ALMERÍA.-El juicio con jurado contra Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen del niño Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018 en un cortijo de Rodalquilar, en Níjar (Almería), contará con un total de 17 testigos, otros 22 testigos-peritos y otros 25 peritos durante las ocho sesiones que se han programado para la vista oral, que arrancará a las 9,45 horas del 9 de septiembre.
Así consta en el auto de hechos justiciables, al que ha tenido acceso Europa Press, que extiende el calendario de sesiones hasta el 18 de septiembre, cuando está previsto dar a los miembros del jurado el objeto de veredicto sobre la acusada, para la que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan prisión permanente revisable.
La vista oral arrancará con la declaración de Ana Julia Quezada, a quien se dedicará íntegramente la primera de las jornadas. Cabe recordar que además de la pena de prisión permanente revisable por un presunto delito de asesinato, el Ministerio Público reclama además diez años de prisión adicionales por dos delitos de lesiones psíquicas a los padres del pequeño.
Serán precisamente los progenitores los que abrirán el segundo día de juicio, de forma ue Patricia Ramírez será la primera en comparecer seguida de Ángel Cruz, con quien la acusada tenía una relación sentimental desde hacía siete meses hasta el momento de los hechos.
En esa sesión, en la que se prevé la comparecencia de una decena de testigos, prestará también declaración la expareja sentimental de Ana Julia Quezada, a quien la autora confesa del crimen trató supuestamente de incriminar durante la búsqueda del menor después de que dejara una camiseta de Gabriel en una zona rastreada anteriormente y cercana a su vivienda.
Fue la propia acusada quien propició el hallazgo de esta camiseta el 3 de marzo, a los cuatro días de la desaparición del pequeño, a fin de «distraer la atención de los investigadores» y «evitar cualquier sospecha» sobre ella, según el auto.
La hija de la acusada testificará
La segunda jornada finalizará con la comparecencia de la hija de Ana Julia, que fue interrogada durante la instrucción como testigo en relación a las conversaciones que había mantenido con su madre antes de que el cuerpo del pequeño fuera encontrado en el maletero de la sospechosa el 11 de marzo, cuando se dirigía a su vivienda de Vícar con el cuerpo que previamente había desenterrado del agujero en el que lo había introducido en la finca de Rodalquilar.
Entre otros testigos, también está prevista en la segunda jornada la comparecencia de la abuela paterna de Gabriel; una de las últimas personas en ver con vida al menor antes de que este abandonara su casa de Las Hortichuelas sobre las 15,30 horas del 27 de febrero para dirigirse a la vivienda de unos primos a jugar.
La abuela también despidió ese día a la acusada, quien salió minutos después, con lo que supuestamente consiguió interceptar a Gabriel y convencerlo para que fuera con ella a «realizar labores de pintura» al cortijo de Rodalquilar, ubicado a unos cinco kilómetros y donde tuvo lugar el crimen esa misma tarde. Según la autopsia, Gabriel Cruz murió unas dos horas después de haber comido.
Las declaraciones de los testigos continuará el 11 de septiembre con la participación de dos civiles, un agente de Policía Local y cinco de la Guardia Civil, mientras que el día 12 el juicio concentrará la mayor parte de los testigos-peritos, entre quienes se encuentran miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, del laboratorio de Criminalística, y del grupo de Homicidios y Desaparecidos de la UCO, así como del Servicio Cinológico.
El juicio continuará el día 14 con la declaración de una quincena de peritos de la Guardia Civil, entre ellos el coronel jefe de la Comandancia de Almería. Los agentes, además de su labor de investigación, coordinaron de forma paralela junto a Policía Local, 112 y Protección Civil un operativo de búsqueda que movilizó durante 13 días a 1,500 profesionales y a 2,500 voluntarios en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que generó un gasto de 200,203 euros que también le reclaman a la acusada.
15 profesionales médicos y toxicológicos
Las sesiones se retomarán a la semana siguiente, el lunes 16 de septiembre, con la declaración de una quincena de médicos forenses y expertos de toxicología, entre ellos el director del departamento de Sevilla del INT, quien dará cuenta junto a dos forenses del informe de la autopsia y de las circunstancias de la muerte del menor, que falleció por asfixia mecánica tras cerrarle las vías respiratorias aunque también habría sido atacado previamente, a partir de los indicios de la exploración.
También ese día testificarán los médicos que han atendido en los últimos meses a los padres de Gabriel, quienes a raíz de los hechos presentan un cuadro de «estrés postraumático y trastorno de adaptación con reacción depresiva prolongada».
El juicio entrará en su recta final el 17 de septiembre, con la prueba documental y la reproducción de los vídeos y audios captados durante la investigación, entre ellos los realizados durante la reconstrucción de los hechos tras la detención y la grabación efectuada a la acusada en la que, mientras transportaba el cuerpo del menor, se preguntaba «donde lo puedo llevar yo… a algún invernadero,… ¿no quieren un pez? Les voy a dar un pez por mis cojones».
Esta será la última sesión, en la que la acusada tendrá derecho a su última palabra, antes de que a los miembros del jurado se les entregue el objeto de veredicto el día 18 de septiembre.
La magistrada-presidente del Jurado, Alejandra Dodero, tan solo ha desechado la participación de siete testigos, entre los que se encuentra un agente de Guardia Civil y familiares de la casa a la que se dirigía Gabriel el día de los hechos, al entender que su testimonio no resulta necesario para aclarar los hechos dada su participación en los mismos.
Una actuación «meditada y reflexiva»
El auto apunta la actuación «meditada y reflexiva» de la acusada el día de los hechos, una vez que el niño abandonó la casa de su abuela paterna para irse a jugar con unos primos e «inmediatamente después» salió ella, quien se montó en un vehículo e interceptó al menor «instándole a que le acompañara a la finca» de Rodalquilar.
«Ante la confianza generada por la acusada, persona íntimamente vinculada a su entorno familiar desde que inició la relación con su padre, –Gabriel– accedió a marcharse con la acusada a la citada finca, que se encontraba en un lugar alejado, aislado y deshabitado», incide el texto en sus hechos justiciables.
En esta línea, apunta el auto que el pequeño se encontraba en el lugar «inocente, confiado y ajeno a las intenciones de la acusada», quien «era consciente de su superioridad» tanto por la diferencia de edad y complexión, hasta que en un momento dado y encontrándose «totalmente desprevenido», fue atacado «de forma súbita y repentina» con «violencia» hasta provocar su «asfixia».
Sostiene que la acusada, tras comprobar el fallecimiento del menor, cavó en el exterior de la finca una pequeña fosa «valiéndose de una pala que días antes había llevado al lugar» para posteriormente introducir el cuerpo desnudo del pequeño en el hoyo. Ana Julia habría tenido que valerse de un hacha para hacer que el cuerpo del pequeño entrara por completo en el agujero, que cubrió con tierra y piedras. Por otra parte, trató de deshacerse de sus prendas arrojándolas a un contenedor de vidrio en Retamar el 5 de marzo.
De acuerdo a informaciones publicada por agencia Europa Press, durante el periodo de búsqueda, la acusada «simulaba, unas veces, estar afligida, compungida y apesadumbrada y otras, alentaba los ánimos de los familiares diciéndoles ‘hoy lo vamos a encontrar, hoy va a aparecer… le vamos a dar una Coca-Cola’, involucrándose activamente en las labores de búsqueda del niño en una clara actitud de fingimiento y farsa».(AGENCIA).
El ministro de Salud dijo que el hecho de que la República Dominicana esté posesionada en un buen lugar en la región como potencia turística, implica un gran desafío para el sector en la cual los técnicos responsables de conducir las regulaciones y normas, deben ser cada vez más exigentes y creando nuevas obligaciones como son capacitaciones y recursos humanos entre otros, para asegurar que la seguridad alimentaria y la inocuidad no afecte a ningunos de los consumidores nacionales y extranjeros.
