El ex-titular del Ministerio de Industria y Comercio durante el primer período de gobierno del presidente Danilo Medina (2012-2016) y ex-presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) hasta febrero pasado, José Del Castillo Saviñón, presentó a la opinión pública nacional una certificación emitida por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de fecha veintinueve (29) de noviembre del 2018, donde se consigna el cumplimiento de sus obligación de prestar Declaración Jurada de Patrimonio (DJP), conforme a la Ley.
A dicha Certificación la Cámara de Cuentas anexa las tres declaraciones que éste ha realizado al asumir el cargo de Ministro de Industria y Comercio (MIC), al tomar posesión como Presidente del INDOTEL y al cesar en dicha función, precisamente, en esa última declaración, el patrimonio declarado por el saliente funcionario ascendió a la suma de ochenta y seis millones trescientos doce mil quinientos veintiocho pesos con 46/100 (RD$86,312,526.00), lo que contradice los alegatos del pasado lunes 26 de noviembre, expresados por directivos del Movimiento Marcha Verde, quienes argumentaron que dicho patrimonio asciende a Trescientos Setenta y Siete Millones de pesos (RD$377,000,000.00), y demuestra que es falsa la acusación de que dicho patrimonio se ha incrementado durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario público, como reiteraran en el día de hoy dichos manifestantes al depositar un acusación ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la corrupción administrativa.
De igual manera reiteró las razones que motivaron las decisiones que tomó en su momento para que el país ampliara su capacidad de importación de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con la construcción de modernas facilidades de almacenamiento, al afirmar que “gracias a esa decisión, se hace prácticamente imposible que el país afronte peligro de desabastecimiento ese producto, lo que era un constante dolor de cabeza”.
Del Castillo Saviñón, además, expresó que, “Con relación a nuestras actuaciones como ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MIC, 2012-2016), dentro de las razones que motivaron la decisión de un ajuste en el cargo de manejo de terminal de importación del Gas Licuado de Petróleo (GLP), mediante la Resolución No. 367-BIS, adoptada al efecto en el año 2015, estuvo la necesidad de crear las condiciones para la ampliación de la capacidad de importación y almacenamiento del país, a los fines de acceder en mejores términos al mercado internacional.
Contrario a lo que se ha dicho, esta decisión no se produce para favorecer a un importador en particular, sino que estableció condiciones generales sobre un componente de la fórmula de paridad de importación (PPI), para ser aplicado por todos los importadores nacionales y en el marco de las atribuciones que la Ley y los reglamentos le otorgan al MIC.
Debido entre otras cosas, a que la República Dominicana tenía serias limitaciones en su disponibilidad de almacenaje, un máximo de diez días, y dependía de un sólo suplidor internacional que ha mantenido durante la última década un almacenamiento flotante en un buque cisterna anclado en la Bahía de Ocoa, lo que genera un sobrecosto en la logística de suministro de este producto.
Históricamente, estas circunstancias han llevado al MIC a la adopción de resoluciones emitidas por los diferentes gobiernos, variando el componente de flete de la indicada fórmula de paridad de importación.
Para solucionar de una vez y por todas estas desventajas logísticas, como parte de las premisas utilizadas para establecer el nuevo componente de cargo de terminal, en la indicada resolución se incorporaron condiciones que han permitido, que en los últimos dos años, los importadores hayan ejecutado planes para la construcción de nuevas facilidades para la importación de GLP.
Es gracias a esta decisión, que el país cuenta con la capacidad de recibir los barcos más grandes disponibles para el suministro de GLP y con facilidades de almacenamiento que garantizan un mes de consumo nacional, lo cual prácticamente hace imposible que “volvamos a afrontar situaciones de desabastecimiento de éste producto”; libera al país de depender de un solo suplidor; lo que le exime de pagar un alto costo por el alquiler de un almacenamiento flotante; y, le permite acceder al mercado de “contratos futuros” beneficiándose aún más de las fluctuaciones de los precios internacionales, en adición a la capacidad de contratar el mayor volumen de suministro disponible por vía marítima en el mercado internacional.
Esta nueva realidad, es lo que hoy ha generado las condiciones para que se produzca una disminución significativa en los componentes del Precio de Paridad de Importación (PPI) del GLP, y de esta manera el Gobierno pueda disponer los cambios que propuso al Congreso Nacional como parte de la adenda depositada e su momento por el Ministro de Hacienda al Proyecto de Ley de Presupuesto y Gastos correspondiente al año 2018”.
