Para encarar correctamente el tema de la delincuencia, en República Dominicana tenemos que desinstalar la visión y el discurso que asocia los robos y asaltos sólo a un problema de seguridad pública, sin dimensionar la exclusión social como factor de alto impacto en la problemática.
La opinión es emitida por la investigadora de temas sociales y políticos Olaya Dotel, quien describe que desde su semántica, el término seguridad posee su origen en la palabra latina securitas /securus, que a su vez deriva de sine cura que significa sin cura, sin preocupaciones, sin problemas, en tanto securitas significa libre de preocupaciones, amenazas o problemas, es decir, sentirse a salvo de cualquier daño que pueda ser causado por otros.
Documenta que en las modernas sociedades de consumo la exclusión social puede reducir significativamente los bienes, servicios y oportunidades que las personas necesitan para desarrollar plenamente su potencial, hasta el punto en que su propia condición de ciudadanos corre riesgo, mostrando que la exclusión social afecta la seguridad humana.
“Cuando las personas socialmente excluidas ven desaparecer potenciales oportunidades, o cuando la brecha que separa sus duras realidades con las de otros miembros de la sociedad sigue creciendo, algunas reaccionan perpetrando actos de violencia y delitos”, sintetiza.
La seguridad humana significa que las personas pueden acceder y ejercer las opciones que la sociedad les brinda en forma segura y libre, y que pueden tener relativa confianza en que las oportunidades que tienen hoy no desaparecerán totalmente mañana, afirma Dotel.
La especialista analizó el tema en su exposición “Inclusión Social y Seguridad Ciudadana”, como parte del ciclo de conferencias y conversatorios del Centro de Estudios de Políticas Públicas, (CEP) que auspicia el economista y dirigente político Luis Abinader.
Dotel considera vital la inversión pública en un enfoque territorial con énfasis en los jóvenes, el incremento del acceso y calidad a servicios públicos en las provincias y municipios, en la zona rural y urbana, ampliación de oportunidades en el lugar donde vive la gente, la instalación de escuelas de bellas artes municipales y la ampliación de la oferta deportiva a través de los centros escolares, como acciones que contribuyen a reducir y controlar la delincuencia.
Incluye también la ampliación y fortalecimiento de la calidad formación técnica, priorizar la inversión que responda a necesidades de la población, modificando la estructura de la inversión en educación para elevar la calidad de la enseñanza y priorizar recursos a la salud pública, e incrementar el porcentaje del presupuesto dirigido a los Ayuntamientos, con el objetivo de recuperar los espacios públicos para la gente.
Enfatiza la importancia de dar respuestas integrales a la eliminación de la impunidad y disminución de la corrupción pública y privada.
Entre las políticas de prevención del delito incluye la eliminación de la impunidad, para lo cual se requiere el fortalecimiento y autonomía del Ministerio Público, así como la modificación de la norma de declaración jurada de bienes, para que se tenga que incluir las evidencias en su contenido.
Entre las medidas de control resalta el fortalecimiento de la Policía Nacional, incluyendo la dignificación y profesionalización de sus efectivos, así como de las estructuras de los diferentes cuerpos de orden y seguridad.
Como una condicionante general, Dotel considera indispensable que desde el Consejo Nacional de la Magistratura se trace la normativa para que todo el aparato de prevención y control del delito tenga la debida independencia del Poder Ejecutivo, lo que implica, la salida del Procurador de la República, ya que con su presencia inclina la balanza a favor del Presidente de la República.
A los eventos del CEP acuden estudiantes universitarios y secundarios e interesados en los temas sociales y políticos. La entidad cuenta con la vicepresidencia académica del sociólogo Wilfredo Lozano, la dirección ejecutiva de la diputada Gloria Reyes y el abogado Eylin Beltrán, quien es director administrativo.
