Esmeralda Ortega Polanco, alias 550, es una de las dos mujeres involucradas en el expediente acusatorio contra los implicados en la Operación Coral 5G, por la cual tres generales fueron detenidos a mediados de semana por encabezar un entramado militar que se apropió de más de RD$4,500 millones del Estado.
Ortega Polanco fungía como gerente de la sucursal del Banco de Reservas (Banreservas) de la estación de combustible Texaco en la avenida Venezuela, lugar donde se realizó más del 90% de las operaciones financieras de este grupo.
Según consta en el expediente acusatorio, a través de Ortega Polanco, el grupo, encabezado por Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, evitaba los controles del sistema financiero, manejando cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para solventar tales sumas.
Ortega Polanco era una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza, mano derecha del mayor general Cáceres, y quien está apresado desde abril bajo la operación Coral.
La imputada daba instrucciones, según el Ministerio Público, a nombre del coronel Núñez de Aza y hacía transferencias financieras a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos, lo que constituye un robo de identidad.
Por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núnez de Aza, dice el documento.
“Del dinero obtenido en SSA Corporation, la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, debía transferirlo a distintas cuentas o entregarlo en efectivo para el uso del entramado, por lo que hacía que su asistente Nicole Yomarys González Núñez le firmara las chequeras en blanco y posteriormente procedía a librar montos a nombre de esta misma para hacerlos efectivo, cambiándolos siempre en el Banco de Reservas de la Avenida Venezuela, en donde se encontraba la imputada Esmeralda Ortega Polanco (Codinome) 550 como Gerente de la sucursal. Luego el dinero era depositado en las cuentas del Banco de Reservas de Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL, Meljo Comercial EIRL, Randa Internacional, SSA Corporación SRL, OPUTUMUS EIRL, o simplemente lo hacia efectivo y se lo entregaban al imputado Rafael Núñez de Aza (a) RNA para el manejo de las operaciones del entramado”, dice el expediente acusatorio.
Ayer, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
