SANTO DOMINGO, RD.- El excandidato presidencial, Ismael Reyes, manifestó que es necesario adecentar y limpiar el país del narcotráfico, esto luego de que más de 20 personas fueran detenidas mediante operativos de la Procuraduría General de la República en conjunto con organismos antinarcóticos nacionales e internacionales, denominado Operación Falcón.

El también presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), entiende que esta red de narcotráfico no es más que la reproducción de la perteneciente a César Emilio Peralta, Alias César el “Abusador”, la cual costeó las campañas de múltiples políticos, lo mismo que han hecho los presuntos implicados de la Operación Falcón, según ha indicado el Ministerio Público.

Dijo además que en la República Dominicana se evidencia la gran cantidad de diputados involucrados fuertemente en el narcotráfico, dónde se ha comprobado que sus campañas y las de otros a los que esta red les interesó llevar al Congreso Nacional para tenerlo permeado de una fuerza que necesariamente tiene que responder al narcotráfico, han sido financiadas con dinero proveniente de dichas redes.

Para adecentar y limpiar el país, el líder político entiende que la situación obliga a que se cierren las filas en contra del flagelo del narcotráfico, por ende, aprovechó la ocasión para ponderar al presidente de la República, Luis Abinader, ya que su postura de plantear una justicia independiente ha permitido que se hayan desmantelado este y otros grupos del crimen organizado.

Reyes considera es más que necesario traer al país a los que han sido solicitados en extradición, así como castigar de manera ejemplar a todo el que comercialice con drogas en el país.

En ese sentido propuso al Gobierno formar una entidad que sea capaz de tomar el control de los pequeños negocios de la droga “barrio por barrio”, así como castigar y a la vez concienciar a los jóvenes dedicados a estos negocios.

Asimismo, garantizó el respaldo del PDI al Gobierno para continuar con la política antidroga que ha caracterizado su gestión hasta ahora.

Recordó que debido a que la campaña electoral es tan costosa “muchos narcotraficantes, personas que han tenido fortunas sucias, dinero mal habido, aprovechan y aspiran a senadores y diputados, como una forma de buscar impunidad, de sentirse jefe, de sentirse grandes, porque realmente como son persona con poder económico tienen la posibilidad de gastar mucho dinero, porque la política dominicana es clientelista”.

SANTO DOMINGO, RD. -El destacado magistrado Ramón Arístides Madera Arias, consideró este lunes que la vinculación de políticos ligados a actividades ilícitas en las cuales están involucradas personas dedicadas al narcotráfico y a otras personas relacionadas con el crimen organizado, que adquieren dinero sucio, se hace necesario consagrar el “voto obligatorio” en una futura reforma a la Constitución de la República Dominicana.

Estimó básicamente que la legislación electoral tiene cierta falencia en dos aspectos: Primero, que la campaña electoral en República Dominicana es demasiado cara, y aunque el voto preferencial es bueno y el más democrático, sin embargo, en la sociedad dominicana ha resultado ser dañino y nocivo, porque las personas que tienen condiciones moral, intelectual, compromiso con la sociedad, que tienen vocación de servicios, se le dificultad grandemente poder ser escogido en un cargo de elección popular porque la campaña es muy cara, y existe lo que se llama una política clientelar.

En segundo lugar, el magistrado Madera Arias explicó que, el sistema anterior de lista cerrada y bloqueada puede ofrecer, senadores, diputados, regidores, alcaldes y en todos los cargos de elección popular a representantes de mejor calidad, pero entiende que ese sistema no es democrático y viola la Constitución de la República, porque se le viola al pueblo… como es el espíritu y la esencia de un Estado Social y democrático de derecho.

Considera que es lógico que se debe de implementar en la Constitución de la República que el voto sea obligatorio, y de esa manera las personas se ven compelidas a acudir a las urnas a ejercer su derecho ciudadano, sin tener que darle un centavo a nadie, con lo que se abarata el costo de la campaña electoral, no se infiltran narcotraficantes, ni riferos, ni delincuentes a ocupar cargos de elección popular, ni los candidatos tienen que buscar patrocinios de personas ligadas al crimen organizado y al lavado de dinero sucio, con lo que se contribuye a salvar a la democracia y a adecentar el País.

Recordó que para ganar una candidatura a regidor aquí en el Distrito Nacional y otras demarcaciones hay que gastar necesariamente más de 5 millones de pesos, para una candidatura a diputado en una demarcación pequeña como Pedernales y Montecristi hay que gastar de 15 a 20 millones de pesos.

“Aquí en el Distrito Nacional hay persona que han gastado de 30 a 100 millones de pesos para ganar una diputación, aunque no siempre es así, porque hay persona que se convierten en fenómeno popular y que son favorecido por el voto mayoritario”, indicó el también ex juez del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Destacó que al ser una campaña tan costosa y tratarse de una campaña clientelista, la persona para emitir su voto lo primero que hace es que tienden las manos para que le paguen por adelantado para vender su voto o no acude a los colegios electorales y se hace difícil ganar y recurren al patrocinio de narcotraficantes o lavadores de activos provenientes de actividades ilícitas, así como también de otros sectores, que los puedan patrocinar, o se postulan ellos mismos, porque una persona seria y que se gana el pan con el sudor de su frente, no pueden solventar la carestía de una campaña política

Significó que cada día la abstención es mayor, por lo que manifestó que se hace necesario que para que una persona pueda ganar se debe buscar el patrocinio del que se lo gana fácil, del narcotraficante, de banqueros o rifleros, de lavadores de activos, de quienes se benefician de tratas de personas y de cualquier otra actividad ilícita o violatoria de la ley.

Narcotraficantes aprovechan y aspiran a senadores

El ex procurador adjunto recordó que debido a que la campaña electoral es tan costosa “muchos narcotraficantes, personas que han tenido fortunas sucias, dinero mal habido, aprovechan y aspiran a senadores y diputados, como una forma de buscar impunidad, de sentirse jefe, de sentirse grandes, porque realmente como son persona con poder económico tienen la posibilidad de gastar mucho dinero, porque la política dominicana es clientelista”.

Ramón Arístides Madera Arias expresó a través de un comunicado de prensa que, por los motivos referidos anteriormente, considera que es lógico que el voto sea obligatorio, de esa manera las personas se ven obligada a acudir a ejercer su derecho ciudadano.

“Y los aspirantes, personas humilde, pobre, bien intencionada, con capacidad, principios, valores, con muchas propuestas, con compromiso con el pueblo, la niñez, con los minusválidos, con los indigentes, las madres solteras, con niños huérfanos y con un mejor país, e indiscutiblemente que pueden acceder a cargos de elección popular, porque el voto sería obligatorio y no habría que darle ningún centavo a nadie”, subrayó el magistrado.

No obstante, indicó que, con esta campaña tan cara, como la que existe en la República Dominicana es difícil que pueda ganar una persona sin que sea permeado por el narcotráfico, los riferos banqueros o personas de dudosa reputación o que sea patrocinado.

Destacó que hay personas que quieren aspirar a un cargo político en provincias pequeñas como: Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Independencia y Monte Plata, entre otras, y recurren al patrocinio de narcotraficantes o depravadores de activos, así como también otros sectores, que puedan patrocinar, o se postulan ellos mismos, porque no pueden solventar la carestía de una campaña política.

“Por eso mi sugerencia y mi propuesta es que se modifique la Ley Electoral para que se mantenga el voto preferencial y que se consagre en la Constitución dominicana el voto obligatorio, como una solución para evitar que la campaña electoral sea financiada y permeada por el narcotráfico y el dinero sea mal habido, aunque la votación siga siendo libre, directo, personal y secreto, pero no voluntario”, sostuvo Madera Arias.

Resaltó que ya con esa situación, se trae un régimen de consecuencia, indiscutiblemente, se acaba el relajo y la campaña electoral no sería costosa.

Aseguró que, con la modalidad del voto obligatorio, serán elegidos un congreso, una sala capitular, alcaldes y otros funcionarios escogidos con el voto popular, a personas de mejor calidad profesional, social, ética y moral, y la actividad política no será permeada por el dinero corruptor, porque las personas estarán obligadas como era antes a votar por su conciencia no por el voto comprado.

Con la presencia del presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, quedó inaugurado el subcentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia de Dajabón, durante ceremonia encabezada por su rectora, doctora Emma Polanco Melo, junto a personalidades de la comunidad y funcionarios de esa academia.

La mesa principal del acto estuvo integrada, además, por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Franklin García Fermín; la gobernadora de esa demarcación, Rosalba Peña de Rodríguez; Alina Estrella, directora de la UASD-Mao; Darío Zapata, diputado, y Andrés Cueto, representante de empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE).

La actividad, donde estuvieron en primera fila los miembros del patronato que por años luchó por esa conquista para la histórica y patriótica ciudad de Dajabón, se desarrolló en local habilitado para el funcionamiento de las oficinas administrativas de ese nuevo subcentro uasdiano, ubicado en el sector Mejoramiento Social de esa localidad.

El presidente Abinader Corona reconoció el valor que tiene la UASD dentro de la sociedad, mostró su satisfacción porque ese sueño de los habitantes de esa demarcación de la región norteña del país se ha hecho realidad y al referirse a esa casa de altos de estudios dijo que esa es “su universidad y la universidad del pueblo.”

Consideró que la apertura de la UASD-Dajabón es un gran y anhelado proyecto, al tiempo que se ofreció a seguir apoyando a esa institución de estudios superiores para que esté presente no solo en 22 provincias, sino en todo el territorio nacional e informar que se trabaja para que pronto inicie en Santiago Rodríguez, Cotui y Azua.

El primer mandatario de la nación consideró que la mejor inversión de recursos económicos que pueda hacerse es en educación y prometió que a cada uno de los 861 estudiantes inscritos ya en la UASD-Dajabón (que iniciarán con el Ciclo Básico) se les otorgará una computadora portátil, para que puedan integrarse a la nueva modalidad de educación, la virtual.

Asimismo Abinader Corona, felicitó la eficiencia de la gestión que encabeza Polanco Melo y aseguró que se realizan las gestiones para que la extensión de la UASD en Santo Domingo Este sea una realidad, a fin de evitar que miles de alumnos que allí residen tengan pasarse dos y más horas en medio de tapones parar trasladarse a la Sede.

La rectora agradeció el incuestionable apoyo del presidente Abinader para la consecución de ese subcentro, el cual constituye para la institución que dirige un motivo de alegría tan grande como el que produce la nacimiento de un hijo, ya que a través de él la academia podrá seguir ofreciendo educación superior de calidad.

Destacó que la llegada de la UASD a Dajabón equivale a la llegada de esperanza para la juventud de esa provincia, que es el sector poblacional que tiene la responsabilidad de fomentar y dar continuidad al desarrollo económico y social, ya que la educación es sinónimo de avance y progreso.

Polanco Melo se refirió al sostén brindado por el titular de la MESCYT, doctor Franklin García Fermín, así como por el equipo que la acompaña en su gestión y todo el personal docente y administrativo, porque gracias a ellos esa casa de altos estudios, pese a la pandemia, ha podido investir 9 mil 200 nuevos profesionales y para ha recibido otros 22 mil estudiantes para este semestre 2021-2.

“Hemos fortalecido nuestra plataforma tecnológica para poder ofrecer una docencia de mayor calidad y gracias a la apertura de la MESCYT y del presidente Abinader, hoy tenemos oficinas en New York, donde damos apoyo a los dominicanos residentes en esa urbe y hemos graduados a estudiantes residentes no solo en Estados Unidos, sino también en España, Jamaica y Canadá.

El diputado Darío Zapata Estévez, reconocido defensor de su provincia en el hemiciclo al que pertenece, manifestó su regocijo porque al fin la población de Dajabón tendrá cerca un centro de la UASD, lo que contribuirá al desarrollo educativo, económico, social y deportivo de esa región dominicana colmada de historia, arte, naturaleza y mezcla de cultura,

La conducción del evento, que concluyó pasadas las tres de la tarde, estuvo bajo la responsabilidad del magistral trabajo de la maestra de ceremonias de la Primada de América, la licenciada Francia Polanco, en tanto que cura párroco de la iglesia episcopal del pueblo, reverendo padre Jesús Mosquea, pronunció las palabras de bendición.

Entre los funcionarios uasdianos presentes estaban los vicerrectores Pablo Valdez y Antonio Medina Calcaño, Administrativo y de Extensión, respectivamente; junto a los decanos Alexi Martínez, de Ciencias Económicas y Sociales (FCES); y Rosel Fernández, de Ciencias de la Salud (FCS).

Otros decanos que participaron en el acto de inauguración son Ramona Issa Medina, de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (AGROVET), Radhamés Silverio, de la Facultad de Ciencias (FC); Amparo Céspedes, de Ingeniería y Arquitectura (FIA) y Dione Rufiino, de Artes (FA).

Santo Domingo. RD.-. La Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de la República, presidida por el senador José del Castillo Saviñón (Barahona), celebrará el miércoles 15 de septiembre la conferencia “Estatus de las Telecomunicaciones en RD”, a cargo del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

La actividad tendrá lugar a las 10 de la mañana, en el salón Polivalente del Centro de Documentación y Biblioteca Juan Pablo Duarte, ubicado en el cuarto nivel de la sede del Senado de la República.

Esta conferencia se enmarca dentro de los trabajos de la Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, que tiene por objeto orientar a los senadores de las distintas provincias del país sobre el tema.

Recientemente, la directora ejecutiva del INDOTEL, Julissa Cruz, visitó dicha Comisión, donde aseguró que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ha decidido iniciar una serie de proyectos con miras a lograr una mejoría en la cobertura y calidad de la conectividad.

“Es importante puntualizar que por primera vez en la historia de República Dominicana el Estado hará una inversión de 115 millones de dólares para mejorar las condiciones de conectividad, específicamente en lo que tiene que ver con el despliegue de fibra óptica”, informó la directora ejecutiva del INDOTEL.

La Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones está apoderada, en la actualidad, del Proyecto de Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad en la República Dominicana, autoría de la senadora Faride Raful (Distrito Nacional).

La Primera Sala de la Suprema Corte (SCJ) desarrolló mediante la sentencia núm. 2076-2021 el criterio del cobro por facturas por comunicación públicas en base al artículo 163 de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor.

De acuerdo con esta sentencia, un usuario o usuaria de una compañía que recibe el servicio de parte de una empresa de telecable, y más aún que la cuantía de dicho servicio está determinada, no está obligado a abonar montos por concepto de comunicación pública de contenido audiovisual protegido a favor de las asociaciones que aglutinan el gremio que representa a los autores y compositores, sin una precisión concreta y objetiva que permita la apreciación racional de los elementos de pruebas abordados , puesto que las actas instrumentadas a requerimiento de los gremios de autores y compositores es creíble hasta prueba en contrario.

“En cuanto al argumento de que el tribunal de alzada desconoció que la empresa recurrida es una clínica privada que se lucra de los servicios de pago de sus usuarios por lo que se beneficia constantemente de la exhibición de las obras audiovisuales que proyecta, a juicio de la Corte de casación. Dicha variable (de que genere ingresos o no) no es un aspecto que ha de tomarse en cuenta al momento de la procedencia de la acción de que se trata”, indicó la Primera Sala.

El alto tribunal también señaló que “dicha circunstancia de enriquecimiento era irrelevante a los fines de establecer la procedencia de la acción, lo que pone de manifiesto que su carácter lucrativo no es lo determinante en el presente caso pues el criterio del tribunal de alzada fue forjado por existir una contratación de suministro de servicio de Telecable”.

La sentencia fue firmada por la magistrada Pilar Jiménez, jueza presidenta de la Primera Sala; así como los magistrados Justiniano Montero Montero, Napoleón Estévez Lavandier y la magistrada Vanessa Acosta Peralta.

“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través de los teléfonos que aparecen en la firma y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo, por lo que queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias».

Propuesta de modificación contempla sanciones, reducir monto y tiempo de campaña.

SANTYO DOMINGO, RD.-A propósito del financiamiento a los candidatos y candidatas en procesos electorales a nivel de precampaña y campaña, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, explico que la ley actual establece topes muy altos que no tienen ningún tipo de consecuencia a la hora de su violación.

“Por ejemplo, las informaciones que manejamos desde nuestra Dirección de Fiscalización es que prácticamente de los candidatos en las elecciones pasadas, fueron muy pocos los que rindieron informe con relación al tope”, reveló Jáquez Liranzo.

Ante esto, recordó que la propuesta de la JCE contempla en el caso de los topes, reducirlos en la precampaña en un 75 % y en la campaña a un 65 %.

“Por ejemplo, si fuese un candidato presidencial el tope sería en una precampaña, de aproximadamente unos 500 millones de pesos, nosotros proponemos reducirlo a unos 200 millones de pesos; pero también se reduce el tiempo de la campaña de 115 días a 60 días. Ya en la campaña proponemos 65 % de reducción, pasaría de 900 millones de pesos aproximadamente, a unos 400 millones de pesos”, explicó.

Ante la observación de si se presenta la oposición de los partidos en esta parte de la propuesta, Jáquez Liranzo recordó que hay una realidad y una doble partida destinada a los candidatos (financiamiento privado y público).

“Usted va a recibir fondos del Estado y estos son los gastos que hacen individualmente los candidatos y candidatas para su precampaña y campaña, que normalmente se agencian de esa contribución privada”, dijo.

Apuntó que esa fiscalización debe ser, según la propuesta de ley de la JCE, cada dos semanas a partir de la proclama con un registro y un software de contabilidad y de auditoría que debe ser estandarizado.

Señaló que incluso partidos políticos que han ido a la JCE han dicho ´nosotros estamos totalmente de acuerdo en ser fiscalizados´.

Sanciones que contempla la propuesta de la JCE

El presidente de la JCE explico que entre las sanciones en caso de que un candidato o candidata viole lo establecido a los topes de financiamiento, la propuesta que presenta el órgano comicial contempla multas e inhabilitación de la candidatura para el periodo vigente y también el próximo.

“El que no hace el reporte, que ojalá sea digital, porque la documentación se borra normalmente… si no cumple con esto podría ser inhabilitada su candidatura al cargo de elección popular al que usted aspira con una multa de 100 a 200 salarios mínimos”, señaló.

Dijo que en la propuesta también se reduce la contribución individual que hace cada persona a los candidatos, que actualmente es de 1 % y se propone bajarla a un medio por ciento del tope individual.

“Es decir, porque todo dependerá de la circunscripción y de la cantidad de electores. Por ejemplo, actualmente en la circunscripción de Santiago para un candidato a diputado en precampaña son 14 millones de pesos y 25 millones para la campaña; nosotros proponemos que eso baje a 3 millones en la precampaña y en la campaña a 9 millones de pesos”, explicó.

Sobre la propuesta de que los partidos políticos puedan ser sujetos obligados en materia de lavado de activos, el magistrado Román Jáquez Liranzo, señaló que la propia ley establece que cuando un partido político recibe fondos ilícitos, sus miembros y sus cargos directivos puedan ser sometidos en base a la Ley de Lavado de Activos: “Eso lo dice la ley actualmente”.

“El Pleno no ha propuesto esto, ahora sí de manera particular en el2014 nosotros como decano hicimos esa propuesta de que los partidos pudieran ser sujetos de lavado de activos”, rememoró Jáquez Liranzo.

La Unidad de Fiscalización pasó a ser Dirección

En cuanto a la fiscalización de los recursos que reciben los partidos, Jáquez Liranzo señaló que en la ley vigente encontraron una Unidad de Fiscalización que a su vez dependía de la Dirección Financiera de la JCE que reportaba al Pleno.

“Nosotros inmediatamente llegamos a esa unidad le dimos categoría de Dirección y que despache directamente con el Pleno. Segundo, ahí mismo dijimos que esa unidad de fiscalización no podía exclusivamente solo fiscalizar el año electoral, sino cada mes de todos los años. Eso es con relación a financiamiento público”, explicó.

Manifestó que no hay un momento especificado en la ley, por lo que la JCE propone que sea un cuarto para los años no electorales y un medio para el año electoral, porque “eso transparenta la asignación que debe hacer el Estado a los partidos políticos”.

Al ser cuestionado sobre si la propuesta de modificación y adecuación no impacta la Constitución, el presidente de la Junta Central Electoral recordó que la propuesta de la JCE ha sido adecuada a sentencias del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Superior Administrativo (TSA), sumado esto a “la visualización que como JCE tenemos y que entendemos va a fortalecer la democracia”, así como a informes de la OEA y de UNIORE.

“Yo particularmente estimo que la Constitución dominicana es rígida y que a veces hay que dejarla descansar”, puntualizó.

Ministerio Público Electoral no sea unidad especializada

Con relaciona al Ministerio Público Electoral, Jáquez Liranzo dijo que la JCE propone que no sea una unidad especializada que depende de otras direcciones porque no hay una independencia.

“Lo que proponemos es que ese fiscal electoral sea por concurso entre los procuradores adjuntos de carrera y de Corte de Apelación, que desde ahí salga el Ministerio Electoral”, explicó Jáquez Liranzo.

Dijo que para la selección de sus integrantes se contemplarán postulantes a nivel nacional para que representen el tema electoral en cada provincia y que se dediquen a la persecución e investigación de los crímenes electorales.

Sobre los plazos electorales, señaló que lo importante es que la ley sea clara y que se establezcan por ley las fechas, no por discreción de la JCE.

El déficit de recursos en la JCE es de un 65 %

Al ser cuestionado sobre los fondos con los que se maneja en la actualidad la JCE, Román Jáquez Liranzo señaló que es importante establecer que la institución heredó una solicitud de presupuesto para este año de unos 7,400 millones de pesos, que entendía era razonable, toda vez que la ley establece 1.5 del Presupuesto General del Estado que debe ser asignado al órgano comicial, que equivale a unos 15 mil millones de pesos.

«Sin embargo de esos 7.400 se asignaron 3,200 millones de pesos, equivalente a un 44 % de lo solicitado, es decir que la JCE ha ido trabajando con un presupuesto reducido en un 65 %, lo que ha llevado a proyectar en este año 2021 hacia diciembre un déficit presupuestario de unos 720 millones de pesos”, dijo.

Explicó que esos recursos son para gastos operativos, entiéndase el consumo de energía, temas de alquiler, de mantenimiento de las edificaciones, temas del día a día, ya que la JCE tiene a nivel nacional e internacional más de 600 dependencias.

Recordó que hay 158 juntas electorales, 165 oficialías a nivel nacional y dieciséis OCLEE a nivel internacional, así como las 63 delegaciones en los distintos hospitales que funcionan para evitar el subregistro y, sumado a esto, decenas de oficinas administrativas.

“Es decir, que solamente en gastos operativos nosotros solicitamos para el presupuesto complementario 720 millones de pesos”, dijo el magistrado Jáquez Liranzo, quien señaló que inmediatamente llegaron proyectaron unos 18 proyectos que van a fortalecer el proceso que vive la Junta Central Electoral en sus dos grandes competencias: la identidad y los procesos electorales que abarca incluso mecanismos populares como es el referéndum.

Dijo que en ese contexto para proyectos como el ETLA, reestructuración de las Juntas Electorales, lograr la certificación ISO en Ciberseguridad, en seguridad de la información, en calidad, así como la ISO Electoral, modificación y adecuación de infraestructura de oficialías y construcción de otras nuevas, proyectaron unos 1,200 millones de pesos y solicitaron como presupuesto complementario 2,300 millones, pero que lamentablemente no se aprobó.

“Nosotros estamos priorizando proyectos, no se descarta alguna línea de crédito que nos pueda hacer subsistir, porque la JCE no va a parar sus proyectos, nosotros tenemos como política la concretización de que las elecciones ya comenzaron, el 17 de agosto del año pasado comenzó el proceso electoral del 24, porque el ciclo electoral es inmediatamente”, dijo.

La frustración elecciones pasadas: ¿Cómo lo evitará la JCE?

Para garantizar que el proceso electoral sea confiable, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que lo primero que hizo la institución fue llegar a un acuerdo con IFES, una entidad reconocida por su legitimidad y apoyo a los procesos de integridad electoral que jugó un papel activo en las elecciones pasadas.

Además, destacó que la JCE suscribió un acuerdo con la OEA para lograr la certificación ISO en Ciberseguridad y seguridad de la información, lo que implica que en cualquier proceso de votación que elija la institución esta certificación ISO con estándares internacionales va a obligar a hacer simulacros y auditorias con la veeduría de los partidos y la sociedad civil.

“Por eso necesitamos 400 mil dólares que no tenemos para suscribir un acuerdo para la consultoría que la OEA nos facilita. Son cuatro certificaciones, esa de ciberseguridad y seguridad de la información”, enfatizó Jáquez Liranzo.

Sobre el modelo de las votaciones, el presidente de la JCE dijo que ese es un tema que hay que discutirlo con los partidos políticos.

“Buscaremos el método que más le convenga a la integridad electoral, pero yo creo que ahora hay otros elementos, nosotros no tocamos en la propuesta ese artículo en ese sentido”, dijo.

El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, ofreció estas informaciones este lunes en una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha dado a conocer una amplia investigación en la que ha mencionado a algunos legisladores y ex legisladores.

En ese sentido, la Cámara de Diputados manifiesta su firme disposición de no entorpecer las investigaciones que están haciendo las autoridades judiciales dentro del marco de las leyes. En caso de ser necesario anunciamos nuestro interés de colaboración con las autoridades judiciales.

Como parte del primer poder del Estado y templo donde se elaboran las leyes, esta Cámara de Diputados mantendrá su respeto absoluto a las funciones que la Constitución y las leyes confieren al ministerio público en este y en cualquier otro caso, aunque se vea involucrado algún legislador.

Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las leyes y el ejercicio ético de las funciones legislativas.

Reiteramos que cada miembro de esta Cámara de Diputados se debe a sus representados y a la sociedad en su conjunto, en tal sentido debe responder por sus actuaciones personales.

SANTO DOMINGO- El Consulado de República Dominicana en la ciudad de Toronto, Canadá, entregó un reconocimiento al director de cine y actor principal de la película dominicana La Soga 2, en el marco de la celebración La edición del 2021 del Festival de Internacional Cine de Toronto (TIFF)

El pergamino de reconocimiento fue entregado por la cónsul general Edme Arnaud y el vicecónsul Robinson Rodríguez, quienes, en nombre del Estado dominicano, destacaron los aportes del destacado actor para el desarrollo de la Industria cinematográfica.

Mientras Manny Pérez, agradeció al Consulado en esta ciudad y al Gobierno dominicano, por reconocer su trayectoria, quien además expresó su regocijo y orgullo de que su primera película como director haya sido escogida para el Toronto International Film Festival, uno de los festivales más importantes de cine y muy valioso para todos que escogieran La Soga 2.

La Soga 2 es la Opera Prima de Manny Pérez como director de cine, en la que también es actor principal.

La edición del 2021 del Festival de Internacional Cine de Toronto (TIFF), que se celebrará del 9 al 18 de septiembre.