SANTO DOMINGO, RD.- Con ese propósito de prevenir el consumo de alcohol en adolescentes embarazadas, el presidente del Consejo Nacional de Drogas y la directora del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, suscribieron un acuerdo de cooperación en el cual contemplan llevar orientación a miles de jóvenes en gestación para promover estilos de vidas saludables.

A través de mensajes preventivos, que conlleven la concientización sobre las consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo, el Consejo Nacional de Drogas busca preservar las vidas tanto de la madre como de la criatura.

La idea es unir voluntades a favor de la prevención del uso indebido de drogas en el ámbito materno, promoviendo familias saludables y hogares dignos para la crianza de niños y niñas, expresó el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Dr. Rafael Guerrero Peralta.

Asimismo, Guerrero Peralta, manifestó su deseo de cooperar en el establecimiento de las medidas preventivas necesarias para reducir el porcentaje de adolescentes embarazadas en consumo de alcohol, así como la ocurrencia del trastorno que esta acción trae como consecuencia.

En el acuerdo se contempla que el Consejo Nacional de Drogas, desarrolle una agenda de capacitaciones preventivas con las adolescentes para que estas a su vez, compartan con su entorno sus experiencias a favor de llevar un período de gestación saludable.

Por su lado, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, asumió el compromiso de programar proyectos dirigidos a esta población en condiciones de vulnerabilidad para evitar los trastornos del espectro alcohólico fetal.

De igual forma, ambas instituciones representadas por presidente el Consejo Nacional de Drogas, Dr. Rafael Guerrero Peralta, y la directora ejecutiva del Hospital Materno San Lorenzo de los Mina, Dra. Evelyn Altagracia Cueto Figueroa, se propusieron iniciar todos los proyectos y programas que contribuirán al cuidado y protección de las jóvenes embarazadas como también de los empleados del centro salud, quienes serán agentes multiplicadores.

En este sentido, la institución rectora de las políticas de prevención dirigida por Guerrero Peralta, desarrollará programas de capacitación y orientación dirigidos a los profesionales de la salud para lograr mayor efectividad en la reducción en el uso y consumo de sustancias psicoactivas, específicamente alcohol en las adolescentes embarazadas.

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de trascendental el envío a juicio de fondo de los encartados en el expediente de Odebrecht y dijo que es el primer caso de corrupción de transcendencia internacional en el que se dicta auto de apertura a juicio contra la mayor parte de los procesados.

“En los últimos 20 años este es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en la República Dominicana por la cantidad de imputados, el nivel de influencia de los mismos y por los montos involucrados”, expresó Rodríguez, de acuerdo a un comunicado de la Procuraduría.

El jefe del Ministerio Público manifestó que “se trata de una decisión de envío a juicio correcta, justa y apegada de manera estricta a las leyes, las pruebas presentadas, y al debido proceso, adoptada contra exfuncionarios, legisladores, exlegisladores y empresarios, marcando un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana”, expresó el magistrado Rodríguez.

Aseguró que en el país se está iniciando una nueva era que responde a la demanda de la población en la lucha contra el grave flagelo de la corrupción y el trabajo serio y responsable del Ministerio Público.

Resaltó que el cuerpo de fiscales a cargo del caso está preparado para demostrar de nuevo en esta nueva etapa del proceso la vinculación de cada uno de los procesados a los graves hechos de corrupción que se les imputan y lograr que sean sancionados como mandan las leyes.

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó auto de apertura a juicio contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó en sobornos en el país para obtener contratos de obras.

Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Con respecto a Jesús Antonio Vásquez Martínez, que fue excluido del proceso, dijo que evaluarán la decisión para decidir si corresponde apelar la decisión dentro del plazo que establece la ley.

El procurador general de la República destacó el trabajo y los esfuerzos hechos por el Ministerio Público para avanzar con este caso a pesar de la persistente intención de los imputados de torpedear el proceso, utilizando un sinnúmero de tácticas dilatorias, durante el cual presentaron más de 50 incidentes que les fueron rechazados luego que fueran acogidas las solicitudes del Ministerio Público.

Manifestó que “ha sido un intenso trabajo durante el cual los encartados en todo momento han tratado de confundir al país y han utilizado múltiples maniobras y tácticas dilatorias para que el proceso no avance a fin de no enfrentar sus inminentes consecuencias, presentando una gran cantidad de incidentes que en su mayoría fueron rechazados por improcedentes”.

En ese mismo orden, expresó “ellos trataron de desacreditar el proceso y quitarle validez a las confesiones de los empleados de Odebrecht, sin embargo, los incidentes fueron rechazados porque es en estas delaciones que precisamente se indica quiénes son los que recibieron los sobornos”.

Igualmente, expresó “esta sentencia demuestra que la acusación presentada por el Ministerio Público no era un mamotreto como alegaban los imputados, sino que es un expediente preparado de manera perfecta”.

El jefe del Ministerio Público reiteró su compromiso de seguir enfrentando de manera firme, seria y responsable el enriquecimiento ilícito y todo acto realizado al margen de la ley y la buena administración del erario.

Para ello, dijo seguirán fomentando la capacitación especializada de los fiscales y la adquisición de los equipos tecnológicos y todos los aparatos necesarios que les permitan seguir jugando su rol de manera efectiva y así brindarle un servicio de calidad y eficiente a toda la ciudadanía.

SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) declaró en estado de fallo ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad en la audiencia pública realizada en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Cinco de estos atacaron artículos de la Ley número 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, y dos contra dos resoluciones emitidas por la Junta Central Electoral.

El Pleno, encabezado por el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto en condición de presidente en funciones, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0014 en el que la Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA) atacó los artículos 131 y 132 de la indicada ley promulgada el 18 de febrero de 2019.

El TC también declaró en estado del fallo los expedientes TC-01-2019-0016, TC-01-2019-0017 y TC-01-2019-0018 en los que los accionantes Francisco del Rosario, Juan Bautista Castillo Peña, Bunel Ramírez Merán y Eduardo Anziani Zabala, entre otros involucrados, atacaron el artículo 104 del párrafo IV de la ley en cuestión.

El magistrado Díaz Filpo informó, además, que conocerán con el fondo la solicitud de la Cámara de Diputados para que estos tres casos sean fusionados por atacar el mismo tema.

El órgano jurisdiccional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0019, que tuvo como accionantes a Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Juan Isidro Montás Francisco y Ruddy Bonaparte, quienes atacaron los artículos 92, párrafos V, VI, VII, VIII, IX; 104, párrafo IV; y 110, párrafos V y VI de la Ley núm. 15-19 y la Resolución número 01/2018, del 4 de junio, dictada por la Junta Central Electoral.

La misma decisión tomó la alta corte con los expedientes TC-01-2019-0020 y TC-01-2019-0021 en los que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Alfredo Ramírez Peguero atacaron la Resolución número 08/2019 del 7 de mayo y el Partido Demócrata Popular (PDP) participó como interviniente voluntario.

En otra vertiente, el TC dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0015 en el que el Ministerio de la Mujer atacó el artículo 27 de la Ley número 1306-BIS, sobre Divorcio, del 21 de mayo de 1937, modificado por la Ley número 3932 del 2 de septiembre de 1954.

En la jornada realizada este viernes, 21 de junio, los artículos atacados emanaron del Senado y Cámara de Diputados de la República, así como de la Junta Central Electoral (JCE).

SANTO DOMINGO, RD.- El ministro de Relaciones Exteriores recibió hoy al pleno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del cual la República Dominicana es miembro no permanente hasta final del 2020, de visita en el país por primera vez en toda su historia con ocasión de una sesión de trabajo informal en Punta Cana.

Miguel Vargas ofreció a los diplomáticos un desayuno en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en el que se abordaron asuntos del ámbito internacional, con énfasis en cuestiones de carácter regional.

“Cada día tenemos un mejor entendimiento de los problemas comunes que enfrentamos, los retos que nos acechan y los muchos peldaños que habremos de escalar juntos”, manifestó Vargas ante los integrantes del máximo organismo de dirección de la ONU encargado del mantenimiento de la paz y seguridad mundiales, en una visita histórica a la República Dominicana.

Vargas dijo sentirse profundamente satisfecho de que el Consejo de Seguridad aceptara la invitación para sesionar en la República Dominicana y calificó la visita de “un hito en nuestra diplomacia, acorde con los esfuerzos de nuestro Gobierno para insertarnos de manera más favorable en el concierto de naciones”.

El canciller dominicano aludió a “la gran responsabilidad que reposa sobre nuestros países y que nos obliga a un esfuerzo cada vez mayor para comunicarnos, sobrellevar las diferencias, y encontrar puntos de avenencia”, y señaló, además, que “los dominicanos nos sentimos honrados con la presencia de diplomáticos de tanto calibre”.

Asistentes a la reunión

Al encuentro acudieron los embajadores ante el Consejo de Seguridad de Perú, Rusia, China, Bélgica, Reino Unido, Indonesia, Kuwait, Polonia, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Sudáfrica.

Asimismo, asistieron los embajadores acreditados ante el Gobierno dominicano de Reino Unido, China, Estados Unidos y Perú.

Vargas estuvo acompañado del embajador José Singer, representante dominicano ante este órgano de la ONU, y a quien felicitó por la coordinación de la visita. Participaron, además, viceministros, directores, y funcionarios de alto nivel de Relaciones Exteriores.

Aunque es la primera vez que el Consejo de Seguridad se congrega en República Dominicana, con anterioridad, el ministro de Exteriores dominicano ha presidido varias reuniones realizadas en Nueva York.

De igual modo, el país ejerció la presidencia temporal del Consejo en enero pasado, mes en que ingresó como miembro no permanente, calidad que mantendrá hasta el 31 de diciembre del año 2020.

El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y otras organizaciones que integran la Coordinación del Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís realizaron un piquete frente a la Gobernación de la provincia Duarte, en lo que según el anuncio hecho por sus voceros, es el inicio de un plan de lucha para exigir del gobierno central el cumplimiento de un pliego reivindicativo.

Con la consigna “el gobierno fracasó, pa´la calle vamos to´”, decenas de activistas llegaron movilizados a la parte frontal del edificio que sirve de sede a la Gobernación, tras recorrer varias calles de la zona céntrica de la ciudad desde la iglesia “Santa Rosa”, donde inicialmente se concentraron.

Los comunitarios exigen, entre otras demandas, la construcción de una plaza de la cultura, un puente en el sector de Ugamba, la carretera que comunicaría San Francisco de Macorís con el municipio de Río San Juan, la construcción del sistema cloacal de la ciudad y una planta de tratamiento en Vista al Valle, el saneamiento de la Cañada Grande, la entrega de los terrenos de la Regional de Agricultura a la UASD para la construcción de aulas y obras complementarias, pavimentación de la carretera de Estanzuela.

“Este es el inicio de un proceso de lucha que será ascendente y que no descarta ningún método, incluso la huelga municipal, para lograr que las autoridades cumplan con las sentidas demandas del pueblo”, expresó Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, en medio de la agitada manifestación frente a la Gobernación.

Monegro indicó que el movimiento de lucha ha sido racional y ha dado compás de espera entre una jornada de protesta y otra, pero deploró que las autoridades del gobierno a las que les corresponde responder nada hacen y el propio presidente de la República permanece indiferente en relación con las necesidades del pueblo planteadas.

“Estamos frente a un gobierno de corruptos e indolentes, con un presidente y funcionarios que no se han dignado en dar respuesta a ninguno de los problemas planteados, pese a lo necesario y urgente de algunas de las demandas, como es el caso del puente del sector Ugamba, declarado de emergencia hace más de dos años por representar un peligro el existente, sin que hasta el momento haya sido puesto un sólo block, o el caso de la construcción del sistema cloacal de la ciudad de San Francisco de Macorís, pese al impacto que tiene para la salud de la población la falta

“Tenemos definido un plan de lucha y hemos tomado la decisión de relanzar las movilizaciones de forma consecuente, con todo lo que ellos pueda implicar o suceder en San Francisco de Macorís, estamos conscientes de que la victoria será de nosotros, porque el pueblo está dispuesto a echar el pleito que sea y donde sea por sus derechos, y las autoridades tendrán que entender, que por la buena o por la mala, tendrán que construir cada una de las obras demandadas por mucho tiempo”, sentenció el vocero nacional del FALPO.

De su parte, Yoel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), reclamó que sean entregados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los terrenos en que se ubica la Regional Noreste del Ministerio de Agricultura, a los fines de construir aulas y otras obras complementarias de la universidad del Estado.

“La UASD, recinto San Francisco de Macorís, va en desarrollo, pero es insostenible por la limitación de la cantidad de aulas que tiene para recibir a centenares de nuevos estudiantes que se matriculan cada semestre, y por carecer una biblioteca moderna, una guardería infantil, un auditorio y otras facilidades”, manifestó el presidente de la FED en la UASD-Recinto San Francisco de Macorís..

Martínez, también secretario general del grupo estudiantil FELABEL, reclamó el fin de la corrupción y de la impunidad, al tiempo que exigió justicia en el caso de Vladimir Lantigua Baldera, estudiante de a UASD y dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD), asesinado por la Policía Nacional, el 1ro. de agosto del año 2017, primer día de un paro municipal de actividades por las mismas demandas que hoy siguen motivando movilizaciones y protestas en esta localidad de la región Noreste del país.

Las entidades que componen el frente de lucha en San Francisco de Macorís, además del FALPO, son la Unión de Juntas de Vecinos, el Movimiento Dominicano por la Unidad (MODU), el Bloque de Organizaciones Rurales de la Zona Este de SFM, el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), la Federación de Campesinos “Mamá Tingó”, el grupo estudiantil Fuerza Juvenil 14 de Junio (FJ14), la Corriente Sindical de Trabajadores Universitarios y la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED).

Gracias al apoyo e insistencia de su viuda, familiares, colegas y amigos, hoy el Tribunal Colegiado de Monseñor Nouel, después de 4 años y más de 300 audiencias, ha condenado a 30 y 20 años de prisión a los implicados en el asesinato del periodista Blas Olivo Santana.

Con 30 años fue condenado JOSE RADHAMES LORENZO, (alias Antón), por ser quien dirigía el grupo en el momento en que robaron el vehículo y asesinaron al profesional; y a quien le ocuparon el arma con la que le dispararon.

En tanto que IVAN ELISEO DE LEON, JOSE MANUEL VARGAS, JOEL PEÑA RODRIGUEZ, WILMER DE JESUS CAMACHO Y DARLING FRANCISCO VASQUEZ, fueron condenados a 20 años cada uno, por haberse demostrado que formaban parte de la banda criminal y que todos participaron en el robo y asesinato del periodista.

Después de escuchar a lectura del fallo del Tribunal Colegiado, la viuda de Blas Olivo, señora Raquel de La Cruz, agradeció a sus colegas, familiares y amigos, por haber mantenido en los medios de comunicación el nombre de su esposo y la reclamación de castigo a los responsables de su muerte. Asimismo, expresó que sin el apoyo recibido hubiese sido muy difícil lograr esta sentencia.

Agrego De La Cruz que Blas no vivirá con el mantenimiento de estas personas en prisión, pero que con ello se evita que continúen cometiendo hechos similares, y tendrán tiempo de arrepentirse de haberle negado a sus hijos crecer bajo el ejemplo de un padre honrado y trabajador; así como a la sociedad la presencia de un ciudadano que sirvió siempre a los más necesitados del campo dominicano.

SANTO DOMINGO, RD.-El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y otras ocho instituciones se comprometieron a fortalecer la cooperación en la implementación de una estrategia nacional que ayude a prevenir y combatir la explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes que se realiza a través de internet.

El viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de Mirex, Hugo Rivera, encabezó la actividad, en representación del canciller Miguel Vargas.

Explicó que la iniciativa está motivada porque la conectividad puede cambiar las reglas del juego para algunos de los niños más marginados del mundo, ayudándoles a desarrollar su potencial y a romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza.

Sin embargo, millones de niños y adolescentes no se benefician de la tecnología, sino que ponen su vida en riesgo, debido al auge de la producción y distribución en línea de imágenes y otros materiales ligados a la explotación sexual a personas menores de 18 años.

Asimismo, esta nueva estrategia interinstitucional toma en cuenta que los niños, niñas y adolescentes representan aproximadamente uno de cada tres usuarios de internet en todo el mundo, y, en algunos países, los niños menores de 15 años tienen la misma probabilidad de usar internet que los adultos mayores de 25 años. Por lo tanto, la población más joven no es inmune al contenido dañino, a la explotación, abuso sexual, y al ciberacoso que se presenta en Internet.

Al asumir la citada realidad como elemento de preocupación, desde el año 2018, la República Dominicana es parte de la Alianza Mundial WeProtect, una red que actúa en más de 84 países para prevenir y reducir la explotación sexual en línea de niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las instituciones públicas, empresariales y no gubernamentales.

Con la adhesión a esta alianza se logró establecer una Respuesta Nacional, un plan de acción multisectorial y, este miércoles, un acuerdo que firmaron el Mirex, el Ministerio de la Presidencia, como coordinador del programa República Digital, el Ministerio de Educación (Minerd), la Procuraduría General de la República (PGR), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Coalición de ONGs por la Infancia, Plan International y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Durante este año, para esta respuesta nacional se han definido las acciones prioritarias que cada organización lidera en su sector para integrar la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual en internet en sus acciones, y se ha conformado la Mesa Técnica contra la explotación sexual en línea, bajo la coordinación del Directorio de Conani, en el marco de la Hoja de Ruta Nacional para la prevención y eliminación de la violencia contra los niños y niñas.

De igual forma, este primer año de esta alianza en el país, ha fortalecido las capacidades para mejorar la persecución de los delitos de explotación sexual en línea, y para proveer asistencia a las víctimas.

El vicecanciller Hugo Rivera presentó los logros obtenidos por la República Dominicana en el marco de WeProtect. Indicó, que “durante este primer año de implementación, República Dominicana se ha centrado en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y atención a víctimas, y en el combate a la impunidad entre los delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

A su vez, manifestó que el instrumento de colaboración firmado “marca un hito histórico en nuestro país porque contempla los esfuerzos interinstitucionales en las áreas de política y gobernanza, justicia criminal, víctimas, sociedad e industria”.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, resaltó, durante su intervención en la actividad, los avances logrados contra la explotación sexual en línea de niñas, niños y adolescentes, destacando que, como resultado de esa labor, el Ministerio Público ha logrado desde el pasado 2015 investigar 2 249 direcciones IP, ha judicializado 68 casos de explotación sexual en línea y ha obtenido 31 condenas por esos delitos.

Además, se han establecidos protocolos de investigación y de asistencia a víctimas de violencia sexual en internet. A la fecha, 892 jueces, fiscales y policías e investigadores fueron capacitados para asegurar que los autores de los delitos de explotación sexual en línea sean sancionados y las víctimas, protegidas.

Rosa Elcarte, representante de Unicef, expresó su satisfacción por los avances obtenidos en la lucha contra la explotación sexual en línea contra los niños, niñas y adolescentes, y remarcó que solo con la participación conjunta de los actores institucionales y de la sociedad civil de este acuerdo, los resultados obtenidos serán sostenibles en el tiempo.

Asimismo, señaló que “esto solo es el inicio, y que en los años siguientes hay que fortalecer lo avanzado e incorporar al resto de los actores del Acuerdo, así como incluir a las familias y a los niños en nuestros esfuerzos”.

Por su parte, Kenia Lora, presidenta del Conani, expresó que “la explotación sexual infantil en línea supone un doble desafío: el de la explotación per se, y el de la exposición que propicia el fácil acceso a la red por parte de nuestros NNA, ante lo cual se hace urgente forjar alianzas y procurar una conciencia ciudadana plena, integral y actualizada”.

Conani, sumando esfuerzos, ha ido consolidando una respuesta conjunta y estratégica a esta problemática, de manera que República Dominicana disponga de medios para proteger, reparar y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de alguna forma de explotación sexual en línea.

En ese engranaje, Conani dispone de la protección que brindan los Hogares de Paso como uno de los estandartes institucionales de protección y restitución de derechos. Precisamente el pasado 18 de junio del año en curso, se inauguró en La Romana, un nuevo Hogar de Paso, para adolescentes de entre 13 y 17 años, con una capacidad de atención de hasta 40 adolescentes.

Aracelys de los Santos, en representación de Plan International República Dominicana, destacó que “es fundamental el empoderamiento de las y los adolescentes para que sepan cómo evitar que su seguridad y derechos sean violados en internet, así como un acompañamiento a padres, madres, tutores y docentes para que se puedan educar en la utilización de internet de forma segura”.