Santo Domingo. – El ingeniero Pedro Pablo Díaz, secretario de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo, denunció que el Gobierno autorizó la construcción de proyectos inmobiliarios de alta densidad en terrenos del Cinturón Verde de Santo Domingo, lo que constituye, según afirmó, una violación a las normativas urbanísticas y de ordenamiento territorial que rigen esa zona.

Díaz recordó que el Cinturón Verde fue concebido mediante el Decreto No. 183-93 como un Parque Urbano destinado a preservar el equilibrio ecológico del Gran Santo Domingo, estableciendo usos de suelo de baja densidad. “Permitir edificaciones de gran escala en un área protegida no solo altera su función ecológica, sino que vulnera las ordenanzas municipales y las leyes urbanísticas vigentes”, señaló.

El dirigente acusó a las autoridades de incurrir en una “clara prevaricación”, al otorgar permisos a proyectos vinculados a funcionarios públicos, lo que representa un conflicto de intereses y una amenaza al ordenamiento territorial de la capital.

“Estamos frente a una colusión institucional que facilita permisos que, en condiciones normales, serían imposibles de obtener. Exigimos la paralización inmediata de estas obras y la apertura de una investigación sobre los responsables”, puntualizó.

El secretario de Urbanismo y Vivienda subrayó además que la Fuerza del Pueblo se solidariza con las comunidades afectadas, como los residentes de Cuesta Brava de Arroyo Manzano, quienes han denunciado la tala indiscriminada de árboles y los daños ambientales ocasionados por las construcciones.

La organización política hizo un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para defender el patrimonio urbano y ambiental del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, advirtiendo que la pérdida del Cinturón Verde tendría consecuencias irreversibles para la planificación y la calidad de vida en la ciudad.

Santo Domingo.-República Dominicana y Argentina firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el incremento del flujo turístico bilateral, considerando que el sector es un gran instrumento para la integración regional y el desarrollo económico de los pueblos.

La declaración conjunta fue firmado por David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, en un acto que se llevó a cabo en el hotel Intercontinental de Santo Domingo.

El acuerdo busca la implementación de acciones de facilitación turística, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, que favorezcan el incremento del flujo turístico bilateral.

También, incluye la coordinación de programas de promoción turística conjunta entre República Dominicana y Argentina.

El convenio entre los dos países establece el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la atracción de inversiones turísticas.

El ministro Collado agradeció la visita al país de su homólogo argentino y destacó la importancia del acuerdo para fortalecer los vínculos entre las dos naciones.

«Esta declaración conjunta es un paso más para fortalecer el intercambio con Argentina, que se ha convertido en el tercer país emisor de turistas para República Dominicana», dijo el ministro Collado.

El funcionario aseguró que el convenio reafirma la convicción de que el turismo, como actividad económica estratégica, impulsa el crecimiento de las naciones, la integración regional, mediante el aumento de la conectividad, y la generación de oportunidades a través del turismo receptivo.

El ministro Scioli de su lado, valoró el acuerdo que ha estado acompañado de fe, esperanza y el compromiso de ambos países de ir juntos por el desarrollo del turismo “por el impacto que tiene el turismo en nuestras economías y en nuestra diversidad cultural”.

Definió a Collado como un líder de referente mundial por sus logros y el trabajo junto al sector privado, generando confianza en el sector y para alcanzar el crecimiento cada año en la llegada de turistas.

En medio del encuentro, a través de una llamada telefónica, el presidente Luis Abinader saludó la presencia en el país del ministro Scioli, junto a su delegación, quien dijo esperar fortalezca los vínculos en materia turística, que motive a que más argentinos y dominicanos visiten ambos países.

El documento destaca la estrecha relación de amistad y entendimiento mutuo que une a ambos pueblos, así como la vocación compartida de seguir consolidando y perfeccionando el trabajo conjunto de intercambio turístico‎‏.

Santo Domingo. -El consultor jurídico de la Junta Central Electoral (JCE), Denny Díaz Mordán, explicó las razones que motivaron a descartar a dos de los tres oferentes que participaron en la licitación pública internacional para el proyecto de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Díaz detalló que en el pliego de condiciones de la licitación para la adjudicación equipos, materiales y servicios para la nueva cédula, se estableció que había que cumplir con la oferta técnica y económica, por lo cual, si no se pasa la primera fase técnica, no se puede pasar a la segunda que es la económica.

“La licitación está pautada por un pliego de condiciones que es anterior. Es la norma que va a regular todo el proceso de contratación y en ese pliego de condiciones existían factores técnicos y económicos para tomar en cuenta”, explicó el consultor jurídico.

Agregó que se inscribieron formalmente tres consorcios con experiencia en este tipo de documentos, integrados por un conjunto de empresas y que cada uno de ellos tenían que acreditarse en la parte técnica.

“Hay que aclararlo, si usted no supera la parte técnica, usted no puede pasar a la apertura del sobre B o propuesta económica, porque es una precondición”, especificó Díaz Mordán.

Explicó que la parte técnica incluía una prueba de concepto, es decir que los participantes (consorcios) tenían que demostrar todo lo que habían planteado en su propuesta técnica.

“Los consorcios debían demostrar todos los atributos que usted decía que estaba en capacidad de ejecutar. Usted tenía que ir a demostrarlo un día escogido, en un lugar escogido por usted como oferente, en un salón a su cuenta y riesgo y usted iba a instalar allí todos los equipos que usted le está ofertando a la Junta para demostrarle que lo que se pide en el pliego, usted dice que está en capacidad de hacer, se podía hacer”, indicó Díaz.

Díaz, acompañado por los directores de Cedulación e Informática, Américo Rodríguez y Johnny Rivera, respectivamente, ofreció estas informaciones durante su participación en el programa El Sol de la Mañana.

Citó que, ya llegada a esa fase, se había hecho una evaluación de credenciales de todos los consorcios y esa evaluación de credenciales incluía puntuación por la experiencia previa de los mismos.

En ese sentido, expuso que no se discute, ni estuvo nunca en discusión que los integrantes de los dos consorcios que quedaron descalificados tenían experiencia en ese tipo de documentos.

Añadió que la experiencia no fue objeto de discusión para la descalificación. Al contrario, indicó que los consorcios recibieron la puntuación que el pliego les acordaba si acreditaban esas experiencias en proyectos similares anteriores.

Sin embargo, Díaz expuso que la prueba implicaba y obligaba a los consorcios a reproducir al menos una tarjeta de cédula con todas las características que el pliego exigía en esa demostración (prueba de concepto) si estaban en capacidad de hacerlo, indicando que uno de los consorcios, el consorcio cédula 4.0, incurrió en una falta terrible, insubsanable “y es que mientras estaba haciendo su demostración tuvo que valerse de un equipo que no estaba declarado en su oferta técnica para completar el ciclo, por lo cual fue descalificada”.

“Pudo completar el ciclo de la impresión, pero utilizó un equipo que no formaba parte de su propuesta técnica, hay que decirlo, o sea, los aspectos técnicos fueron evaluados por una comisión técnica designada por el pleno».

Al referirse al segundo consorcio, ID Secutirity, puntualizó que el proyecto tiene un eje “que es el corazón del proyecto, el cual son las impresoras (especializadas) son las tarjetas de policarbonato y la infraestructura tecnológica y los otros son periféricos», tras señalar que para desarrollar esa parte troncal se deben utilizar los equipos declarados en la oferta técnica, por lo cual este consorcio fue descartado por no cumplir con esta parte.

Manifestó que el consorcio (ID Security) llevó a cabo su prueba de concepto, pero las tarjetas que imprimió -que reposan en manos de la Junta Central Electoral todavía en el comité-, no lograron evidenciar ni plasmar el efecto óptico que se pide para el documento de identidad.

“Ellos impugnaron (ID Security) y la Junta le dio respuesta a la impugnación en una resolución que habría poco que ir sobre ello porque fue un aspecto, insistimos, técnico, las tarjetas que imprimió el consorcio no producen el efecto que debe tener la imagen en la tarjeta”, indicó.

Presupuesto

En torno al presupuesto que se utilizará para la ejecución del proyecto, Díaz Mordán precisó que la JCE es un órgano constitucional autónomo, elabora su presupuesto y proyecta sus gastos, distinto a lo que pasa con la Administración Pública centralizada, o sea, que la JCE no tiene una camisa de fuerza, no está obligada a gastar como proyecta y puede mover su presupuesto -ya aprobado- internamente los fondos y cruzar de una partida a otra y a la Junta no le genera problema porque tiene autonomía financiera.

Manifestó que la JCE cuenta con el 20 % (algo mas de 600 millones de pesos) que establece el pliego de condiciones que es lo que hay que avanzar tras la firma del contrato y establece que la Junta está en disposición de entregar no más de un 20 por ciento para iniciar el proyecto y cuando entreguen el proyecto “que es llave en mano”, la institución habrá saldado.

Informó que el Pleno sostendrá una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, para discutir todo lo relativo al presupuesto del proyecto de la nueva cédula.