene por objeto procurar la preservación de Loma Miranda, mediante su designación y creación bajo la condición de área protegida, como Parque Nacional.

El Pleno del Senado de la República honró con un minuto de silencio las memorias de la regidora de El Seibo y educadora Catalina Moya, oriunda de Miches; del ex alcalde de Yamasá, Julio de la Cruz; del médico de Loma de Cabrera, Julio César Pimentel, y de Altagracia Vásquez, suegra del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El presidente de la Cámara Alta convocó a sesión ordinaria para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.