Impulsando la transformación digital en los servicios de peaje.

Santo Domingo. El Fideicomiso RD Vial puso a disposición de los usuarios una nueva actualización de la aplicación móvil del servicio de Paso Rápido, como parte de su proceso de transformación digital para ofrecer a los ciudadanos un sistema más ágil, transparente, seguro y completo, alineado con los objetivos de modernización de la entidad.

Bajo el eslogan «La solución está en tus manos», la nueva versión de la aplicación de Paso Rápido integra una serie de funciones avanzadas que responden a las necesidades actuales de los usuarios, permitiéndoles gestionar sus transacciones y dispositivos de manera sencilla y eficiente desde sus móviles inteligentes.

La actualización, disponible para los sistemas operativos de Android y Apple, incorpora herramientas que facilitan la personalización y administración de múltiples cuentas, la gestión de dispositivos y la recarga de saldo de manera automática, entre otras opciones.

De acuerdo con el equipo de desarrollo de la dirección de tecnología de RD Vial, dentro de las principales funciones de la aplicación Paso Rápido, además, está la creación de cuentas familiares, agregar o eliminar tag asociados, activación y desactivación de dispositivos, traspaso de saldo entre dispositivos y recarga automática.

Asimismo, también integra la posibilidad de recargar saldo a terceros, consulta detallada de eventos y tránsitos por fechas, mapa actualizado de peajes con sus precios, notificaciones en tiempo real de recargas, consumos y eventos, así como también la opción para gestionar reclamaciones directamente desde la app.

Jean Luis Rodríguez, director de RD Vial, destacó los esfuerzos continuos para optimizando la experiencia de los ciudadanos a través de soluciones digitales más innovadoras y funcionales. «Con esta actualización, buscamos que los usuarios tengan en sus manos todas las herramientas para una gestión autónoma y transparente de sus transacciones. Es un paso más en nuestro compromiso con la digitalización y transformación digital de los servicios de RD Vial para más eficiencia».

Santo Domingo, República Dominicana. Tras el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la próxima designación de un nuevo Director Ejecutivo de la Alianza Público Privada (APP), luego de la renuncia de Carlos Pimentel a su designación efímera en el cargo, el dirigente sindical y abogado Mario Díaz ha sugerido al primer mandatario, que considere al Ingeniero Eduardo Estrella para ocupar dicha posición.

Eduardo Estrella, expresidente del Senado de la República y líder de uno de los principales partidos aliados al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los pasados comicios, sería una opción clave para seguir fortaleciendo la alianza público privada en el tren gubernamental.

Mario Díaz destacó que la designación del Ing. Estrella sería una decisión estratégica que reforzaría el compromiso del Gobierno con los aliados políticos, incluyéndonos, si somos designados en una posición importante en esa cartera, ya que hemos jugado un papel fundamental en el triunfo electoral del Presidente Luis Abinader, tanto en el 2020 como en el 2024.

Díaz expresó que la designación de Eduardo Estrella, sería percibida por la población dominicana como un seguimiento a la integración de figuras relevantes en el ámbito político nacional y que no solo contribuiría a consolidar la estabilidad gubernamental, sino también a fortalecer la visión de un sistema de Contrataciones Públicas integrado y eficiente.

«La designación del Ingeniero Eduardo Estrella sería una oportunidad para reafirmar el enfoque de transparencia y reducción de gastos que el presidente Luis Abinader ha promovido desde el inicio de sus dos gestiones gubernamentales, además este nombramiento permitiría continuar con el objetivo inicial de la creación de una estructura unificada, diseñada para optimizar los recursos del Estado y para reducir la duplicidad de funciones en el tren gubernamental», afirmó Díaz.

Carlos Pimentel tras su breve designación en el puesto, enfrentó numerosas críticas por la posible duplicidad de funciones en la gestión pública, lo que generó reacciones de distintos sectores de la población dominicana y ante esta situación, Mario Díaz considera que la designación de Eduardo Estrella aportaría a la administración pública una vez más, no solo un liderazgo con experiencia política y un historial de compromiso con la gobernabilidad, sino también una mayor aceptación pública probada, debido a su papel relevante en el fortalecimiento de la democracia dominicana.

El dirigente sindical expresó que, con esta decisión, se reforzaría el reconocimiento a la colaboración de los aliados políticos del PRM, sumando liderazgos respetados y con experiencia probada, que contribuirían a la eficiencia y sostenibilidad del modelo de alianzas público-privadas, clave en la visión de desarrollo del Gobierno, por lo que esperamos que esta sugerencia sea valorada como una solución viable.

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su firme apoyo a la reciente decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 2 años de prisión a un ciudadano vinculado a la venta ilegal de medicamentos falsificados.

El gremio empresarial manifestó, mediante un comunicado de prensa, que con este tipo de sentencias se va definiendo un claro régimen de consecuencias para aquellos que incumplan con el marco legal vigente para la comercialización de productos regulados y trae tranquilidad al sector industrial y comercial formal en el país.

«La comercialización de productos falsificados pone en riesgo la vida de las personas y perjudica la reputación del sector comercial formal. Esta sentencia es un claro ejemplo de cómo la justicia puede aplicar de manera efectiva las sanciones que establece nuestro marco legal contra quienes realizan prácticas comerciales ilegales en el mercado», declaró Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

La AIRD hizo un llamado a la sociedad a apoyar los esfuerzos de las autoridades para combatir todas las manifestaciones del comercio ilícito en el mercado.

“De nuestra parte, seguiremos apoyando las iniciativas del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención creado por la Ley 17-19 sobre La Erradicación del Comercio Ilícito, así como de cualquier otro espacio de interacción que tenga como objetivo enfrentar la informalidad en el país”, precisó Pujols.

SANTO DOMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó, en su sesión número 26-2024,  la modificación del Reglamento que regula el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

Se trata de un instrumento que busca fortalecer el sistema de integridad institucional en la administración de justicia, bajo la lógica de que un buen desempeño ético de cara a la función pública y la ciudadanía responsable es una garantía que respalda la prevención para el blindaje moral, y consecuentemente evita incurrir en faltas disciplinarias, destaca una nota de prensa enviada este martes.

El reglamento define el Comité de Comportamiento Ético como un órgano especializado en ética e integridad judicial, encargado de aplicar, estudiar, promover y difundir los valores, principios y orientaciones establecidos en el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.  La regulación según el contexto del reglamento está a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Se detalló que el Comité está integrado por seis jueces de la Suprema Corte de Justicia, elegidos por el Pleno de ese alto tribunal a propuesta del juez presidente, quien lo presidirá y, además, le compete hacer la propuesta a dicho órgano de sus demás integrantes.  Las funciones del Comité incluyen recibir y resolver solicitudes sobre reproches éticos, brindar respuestas a consultas formuladas por servidores judiciales y hacer recomendaciones institucionales y protocolares para unificar criterios éticos a nivel nacional.

El reglamento también consagra cuatro Comisiones Consultivas Regionales, que actuarán como entidades colaboradoras del Comité, cuyo rol de gobernanza consiste en la promoción de los valores éticos. Estos órganos tendrán competencia para actuar dentro de sus respectivas demarcaciones o en las que sean comisionados por el Comité para realizar actuaciones determinadas; su función es siempre consultiva y no deliberativa.

La distribución de estas comisiones obedecen a las premisas siguientes: Comisión Región Central, que abarca los Departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo; la Comisión Región Este, que comprende el Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; la Comisión Región Norte, que comprende los Departamentos judiciales de Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi y Puerto Plata; y la Comisión Región Sur, que comprende los Departamentos Judiciales de San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona.

Cada una de las nombradas Comisiones Consultivas Regionales, está integrada por un juez de la Suprema Corte de Justicia que la preside, y cuatro jueces de Corte de Apelación de la región correspondiente, los cuales son designados por el Comité de Comportamiento Ético, a propuesta de su presidente.

En el contexto del referido instrumento se deja claramente establecido que la función del Comité y de las Comisiones Consultivas Regionales no tiene alcance sancionatorio, sino de prevención en aras de crear un efectivo ambiente de empoderamiento de los jueces y demás servidores judiciales tanto del Código de Comportamiento Ético como del Código Iberoamericano de Ética, como parte de un orden normativo que nos vincula por ser parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Cabe destacar que previo a la aprobación de estas modificaciones, en su momento el proyecto de reglamento fue publicado para consulta pública durante 15 días hábiles, en virtud de lo dispuesto por los artículos 30 y siguientes de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos y deberes de las personas frente a la Administración Pública y los artículos 1, 2, 3 y 23 de la Ley núm. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, con el objetivo de garantizar los principios de transparencia y participación ciudadana.

Finalmente, el Pleno Suprema Corte de Justicia, en fecha 17 de octubre del año en curso, después de aprobar el referido instrumento ordenó la publicación y difusión del nuevo reglamento en los medios oficiales, el cual entra en vigor en los 30 días siguientes a la presente publicación.