SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual ahora pasa al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.

La pieza legislativa, de la autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tiene por objeto regular las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen en el alquiler de bienes inmuebles destinados a viviendas, comercio o cualquier actividad lícita.

El presidente de la Comisión Especial que conoció la iniciativa, el diputado Amado Díaz, al ponderar la nueva ley, explicó que con la pieza legislativa se abre la ventana a la ciudadanía y al empresariado dominicano interesado en construir viviendas y locales comerciales para la renta.

“Pero el simple hecho de estar conociendo aquí hoy un proyecto de ley de alquileres con todas las bondades que tiene este proyecto ya es sinónimo de avance. Tenemos 67 años manejando los temas de alquileres con un decreto de 1959 que si retrotraemos la fecha observamos que es de la era de Trujillo” explicó Amado Díaz.

Mientras que, Pacheco, al motivar la pieza legislativa, destacó el trabajo que se ha agotado en el estudio de la iniciativa durante varias legislaturas.

“Por eso felicito a la comisión especial que dirigió el diputado Amado Díaz, porque llamó a vistas públicas, pero antes que ellos había otra comisión que yo la felicito también, porque llevó el proyecto al punto para que pueda ser mejor digerido por la sociedad, que la dirigió el colega Eugenio Cedeño, que también hizo vistas públicas” puntualizó Pacheco.

Agregó que con la ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el país será dotado de una ley que garantice los derechos de los propietarios de inmuebles, así como también a los inquilinos, lo que, según aseguró, va a permitir el abaratamiento de los inmuebles para alquiler en la República Dominicana.

La iniciativa legislativa contó el voto favorable de los diputados de las distintas bancadas partidarias, quienes previo a someterla a votación tomaron turnos para destacar lo beneficiosa que será la nueva ley para el país.

Otras iniciativas

Los diputados en la sesión de este viernes aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso Nacional con varias modificaciones, por lo que volverá al Senado de la República para el conocimiento de nuevo.

Esta iniciativa, del senador Félix Bautista, tiene por objeto regular los procedimientos y mecanismos de fiscalización y control político por parte del Congreso Nacional.

El pleno de los diputados, en la sesión de este viernes, aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable.

Esta pieza legislativa fue sometida por el diputado Eugenio Cedeño y que ahora va al Senado tiene por objeto:

1- Estimular a los ciudadanos a ejercer el voto y crear conciencia de la importancia de su participación en los procesos electorales.

2- Reconocer y distinguir al ciudadano que ejerce este derecho y deber patriótico.

3- Otorgar condición preferencial de elegibilidad al ciudadano cumplidor de su deber de sufragar.

4- Otorgar al ciudadano beneficios directos compensatorios por cumplimiento del deber de sufragio.

Además, los diputados, en la sesión de este viernes, aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que declara el 08 de noviembre de cada año como día nacional STEM en la República Dominicana.

Esta iniciativa sometida por el diputado Vicente Arturo Sánchez Henríquez y que ahora pasa al Senado de la República tiene por objeto promover la cultura científica y tecnológica en todos los sectores de la sociedad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, previo a dejar cerrados los trabajos de la sesión, convocó a sus colegas a sesionar este lunes a partir de las 2:00 de la tarde.

El Pleno leyó 124 modificaciones que fortalecen y endurecen sanciones y amplían la protección de los derechos fundamentales.

Santo Domingo. – El Senado de la República dejó sobre la mesa el conocimiento de las modificaciones sometidas este viernes, al proyecto de Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, que incorpora 124 modificaciones al texto presentado en primera lectura. Las modificaciones abarcan aspectos sustanciales relacionados con crímenes de alto impacto social, violencia de género, derechos humanos y delitos transnacionales.

El senador Cristóbal Venerado presentó la propuesta de modificaciones al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, en la que plantea importantes ajustes de fondo y forma con el objetivo de fortalecer el contenido jurídico de la normativa, adecuar las sanciones a la realidad social y garantizar una mejor protección de los derechos fundamentales.

La iniciativa contempla la eliminación, modificación y adición de varios artículos, con énfasis en delitos como el homicidio, feminicidio, envenenamiento, sicariato y violencia intrafamiliar. Además, incluye nuevas medidas de seguimiento sociojudicial para los agresores sexuales.

Asimismo, se plantea la modificación del artículo 73, que trata las medidas de seguimiento sociojudicial. La propuesta sugiere la eliminación del párrafo único relativo al “tratamiento hormonal voluntario” y la inclusión de dos nuevos numerales sobre la inscripción del agresor en el registro de agresores sexuales, bajo control del Ministerio Público, y la inhabilitación para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones que impliquen una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes.

Dentro de los cambios presentados, y que fueron aprobados durante la Sesión Extraordinaria de este viernes, se incluye la modificación de la parte capital del artículo 86, el cual define las infracciones de lesa humanidad, actos que, en lo adelante, son considerados infracciones muy graves, cuando son perpetrados dolosamente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Se establece que estos delitos serán sancionados con penas de treinta a cuarenta años de prisión mayor y multas de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

Asimismo, una modificación al artículo 87, relativo al genocidio, en el que se instituye que cometen genocidio aquellas personas que, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o conformado por personas con discapacidad, realicen determinadas acciones específicas. Las sanciones previstas en este caso son también de treinta a cuarenta años de prisión mayor y multas de cincuenta a mil salarios mínimos.

En lo referente al delito de desaparición forzada, propone una nueva redacción del artículo 88, en la que se establece que incurren en esta infracción los agentes del Estado, personas o grupos que, con autorización o tolerancia del Estado, priven de libertad a una persona y luego nieguen su detención u oculten su paradero. Este delito será sancionado con penas de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.

Además, se incluye un párrafo I que agrava la pena en los casos en que la víctima de desaparición forzada sea un niño, niña, adolescente, mujer embarazada, persona mayor de sesenta años, persona con discapacidad, activista social o político, periodista, funcionario público, o un diplomático. En estos casos, la pena se eleva de treinta a cuarenta años de prisión mayor y multa de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

También se aprobó la modificación del artículo 89, que trata sobre infracciones muy graves de guerra. La nueva redacción indica que estos delitos que se cometan durante conflictos armados nacionales o internacionales y serán castigados con treinta a cuarenta años de prisión mayor y multas de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

Dentro de los artículos modificados, se encuentra el artículo 95, que tipifica el homicidio y establece que, quien mate dolosamente a otra persona será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, y una multa equivalente de veinte a treinta salarios mínimos del sector público. En ese mismo orden, fue sancionado el artículo 96, sobre homicidio agravado, que contempla sanciones de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.

En cuanto al artículo 98, fue aprobado mejorar la redacción de los numerales 8 y 9 del párrafo único. En el numeral 8 se plantea que se considere como agravante cuando el agresor utilice sustancias, alcohol, drogas o medicamentos para reducir la conciencia o voluntad de la víctima. En el numeral 9, se añade que será agravante el incumplimiento de órdenes de protección emitidas por las autoridades competentes en casos de violencia contra la mujer.

El Pleno del Senado aprobó la modificación del artículo 101, relativo a la cooperación al suicidio. Las modificaciones establecen que quien colabore con actos que conduzcan al suicidio será sancionado con penas de cuatro a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos del sector público. Además, se contempla un párrafo en el que se agrava la sanción de diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público, si se realiza en los casos numerados en el párrafo del artículo 100 del mismo código.

Otro aspecto destacado de la propuesta es la modificación del artículo 102, que define el sicariato. Se propone sancionar con treinta a cuarenta años de prisión mayor y multa de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

El artículo 103, relativo al envenenamiento, es redefinido para establecer que constituye dicho delito cualquier atentado contra la vida de una persona mediante la administración de sustancias tóxicas o no, que puedan producir la muerte, sin importar que su estado sea líquido, solido o gaseoso, ni su modo de empleo o administración, la modificación propone que esta conducta sea sancionada con penas de treinta a cuarenta años de prisión mayor y multa de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

De los Santos solicitó a sus pares dejar sobre las mesas varios artículos con sus modificaciones y convocó a sesión para el próximo lunes 21 de julio a las 12 del mediodía.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME), Michelle Ortíz, integra la prestigiosa selección “50 Mujeres Más Poderosas 2025” de la revista Forbes República Dominicana, que reconoce a líderes dominicanas que, con visión y acción están marcando un antes y un después en sus sectores.

Ortíz, también diputada ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y promotora del liderazgo femenino, ha sostenido un compromiso firme con el desarrollo económico, político y social de la mujer. Desde ADME impulsa el crecimiento de las mujeres empresarias, y desde la Fundación Trazos Solidarios lidera iniciativas enfocadas en salud y educación para contribuir a la regeneración social en las comunidades más vulnerables.

Ortiz goza de una trayectoria amplia y multidimensional: fue viceministra del Ministerio de la Juventud, es presidenta en funciones del Partido de Acción Liberal (PAL) y manager para América Latina y El Caribe de Spain Business School; lo que le ha permitido integrar una visión de desarrollo que combina la gestión pública, el pensamiento académico, el emprendimiento social y el liderazgo político.

Este reconocimiento por parte de Forbes resalta no solo sus logros individuales, sino su capacidad de abrir caminos para otras mujeres, convirtiéndose en una figura clave en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y participativo para todos.

Santo Domingo RD. El director ejecutivo del Fidecomiso Do Sostenibles, Priamos Ramires, valora este viernes como positivo y de avance para el país la aprobación en la Cámara de Diputado, de la ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, 225-20.

El director ejecutivo de Do Sostenible, destaca el trabajo consensuado que realizó la comisión de la Cámara de Diputado, con un proceso abierto, transparente y participativo, en el cual fueron escuchadas las voces de todos los sectores que tiene que ver directa e indirectamente con esta Ley.

El funcionario afirmó que esta legislación refuerza principios clave con la economía circular, la responsabilidad extendida del productor y la necesidad de eliminar
progresivamente los vertederos a cielo abierto, para dar paso a soluciones modernas y sostenibles como las estaciones de transferencia, las plantas de valorización y los proyectos integrados.

Agrego que está ley refuerza las competencias del fideicomiso como herramienta para cerrar los vertederos a cielo abierto, que tanto afectan la salud y el medioambiente, además canalizar los recursos para la construcción de infraestructuras adecuadas y garantizar el pago a los gestores autorizados.

Priamos Ramires afirma que está modificación da un paso firme para continuar construyendo una República Dominicana más limpia, saludable y sostenible, así mismo el crecimiento de los municipios y distritos municipales.

Finalmente, Príamo hizo un llamado a al sector empresarial y a los gobiernos locales a involucrarse de manera activa en la implementación de esta ley. “esta es una responsabilidad de todos, no solo estamos hablando de residuos, estamos hablando del futuro del país, de la salud de nuestras comunidades y de la sostenibilidad ambiental”, precisó Príamo.

Acerca de la Ley 225-20

La Ley 225‑20, promulgada en septiembre de 2020, establece un sistema integral de gestión de residuos sólidos en República Dominicana.

Su objetivo es prevenir su generación y regular su reducción, reutilización, reciclaje, transporte y disposición final.

Además promueve su valorización energética y establece incentivos fiscales, contribuciones obligatorias y un fideicomiso especializado para gestionar recursos ambientales.

De los Santos convocó a sesión para mañana viernes 18 de julio a las 12 del mediodía.

La iniciativa remitida por la Cámara de Diputados, busca fortalecer la transparencia, modernizar los procesos y garantizar el uso eficiente de los fondos públicos mediante la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

SANTO DOMINGO. – El Pleno del Senado aprobó en primera lectura con modificaciones, el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa remitida por la Cámara de Diputados.
La propuesta legislativa fue sometida por los diputados Franklin Ramírez de los Santos, Dilenia Altagracia Santos Muñoz, Gabriela María Abreu Santos y María de los Ángeles Rodríguez Bonseñor.

Esta normativa establece un régimen jurídico de las contrataciones públicas mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicados, a los fines de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las utilidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal, criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.

El propósito de este proyecto de ley es fortalecer la facultad regulatoria del organismo rector, a la vez que extiende el alcance, capacidad de los controles para obtener una máxima transparencia.

La propuesta contempla la creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual estará organizada en función de la técnica de centralización de las políticas y normas, así como de la técnica de descentralización de la gestión.

En lo adelante, en esta pieza legislativa figuran los convenios marco, que son los acuerdos resultantes del procedimiento de selección de proveedores, identificación de fuentes para la aplicación de la ley, que incluye asignación de recursos y tasas por servicios, reglamentación complementaria, inhabilidades para contratar, porcentajes permitidos para la contratación, y umbrales topes para la contratación.

Además, establece la ejecución completa o parcial, a través de los medios electrónicos, para las actuaciones de las instituciones contratantes, oferentes y proveedores, tales como convocatorias, presentación de propuestas, entre otras.

EN PRIMERA LECTURA

En primera lectura los senadores aprobaron el proyecto de ley que declara el 21 de junio de cada año como “Día Nacional del rock dominicano” en honor al natalicio de Luis Días Portorreal (El Terror Díaz), propuesta de la diputada Ycelmary Brito.

También, se conoció la ley que declara a Ercilla Pepín como “Prócer de la Partía” y designa el 7 de diciembre de cada año como “Día de Ercilla Pepín”. Esta propuesta es de los senadores Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes; Omar Leonel Fernández Domínguez; Ricardo de los Santos Polanco y Félix Ramón Bautista Rosario.

Los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de “Ciudad Ganadera doctor Julio Antonio Brache Arzeno”, el recinto de la Ciudad Ganadera sometido por el Poder Ejecutivo, con el propósito de rendir homenaje a la memoria del doctor Julio Antonio Brache Arzeno.

En primera lectura, además, fue sancionado el proyecto de ley que modifica el artículo 21 de la ley núm. 176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los municipios. Los proponentes son los diputados Dharuelly Leany D Aza Caraballo, Yancarlos Simanca Ferreras y Juan Bolívar Cuevas Davis.

SEGUNDA LECTURA

El Pleno del Senado dejó sobre la mesa, el Código Laboral, así como también el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana.

Los senadores sancionaron en segunda lectura el Proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y regula el Sistema Nacional de Inteligencia.
La pieza presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, tiene por objetivo establecer el marco legal del sistema de inteligencia del Estado, previsto en el artículo 261 de la Constitución de la República, así como crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como órgano rector del sistema.

La iniciativa señala que los organismos de inteligencia juegan un rol preponderante en la obtención de información estratégica para enfrentar los desafíos y amenazas que ponen en riesgo la seguridad nacional, como son el terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, ataques cibernéticos, corrupción administrativa, tráfico de armas, crímenes internacionales y flujos migratorios irregulares, principalmente en la zona fronteriza.

Para lograr los objetivos de seguridad e inteligencia estratégica del Estado, es necesario disponer de servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, así como precisar los objetivos y redefinir las funciones asignadas al Departamento Nacional de Investigaciones y dotarlo de las herramientas necesarias que les permitan realizar su labor con mayor eficiencia.

En el artículo 10 de la presente Ley destaca las atribuciones que, en lo adelante regirá la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que indica que cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atenten contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; así como, recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación y evaluar amenazas, internas y externas, al orden constitucional, entre otros.

El Pleno Senatorial aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que eleva el paraje Santa Fe, perteneciente al municipio de San Pedro de Macorís, provincia del mismo nombre, a la categoría de distrito municipal, presentada por la senadora Aracelis Villanueva Figueroa.

Los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que busca declarar el mabí seibano como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana, una iniciativa presentada por el senador Santiago José Zorrilla, representante de la provincia El Seibo.

También, fue sancionado en segunda lectura el proyecto de ley que declara la provincia Dajabón como «Provincia Ecoturística», con el propósito de promover el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales de esta demarcación fronteriza. La iniciativa fue sometida por la Cámara de Diputados, a través de la diputada Daritza Felicidad Zapata Díaz.

UNICA LECTURA

En única lectura los senadores aprobaron varias resoluciones, entre ellas, la resolución que reconoce la labor del canal internacional de televisión Telemundo, por su destacada trayectoria en favor de la comunidad latinoamericana y su permanente respaldo a los mejores intereses de la República Dominicana, iniciativa del senador Carlos Manuel Gómez Ureña.

Además, fue sancionada la resolución que solicita a los alcaldes de los ayuntamientos y directores de distritos municipales el cumplimiento de la Ley núm. 6232, del 25 de febrero de 1963, que establece un proceso de planificación urbana e introduce modificaciones orgánicas a las instituciones municipales, en relación con los requisitos para ocupar la posición de director de Planeamiento Urbano”, iniciativa presentada por la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

Asimismo, fue aprobada la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, instruir al órgano correspondiente con el fin de reconstruir el play de béisbol del municipio de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. Iniciativa presentada por el senador Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano.

También se aprobó la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, instruir al órgano correspondiente con el fin de construir la cancha deportiva en el distrito municipal Las Placetas, municipio San José de las Matas, provincia Santiago, propuesta del Senador Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes.

En los trabajos legislativos se aprobó la resolución que solicita al ministro del Ministerio de Educación (MINERD), Luis Miguel Decamps, la intervención y transformación del Liceo Enedina Puello Renville del municipio de San Cristóbal en politécnico, propuesta del senador Gustavo Lara Salazar.

RATIFICACIONES

En los trabajos legislativos de este jueves fueron ratificados los nombramientos diplomáticos de Erika Ylonca Álvarez Rodríguez como embajadora en Angola, con sede en Sudáfrica; Lourdes Margarita Franco-Zimmermann en Lituania, con sede en Suecia; Andy Rafael Rodríguez Durán en Bahréin, con sede en Arabia Saudita; y Renso Antonio Herrera Franco en Yemen, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, todos como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios concurrentes de la República Dominicana, remitido por el Poder Ejecutivo.

COMISIÓN ESPECIAL

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, conformó una Comisión Especial para el estudio de la ley que modifica la ley núm. 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, propuesto por los senadores Ramón Rogelio Genao y Ginnette Bournigal de Jiménez.

La Comisión Especial será presidida por Pedro Catraín, Antonio Marte, Alexis Victoria, María Mercedes Ortiz, Rafael Duluc, Julito Fulcar, Manuel Rodríguez, Guillermo Lama, Félix Bautista, Carlos Gómez y Odalis Rodríguez.

El buque hospital estadounidense USNS Comfort inicia en Puerto Plata una misión médica gratuita de tres días que beneficiará a unos 1,200 dominicanos, fortaleciendo la cooperación bilateral en salud entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Puerto Plata, Rep. Dom. –La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, junto a los ministerios de Defensa, Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Gobernación Provincial de Puerto Plata, inauguraron oficialmente los operativos médicos y actividades comunitarias del buque hospital USNS Comfort, en el marco de la misión humanitaria “Promesa Continua 2025”.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicealmirante Richard Lofgren, subdirector de la Armada de los Estados Unidos; el teniente general Carlos Onofre Fernández, y Víctor Atallah, ministro de Salud, quienes destacaron que esta misión refleja el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos y de la República Dominicana con la salud y el bienestar del pueblo dominicano.

Del 17 al 19 de julio, médicos dominicanos y estadounidenses estarán ofreciendo consultas médicas gratuitas en el Politécnico Javier Martínez Arias de Puerto Plata, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para atender hasta 400 personas por día. Los servicios incluirán medicina general, pediatría, dermatología, salud de la mujer, nutrición, terapia física, radiología, optometría, farmacia, laboratorio clínico, odontología (consultas y extracciones), entre otros. También, a bordo del barco se realizan cirugías a pacientes evaluados previamente por el personal médico del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud.

Durante la ceremonia, la señora Jennifer Kane, encargada de Negocios interina de la Embajada de los Estados Unidos, resaltó que esta misión no solo provee atención médica gratuita, sino que también fortalece la cooperación bilateral en áreas como asistencia humanitaria, salud pública, respuesta a desastres, seguridad alimentaria, atención veterinaria y liderazgo inclusivo. Subrayó que este esfuerzo refleja la visión compartida entre ambos países de trabajar juntos por el bienestar común.

El Ministro de Salud agradeció el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos y resaltó que el USNS Comfort, equipado con 1,000 camas, quirófanos y unidades de cuidados intensivos, representa un valioso apoyo al sistema de salud nacional.

“Esta nueva misión, bajo el marco de la ayuda humanitaria, refuerza el lazo de amistad y cooperación entre nuestros países. En nombre del Gobierno y del pueblo de la República Dominicana, quiero reiterar nuestro más profundo y sentido agradecimiento. Su impacto va más allá de números y estadísticas; se mide en sonrisas y en la esperanza recuperada”, expresó Atallah.

Además de los servicios médicos, la tripulación del USNS Comfort participará en actividades culturales, académicas y deportivas, que incluyen intercambios con personal militar y profesionales de diversas especialidades, conciertos, simulacros de emergencias, talleres para emprendedores, así como actividades deportivas con estudiantes locales.

La tripulación del USNS Comfort está compuesta por más de 300 profesionales médicos, enfermeros y personal de apoyo. Como parte de su recorrido por seis países de la región, -incluyendo Granada, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Colombia y la República Dominicana-, el buque lleva esperanza y atención médica a miles de personas en la región. Su misión no solo salva vidas, sino que también fortalece los lazos de cooperación y amistad entre las naciones.

*Reconocimientos*

Durante la ceremonia de inauguración del buque hospital USNS Comfort, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y el personal a cargo de la embarcación entregaron reconocimientos a diversas autoridades dominicanas. Entre los homenajeados destacan el ministro de Salud, Victor Atallah; el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochtte Peralta de Senior.

Asimismo, recibieron reconocimientos el Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Mayor General Técnico de Aviación Carlos Febrillet Rodríguez; la viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental en Ministerio de Salud, Gina Estrella Ramia; el comandante general de la Armada de la República Dominicana, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez y el director provincial de Salud de Puerto Plata, Héctor Hernández.

El objeto de la convocatoria, cuya primera reunión será el próximo 25 de julio, incluye evaluaciones de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como designación de nuevos jueces tanto en la Suprema como en el Tribunal Superior Electoral._

El presidente de la República, Luis Abinader, ha convocado para el próximo viernes 25 de julio, a las 8:00 de la noche, en el Palacio Nacional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en su calidad de presidente del referido órgano.

De acuerdo con las comunicaciones dirigidas a cada consejero, esta primera reunión se convoca a los fines de conocer y decidir sobre la propuesta de cronograma para iniciar los siguientes procesos:

a) Evaluación de desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras haber transcurrido 7 años desde sus designaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución.

b) Convocatoria de postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ocupar la vacante resultante de la reciente salida del magistrado Napoleón Estevez Lavandier, así como cualquier otra vacante que pueda surgir tras la finalización del proceso de evaluación de desempeño referido en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la Constitución.

c) Convocatoria de postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, para ocupar las vacantes del colegiado, cuyo mandato concluye este mes de julio de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución.

La última vez que el Consejo Nacional de la Magistratura sesionó fue a principios de año, momento en el que designó a la actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a siete de sus procuradores adjuntos.

Además del presidente Abinader, completan la integración del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

Santo Domingo RD. La aprobación en segunda lectura la normativa que modifica la Ley 225-20 o Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos , en la cámara de diputados a logrado el respaldo y apoyo de los diferentes sectores de la sociedad dominicana.

La comisión de la cámara diputado trabajaron arduos, para realizar las modificaciones que requería la Ley con el objetivo que la misma sea viable para todos los sectores que están involucran este tan importante Ley que beneficia el medio ambiente y la salud del pueblo dominicano.

El marco legal que permitira seguir consolidando el sector de la disposicion final de las residuos solidos, de manera que paulatinamente vayan desapareciendo los y el vertederos a cielo abierto establecimiento de una contribucion especial, a las alcaldias y distritos municipales, para reforzar el pago de la recoleccion.

Entre los beneficios que aporta esta nueva a ley a la industria están los siguientes:

Es importante destacar que también está ley cuenta con una recaudación especial, para las alcaldías y distritos municipales, con el propósito reforzar el pago de la recolección.

Esta Ley tendrá una nuevas tarifas de pago que incluye el costo de transporte que tanto dolor de cabeza se provoca a las alcaldías, porque en sus mayorías no tienen los recursos para pagar el costo a las empresas recolectoras de residuos sólidos.

Esta modificación también obligan a la fabricación de fundas y foam con un componente que los hace biodegradable, con esta legislacion, el país das paso firmemente hacia un pais libre de residuos sólidos y contaminación ambiental.

Ahora la pieza legislativa pasa al Senado de República, para ser aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo.