SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, inició a la segunda etapa del programa «Diagnóstico Participativo para la Renovación y Crecimiento» de esa organización política.

Este plan busca revitalizar y fortalecer la estructura de la organización opositora en todo el país, comenzando con las direcciones provinciales de la región Este y continuar en el Cibao, el Sur y el Gran Santo Domingo.

“El país está en este momento en una situación muy difícil y problemática, a la que nos ha sometido un gobierno sin ningún tipo de visión ni capacidad, de no saber como salir y por lo que quiso hacerlo con una reforma fiscal para castigar más al pueblo dominicano, eliminar la clase media y sobre todo, empobrecer aún más a los humildes de este país que son los más”, explicó Miguel Vargas.

La actividad se llevó este domingo en La Romana, donde Vargas Maldonado se reunió con decenas de líderes locales y provinciales del PRD de las provincias La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Seibo, Hato Mayor y La Romana.

En su discurso, destacó la importancia de la participación activa de las bases del partido en este proceso de renovación, subrayando que la meta es consolidar una fuerza política más moderna, inclusiva y preparada para enfrentar los retos electorales futuros.

La segunda etapa de este programa se centrará en escuchar y capacitar las direcciones provinciales, así como, la de sus miembros para mejorar la organización y la movilización de la militancia.

De acuerdo a lo explicado en un documento de prensa del PRD, con la jornada se pretende además fomentar la integración de nuevos cuadros jóvenes y promover la participación femenina en los espacios de toma de decisiones dentro del partido.

El PRD espera que, a través de estas iniciativas, se fortalezca su posición como una alternativa política relevante en la región Este y en todo el país, de cara a los próximos procesos electorales.

Miguel Vargas estuvo acompañado por un nutrido grupo de dirigentes de la dirección nacional del partido, entre lo que se encontraban su secretaria general Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, Carlos Dicló, secretario de organización, Juan José Zapata, secretario electoral, Silvia García, Héctor Guzmán, Henry Blanco, Cañón Taveras, Mario González, José Abreu, Gerardo baldera , Juan Sanchez , Katy Duran, Roberto Martínez, en

SANTO DOMINGO.- La organización no partidista, Participación Ciudadana informó que se opone a la nueva política aprobada por el Poder Judicial, que permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física.

De acuerdo a la organización, dicha disposición «ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción».

«La Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal», indica una nota enviada este martes.

«La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables», apuntó la entidad en la nota de Participación Ciudadana.

Explicó que el acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.

Participación Ciudadana sostuvo que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.

De acuerdo a la entidad, en la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, que es requerida para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre.

«Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza», señaló la entidad no partidista.

Agrega que su preocupación radica porque esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.

Hace un llamado al Poder Judicial para que retire esta normativa, por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad.

De manera especial, preocupa que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, calificó las exoneraciones otorgadas a los legisladores dominicanos como una forma de corrupción legalizada que atenta contra los recursos del Estado.

En sus palabras, estas prácticas han resultado en perjuicio económico significativo para el país, además de representar un fraude a la ley.

Lo más preocupante, según Moreno, es que un alto porcentaje de los vehículos exonerados de impuestos traídos al país, son deportivos y de lujo, destinados a su venta en violación de la ley.

“Es repulsivo que quienes son responsables de elaborar las leyes se beneficien de este privilegio y, al hacerlo, incurran en fraude. Esto constituye un verdadero acto de estafa contra el Estado”, afirmó Moreno y que la práctica no solo es inmoral, sino ilegal.

Explicó que en Alianza País, los legisladores del partido han rechazado categóricamente este privilegio. Tanto el diputado Fidelio Despradel (2016-2020) como Pedro Martínez (2020-2024 y 2024-2028) han sido ejemplos de una política ética al no aceptar estas exoneraciones.

Un llamado a la acción política y legal

Moreno instó al Ministerio Público a investigar y actuar contra los legisladores involucrados en la venta fraudulenta de estas exoneraciones, señalando que constituyen un mecanismo de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, exhortó al Partido Revolucionario Moderno (PRM), con su mayoría en el Congreso Nacional, a legislar para eliminar este privilegio y contribuir a la moralización del ejercicio legislativo.

“Eliminarlas requiere voluntad política, pero como bien se dice en nuestros campos, ‘la auyama no pare calabaza’. Sin embargo, debemos aspirar a transformar esta realidad”, concluyó el líder de Alianza País.

De acuerdo con investigaciones recientes publicadas en Diario Libre, desde 2010 hasta 2021, senadores y diputados importaron 1,148 vehículos bajo este esquema, privando al Estado de ingresos por un monto de RD$2,649 millones.