Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) anunció que apelará, por todas las vías judiciales que sean necesarias, nacionales e internacionales, la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por no existir evidencia alguna donde conste la aprobación ni autorización por parte del Pleno ni del presidente de la JCE para la adquisición de presuntos servicios que la parte demandante alega fueron requeridos por la institución.

En ese sentido, el Pleno JCE instruyó a que se desplieguen todos los esfuerzos jurídicos necesarios para resguardar los intereses, la imagen y el buen nombre de la institución.

La JCE hace el anuncio, a propósito del auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera, solicitada por la sociedad comercial Latin Events, LLC.

El órgano electoral sí acordó con la sociedad comercial Latin Events algunos servicios de publicidad y de logística, los cuales fueron saldados vía transferencia bancaria SWIFT desde República Dominicana hacia Estados Unidos, el 21 de mayo de 2024 y que ascendieron a un monto de 230 mil dólares, cifra que fue saldada en su totalidad.

Demanda por servicios no contratados

 La JCE explica que no obstante haber saldado lo acordado, la empresa Latin Events envió luego otras facturas de algunos servicios que la institución no contrató, como el caso del cobro de US$ 600,000.00 más 53, 250 dólares por impuestos sobre la venta, por concepto de 15,000 boletos impresos para el evento de la serie Titanes del Caribe entre los equipos de béisbol de República Dominicana, las Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, celebrado en el Citi Field de Queens, Nueva York, del 10 al 12 de noviembre de 2023.

La Junta reitera que no fue válidamente notificada en su sede de la República Dominicana, por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa, ya que, conforme al Tratado de Viena, las notificaciones dirigidas a consulados en el exterior no sustituyen la notificación a la institución en su jurisdicción nacional, pues son los consultados  los únicos que tienen personalidad jurídica fuera de la jurisdiccional nacional.

La JCE asume su compromiso con la transparencia y reitera que en este caso acudirá a todas las instancias judiciales necesarias para demostrar que no fue asumida tal obligación, en aras de preservar el correcto uso de los fondos públicos del pueblo dominicano.

San Juan, República Dominicana. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la red pública de salud, al destacar que la actual gestión ha colocado la salud como una prioridad nacional, con una inversión histórica en infraestructura, equipamiento y acceso a servicios para toda la población.

Durante el relanzamiento de la Estrategia de Atención Primaria en la Regional El Valle, el titular del SNS aseguró que el respaldo del presidente Abinader ha sido determinante para transformar el sistema sanitario, priorizando la atención de los sectores más vulnerables.

«Tenemos el apoyo de un presidente que decidió poner la salud en el primer orden de las prioridades del país, que ha destinado recursos para fortalecer la red pública y garantizar servicios dignos y oportunos para toda la población, sin distinción de partido político, credo o condición social», expresó.

El funcionario resaltó que, gracias a esa visión de gobierno, más de 114 hospitales de segundo y tercer nivel han sido remozados e intervenidos, al igual que más de 1,100 Centros de Primer Nivel de Atención, acercando servicios de calidad a las comunidades y fortaleciendo la prevención y la atención primaria.

Asimismo, recordó que la meta del Gobierno es que, antes de finalizar el año 2028, los más de 1,700 centros de primer nivel del país estén completamente remozados y equipados, garantizando condiciones adecuadas tanto para los pacientes como para el personal de salud.

El director del SNS informó que los centros cuentan con medicamentos gratuitos, personal médico capacitado y trabajan para garantizar servicios continuos, incluyendo atención las 24 horas donde las condiciones lo permitan.

Al referirse a las comunidades que aún carecen de infraestructura adecuada, anunció que varios centros de salud de la zona alta del distrito municipal de Sabaneta serán intervenidos de inmediato, con el objetivo de iniciar los trabajos en las próximas semanas y entregarlos totalmente remozados en un plazo aproximado de dos meses.

«La salud no es un favor que hacemos; es un derecho que como servidores públicos tenemos la obligación de garantizar», enfatizó.

El titular del SNS también destacó los avances en equipamiento hospitalario, señalando que actualmente más de 44 hospitales de la Red Pública disponen de tomógrafos, además de servicios de laboratorio e imágenes diagnósticas, permitiendo que los pacientes reciban atención integral sin necesidad de trasladarse a centros privados.

En materia de recursos humanos, informó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha fortalecido significativamente el personal de enfermería.

De las más de 24 mil enfermeras que integran el Servicio Nacional de Salud, alrededor de 7 mil han sido nombradas durante la actual gestión, lo que representa cerca de una tercera parte del total.

Finalmente, el director del SNS felicitó al equipo de la Regional El Valle por el trabajo realizado y reiteró que continuará apoyando el fortalecimiento de todos los establecimientos de salud del país, con el propósito de ofrecer una atención cada vez más cercana, humana y de calidad a toda la población.

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que, tras un proceso de consenso y consultas con los diferentes actores políticos, se decidió posponer para mañana viernes la sesión en la que el pleno conocerá el informe del Código Penal.

Durante una rueda de prensa, Pacheco explicó que esta decisión responde a la necesidad de seguir valorando las sugerencias que se han presentado en torno a la pieza legislativa. “Después de evaluar el trabajo que hemos estado realizando y escuchar las opiniones de todos los sectores, entendimos que lo más prudente es continuar el análisis y llevarlo al hemiciclo mañana”, señaló.

De esta forma, el presidente del órgano cameral destacó que existe una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrein, la cual ha estado trabajando de manera conjunta con el personal técnico de ambas cámaras legislativas.

Asimismo, subrayó que la Comisión Bicameral ha avanzado en el estudio de aspectos fundamentales del proyecto, lo que permitirá que el debate se realice con mayor claridad y respaldo. En tanto, Pacheco manifestó que, aunque la sesión para conocer el Código Penal fue aplazada, el Congreso Nacional continúa desarrollando otros trabajos legislativos con miras a tener listos diversos asuntos de importancia para el país.

“Hoy seguimos avanzando en temas que también requieren solución, porque nuestro compromiso es dar respuesta a las necesidades legislativas de la nación”, aseveró. Con esta decisión, el congresista resaltó su interés en que el debate se lleve a cabo con el mayor nivel de consenso posible, garantizando un proceso transparente que fortalezca la institucionalidad democrática.

Santo Domingo, República Dominicana. – El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), encabezado por su presidenta, la doctora Emma Polanco Melo, recibió este miércoles la visita de una comisión de la Cámara de Diputados, con el propósito de presentar los principales avances, resultados y desafíos de la actual gestión, fortalecer el diálogo interinstitucional y reafirmar el compromiso de la entidad con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control externo.

Durante el encuentro, la presidenta explicó el modelo de gobernanza implementado por el Pleno, sustentado en reuniones periódicas de coordinación, jornadas de prepleno, sesiones colegiadas para la toma de decisiones y el seguimiento permanente a los acuerdos institucionales.
Indicó que este esquema de trabajo ha contribuido a mejorar el desempeño de la institución, lo que se refleja, entre otros resultados, en una ejecución presupuestaria del 96 % durante el primer año de la actual gestión.

«Este encuentro reafirma nuestra vocación de apertura y diálogo con el Congreso Nacional y nos permite presentar, con transparencia, los resultados alcanzados y los desafíos que aún tenemos por delante. Desde el Pleno continuaremos impulsando una fiscalización cada vez más técnica, oportuna, objetiva e independiente, orientada a fortalecer el control externo y contribuir a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos», expresó la doctora Emma Polanco Melo.

Al presentar el balance correspondiente al período 2025-junio de 2026, la presidenta destacó la reorganización institucional conforme a la Ley núm. 18-24, la modernización de los procesos, el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la aprobación de un nuevo marco normativo orientado a robustecer la función fiscalizadora.

Asimismo, informó que durante la actual gestión han sido aprobados y publicados 106 informes de auditoría, se incorporaron 82 nuevos auditores mediante concurso público y se implementaron metodologías de auditoría basadas en riesgos y análisis de datos.

En materia de control externo, los miembros del Pleno presentaron los resultados del Plan Anual de Auditoría (PAA) 2025, cuya ejecución alcanzó el 91 %, así como los avances del PAA 2026, integrado por 96 proyectos, con un nivel de ejecución del 60 % y una proyección de cumplimiento del 100 % al cierre del presente año. Además, informaron que más de 200 auditorías se encuentran en distintas fases del proceso auditor.

Durante la jornada también fueron presentados los avances en las áreas de Análisis Presupuestario, Declaraciones Juradas de Patrimonio, Control Social y transformación digital.

Entre los principales resultados se destacan el análisis de más de 20,373 ejecuciones presupuestarias y rendiciones de cuentas; la recepción de 2,445 declaraciones juradas de patrimonio; la simplificación del formulario digital y la implementación de la plataforma Ojo Ciudadano, destinada a fortalecer la participación y el control social.

La presidenta resaltó, además, la creación de la Dirección de Gestión de Calidad, la reactivación de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC) y la ejecución de 107 programas de formación, que han beneficiado a 1,960 servidores públicos, con el apoyo de instituciones como el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

También destacó la inauguración de la primera oficina regional de la Cámara de Cuentas, ubicada en Santiago de los Caballeros, así como el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas a los gobiernos locales de las regiones Norte, Este y Sur, iniciativas que amplían la presencia institucional y acercan los servicios de la CCRD a distintos territorios del país.

En el ámbito tecnológico, fueron presentados los avances derivados de la implementación de la firma digital FirmaGOB y de la incorporación de herramientas orientadas a reducir el uso de papel, agilizar los procesos y promover una gestión más eficiente y sostenible.

Durante el encuentro, los legisladores ponderaron positivamente los avances y transformaciones impulsados por el Pleno de la Cámara de Cuentas.

La diputada Ana Miledis Cuevas, al intervenir en nombre de sus compañeros, expresó:
«Es un honor estar aquí y conocer la transformación que ha experimentado esta institución. Vemos los cambios que se han producido en beneficio del país y de sus colaboradores. Nos llevamos una gran satisfacción y una buena imagen. Es un cambio como nunca antes se había visto. Felicitaciones por su gran labor», puntualizó la legisladora.

Los congresistas acudieron a la sede del órgano auditor en atención a una invitación del Pleno para conocer de cerca las ejecutorias institucionales. Participaron los diputados Mirna López, Juan Bolívar Cuevas, Hermes E. José, Shirley López, Margarita Tejeda, Delys Felis, Caty Díaz, Anny Mambrú, José Manuel Caraballo, Francis Jaquez, Otoniel Tejada, Moserrat Santana, Jacquelin Montero Dip y César Beltré.
Durante la presentación, la presidenta estuvo acompañada por el vicepresidente del Pleno, Francisco Tamárez Florentino, y por los miembros Francisco Franco y Griselda Gómez Santana.

También participaron Fabio Enrique Roa, director general de Auditoría; Franklin Ureña, director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y Helen Mateo, directora de Gestión Presidencial.
Al concluir el encuentro, la doctora Emma Polanco Melo propuso formalizar reuniones trimestrales entre la Cámara de Cuentas y la Cámara de Diputados para fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a los avances de la gestión.

La presidenta reafirmó el compromiso del Pleno de continuar fortaleciendo el control externo, reducir el rezago histórico de las auditorías, consolidar la transformación digital y elevar la calidad y oportunidad de los productos que la Cámara de Cuentas pone al servicio del Congreso Nacional y de la ciudadanía.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) realizó este jueves el acto de juramentación, entrega de despachos e ingreso a la carrera judicial de 15 jueces y juezas, egresados del Programa de Aspirantes a Jueces y Juezas correspondiente al Grupo 1-2024 de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

Durante las palabras centrales del acto, el presidente SCJ, Henry Molina, destacó que la fortaleza institucional de República Dominicana es resultado del sacrificio de generaciones comprometidas con la construcción de un Estado democrático y de derecho, sustentado en instituciones sólidas capaces de garantizar el equilibrio entre los poderes públicos.

Molina resaltó que el modelo institucional dominicano, mediante el cual el Consejo Nacional de la Magistratura designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y esta, a su vez, nombra a los jueces del país tras cumplir los requisitos establecidos por la Carrera Judicial, constituye un sistema de peso y contrapeso que fortalece la independencia judicial y legitima democráticamente el ingreso de cada magistrado.

Explicó que estas ceremonias reafirman el carácter institucional, transparente y solemne de la función judicial y evidencian que la justicia se administra en nombre de la República y de la Constitución.

Al referirse a la formación de los nuevos integrantes de la judicatura, Molina destacó que los quince aspirantes desarrollaron una intensa experiencia práctica durante su proceso formativo.

Asimismo, explicó que estos participaron activamente en tribunales de primera instancia civil, contribuyendo al plan institucional de “cero mora”, mientras que durante nueve meses se desempeñaron como jueces de paz suplentes en distintas jurisdicciones del país, los últimos tres meses de formación a colaborar con la optimización del Registro Inmobiliario.

Henry Molina explicó que la asignación de las plazas se realizó en estricto orden de mérito, conforme a las calificaciones finales obtenidas, garantizando transparencia, objetividad y reconocimiento al esfuerzo académico y profesional de cada egresado; al tiempo de precisar que la entrega de los despachos marca el inicio de una misión trascendental al servicio de la ciudadanía.

“El despacho que hoy reciben no es un símbolo ornamental; es la materialización de la confianza pública, el llamado a ejercer la justicia con independencia, integridad, prudencia y un profundo sentido de servicio. El país espera mucho de ustedes, y el Poder Judicial continuará a su lado, promoviendo la innovación y la ética como pilares de una justicia moderna y cercana a la gente”, manifestó el magistrado Molina.

Durante el acto, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito Pujols, ofreció las palabras de bienvenida y destacó que los 15 nuevos jueces y juezas han culminado un proceso exigente, construido sobre la base del estudio, disciplina, evaluación permanente y la vocación de servicio; al tiempo de manifestar que también es el inicio de una carrera judicial que espera sea larga, fecunda e íntegra.

“El conocimiento jurídico ya comprobado, aunque indispensable, no será suficiente; requerirán modelar múltiples valores, en especial el de la humildad. La humildad no significa debilidad ni inseguridad, es la virtud de quien comprende la magnitud de la función que desempeña y reconoce que ninguna investidura coloca a una persona por encima de la ley ni de la dignidad de los demás; afirmó.

En representación de los nuevos jueces y juezas, el magistrado Henry Alexis Sánchez de la Cruz, quien obtuvo el mayor índice académico de 98.89, pronunció las palabras de agradecimiento, y exhortó a sus compañeros a asumir la magistratura con responsabilidad y vocación de servicio.

“Entreguemos el corazón a esta misión y dignifiquemos la toga que portaremos, no porque represente privilegio alguno, sino por el peso del deber que descansa sobre nuestros hombros.

Que allí donde nos corresponda intervenir, ofrezcamos siempre una respuesta oportuna y ajustada a derecho; siempre teniendo presente que todo lo que somos es lo que vamos dejando detrás”, expresó.

La labor de altruismo realizada por el brazo social del BCRD incluyó artículos de primera necesidad, medicamentos y un aporte monetario

Santo Domingo. República Dominicana. – El gerente del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en representación del gobernador, Héctor Valdez Albizu, y de las autoridades de esa entidad, Ervin Novas Bello, encabezó el acto de donación a la nación de Venezuela, afectada por los terremotos de gran intensidad que provocaron numerosas víctimas entre la población, asi como muchos daños materiales en ese país, mediante el cual se hizo entrega a una delegación encabezada por Luis Meneces Lares, presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana(CADOVEN), de artículos de primera necesidad y medicamentos recolectados por el Voluntariado Bancentraliano (VB), unido a una aportación monetaria que servirá para costear el envío.

Ervin Novas Bello, presidente del VB por delegación del gobernador, expresó en representación de todos los voluntarios, que en el Banco Central “queremos manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias de los afectados por los terremotos acaecidos el pasado 24 de junio, en La Guaira y Caracas, donde hubo lamentables pérdidas humanas y daños importantes en sus infraestructuras”.

Novas Bello señaló que “el Voluntariado del Banco Central es el brazo que nos permite ejecutar nuestra política solidaria y ha desarrollado una jornada de recolección que incluye:  alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, alcohol isopropílico al 70 %, medicamentos, insumos médicos y fórmulas infantiles”.

Asimismo, manifestó que “estas donaciones por parte del voluntariado del Banco Central, compuesto por el personal activo y pasivo, junto a sus familiares, procuran contribuir a sobrellevar esta situación tan difícil de nuestros hermanos venezolanos, llevando un poco de alivio a quienes no solo perdieron sus hogares, sino también a sus familiares”.

Por su parte el presidente de CADOVEN agradeció el respaldo del Banco Central a través de su voluntariado, destacando, además, la solidaridad y el apoyo que ha recibido el pueblo venezolano por parte de toda la República Dominicana en esta situación de emergencia para su país.

Meneces Lares recibió la donación en compañía de Alexis Hernández, gerente general de Sambil, y Pedro Luis Aceituno, coordinador general de logística del operativo de donación.

En la entrega del donativo junto a Novas Bello estuvieron presentes los miembros del Consejo del Voluntariado Jonathan Abreu, director de Comunicaciones y vicepresidente ejecutivo interino; Denisse Comarazamy, Soraya Bautista y Miosotis Collado, encargadas de las comisiones de Desarrollo y Asistencia Social, Medio Ambiente y Educación, respectivamente. Además, los voluntarios Elvin Rosado García, director de Seguridad del BCRD y Yanery Mora.

El foro mundial sobre transparencia reunirá a más de 2,000 participantes de 140 países.

Santo Domingo.– La República Dominicana acogerá del 1 al 4 de diciembre de 2026 la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), considerada el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, que reunirá en el país a más de 2,000 participantes provenientes de alrededor de 140 países.

El anuncio fue realizado este miércoles por el presidente Luis Abinader, junto representantes de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción, en un encuentro con directores de los principales medios de comunicación del país, representantes de diarios nacionales, canales de televisión, emisoras de radio, quienes conocieron los detalles de la organización de este importante evento internacional que posicionará a la República Dominicana como centro del debate global sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

Durante la actividad, el mandatario afirmó que para el Gobierno la lucha contra la corrupción y la impunidad constituye una de sus principales prioridades, por lo que valoró la celebración de esta conferencia como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en favor de instituciones más transparentes y democráticas.

*La conferencia se celebra cada dos años*

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la Conferencia Internacional Anticorrupción se celebra cada dos años y cuenta con más de 30 años de trayectoria, consolidándose como el principal espacio mundial para el diálogo sobre transparencia, rendición de cuentas e integridad.

El titular de Contrataciones Públicas precisó que el evento reunirá a líderes políticos, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, academia, sector privado y periodistas de todo el mundo, quienes debatirán sobre los principales desafíos y soluciones para prevenir y combatir la corrupción.

Pimentel destacó que la elección de la República Dominicana como sede representa un reconocimiento a los avances que ha experimentado el país en materia de fortalecimiento institucional, transparencia e integridad pública, al tiempo que informó que el programa oficial de la conferencia será presentado en las próximas semanas.

Por su parte, el director de la Conferencia Internacional Anticorrupción, Roberto Pérez Rocha, explicó que la agenda incluirá paneles y debates sobre amenazas a la democracia, crimen ambiental, flujos financieros ilícitos, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, desinformación y otros desafíos que impactan la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

Asimismo, resaltó que el periodismo de investigación ocupará un lugar central dentro de la conferencia, con la participación de organizaciones internacionales como el Pulitzer Center, la Global Investigative Journalism Network (GIJN) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que desarrollarán espacios de capacitación e intercambio de experiencias entre periodistas de diferentes países.

*Agradece al Gobierno dominicano el respaldo para la realización del evento*

En tanto, el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, agradeció al Gobierno dominicano el respaldo para la realización del evento y afirmó que la corrupción es un problema global que solo puede enfrentarse mediante la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.

Valérian señaló que la conferencia promoverá el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para fortalecer la transparencia y la integridad, además de abordar temas como la desinformación y la necesidad de consolidar una mayor cooperación internacional frente a los desafíos que enfrenta la democracia.

La Conferencia Internacional Anticorrupción es reconocida como el principal foro mundial sobre esta materia y constituye un espacio para impulsar alianzas, compartir experiencias y promover políticas públicas orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción a nivel global.

Estuvieron presentes el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; los directores de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna; de Prensa del Presidente (DPP), Carlos Alberto Caminero; de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch y el Asesor en materia de Comunicaciones, Raúl Baz, así como los directores de los periódicos, Listín Diario, Miguel Franjul; de Diario Libre, Aníbal de Castro; de El Nuevo Diario, Persio Maldonado; de El Caribe, Nelson Rodríguez; de Noticias SIN, Alicia Ortega; de Telenoticias, Canal 11, Roberto Cavada; del programa Oye País, Color Visión, Ruddy González; Columnista del periódico El Caribe, Miguel Guerrero; de Hoy Mismo, Color Visión, Luisín Mejía; la editora del Hoy Digital, Millizen Uribe. También de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez y Leidy Blanco.

Una coalición de gremios periodísticos depositó una propuesta en el Congreso Nacional para modificar múltiples artículos que «atan las manos» del ejercicio periodístico.

SANTO DOMINGO. Una amplia coalición de gremios liderada por el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) depositó este miércoles una propuesta de modificación ante el Congreso Nacional, advirtiendo que la propuesta de ley 74-25 vulnera de manera directa derechos constitucionales clave para el libre ejercicio periodístico en la República Dominicana.

La comisión, encabezada por la dirigente gremial Yudelki Guerrero, junto a representantes del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y el Movimiento Marcelino Vega, valoró la apertura de la cámara legislativa, pero alertó sobre el impacto que tendrían las normativas en estudio si son aprobadas sin modificaciones.

Artículos vulneran la libertad de prensa

En ese orden, los comunicadores explicaron que un grupo extenso de artículos de la Ley 74-25 (entre ellos el 29, 39, 121, 123, 192, 193, 208, 209 y del 210 al 212, así como el 368, 370 y 379) contienen disposiciones que afectan de forma directa los derechos fundamentales protegidos por la Constitución dominicana.

En tanto, la preocupación principal radica en la posibilidad de presiones legales que obliguen a los profesionales de la comunicación a divulgar sus fuentes informativas, dejándolos expuestos a sanciones.

«Corremos el riesgo de que nuestra licencia, el derecho de informar como comunicadores y periodistas, podría ser afectado, pero también el medio al cual ustedes representan, y ese secreto profesional», advirtió el presidente del gremio Luis Perez.

Amenaza al secreto profesional y de fuentes

La comisión del CDP enfatizó que, de no ponderarse estas sugerencias, los periodistas quedarán de «manos atadas» y sin derecho real a existir como fiscalizadores de la sociedad. Insistieron en que el libre acceso a las fuentes de información es vital para que la ciudadanía pueda estar debidamente informada, por lo que pidieron al Congreso analizar con rigurosidad técnica cada uno de los puntos expuestos en el documento entregado.