Aboga por eliminación de tasas judiciales.
Y por aprobación urgente de leyes para la transformación de la justicia.
El Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, presentó este jueves ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas los logros alcanzados por el Poder judicial en el período 2019-2024 en reducción de la mora judicial, acceso a los servicios y la transparencia institucional.
“Este encuentro, inédito por iniciativa del Poder Judicial, no es solo un gesto simbólico: es una manifestación concreta del ideal republicano que guía nuestra democracia, donde los poderes del Estado dialogan y cooperan para responder con eficacia a las necesidades del pueblo dominicano”, señaló el Juez presidente.
Durante su presentación, el magistrado Molina sostuvo que en Cero Mora la SCJ resolvió 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023 y que, al cierre del año 2024, la Segunda Sala de esa alta corte cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país.
Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, sostuvo Henry Molina.
Calificó como grandes conquistas la implementación de la Ley Núm. 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y la aplicación del Sistema de Gestión de Casos (SGC) en la totalidad de tribunales, simplificando la tramitación electrónica de expedientes y transparencia en el proceso judicial.
Henry Molina informó ante los legisladores que más de cinco millones de documentos jurisdiccionales y administrativos se han firmado digitalmente desde el 2020, gracias a la implementación de la firma digital, y la digitalización del expediente al 100%.
Señaló que un gran logro ha sido la celebración de las audiencias virtuales para tribunales civiles, comerciales, laborales y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) de acuerdo con lo estipulado en la Ley Núm. 339-22.
Asimismo, la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, reduciendo en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Sostuvo que, con la inauguración del Palacio de Justicia de Jarabacoa, el Poder Judicial acercó lo servicios de justicia a más de 57,000 personas y aseguró que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este servirá a unos 800 mil ciudadanos(as). De igual manera indicó que la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste mejorará significativamente el acceso a la justicia de sus munícipes.
Informó que el Registro Inmobiliario, en el marco del Plan de Titulación del Poder Ejecutivo, emitió más de 200 mil títulos de propiedad en los últimos cuatro años, habilitó el servicio de alertas registrales y fortaleció la digitalización y automatización de los procesos, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuestas y garantizar una gestión más eficiente.
Por otro lado, dijo que un logro significativo es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, que tiene como objetivo promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También la Co-creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.
En el ámbito internacional, subrayó que como Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá lugar en mayo de este año en Santo Domingo, se han liderado espacios de diálogo regional sobre acceso, eficiencia y transparencia, posicionando al país como referente regional.
De la misma forma, el Poder Judicial lidera el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas comunes sobre justicia abierta, datos abiertos, género y ética judicial.
Durante el acto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco dijo xxxxxx
Mientras que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco manifestó xxxxx
Henry Molina aboga por eliminación de tasas judiciales y aprobación urgente de leyes para la transformación de la justicia
El Juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, abogó también ante el Congreso Nacional por la eliminación de las tasas judiciales en una nueva legislación; a la vez que solicitó la aprobación de tres piezas legislativas, las que calificó como urgentes y fundamentales para alcanzar la transformación iniciada por el Poder Judicial.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, argumento el juez presidente.
Ante una presentación de logros y desafíos del Poder Judicial ante las comisiones de justicia de ambas cámaras legislativas, Henry Molina señaló esas iniciativas como la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley para la optimización de los procesos yactualización de la Ley de Registro Inmobiliario.
Durante su presentación, aseguró que la primera actualizará el funcionamiento interno del sistema judicial, dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad organizativa; la segunda permitirá simplificar y agilizar los trámites judiciales, beneficiando directamente a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria y, la tercera con la finalidad de fortalecer los procesos técnicos y registrales, adaptándolos a las necesidades actuales del sector y sus actores públicos y privados.
Aseguró que con el apoyo del Congreso Nacional esas leyes harán sostenible la transformación en la justicia. “Una transformación que es fundamental para la seguridad jurídica, que permite el atractivo para la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”.
