SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en una primera discusión, con modificaciones, el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Previo a su aprobación, el proyecto fue objeto de amplios debates por parte del pleno, en los que participaron 19 diputados de todas las bancadas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Entre los participantes del debate estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien afirmó que el proyecto que instituye el Código Procesal Penal tiene la misma magnitud y la dimensión histórica del proyecto de ley de Extinción de Dominio y del proyecto que instituyó el nuevo Código Penal.

“Este proyecto es uno de los grandes proyectos que este Congreso Nacional debe conocer y con el cual nosotros estamos haciendo nuestro aporte para reducir la mora legislativa y cumplir con nuestro mandato de dotar al país de las leyes necesarias para el ordenamiento jurídico”, expresó Pacheco.

El legislador valoró el arduo trabajo que hizo el Senado de la República para la aprobación del proyecto, así como el trabajo realizado por los diputados comisionados para el estudio de la pieza legislativa.

“Queremos dar las gracias al poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Defensa Pública, que se fajaron a defender los derechos fundamentales, como nosotros lo hemos hecho aquí en el Congreso”, manifestó.

También, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, diputado Wandy Batista, dijo que durante el estudio del proyecto en la comisión, se trabajó con reflexión, seriedad y con la ciencia, para tratar de tener un criterio equilibrado, que es lo que corresponde como legisladores.

El texto aprobado en primera lectura consta de 471 artículos.

Al cerrar los trabajos de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados convocó a sesión para mañana miércoles 3 del mes en curso, a partir de la 1:00 de la tarde, donde se espera la segunda discusión de la propuesta legislativa.

El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero Teodoro Tejada, advirtió que una gran cantidad de construcciones gubernamentales se encuentran afectadas por el nudo legal, ante la falta de aplicación igualitaria de la Ley 83-24 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales.

“Esta ley tiene por objeto permitir y garantizar que las obras de construcción de escuelas, hospitales, obras viales, presas y otras infraestructuras públicas que se encuentran suspendidas por falta de partidas presupuestarias que permitan la cubicación, con carácter transitorio, debido a que las mismas superan el veinticinco por ciento del monto inicial contratado o aquellas que no han iniciado, puedan ser concluidas por los entes contratantes”, explicó.

Teodoro Tejada recordó que la referida pieza sometida por el presidente Luis Abinader y posteriormente convertida en ley, surgió para resolver el llamado “nudo legal” que impedía la terminación de una gran cantidad de obras de otras administraciones.

Por tal razón, el profesional de la construcción, aseguró que a todas las obras públicas, con incremento de presupuesto mayor al 25% del total contratado, que no le aplique la ley 83-24; es violatoria la Constitución, en sus derechos fundamentales, artículos 39 y 50 y es aplicable.

También indicó que su no aplicación puede ser objeto de una Acción de Amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), de acuerdo al artículo 72 de la Carta Magna, la cual protege los derechos fundamentales de las personas frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que les violen.

“La Ley 83-24 que modifica los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14 y 16, de la Ley núm. 118- 21, sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentren suspendidas, encargó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a actualizar los precios generales de dichas obras, de 17 de diciembre de 2024”, recordó el expresidente del Codia,

Tejada señaló que las obras, cuyo monto inicial de su contrato superen el 25 % del monto inicial; tienen igual derecho que los proyectos impactados en el artículo 7, de la ley 83-24, que modificó el artículo 13, de la ley 118-21; atendiendo al mandato del ordenamiento del derecho fundamental del artículo 39, numeral 3. Derecho a la igualdad, protegido por el artículo 8. Función esencial del Estado y el artículo 68. Garantías de los derechos fundamentales de la Constitución.

“Nosotros aprovechamos para hacerle un llamado al presidente Luis Abinader Corona para que instruya a todos los funcionarios a cumplir con la referida ley, ya que además de afectar a los miles beneficiarios de las obras ubicadas en diferentes puntos del país, que podrían tener varios años en espera de su terminación, cientos de contratistas están enfrentando fuertes problemas económicos”, puntualizó.

En los próximos días se volverá a convocar al Consejo para la selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Santo Domingo. -El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió este martes a los jueces que integrarán el Tribunal Superior Electoral, una de las altas cortes que conforman el sistema judicial dominicano.

En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.

En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.

*Jueces titulares y suplentes*

Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad, además, para continuar como presidente del mismo, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

Respectivamente, los suplentes son: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.

“Es importante resaltar a la ciudadanía, a toda la comunidad jurídica, que el Consejo Nacional de la Magistratura designó dos mujeres, y con eso manda un mensaje de que está dándole cumplimiento al artículo 39.5 de la Constitución y toma en cuenta lo que es la paridad”, concluyó la magistrada Nancy Salcedo.

La reunión fue convocada por el presidente Luis Abinader tras haber concluido las cuatro rondas de vistas públicas en las que se evaluaron 81 de 83 postulantes, que expusieron al pueblo dominicano sus méritos y trayectoria profesional.

En la misma participaron todos los integrantes, encabezados por el presidente Abinader, quien lo preside, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

El jefe de la Misión de Observación Electoral del organismo y presidente de la JCE entrega informe preliminar.

Honduras. – El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, en su calidad de jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), entregó este martes a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, el informe preliminar de las elecciones generales de este país para período 2026-2030, celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.

“La UNIORE aboga para que el proceso electoral de 2025 concluya exitosamente en su etapa final, conforme a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, en un ambiente de paz y con la debida espera de los resultados oficiales emitidos por las autoridades competentes”, manifestó Jáquez Liranzo, quien estuvo acompañado por los miembros titulares Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises y el consultor Jurídico, Denny Díaz Mordán.

Expuso que la misión se enmarcó en los propósitos de la UNIORE y estuvo integrada por representantes de organismos electorales miembros de la Asociación, magistrados y magistradas, funcionarios de El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Destacó que en este proceso electoral también participaron funcionarias del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva, y que todos ellos tomaron parte en las jornadas de información, así como la observación de la jornada electoral.

“La misión señala que, conforme a la cláusula segunda, inciso c), del acta constitutiva de la UNIORE, se promueve la participación de representantes de organismos electorales miembros en calidad de observadores en los procesos electorales. Asimismo, estas misiones tienen como fin incrementar la cooperación, facilitar el intercambio de información, especialmente, reconocer las buenas prácticas y formular recomendaciones orientadas a mejorar los procesos electorales observados”, añadió.

Se destaca que la miembro titular del Pleno de la JCE, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, participó como observadora en representación de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

La Misión de Observación Electoral de UNIORE durante las elecciones generales de Honduras de 2025 acompaña y analiza las distintas etapas del proceso electoral para promover la transparencia, integridad y confianza ciudadana.

Santo Domingo. El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, ofreció este martes una detallada valoración sobre el comunicado emitido recientemente por la Junta Central Electoral (JCE) hacia su organización, subrayando que se trata de una advertencia preventiva y no de una sanción formal.

Paz explicó que la JCE reconoció en su propia comunicación que las actividades de la Fuerza del Pueblo, incluida la multitudinaria Marcha del Pueblo celebrada el 30 de noviembre, se desarrollaron dentro del marco constitucional y legal que ampara el derecho a la protesta pacífica.

En ese sentido, afirmó que el partido ha sido “cuidadoso y escrupuloso” en armonizar el ejercicio de sus derechos fundamentales con las limitaciones establecidas por la Ley Electoral, cumpliendo con los lineamientos y salvaguardas que exige el órgano comicial.

“Lo que la JCE ha hecho es una advertencia general, un recordatorio de las normas vigentes, no una sanción. Si hubiésemos violado la ley, el órgano lo habría expresado de forma categórica. Ellos mismos reconocen que nuestra movilización se desarrolló de manera ordenada y en respeto a los parámetros institucionales”, sostuvo el dirigente político.

No obstante, Paz aprovechó para denunciar que, a su juicio, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sí ha incurrido en prácticas que desvirtúan la equidad del proceso electoral al realizar actividades “abiertamente proselitistas” bajo la figura de jornadas de verificación. Indicó que estas iniciativas, presentadas supuestamente como ejercicios internos de organización política, terminan convirtiéndose en eventos masivos orientados a promover figuras oficiales y generar simpatías electorales anticipadas.

El presidente de la FP en el Distrito Nacional también acusó al oficialismo de utilizar de manera política la tradicional “brisita navideña”, una ayuda social que, según afirmó, debería distribuirse de forma institucional, transparente y sin vinculación alguna con intereses partidarios. Aseguró que este tipo de prácticas buscan influir en los sectores más vulnerables, aprovechando las limitaciones económicas de muchas familias dominicanas para favorecer al partido de gobierno.

“Mientras la Fuerza del Pueblo respeta la ley, el PRM aprovecha mecanismos clientelares bajo la excusa de programas sociales y supuestas verificaciones. Eso sí altera las reglas del juego y sí constituye un riesgo para la transparencia y la equidad del proceso democrático”, puntualizó.

En ese sentido, Paz hizo un llamado formal a la Junta Central Electoral para que actúe con firmeza y emita una sanción contra el partido oficialista, asegurando que la legitimidad del proceso electoral rumbo a 2028 depende de la aplicación imparcial de la ley y de la garantía de condiciones igualitarias para todas las organizaciones políticas.

Finalmente, reiteró que la Fuerza del Pueblo continuará ejerciendo sus derechos ciudadanos de manera organizada, pacífica y dentro del marco jurídico, y reafirmó el compromiso del partido con una competencia política democrática, transparente y respetuosa de las instituciones.