Por Nelson Feliz

Santo Domingo.-. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, declaró que es impostergable la modificación del Código Laboral, ya que tiene 30 años de vigencia y las condiciones laborales han cambiado de manera significativa.

García, manifestó que en el actual Código de Trabajo no está contemplado el Teletrabajo, con el cual, una persona desde su hogar puede laborar en varias empresas al mismo tiempo, además de la duplicidad del costo laboral, ya que se tiene que eliminar el Preaviso y la Cesantía, dando paso al Seguro de Desempleo.

Entiende que la modificación del incremento salarial cada 2 años para que sea automático y se aplique en los primeros 15 días del mes de enero , de acuerdo a los datos de la inflación del Banco Central , lo cual permitirá la recuperación de la capacidad de compra de los trabajadores.

Puso de ejemplo, la inflación del 2021 de 8 % (casi 2 dígitos ), y si continúan durante el 2022 los mismos factores de incrementos de precios de las materias primas y el transporte , por lo cual se mantendría la inflación, el trabajador tendría que esperar a mayo del 2023 para el incremento del salario mínimo , después de perder un 20% el valor de su salario real.

«Es urgente que se modifique la composición de los representantes del sector empresarial en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, es inaceptable que el comercio, el sector mayor empleador del país no esté representado en el mismo. Es inaceptable que las decisiones en el CNSS tienen que ser unánimes, es una retranca a las tomas de decisiones del CNSS. Son muchas las solicitudes de la sociedad para la modificación de la ley 87-01».

Por otro lado, el dirigente del comercio organizado, manifestó que el sector comercio no soporta el alto costo de la comisión que nos cobran las empresas CARNET Y VISANET por el uso de las mismas en nuestros establecimientos comerciales.

Iván de Jesús García dijo que las comisiones de hasta un 7% imposibilitan a nuestros asociados realizar múltiples operaciones de ventas y nos traen problemas con nuestros clientes, Como es posible que una ferretería pague un 5% por las operaciones de venta de cemento y varilla, cuando sus beneficios son menores al 5% , Como es posible para el comercio de alimentos vender arroz , azúcar , leche con beneficios menores al 10% ?.

García afirmó que la mayor cantidad de transacciones se realizan con tarjetas de débito, por lo cual, los emisores de las tarjetas no tienen ningún riesgo crediticio, y con los sistemas de información crediticia el riesgo sobre las tarjetas de crédito ha disminuido bastante, porque penalizar al comercio que somos sus mejores clientes.

El dirigente del comercio organizado, dijo que en octubre del 2020 se reunió en la Superintendente de Bancos Alejandro Fernández W. aún espera respuesta.

El presidente Luis Abinader recibió a representantes de juntas de vecinos de Santiago Rodríguez, en el Palacio Nacional, para escuchar y llevar soluciones a las principales problemáticas de sus comunidades.

El jefe de Estado encabezó una reunión con líderes de 30 agrupaciones políticas, en la que se aunaron esfuerzos para impulsar acciones que ayuden al país a un adecuado manejo ante la crisis haitiana.

El ministro de Salud Pública informó que las autoridades están en negociación con diferentes casas farmacéuticas del país para la apertura de compras de pruebas de antígenos en farmacias y lugares autorizados.

El liderazgo político nacional, en un hecho sin precedentes en la historia política dominicana reciente, se ha unido al gobierno en un esfuerzo conjunto para impulsar acciones que ayuden al país a un adecuado y correcto manejo de la crisis haitiana.

Treinta agrupaciones políticas, incluyendo las mayoritarias, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, junto a prácticamente todas las organizaciones del sistema partidario, elaboraron una declaración donde exponen a la comunidad nacional e internacional su decidida voluntad de afrontar el tema político y migratorio haitiano junto al presidente Abinader, poniendo el interés nacional por encima del partidario.

La declaración fue dada a conocer en un encuentro realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, donde destacó que se ha logrado un documento unitario como país en relación con la situación haitiana, así como los retos y los riesgos para el país.

Manifestó que este es un nuevo llamado a la comunidad internacional para que pueda ayudar en este grave problema.

“Ya no es solamente de Haití, ni de República Dominicana, sino un problema en términos migratorios y en términos de seguridad que está afectando a toda la región”, advirtió el jefe de Estado.

El mandatario estuvo acompañado del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; del viceministro administrativo Relación Gobierno Sociedad, Andrés Lugo Risk, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

El documento fue leído por Paliza, quien además es presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A continuación la declaración conjunta:

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Ante la crisis que vive la vecina República de Haití, el liderazgo político de la República Dominicana, en una demostración de madurez, responsabilidad y unidad patriótica, más allá de diferencias políticas, partidarias e ideológicas, subordinando los intereses sectoriales y particulares al interés nacional, hemos aunado esfuerzos junto al gobierno con el objetivo de orientar acciones firmes para proteger nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional y velar por el fiel cumplimiento de nuestras leyes migratorias.

Hoy Haití se encuentra sumida en una crisis multidimensional que afecta su gobernabilidad y se expresa en términos humanitarios, de seguridad ciudadana, económica, ambiental, institucional y política. Esto la ha llevado a una situación de colapso sistémico que repercute de manera peligrosa, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región latinoamericana y caribeña, alcanzando territorio continental de países desarrollados y de Departamentos de Ultramar dependientes de estos.

Reclamamos a la comunidad internacional, en especial, a EE.UU., Francia, Canadá y la Unión Europea, y a todas las naciones democráticas de nuestra América, que asuman sin más dilaciones un esfuerzo de ayuda y colaboración serio y consecuente con el rescate de Haití. Nos identificamos plenamente con el planteamiento de política exterior asumido en forma decisiva por el Estado dominicano, haciéndose eco de un gran clamor nacional, de que no hay ni habrá en el futuro solución dominicana a los problemas de Haití.

Invitamos también al pueblo dominicano y a todos los sectores de la vida nacional, en esta crisis, a unirse a este esfuerzo colectivo de todo el liderazgo político de la nación. Como dijo nuestro insigne humanista Pedro Henríquez Ureña: “El ideal de civilización no es la unificación completa de todos los hombres y todos los países, sino la consideración de todas las diferencias dentro de una armonía”.

Finalmente, ratificamos la política de buena vecindad con el pueblo haitiano, basada en la no intervención y respeto mutuo de la soberanía, así como en la necesaria contribución que cada uno, desde su territorio, debe aportar a la seguridad de sus nacionales y a la preservación de los medios de vida, y de manera esencial a la dignidad humana como pilar fundamental de un Estado Social y Democrático de Derecho.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

En representación de los partidos políticos estuvieron presentes Carolina Mejía, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Julio Cesar Valentín y Sigfrido Pared Pérez, Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Manolo Pichardo e Inocencio García, Fuerza del Pueblo (FP); Miguel Vargas Maldonado y Héctor Guzmán, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Federico Antún, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

También, Manuel Oviedo en representación de Dominicanos por el Cambio (DxC); Pedro Corporán, Partido de Unidad Nacional (PUN); José Francisco Peña Tavárez, Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Jorge Zorrila, Partido Cívico Renovador (PCR); Ramón Emilio Goris, Partido Humanista Dominicano (PHD), y Elsido Díaz, Partido Movimiento Demócrata Alternativo (MODA).

De igual forma, Ricardo Polanco, del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); Juan Dionisio Rodríguez, Frente Amplio por la Dignidad Nacional; Milton Morrison, País Posible (PP); Elías Wessin Chávez, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Maritza López, Partido Acción Liberal (PAL); Luis Acosta, Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC); Amaury Guzmán, Partido Liberal Reformista (PLR), y Pelegrín Castillo, por la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

Además, Trajano Santana, representando al Partido Revolucionario Independiente; Nelson Didiez, Partido Demócrata Popular (PDP); Juan Cohén, Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); Antonio Brito, Movimiento Rebelde (MR); Antolín Polanco, Partido Verde Dominicano (VERDE); Freddy Núñez, Partido Quinta República (V República); Ismael Reyes, Partido Demócrata Institucional (PDI); Dorian Féliz, Partido Popular Progresista (PPP); Soraya Aquino, Partido Solidario Cristiano (PSC); Manuel Celestino, Movimiento Izquierda Unida (MIU), y Ciprián Reyes, Partido Demócrata Dominicano (PDD).

Santo Domingo.– La Superintendencia de Bancos (SB) puso en vigencia la carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros, con el objetivo de educar y concienciar a los ciudadanos sobre las prerrogativas y obligaciones que les asisten en sus relaciones con las entidades de intermediación financiera (EIF).

Se trata de una serie de 13 pautas que deberán ser provistas a los usuarios de manera física y digital, para asegurar una mejor interacción con la banca.

Según establece la Circular SB: Núm. 001/22, las entidades de intermediación financiera (EIF) deberán entregar a los usuarios la carta de derechos y deberes al momento de subscribir los contratos de adhesión y/o contratos financieros de sus productos y servicios.

De igual manera, las EIF deben colocar la carta de derechos y deberes de manera visible y permanente en sus oficinas y centros de atención al cliente, además de contar con folletos impresos que faciliten a los usuarios su consulta.

Conforme con la normativa, el documento debe estar disponible en el menú principal de opciones del portal de internet de cada entidad, en una sección que deberá denominarse Protección al Usuario, además de ser enviado trimestralmente a sus clientes a través de canales digitales y móviles, como aplicación, email, telefonía móvil (SMS), entre otros.

Las entidades disponen de un plazo de 30 días para las adecuaciones en los canales digitales y de 90 para la inclusión de la carta de derechos y deberes en los contratos físicos a partir de la publicación de la circular.

“Nos sentimos más que satisfechos con esta importante iniciativa que significa un paso trascendente de la SB hacia el alcance de su objetivo estratégico de promover mejoras en la protección, provisión de información y salud financiera de los usuarios del sistema”, expresó el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W.

Derechos y deberes

La carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros establece que los usuarios deben verificar si su entidad está en el registro de entidades autorizadas por Superintendencia de Bancos, suministrar datos e informaciones verídicas, suministrar información detallada sobre los productos y servicios que desea adquirir, leer detenidamente el contenido de los contratos y documentos antes de firmarlos, utilizar los productos y servicios de acuerdo con lo establecido en el contrato, cumplir con el pago de los créditos en la fecha acordada y proteger la integridad de sus datos personales.

Por otro lado, los usuarios tienen derecho a obtener la información o documentación que necesiten, acceso a los productos y servicios sin sufrir discriminación, la posibilidad de reclamar a su entidad ante cualquier vulneración de sus derechos, elegir la entidad y el producto de forma libre y voluntaria, tener protección y exigir la aplicación de las leyes por parte de las entidades, así como el derecho a la información y educación financiera.

Santo Domingo.-El Ministerio de la Mujer hace un llamado a las instituciones públicas y privadas, gremios profesionales, iglesias, ONG y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, para preparar y remitir los expedientes sobre mujeres cuya vida y obra han trascendido y que puedan ser reconocidas con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2022.

La institución recuerda que el 31 de enero del 2022 vence el plazo para depositar los expedientes de candidatas a la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, y que no habrá prórroga.

Con esta condecoración, creada mediante el Decreto 3013-85 del 29 de mayo de 1985, el Poder Ejecutivo honrará a mujeres dominicanas o nacionalizadas, cuya extraordinaria vida y obra haya trascendido en el ámbito periodístico, rural, laboral (obreras), salud, educación, feminista, inclusión, diáspora, religioso, político, militar, empresarial y deportivo. También se incluye reconocimiento póstumo.

El excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader Corona impondrá las preseas en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las informaciones, el reglamento y los formularios para postular a las candidatas están disponibles en la página web www.mujer.gob.do y en las redes sociales del Ministerio de la Mujer @MmujerRD.

Las personas interesadas pueden consultar en la sección Sobre Nosotros, Medalla al Mérito en la página web del ministerio, llamar al 809-685-3755 extensiones 2007 y 3002, acercarse a nuestra sede principal, o a cualquiera de las 57 Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio de la Mujer.

Los expedientes con las propuestas pueden enviarse mediante correo electrónico a medalla@mujer.gob.do o depositarse físicamente en la Dirección de Comunicaciones de la sede central del Ministerio de la Mujer, en la avenida México, Esquina 30 de Marzo, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Bloque D, segundo piso, Distrito Nacional, y en las Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó este viernes el Reglamento General de Aplicación de la Ley 90-16 Orgánica de la Policía Nacional, luego de seis años de espera, lo que constituye el más grande y firme paso hacia un cuerpo del orden acorde a los nuevos tiempos, profesionalizado y renovado.

Igualmente, el jefe de Estado, atendiendo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, designó a José Vila del Castillo, como Comisionado Ejecutivo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, por su amplia trayectoria y experiencia profesional en materia policial en el ámbito internacional.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el presidente Abinader resaltó que estas acciones se suman a la Comisión para la Ejecución de los planes de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional que se creó el 7 de enero pasado mediante el decreto 2-22.

Se trata del organismo designado para la implementación de los planes, estrategias y políticas diseñadas por el grupo de trabajo para la reforma policial, la puesta en ejecución de sus recomendaciones y para dar seguimiento a todo el proceso de cambio estructural de la Policía Nacional que iniciamos hace unos meses.

La iniciativa, dijo, surge en el marco de las recomendaciones recogidas en el informe final del mencionado grupo de trabajo, como muestra del alto grado de compromiso que tiene el Gobierno con la tan deseada transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

El propósito es hacer una institución acorde con los lineamientos de un país moderno que defiende los mejores valores de la democracia y el Estado de derecho, para construir un país mucho más seguro.

La Comisión la preside el propio presidente Abinader, acompañado por el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, quien fungirá como vicepresidente.

Además, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y dos miembros más designados al efecto, tendrán la responsabilidad de coordinar y poner en marcha todas las cuestiones referidas al gran compromiso que supone para el Estado dominicano la articulación de los cambios necesarios para contar cuanto antes con un cuerpo policial de vanguardia, como se merece el país.

Esta Comisión presentará informes trimestrales, muy necesarios para conocer la evolución del proyecto de reforma policial en su conjunto.

La puesta en ejecución del diseño concebido por el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional alcanza con esta Comisión uno de sus puntos más importantes.

A través de ella se coordinarán las instancias públicas y los departamentos administrativos para conseguir, en el menor tiempo posible, la modernización de la Policía Nacional, presentando al Fideicomiso para la reforma, los planes e iniciativas necesarios para llevarla a cabo que necesite financiamiento.

Reglamento es una realidad

El presidente Abinader recordó que para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional, desde que llegó al Gobierno se propusieron desarrollar su Reglamento, que estaba pendiente desde hace 6 años y cuya puesta en funcionamiento no cumplió la administración anterior.

“Por lo que le dimos la más alta prioridad para sacarlo adelante y crear el marco jurídico necesario para hacer avanzar el proyecto de la reforma de la Policía Nacional”, agregó.

Anunció que la promulgación de este Reglamento General de Aplicación presentado hoy pone en capacidad al Consejo Superior Policial para conocer y aprobar, en su caso, los demás reglamentos internos que manda la propia Ley y que también fueron redactados y revisados por el grupo de trabajo y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

“En resumen, con estas acciones estamos marcando un nuevo hito en este largo camino que representa el compromiso con nuestro país y con el pueblo dominicano”, enfatizó Abinader.

Las disposiciones

En el acto realizado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó los decretos con las disposiciones.

Mediante el decreto 20-22 se promulgó el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

A través del decreto 21-22 José Vila del Castillo fue designado como comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

A su vez, el decreto 22-22 designó a Servio Tulio Castaños como miembro de la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

Posterior a la lectura de los extractos de los decretos, el presidente Abinader tomó el juramento de José Vila del Castillo y Servio Tulio Castaños.

En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional tiene el propósito de regular los procedimientos derivados de la Ley No. 590-16, así como adecuar la organización y el funcionamiento de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la carrera policial y el ejercicio de la profesión policial.

“La puesta en vigencia del presente reglamento constituirá un soporte indispensable para la materialización del proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional impulsado y dirigido por el presidente Abinader”, manifestó Peralta.

De su lado, el comisionado ejecutivo, José Vila del Castillo, dijo sentirse honrado con la designación y aseguró que pondrá todo su empeño para que el sueño de todos los dominicanos de tener una policía que sea, no solamente una vertebradora social, sino la garante de todos los derechos civiles y humanos y del acceso a la justicia sea posible.

Consideró como una característica fundamental la voluntad política que existe por parte de la Presidencia para que todo el proceso de reforma se lleve a cabo efectivamente.

Resaltó, como otra característica, que se trata de un proceso absolutamente transversal en el que están participando todas aquellas instituciones y personas que han querido hacerlo.

Agregó que el triunfo del proceso está asegurado porque la Policía Nacional está motivada y dirigida por una persona dispuesta a transformar y a dejar un cuerpo mucho mejor de lo encontrado. Por ello, pidió a la sociedad dominicana que tenga fe en el equipo de trabajo y prometió que pronto se verán cambios.

También dijo que los responsables ejecutivos de la política Policial de República Dominicana, son el director de la Policía Nacional y el ministro de Interior y Policía.

En ese sentido, precisó que el comisionado no tiene ninguna función ejecutiva sobre la política operativa policial, sino que su función es coordinar e impulsar todas las iniciativas que vayan dirigidas al proceso de transformación y modernización del cuerpo policial.

El gobernante estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y el de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez. Asimismo, del director de la Policía, mayor general Eduardo Alberto Then, y Roberto Santana, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en Política de Seguridad y Sistemas Penitenciarios.

De igual forma, estuvieron presentes Josette Ionit Becher, esposa del nuevo comisionado, y su hijo Jaime Vila Pérez de Armiñán; los representantes de organismos internacionales, miembros de la sociedad y del empresariado dominicano.

Experiencia de Vila del Castillo

Vila del Castillo tiene una dilatada experiencia que ha encontrado espacios para aportar de forma significativa en la transformación y profesionalización de diversos cuerpos policiales en toda la región de Latinoamérica y en África Occidental.

En esos lugares ha trabajado muy de cerca en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción institucional, así como la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados.

Vila del Castillo ha fungido como representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y como asesor senior para Latinoamérica y el Caribe de UNODC en la implementación de varias reformas policiales y en el establecimiento del primer programa de lucha contra la corrupción en Honduras y El Salvador, entre otros países.

-Empresarios no saciados con la entrega de las EGEs con la capitalización, desacreditaron la central, para que se la entreguen

-Hace un llamado al Senado de la República, que asume su rol fiscalizador y rechace aprobación hecha en la Cámara de Diputados

-Falta de auditoría de costo construcción y desconocimiento de su valor real fue un plan para entregar la termoeléctrica

Santo Domingo, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, calificó el fideicomiso que entrega al sector privado la operación y manejo financiero de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, como el mayor despojo de los bienes del Estado que a su vez son los bienes del pueblo dominicano, por lo que hizo un llamado a los senadores que ejerzan su función de fiscalización y rechacen el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, proyecto que fue aprobado sin que muchos de los que tuvieron presentes no le dieron lectura.

“Bajo el subterfugio del fideicomiso y Alianza Público-Privada, le ha sido entregada la central Punta Catalina, al sector privado, en un total abandono de la función de fiscalización y representación del Congreso Nacional, corresponderá al Tribunal Constitucional, hacer su tarea”, dijo Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización de la sociedad civil, al tiempo de preguntarse, si la central termoeléctrica se instaló para suplir las deficiencias en el sistema eléctrico nacional, para no seguir dependiendo de los generadores privados, estando la misma en funcionamiento y sirviendo energía permanente, no vemos las razones para cederla, que no sea la de favorecer un sector que desacredito siempre la ejecución de la obra.

La falta de una auditoría de costo de la construcción de la central, que establezca si esta fue o no sobrevaluada, para establecer el valor de mercado, constituye un acto de corrupción, ya que está siendo entregado un bien público, sin saber su valor real, dejado a la apreciación de los que tendrán el manejo total, como se desprende del contrato remitido al Congreso Nacional y aprobado por la Cámara de Diputados, una acción cuyo responsable es el ministro de Energía y Minas y jefe del sector eléctrico, en proceso de liquidación, violando la Constitución y la ley 125-01 entre otras normativas de la administración pública.

El Estado Dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, mediante el decreto 538-21, que otorga poderes plenos al ministro Antonio Almonte, establece la constitución de un fideicomiso público e irrevocable, de administración, inversión fuente de pago y oferta pública denominado Fideicomiso, CTPC, transfiriendo de inmediato las facilidades y equipos que componen Punta Catalina incluyendo dos unidades de generación eléctrica con una capacidad neta garantizada de 337.39 MW cada una cada una, un muelle carbonero con una capacidad máxima de ochenta mil (80,000) toneladas, sistemas de descarga y almacenamiento de carbón completamente cerrados, depósito de cenizas, almacén central para repuestos, planta de producción de agua, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de trescientos cuarenta y cinco kilovatios (345 kV) y de ciento treinta y ocho kilovatios (138 kV), a un costo nominal de 2,340,537,571.18 dólares.

Entre otras propiedades, entre la que se encuentran, todos los vehículos “carros, camionetas, camiones, autobuses, grúas, tractores, volquetas, entre otros”, propiedad de la CDEEE y asignados a la Central Termoeléctrica, cuyo valor total de adquisición consolidado asciende a la suma RD$166,416,258.70, los inmuebles de la termoeléctrica, que poseen un valor ascendente a 6,991,924.09 de dólares, “conforme lo establecido en el Contrato de Compraventa de Inmuebles y Cancelación de Enfiteusis por Consolidación de Derechos Reales No. 076/2020 de fecha (9) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020)”, cuatro inmuebles ubicados en Baní, provincia Peravia, con extensión superficial de 1,017,635.66 Mts2.

Cabe señalar que los bienes propiedad de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, están siendo transferidos, sin que se haya derogado el artículo 138 de la Ley 125-01, que la crea, siendo liquidada, por mandato del decreto 342-20 del 16 de agosto del año 2020, constituyendo una violación a la Constitución y la norma.

El director ejecutivo Víctor Castro se comprometió en guiar prácticas transparentes para adecentar la institución y garantizar pago a suplidores.

Santo Domingo.- En este 2022 la nueva gestión al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció su compromiso con el desarrollo de prácticas transparentes para adecentar la institución con el fin de brindar servicios de calidad a los estudiantes y garantizar el pago pendiente a los suplidores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En ese sentido, la actual gestión está enfocada en desarrollar procesos auditables, apegados a la Ley 340-60 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y a los principios éticos con la finalidad de que los estudiantes sean el verdadero centro de la política de asistencia que ejecuta esta institución ofreciendo servicios gratuitos de alimentación y salud.

Además, consientes del impacto positivo en las economías locales que genera la adquisición de insumos destinados a la alimentación escolar, la institución garantizó el inicio del pago pendiente a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) que participan en la entrega de desayuno y almuerzo escolar a nivel nacional este año lectivo 2021-2022.

En la actualidad cientos de MIPYMEs son parte de los suplidores de alimentos lo que refleja la importancia de este sector, por lo que serán honrados los compromisos contraídos.

Como parte de la nueva visión para el fortalecimiento institucional, el director ejecutivo Víctor Castro, reiteró que el adecentamiento integral del INABIE, el acercamiento a sus nobles servicios, la pulcritud, la rendición de cuenta, así como la transparencia y la eficiencia de cada peso invertido, son compromisos ineludibles para asegurar el éxito de los programas que se desarrollan en beneficio del estudiantado dominicano.

Desde su llegada a la institución a finales de noviembre del 2021 la Dirección Ejecutiva implementa cambios estructurales para robustecer la operatividad del INABIE y crear mecanismos efectivos de fiscalización y control.