Santo Domingo.- El Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional solicitó a la nueva Cámara de Cuentas, en su calidad de órgano rector externo del sistema de control del Estado, que practique una auditoría de los procesos de la gestión del control interno de la Policía Nacional. Se informó que un equipo de auditores ya está avanzando en su realización.

Servio Tulio Castaños, coordinador del Grupo de Trabajo, destacó que entre los más importantes avances registrados se encuentran haber establecido una agenda de cambios en el cuerpo policial en las áreas normativa, organizacional, administrativa, y de diferentes sistemas de remuneración, control y transparencia, de acuerdo a la misión encomendada en el Decreto 211-21.

Consideró muy alto y relevante el nivel de colaboración alcanzado entre el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo Superior Policial y la Dirección General de la Policía Nacional, así como la coordinación de diferentes instituciones estatales a las que se han dirigido para realizar distintas evaluaciones y diagnósticos dispuestas por las leyes y que serán la base de las recomendaciones que presentarán al Poder Ejecutivo al término del mandato del Grupo de Trabajo.

Castaños Guzmán resaltó que gracias a las gestiones del Grupo de Trabajo, una Misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC), con sede en Viena Austria, realizó una visita de trabajo al país de 12 días de duración y acaba de producir el informe de evaluación diagnóstica de la estrategia de seguridad ciudadana y la Policía Nacional de la República Dominicana, que contiene elementos claves para abordar los cambios en el cuerpo policial de manera objetiva y profesional.

El Grupo de Trabajo recibió los borradores de todos los reglamentos ordenados por la Ley de la Policía Nacional, pendientes de promulgación desde 2016 y ha completado la revisión del Reglamento General de la Ley, al igual que el destinado a regular el uso de la fuerza por la Policía.

Asimismo, redactó un reglamento para el funcionamiento de Comisiones Independientes integradas por juristas ajenos a la labor policial, para dar seguimiento a todos los procesos sancionadores que se lleven contra los miembros de la Policía Nacional por la comisión de faltas graves, a tono con el artículo 40 de la Ley de la Policía.

El coordinador del Grupo de Trabajo informó que se ha realizado una importante coordinación entre los Ministerios de Administración Pública e Interior y Policía para que ponderen los sistemas y políticas salariales vigentes, y en base a ello se pueda elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de dichos sistemas y adecuar y trasformar su estructura organizacional a la de una policía moderna y acorde a estos tiempos.

Finalmente se anunció que a solicitud del Grupo de Trabajo el Ministerio de Interior y Policía contrató un equipo de consultores locales que asistirán al Grupo en la elaboración de algunos protocolos y otras tareas relacionadas. Estos consultores son los expertos Carolina Ramírez, Lilian Bobea y Daniel Pou.

El informe fue presentado al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, quien estuvo acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; al director general de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en compañía de los miembros del Grupo de Trabajo.

El informe completo del Grupo de Trabajo estará disponible en la plataforma virtual del Ministerio de Interior y Policía para el conocimiento de toda la sociedad dominicana.

El informe fue presentado al presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, quien estuvo acompañado del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; al director general de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en compañía de los miembros del Grupo de Trabajo.

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que condenaba al Estado al pago de una indemnización de RD$15,000,000.00 a favor de un contratista y estableció los parámetros que motivaron esta jurisprudencia.

De acuerdo con el alto tribunal la sentencia del TSA fue emitida: “sin previamente haber deliberado si concurrían los elementos que concretizaban la responsabilidad patrimonial, a saber; a) una conducta que implique una falta al provenir de una acción u omisión antijurídica de la administración; b) que esta conducta haya originado un daño a una persona; y c) el vínculo de causalidad que debe existir entre la falta y el daño”.

Según la Tercera Sala, es necesario indicar que “la responsabilidad patrimonial, al igual que el régimen de responsabilidad civil común, se reviste de cánones conformados por todos los elementos que la configuran, por lo que es indispensable la conjugación de una acción u omisión, subsumida sobre aspectos fácticos, repercutiendo negativamente en la persona física o jurídica en cuestión; en caso contrario, sería errada la atribución de la responsabilidad patrimonial sin la debida constatación de sus causales”.

La decisión fue emitida por los honorables magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente de la sala; Manuel R. Herrera Carbuccia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico, éste último juez ponente de la decisión.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) aclaró que no se ha degradado ningún empleado de carrera administrativa de la institución, sino que fueron corregidas una serie de distorsiones, irregularidades y violaciones encontradas.

Indica que todo ciudadano que desee ingresar a la carrera administrativa, así como todo servidor público que desee ascender dentro de la misma, debe hacerlo mediante concurso de oposición, como lo establece el Artículo 3, numeral 1, de la Ley 41-08 sobre Función Pública.

“Hacer lo contrario representa una manifestación de favoritismo y una violación directa al derecho que tienen todos los dominicanos de ocupar un puesto dentro del Estado dominicano”, agrega.

Explicó que los reglamentos de la carrera y de evaluación del desempeño son claros al definir el ascenso como el movimiento de un servidor público a un cargo que corresponde a un grupo ocupacional de un nivel superior al que ocupa y establece como requisito fundamental participar en un concurso interno para poder obtener dicho ascenso.

“En el caso que nos ocupa, todos y cada uno de estos empleados reubicados, fueron ascendidos por las pasadas autoridades sin agotar el debido proceso, sin realizar concurso alguno, y es en virtud de esta situación que fueron reincorporados dentro de los cargos donde si tienen titularidad, es decir, donde ingresaron legalmente”, precisó.

El MESCYT establece que con la aprobación del Ministerio de Administración Pública (MAP), ha revocado los ascensos realizados de forma arbitraria por la gestión anterior, en franca violación de la Constitución que obliga a la Administración Pública, en su artículo 138, a someterse de forma plena a las leyes vigentes.

Observó que se constituye en una completa falsedad establecer que los salarios de estos servidores públicos reincorporados fueron disminuidos por debajo de la escala.

Del mismo modo, la Circular No. 0009615, emitida por el MAP indica en su numeral 3 que: “los salarios están vinculados a los cargos, a sus funciones y a las competencias que se exigen para su desempeño; por lo tanto, una vez los servidores de carrera retornen a los cargos en los cuales poseen titularidad, devengarán los salarios de los mismos, no el salario del cargo de nivel superior”.

En tal virtud, el MESCYT cita que a la llegada de la actual gestión fueron encontradas un sinnúmero de irregularidades similares a la antes mencionada, tales como núcleos familiares de hasta 6 miembros y personal que no asistía a sus puestos de trabajo, entre los cuales se encuentran algunos de carrera que fueron ascendidos de forma irregular y que hoy procuran tener derecho sobre un cargo obtenido en franca violación de la ley y del derecho de los demás ciudadanos.

SANTO DOMINGO.- Al menos 198 personas fueron vacunadas el pasado fin de semana en la jornada de inoculación contra el covid-19, organizada por la Seccional del Distrito Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que preside Yudelka Laureano.

Además de los más de 100 abogados que fueron vacunados, la inoculación se extendió a los familiares de los profesionales del derecho, a jueces, a los privados de libertad que guardan prisión en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se desarrolló el operativo y alcanzó también a los custodias.

Fue la segunda jornada de inoculación contra el covid-19 realizada por el gremio, luego que en la primera resultaran protegidos contra el coronavirus 100 de los afiliados al CARD.

En esta ocasión incluyó la primera, segunda y tercera dosis, esta última con una de un laboratorio distinto a las dos primeras, como muy bien han advertido las autoridades de salud.

La actividad contó con el apoyo del Gobierno dentro de su campaña #vacunateRD, por lo que Laureano expresó su agradecimiento en nombre de todos los afiliados del gremio al presidente Luis Abinader, la vicepresidente Raquel Peña y a las autoridades de Salud Pública.

Asimismo, felicitó a los abogados que acudieron a la convocatoria para fortalecer las condiciones de salud del país, porque es un momento en que la patria necesita de sus mejores hombres y mujeres.

“Hemos concluido una etapa sanitaria que consolidará nuestro gremio, porque cada abogado vacunado representa un aporte a una mayor apertura del país, que requiere de la participación de los profesionales del derecho para el buen funcionamiento de las distintas actividades, no solo jurídicas sino comerciales e institucionales”, dijo Laureano.

Destacó que todo el proceso fue realizado siguiendo los protocolos de distanciamiento y uso de mascarillas para protección del personal que estuvo laborando y las mismas personas que llegaban a la tercera planta del Palacio de Justicia para ser vacunadas.

Moca, provincia Espaillat. – El ministro Neney Cabrera, encargado de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), aseguró este domingo que en los próximos días Espaillat se convertirá en la segunda provincia donde el presidente Luis Abinader levante el toque de queda.

Basó su previsión en la fortaleza y ampliación de los trabajos de vacunación que el organismo a su cargo coordina en esta provincia a través de “La Ruta de la Vacunación”, como parte del Plan Nacional de Vacunación que lleva a cabo el Gobierno a través del Gabinete de Salud Pública, que coordina la vicepresidenta Raquel Pena.

Cabrera hizo la afirmación luego de dejar inaugurada la tercera oficina de Propeep en la Gobernación Provincial de Espaillat, junto a la gobernadora civil Juana Rosario de Candelier, y del senador Carlos Gómez Castro, en la que estuvieron presentes la directora provincial de Salud, Yuderka Collado, y el director del Programa Nacional contra la Pobreza Extrema Comunidad Digna, Adolfo Pineda.

El funcionario destacó la gran labor que realiza Propeep junto al personal de salud Pública para lograr inocular el 70 por ciento de la población adulta de Espaillat, donde reiteró que tiene vacunado el 65 por ciento de ese segmento poblacional y que otro 5% será vacunado en los próximos días, ya que falta una franja muy mínima para llegar a esta meta.

Informó, asimismo, que se ha intensificado la jornada en los territorios montañosas y áreas remotas de la provincia.

Enfatizó que el objetivo del presidente Luis Abinader y del Gobierno es lograr vacunar el 100 por ciento de la población de la provincia en el menor tiempo posible, a fin de obtener la inmunización de rebaño, para luego hacer la declaratoria de una “Espaillat libre de toque de queda”, y que pueda reactivar todas sus a actividades productivas, económicas y sociales.

Este domingo, Neney Cabrera se reunió con comerciantes y otros actores sociales de la provincia Espaillat para ampliar los centros de vacunación y adoptar medidas de estímulos que motiven a su población a recibir las primera y segunda dosis de vacunas contra el virus SARS/COV/2 y prevenir la enfermedad que genera, la covid-19.

En ese contexto, fueron habilitados nuevos centros de vacunación en áreas aledañas a los restaurantes mocanos, especialistas en mofongo, Mi Terraza, 4F, El Pancento y Juan Pablo; establecimientos donde se registra un gran flujo de personas diariamente.

Recordó que recibió las instrucciones del presidente Abinader para encabezar, a través de Propeep, la coordinación d los trabajos de vacunación en la provincia junto a las gobernaciones, las alcaldías, el Ministerio de Salud Pública y los dirigentes comunitarios y empresariales.

Defiende con vehemencia la construcción de una verja en la frontera con Haití.

SANTO DOMINGO. – Más de 10,000 soldados han sido apostados por el Ministerio de Defensa a todo lo largo y ancho de la frontera con Haití, como parte de un nudo de seguridad y protección de la soberanía nacional y prevención de migraciones ilegales y contrabando, afirmó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.

Explicó que tanto el presidente Luis Abinader como el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, mantienen un seguimiento y monitoreo permanente para el cumplimiento de la vigilancia de la zona fronteriza por aire y por tierra, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, el pasado día 7 de este mes.

Entrevistado en el programa “Aeromundo”, que produce el periodista Guillermo Gómez por Color Visión, el funcionario indicó que era obvio que ante el vil magnicidio la República Dominicana adoptará las medidas que mandan los protocolos internacionales.

Vásquez también defendió con vehemencia la construcción de una verja en la frontera con Haití, y destacó que la misma tendrá incidencia en la paz y desarrollo de ambos territorios.

Los tramos construidos se sitúan en los pasos fronterizos de Jimaní y Elías Piña, el segundo y tercero en importancia entre ambos países, respectivamente, y las obras todavía están en marcha.

La construcción ha sido realizada por el Ejército con el objetivo de controlar la inmigración irregular, el contrabando, el tráfico de armas y de drogas, así como el robo de vehículos y de ganado.

El tramo más extenso de la verja se levanta a orillas del lago Azuei y serpentea por las áridas colinas que bordean Jimaní, el municipio de la provincia Independencia más próximo al paso fronterizo situado en la carretera que comunica al país con Puerto Príncipe.

La verja, de unos cuatro metros de altura, se asienta sobre una pared de ladrillos de cemento y está rematada por una espiral de alambre con cuchillas, ya con marcas de óxido en algunos tramos por la humedad del lago.