COLAC cuenta con 31 miembros en toda la región, de los cuales solo siete siete son cooperativas dominicanas.

Ciudad de Panamá.-La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) se ha convertido en miembro de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), al recibir su certificado de afiliación durante la XVII Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana, celebrada en la Ciudad de Panamá bajo el lema “Líderes del cambio”.

El licenciado Lino Andrés Hernández Japa, gerente financiero de Coopnama, recibió el certificado en representación de la alta dirección de la cooperativa. Al respecto, destacó la importancia de este logro para la institución.

«Esta afiliación a COLAC representa un avance significativo para Coopnama, ya que nos permite fortalecer la cooperación con instituciones homólogas de toda América Latina, en beneficio de nuestros asociados y del desarrollo del cooperativismo en la República Dominicana», expresó Hernández Japa.

Durante el evento, también fue otorgada la afiliación a la Cooperativa de los Empleados del Banco de Reservas (Coopreservas). Con la incorporación de estas dos nuevas entidades, la COLAC suma ahora 31 organizaciones miembro, entre federaciones, cooperativas de ahorro y crédito de gran tamaño, bancos cooperativos y asociaciones de cooperativas de toda la región.

Coopnama se suma así a un selecto grupo de siete cooperativas dominicanas que forman parte de la red de afiliados de COLAC, fortaleciendo la integración y el desarrollo del sector cooperativo en América Latina.

La XVII Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana es un espacio clave para el diálogo y la reflexión entre líderes del sector, quienes en esta edición discutieron temas cruciales para el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito, como la innovación, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

*Dirección de Comunicaciones Coopnama*

SANTO DOMINGO– El diplomático y Consultor Político, Carlos Gabriel García, afirmó que, una vez que la República Dominicana supere la bulla mediática generada por la propuesta de reforma fiscal que promueve el Poder Ejecutivo para garantizar la estabilidad económica del país, el pueblo dominicano podrá valorar en su justa dimensión el fenómeno político observado en la Asamblea Nacional.

Durante su participación en el programa Hablando Claro, transmitido por Metrovisión, García aseguró que el presidente de la República, a pesar de contar con la mayoría necesaria para modificar el modelo de elección presidencial y postularse para un tercer período, decidió apostar por la democracia con una reforma constitucional que fortalece el sistema político del país.

El aspecto más relevante de dicha reforma, según García, son las disposiciones que limitan el modelo de elección presidencial, con el fin de prevenir o hacer más difícil la aparición de caudillos o figuras providenciales, que históricamente han subordinado los intereses permanentes de la nación a sus ambiciones personales.

Finalmente, García destacó que el presidente Abinader cumplió su promesa de limitar la reforma a los acuerdos establecidos en la ley que convocó la Asamblea Nacional, reforzando su compromiso con el respeto a las instituciones y el Estado de derecho.

Se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón y evitar la automedicación.

Santo Domingo, D.N – El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que el número de casos de enfermedades respiratorias registrado hasta el momento se encuentra dentro de los parámetros esperados para la temporada, sin que se haya detectado un brote inusual. No obstante, la entidad exhorta a la población a seguir tomando medidas preventivas para evitar nuevos contagios y complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

El organismo explicó que, como es habitual entre los meses de octubre y febrero, se ha observado un aumento en los casos de gripe estacional, influenciado por factores climáticos que favorecen la propagación de virus como la influenza, el virus respiratorio sincitial y el metapneumovirus. Estos datos provienen de la vigilancia centinela y de las muestras procesadas por el Laboratorio Nacional de Referencia Doctor Defilló.

El Ministerio informó que en las próximas semanas se anunciará la disponibilidad de la vacuna contra la influenza, que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y sus complicaciones, especialmente entre los lactantes, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas mayores y aquellos con sistemas inmunodeprimidos.

Asimismo, el MSP recomendó continuar con medidas básicas de prevención, tales como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso de mascarillas en espacios cerrados o concurridos, la desinfección de superficies y evitar la automedicación.

En caso de presentar síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, se insta a la población a acudir al centro de salud más cercano para recibir atención médica adecuada.

El Ministerio reitera que, aunque la situación actual de las enfermedades respiratorias está bajo control, es fundamental que toda la población siga estas recomendaciones para minimizar el impacto de la temporada y proteger a los más vulnerables de posibles complicaciones.

Las modificaciones contemplan la prohibición a la reelección presidencial, reducción de la matrícula de los diputados, y unificaciones de elecciones presidenciales, congresuales y municipales.

Santo Domingo. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en segunda lectura, con su informe favorable, las modificaciones a los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274, y la inclusión del artículo 278 a la Carta Magna, así como las disposiciones transitorias incluidas en las modificaciones, que indican que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República.

El pleno inició su tercer encuentro pasadas las 3.57 de la tarde con una asistencia de 26 senadores y 164 diputados para un total de 190 asambleístas presentes en los trabajos legislativos, de una matrícula de 222 que conforman la Asamblea Nacional Revisora.

Tras iniciar los trabajos, el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, solicitó dar lectura al informe favorable rendido por las comisiones de Estilo y Verificación sobre las modificaciones que serán realizadas a la Constitución.

En lo adelante, el artículo 209 de la Carta Magna señala que las asambleas electorales funcionaran en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. “Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, parlamentarios de organismos internacionales, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones serán celebradas el tercer domingo del mes de mayo”.
También quedó habilitada la disposición transitoria incluida en las modificaciones a la Constitución que prohíbe al presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, nunca más presentarse al mismo cargo, ni a la vicepresidencia de la República.

En tanto que, el artículo 268 de la Carta Magna, detalla que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de la Carta Magna, y que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Indica que tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de esta constitución.

La Asamblea Nacional Revisora, aprobó además, la propuesta de modificación del artículo 274 sobre el periodo constitucional de funcionarios electivos. “En lo referente al ejercicio electivo del presidente y el vicepresidente de la República, así como los representantes legislativos, parlamentarios de organismos internacionales, de las autoridades municipales y demás funcionarios electivos, terminan el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente periodo constitucional con las excepciones previstas en la Constitución, señala el nuevo texto.
El párrafo 1 establece que, cuando un funcionario electivo cese en el cargo por muerte, renuncia, inhabilitación u otra causa, quien lo sustituya permanecerá en el ejercicio del cargo hasta completar el periodo constitucional.

El párrafo II establece que, en caso de vacío en la línea sucesoral de la línea municipal se establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes.

También, fue aprobada la medida transitoria presentada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional Revisora, Alfredo Pacheco, indicando que, las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero del 2028, tendrán un periodo que iniciará el 24 de abril y concluirá el 16 de agosto del 2032.

El artículo 278, señala los ejercicios electivos y reformas constitucionales. “Ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato, cuando esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa”.
Otros artículos que fueron modificados son el 169 y el 171. El primero versa sobre que, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

En tanto que, el artículo 171, indica que el presidente de la República al inicio de su mandato propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada Procurador General de la República y siete para que sean designados como Procuradores Adjuntos, de conformidad con la ley.
La Asamblea aprobó una modificación al artículo 171, sometida por el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, que otorga un plazo de cien días al presidente de la República, luego de su juramentación, para proponer al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para ser designada Procurador General de la República y aquellas que representen la mitad de los Procuradores Adjuntos, de conformidad con lo establecido en la ley.

Además, fue aprobado con modificaciones el artículo 179 que agrega a las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura designar al Procurador General de la República y los siete procuradores adjuntos.

Durante la jornada de este lunes, los asambleístas sancionaron positivamente, el artículo 81 con modificaciones. El mismo indica que, la Cámara de Diputados quedará compuesta por 170 diputados, de los cuales, 158 serán elegidos por circunscripción territorial, mientras que, cinco serán elegidos por acumulación de votos y siete diputados por representación de la comunidad dominicana en el exterior.

También, fueron aprobados los artículos 166, 167 con modificaciones. El artículo 166 versa sobre que el Abogado General de la Administración Pública es el representante permanente de la Administración Pública ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La ley establecerá los requisitos que debe cumplir y regulará la representación de los demás órganos y organismos del Estado ante la misma jurisdicción; en tanto que, el 167 establece que la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, es una dependencia del Poder Ejecutivo, organizada de conformidad con la ley.

En tanto que, el artículo 178, se refiere a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual señala que el mismo será presidido por el presidente de la República; el presidente del Senado de la República; un senador o senadora escogido por el Senado de la República que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados; Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados, que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por su Pleno, quien fungirá de secretario y el presidente del Tribunal Constitucional.

Luego de un receso para que las comisiones de Verificación y Auditoria compruebe la fidelidad del texto modificado en la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, retomó los trabajos de la Asamblea e invito a los asambleísta a pasar por la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Senado, para firmar el nuevo texto constitucional, a partir del miércoles próximo.

Entrará en vigencia luego de que sea proclamada por el Congreso Nacional.

SANTO DOMINGO.- La Asamblea Nacional Revisora aprobó en segunda lectura una nueva enmienda a la Constitución Dominicana, la cual realizó cambios en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la Carta Magna. En lo adelante solo faltaría firmarla y proclamarla por parte del Congreso Nacional para que ésta entre en vigencia.

La revisión de los asambleístas también incluyó una nueva disposición general como artículo 278 que establece que: “Ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato, cuando esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa”.

Aprobaron, además, diez disposiciones transitorias.

¿Qué cambia?

Entre los cambios más significativos está: La reducción en la matrícula de la Cámara de Diputados de 190 a 170, se le cambia el nombre al Procurador General Administrativo por el Abogado General de la Administración Pública; asimismo, se le cambia el nombre de la Procuraduría General Administrativa por Oficina del Abogado General de la Administración Pública; cambia el nombre del Procurador General de la República por Abogado General de la República y su forma de elección, que en la Constitución anterior lo designaba el presidente de la República, se modificó para que sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y tendrá inamovilidad por un periodo de 2 años.

También, la nueva Constitución cambia al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y coloca al presidente del Tribunal Constitucional.

De igual manera, fue aprobada la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales para el periodo electoral 2032.

Los Candados

Sobre los candados propuestos a la forma de elección popular, la disposición general establecida en el artículo 278 coloca una cláusula pétrea al artículo 124 de la Constitución, referente a la elección presidencial. Aún más, el transitorio décimo establece que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo de 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo, ni a la vicepresidencia de la República.

De igual forma, el transitorio noveno expresa que en caso de que el Presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República.

También, el transitorio octavo expresa que, en un plazo no mayor de siete legislaturas ordinarias a partir de la proclamación de esta Constitución, deberán ser elaboradas, adecuadas y aprobadas todas las leyes requeridas en virtud de la presente Constitución.

Por otro lado, el transitorio séptimo establece que las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero de 2028, tendrán un periodo extendido que iniciará el 24 de abril de 2028 y concluirá el 16 de agosto de 2032.

En tanto que el transitorio sexto aclara que las disposiciones contenidas en el artículo 272, relativas al referendo aprobatorio, por excepción, no son aplicables a la presente reforma constitucional.

Se informó que la tasa anual acumulada de homicidios es de 9.65 por cada 100,000 habitantes al 14 de octubre del 2024.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader presentó este lunes en LA Semanal con la Prensa, la nueva imagen de la Policía Nacional, mostrando el prototipo de nuevos uniformes y anunciando más medidas de modernización en todas las áreas.

En esta segunda ola de transformación policial, el mandatario explicó que continúa la modernización de las estructuras educativa y de desarrollo humano, operativa y la administrativa y financiera, además se creó una mesa asesora de expertos con la participación de la sociedad civil.

Asimismo, se crearon espacios de diálogo entre policías, jóvenes y sociedad civil en Santiago y Barahona, que cuenta actualmente con 300 participantes y la creación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional.

*Logros*

Esta transformación trae consigo un moderno sistema de carrera policial que premia el mérito, reconoce los derechos y promueve el crecimiento; carreras con reglas claras para policías de base, mandos medios y directivos; salarios estándar de acuerdo al grado y los ascensos y la creación de un régimen de consecuencias robusto que afiance el control, la disciplina, la investigación y la sanción efectiva.

Los logros se plasman también en el aumento de las capacidades humanas, tecnológicas y operativas de los órganos de control policial; la profundización de la calidad y cobertura educativa; un nuevo modelo de patrullaje orientado al servicio y protección de personas; y por último en los ajustes de la estructura organizacional para desconcentrar la oferta de servicios de la policía provincial y municipal.

*Banco de proyectos estratégicos*

En este se trabajan aspectos de inteligencia policial moderna, transformación tecnológica y cultural, modelo de gestión administrativa y financiera eficiente y transparente y la modernización de infraestructuras y plataformas, gestión humana, órganos de control y sistema de integridad y la Digesett.

*Equipamiento y necesidades centrales*

Se ha establecido la prioridad de adquirir drones, vehículos de criminalística móvil, destacamentos móviles y radares para el control del tránsito con el fin de aumentar la movilidad del patrullaje.

Se trabaja en una nueva imagen con nuevos uniformes, kits para los procedimientos y escenas de crimen; en las denuncias ciudadanas virtuales y físicas; así como también en el equipamiento para las direcciones especiales de servicio directo al ciudadano, que son las de tránsito, niñez y mujeres.

*Recursos e inversiones*

Para lograr estos cambios se destinará un mayor presupuesto que permita la adquisición de camionetas, motocicletas, radares y softwares.

Estos recursos se utilizan también para la formación de nuevos miembros con el objetivo de que en cuatro años se formen 20 mil nuevos policías entre hombres y mujeres. A la fecha hay 4,132 policías en las escuelas de los cuales 1,027 se graduarán el 7 de noviembre y 3,105 el 4 de diciembre.

Se está construyendo además el nuevo edificio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), se está remozando la escuela de Hatillo con capacidad para 980 mujeres, se realizarán cursos complementarios en 13 universidades del país, y el entrenamiento policial en Gaspar Hernández tiene capacidad para 4 mil estudiantes por año.

Dignificación policial

Han habido 7 incrementos salariales en los últimos 3 años.

Se han construido nuevos destacamentos con salas de denuncias, atención al ciudadano y alojamientos dignos para los policías.

Se han inaugurado 32 destacamentos policiales, hay 73 proyectos al 2025 y se tiene como prioridad un destacamento principal para la provincia Santiago.

*Movilidad*

En 2023 se aportaron 277 nuevas camionetas para para el patrullaje policial y 748 nuevas motocicletas. En 2024 van 220 nuevas camionetas, 268 motocicletas y 57 camiones.

*Policías mejor educados y entrenados*

Han habido 2 grupos de egresados con un nuevo pensum transitorio basado en competencias y 6 meses de entrenamiento en los que los estudiantes hicieron pasantías bajo evaluación de supervisores.

Se han realizado capacitaciones en materias civiles por profesores de diversas universidades; se han capacitado 6 mil policías activos en inteligencia emocional y derechos humanos.

Ha habido un nuevo modelo de estructura y normativa del IPES aprobadas provisionalmente, en periodo de prueba de dos años hasta el 2026. Hay cuatro liceos en piloto de bachillerato en Seguridad Ciudadana, a evaluarse en 3 años y existe un Data Center inaugurado con una inversión de 2.6 millones de dólares con el apoyo de INL de los Estados Unidos.

*Tasa de homicidios*

Se informó que la tasa anual acumulada de homicidios es de 9.65 por cada 100,000 habitantes al 14 de octubre del 2024.

*Plataformas tecnólogicas*

La plataforma de seguimiento y monitoreo del crimen-tadeo permite la interoperabilidad con el Estado con lo que 33 instituciones gubernamentales intercambian datos.

Este año se han registrado 3,691,512 servicios realizados.

De igual modo, se han realizado 68,384,221 consultas de personas, vehículos y armas con el sistema de depuración biométrica, de 2023 a la fecha, permitiendo 8,769 órdenes de arresto.

En este aspecto se evidencian por igual mejoras y nuevos proyectos como el C6-1, que es la construcción del Centro de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana.

Está en proceso de prueba una nueva versión de DEBI 360 que integrará un nuevo modelo para identificar extranjeros con alerta de prófugos en el país.

El RPM, reconocimiento de placas en movimiento, utiliza la tecnología para rastrear e identificar, durante los patrullajes, vehículos sospechosos o involucrados en delitos. Además se integraría con el sistema TADEO.

Y finalmente ARCO, que es la aplicación de registro y control de detenidos para uso de los organismos internos de control, prevención e investigación.

Varios expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley.

Así coinciden Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en término de industria extractiva.

Carvajal, quien además es miembro de la Academia de Ciencias, consideró que en el proyecto que se está planteando en El Cachón todavía no hay un permiso y que cualquier tipo de extracción que haya es irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.

“Ya la comunidad ha empezado a manifestarse, por lo tanto, es casi imposible que un proyecto minero en esa zona o cualquier sitio pueda conseguir el permiso de una sociedad que ya habló en voz alta, no nos confundamos ahí todavía no hay un permiso y va a ser muy difícil que lo haya, porque la comunidad no va a permitir que en esa zona se realice una explotación”, dijo el experto al referirse a las manifestaciones de comunitarios en rechazo a la instalación de una grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona.

*apetito del gobierno y el incumplimiento de la ley*

Al respecto, Fernando Peña manifestó que lo que está pasando en El Cachón es una muestra de lo que pasa en ciertas áreas del país con el tema minero.

“El gran problema que está planteado es la irracionalidad con que el Gobierno aborda el tema de la industria minera y de todas las industrias extractivas, la minería no metálica y la metálica”, destacó.

Dijo que en esos proyectos mineros no se hacen consultas como lo estipula la ley y que las simulan y ponen a los propios beneficiarios de las iniciativas mineras a hacer las consultas y las validan.

“En definitiva lo que hay aquí es una no aplicación, un no cumplimiento de la ley, si aquí se cumpliera con rigor las exigencias que tiene la Ley de Medio Ambiente, aunque no haya una ley de consulta previa sobre el tema, seguro que no pasaran esas cosas, pues es que no solo rechazan lo que es la actitud de la comunidad, sino que no la consultan y eso ha pasado no solo en El Cachón, sino en todo el país”, destacó.

*se necesita escuchar al pueblo*

En tanto que Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen a las comunidades y que no desempeñen su rol de supervisión.

“Penosamente no se escuchan las voces del pueblo, si tú vas a El Cachón y haces una consulta a todas las comunidades te van a decir cuál es su sentir. La supervisión del Gobierno es lo que digan las mineras, porque lo que se privilegia y a lo que se le da importancia es que paguen y eso ayude a financiar un presupuesto público”, consideró la experta respecto a la denuncia de comunitarios en el sentido de que la grancera en El Cachón representa una amenaza para el medio ambiente y los recursos naturales.

*las autoridades deben consultar las comunidades*

Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, dijo que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto con la población, uno en la fase inicial del proyecto en la cual las empresas están obligadas a presentar a la comunidad el proyecto con los pros y los contras.

Sostuvo que el otro momento es cuando se hace el estudio de impacto ambiental y se debe presentar en una consulta pública a la comunidad que puede aprobarlo o rechazarlo.

“Si la comunidad no aprueban un proyecto no es posible desarrollarlo, el permiso social forma parte del permiso estructural de los proyectos, por eso una de las cosas que han tratado de romper las empresas que más contaminan y que resulta incómodo al Estado es ese permiso social, hay varia gente que lo han querido sacar de la ley, y ha habido resoluciones para tratar de quitarle peso, pero esas consultas sociales son obligatorias y están normadas”, manifestó.

*Expertos recomiendan cumplir rol y escuchar la comunidad*

Los tres expertos en temas de medio ambiente hicieron un llamado a las autoridades a cumplir con su rol de supervisor de las empresas mineras y hacer cumplir lo que establecen las leyes nacionales, principalmente respecto a la obligatoriedad de consulta social al pueblo antes de iniciar cualquier proyecto.

Pidieron a las autoridades estar vigilantes para que las consultas mineras en las distintas comunidades se realicen cumpliendo todos los requisitos, que se ofrezcan las informaciones veraces a la sociedad y que se escuche a los comunitarios.