JACQUELINE MORROBEL

SANTO DOMIONGO, RD.- El Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud autorizaron este viernes el reinicio de la docencia para el martes 11 de enero, pero aclara que será a voluntad y decisión de los padres.

No obstante, exhortaron a toda la comunidad educativa y muy especialmente a las familias y a los y las docentes, a acudir con entusiasmo a sus respectivos centros educativos.

Se recuerda que, en la actualidad, la República Dominicana pasa por su quinta ola del coronavirus, con altos casos de contagios de la enfermedad, lo que ha provocado que varios sectores se opongan a la vuelta a las aulas.

Las autoridades decidieron que el reinicio a las clases será de manera presencial, pero a voluntad de los padres de los alumnos, que decidirán si enviar sus hijos a las aulas o que estos reciban docencia de manera virtual, como se hizo el año escolar pasado cuando el país estaba confinado por el coronavirus.

Según un comunicado, la Mesa Técnica Conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación estará activa permanentemente, atenta a las incidencias que pudieran presentarse y convertirse en una amenaza de contagio, ante lo cual será activado de forma inmediata el Procedimiento previsto en el protocolo de bioseguridad para estos casos.

En el marco de Dominicana Se Transforma, la aseguradora General de Seguros se une al grupo selecto de empresas privilegiadas del país en experimentar el cambio propuesto John C. Maxwell a través de su fundación de liderazgo y la Fundación Dominicana Se Transforma, quienes visitaron nuestro país para instalar las llamadas “Mesas de Transformación” que impulsarán la transformación y rescate de valores claves identificados para iniciar y conseguir la transformación de la República Dominicana.

Esta iniciativa que permea instituciones del estado, así como las empresas privadas, persigue inspirar y transformar todos los sectores de República Dominicana a través del rescate de sus valores provocando un cambio positivo en la sociedad, a través de diversas actividades y entrenamientos establecidos, en las mesas de transformación se aportan estrategias que persiguen consolidar un giro positivo en nuestra sociedad.

Se inició en la sede principal de General de Seguros, la instalación de las mesas que perduraron por varias semanas consecutivas, y que se encuentran integradas por los supervisores y líderes de la aseguradora. El objetivo es comenzar a multiplicar el aprendizaje entre los más de 120 colaboradores que se unirán en la tarea de la réplica y multiplicación del mensaje. Es así como la aseguradora se suma a la transformación del país.

De esta manera República Dominicana se suma a la iniciativa presente en Guatemala desde 2013, Paraguay 2015 y Costa Rica en el 2018.

SANTO DOMINGO. –La Cámara de Diputados decidió dar inicio de nuevo al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, luego que el que se aprobó en el Senado fuera archivado indefinidamente.

La decisión de dar lectura nuevamente a la pieza legislativa se produjo durante una consulta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco con el liderazgo de ese órgano legislativo.

Al regreso de un cuarto intermedio solicitado por el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, el presidente del órgano legislativo informó sobre la decisión tomada en la consulta.

“En virtud de la consulta que hicimos con el liderazgo, en la reunión que acabamos de sostener, vamos a retirar la moción de que se libere de lectura el proyecto, para dar lectura al mismo, luego se le dará lectura al informe”, precisó Alfredo Pacheco.

El secretario del bufete directivo, el diputado Agustín Burgos, inició la lectura del proyecto de ley del código Penal que contiene 419 artículos.

El proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana que ya había sido aprobado en el Senado de la República, fue asumido por los diputados Rogelio Alfonso Genao Lanza, Máximo Castro Silverio y Darío Zapata.

La lectura del proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana inició a las 2:40 y concluyó la lectura de la tarde y concluyó a las 6:40 con la lectura del artículo 219.

El presidente de la Cámara de Diputados, al cerrar los trabajos de la sesión, convocó a los legisladores y para continuar con la lectura del código a partir de las 10:00 de la mañana de este jueves.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y de l Consejo del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina Peña, calificó como un logro sin precedentes en la historia de la administración de justicia del país la erradicación en un 100% de la mora judicial en la Segunda y Tercera Salas, el Pleno y Salas Reunidas del alto tribunal.

En su discurso central de este 7 de enero con motivo del Día del Poder Judicial, en audiencia solemne celebrada en la Sala Augusta a la que asistió el presidente de la República Luis Abinader, el magistrado presidente aseguró que por ese arduo trabajo la justicia exhibe hoy un logro sin precedentes en su historia, gracias a la labor y compromiso asumidos por los jueces que componen el pleno de la Suprema Corte de Justicia, “al quedar resuelto el 100% de los expedientes de audiencia y fallos apoderados antes de 2019”.

“Este gran trabajo es el resultado del Plan de Erradicación de la Mora o retardo judicial que pusiera en marcha el Pleno de la Suprema Corte. Así como la integración de nuevas metodologías de trabajo y herramientas tecnológicas”, sostuvo Molina Peña.

De acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, que conoce los casos civiles y comerciales, al 2019 contaba con un cúmulo de 6,467 expedientes. “Hoy habiendo hecho un trabajo contundente, ha logrado llevar la mora a un 28.7%, con solo 730 expedientes pendientes”.

En otro tema, Molina Peña indicó que entre los avances relativos a los sistemas revisados se encuentra el estudio y diseño del Escalafón Judicial, el cual avala los derechos de profesionalización de la judicatura y permite de manera racional asegurar que el avance de cada jueza y juez se produzca bajo parámetros objetivos y relativos a cualificaciones equitativas.

“Aumentando las perspectivas de institucionalización y limitando la discrecionalidad, se produjeron los primeros movimientos en la carrera judicial. El escalafón judicial, de acceso público, permite generar relaciones más justas y armónicas entre jueces, en cumplimiento del mandato de la Ley de carrera judicial desde 1998”, expuso el también presidente del Consejo del Poder Judicial.

Agregó que cada una de estas actualizaciones resultan en protección efectiva de las garantías de las juezas y jueces, aportando a una judicatura más profesionalizada y estable, dejando atrás la discrecionalidad en la toma de decisiones vinculadas al sistema.

De igual manera, explicó que se está incorporando a la actividad judicial la tecnología necesaria no sólo para optimizar su operación, sino también para hacerla más transparente, fiscalizable y orientada a la rendición de cuentas.

“No es sólo un cambio tecnológico, sino también una transformación cultural”, concluyó.

También, Molina Peña recordó que se ha actualizado el Código de Comportamiento Ético, el cual funciona como un catálogo de deberes, prohibiciones, inhibiciones, inhabilidades y conflictos de intereses.

“Este código de ética, amparado en valores compartidos, permite renovar el vigor del sistema de integridad. Aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la modificación de esta política judicial abona a la necesaria confianza de la ciudadanía en la Justicia”.

El magistrado presidente sostuvo que el Poder Judicial encuentra razón de ser al lograr una justicia inclusiva, oportuna y confiable, garante de los derechos y la dignidad de las personas. Con políticas judiciales que abonan al acceso y reducen las barreras para quienes el sistema pone en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la Escuela Nacional de la Judicatura, el magistrado presidente señaló que se continuaron desarrollando los programas que potenciaron la opción virtual, lo que pudo facilitar el acceso y capacitación a un total de 14,944 personas. “Estos programas fueron aplicados a todo el personal interno y a usuarios, abogados y abogadas de todo el país”, dijo.

Además, explicó que también supone un importante aporte a la transformación de la justicia la creación del Laboratorio de Innovación para la Justicia de la Escuela, así como el lanzamiento de su nueva biblioteca virtual, donde se pueden consultar jurisprudencia y doctrina de 1910 a julio de 2021.

Sobre el Registro Inmobiliario, manifestó que este organismo mantiene un nivel de cumplimiento superior al 95%, pese a que la demanda de servicio ha crecido un 20%.

“Durante el año que terminó auspiciamos la celebración de la VII Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro de Propiedad, ocasión en la que pudimos exhibir los avances en atención de público que han significado tanto la oficina virtual para trámites registrales como la aplicación móvil del servicio, expresó.

Propuesta de Ley

El presidente de la SCJ anunció que el Poder Judicial ha ejercido por primera vez su facultad constitucional de iniciativa legislativa, al enviar al Congreso el proyecto de Ley de uso de medios digitales en la administración de justicia.

“La virtualidad llegó para quedarse. Ella contribuye a la celeridad y la transparencia de la administración de justicia de manera decisiva. Aquello que ocurría al interior de los despachos hoy se encuentra en línea para facilitar la actuación de las partes, el control ciudadano y la mejor gestión de los recursos que nos han sido confiados. El inicio del trámite en el Congreso Nacional es una gran oportunidad para la transformación de la justicia y deseo expresar nuestro completo compromiso con el apoyo a esta tarea que hoy compete a los legisladores”, dijo.

Finalmente, el magistrado presidente aseguró que el Poder Judicial continuará profundizando su anhelo de contribuir al bienestar del país.

“Las juezas y jueces, con su compromiso con la integridad, su vocación de servicio y su gran formación, son una columna de confianza y apoyo para que la sociedad dominicana pueda continuar su camino de avance. Nuestro trabajo es protección de las garantías y libertades que la Constitución sostiene”, concluyó.

El gremio depositó un recurso de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto Nacional en procura que se le asignen los recursos necesarios al sector justicia.

SANTO DOMINGO, RD.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) deploró que se cumplan 17 años de violación a la independencia financiera de la justicia precisamente en el Día del Poder judicial y lamentó que este sector tenga que mendigar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional los recursos que les toca por Ley.

Una comisión de juristas encabezada por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que el artículo 3 de la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria establece que el presupuesto del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público debe de ser de por lo menos 4.10% del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el (PJ) y un 35 para la Procuraduría General de la República.

Los togados denunciaron que las limitaciones de recursos han imposibilitado mejorar las condiciones laborales y económicas de jueces, fiscales y otros servidores del sector, muchos de los cuales laboran en condiciones deplorables, recibiendo salarios pírricos, pocos incentivos y sufriendo carencias de insumos y herramientas para perseguir el crimen; asimismo mantiene estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales, la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto e igual cantidad de tribunales aprobados por leyes especiales, lo que mantiene asfixiado económicamente al sector justicia.

Para lograr este objetivo, el Colegio de Abogados declaró el 2022 el año de la Independencia Financiera de la Justicia y depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley No. 345-21, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2022. G. O. 11047 del 15 de diciembre de 2021, alegando que la misma viola los artículos 2, 6, 69, 149, 151 y 170 de la Constitución Dominicana; así como los artículos 1, 2, 3, 4, 6 Párrafo I, II, y 7 de la Ley 194-04, debido a la conculcación o vulneración de derechos, de la supremacía constitucional, del estado social y democrático de derecho, el principio de progresividad de la Norma Laboral, por afectar derechos fundamentales adquiridos y vulneración de la racionalidad, justeza y utilidad de la ley.

La acción en inconstitucionalidad fue depositada por decenas de abogados miembros del gremio, encabezados por su presidente Surun Hernández, quien indicó que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles con falta de personal, de equipos, de infraestructura física adecuada, sumado a la virtualidad lo que dificulta su operatividad.

El presidente del CARD agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años”.

Asimismo, valoró el inicio del acatamiento de la Sentencia TC/0286/21, por parte del Consejo del Poder Judicial con la apertura de las secretarías y el acceso a los expedientes.

El jurista anunció que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la Independencia Presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó una prórroga de cuatro meses al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados involucrados en el caso Coral.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, hizo la petición a través de una instancia fechada el día 4 de este mes de enero, dirigida al tribunal que preside el juez Raymundo Mejía, quien deberá decidir si acoge o no el pedimento del Ministerio Público.

La instancia fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien remitirá la solicitud al tribunal control de las investigaciones en contra de los acusados de pertenecer a la supuesta red que movió más de 240 millones de pesos en perjuicio del Estado.

En el documento firmado además por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja”. Cuando el caso es complejo la ley establece 4 meses de solicitud de prórroga y cuando el caso es ordinario 2 meses.

En su petición el Ministerio Público dice que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción de la que, figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

El 10 de mayo del 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo. Ordenó además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.

A los acusados se les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

Más de 200 mil estudiantes seguirán con clases virtuales.

SANTO DOMINGO, RD.-La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este jueves que debido al aumento de casos de Covid-19 la docencia del semestre académico a empezar próximamente continuará virtual, a excepción de aquellos estudiantes que deben recibir prácticas de laboratorio.

Anteriormente, las autoridades de la UASD habían decidido que el 60% de los estudiantes volviera a las aulas, sin embargo, ante la quinta ola de la pandemia se ha tomado la decisión antes mencionada.

La rectora de la universidad, Emma Polanco, expresó que volver a la modalidad presencial es un “riesgo” para la salud de estudiantes, profesores y sus familiares.

“No queremos provocar una ola contagios en masas en todo el país”, dijo refiriéndose a que “muchas personas” han llamado expresando su temor de que tantos estudiantes “agraven” la situación.

Recordó que el próximo semestre académico la UASD abrirá 30 mil secciones de clases, en la sede central y en los centros regionales diseminados en casi todas las provincias del país.