SANTO DOMINGO, RD.– El director de la Junta Distrital de La Victoria, Miguel Saviñón (El Gringo) favoreció que ese Distrito Municipal sea elevado a municipio ya que el mismo cuenta con más de 130 mil habitantes, cantidad que supera a muchas provincias del país y ha experimentado un amplio desarrollo en los últimos años.

Sostuvo que ese poblado cumple con todos los requisitos que exige la ley para ser elevado a la categoría de municipio.

Saviñón explicó que esto le va a representar más oportunidades a La Victoria, pero también más desarrollo debido a que habrá más plazas para empleos y estudio para los jóvenes de allí que deben trasladarse a la ciudad para poder trabajar y estudiar.

El también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), narró que ya el año 1940 La Victoria era municipio, pero que por disposición del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina fue degradada a sección, debido a que el déspota entendía que no podía haber en el país una provincia más grande que su provincia natal San Cristóbal.

“Trujillo suprimió el municipio La Victoria y la provincia Fernando Arturo De Meriño, pasando esta última a ser parte de la provincia San Cristóbal, mientras que el territorio de La Victoria pasó a formar parte del Distrito Nacional” dijo.

Miguel Saviñón detalló que esa comunidad es una de las más productivas del país debido a que allí se produce rubros agrícolas en gran cantidad, productos derivados de la leche, así como pollo, huevos. Lo que a su juicio entiende La Victoria cuenta con los medios de producción y las estructuras para que La Victoria vuelva a ser municipio.

El director de la Junta Distrital de La Victoria pidió a los legisladores de todo el país considerar la iniciativa que busca crear la nueva provincia Matías Ramón Mella, introducida por el diputado Tonty Rutinel Domínguez, en la que recomendó sea elevado el Distrito Municipal de La Victoria a Municipio.

“Debe ser una urgencia la creación de la provincia la nueva provincia Matías Ramón Mella, debido a que la provincia Santo Domingo es demasiado grande en extensión y población, así como en infraestructura económica y solo con la descentralización se puede lograr el desarrollo de las comunidades, por lo que esperamos que nuestros legisladores valoren esta importante iniciativa” explicó Miguel Saviñón.

SANTO DOMINGO, RD.- El presidente de la Unión de Empresas del Transporte (UNET), Reinaldo Pérez Sánchez (Moreno), declaró hoy que las autoridades gubernamentales le imponen tantas restricciones al transporte público, sin embargo, muchas personas entran y salen al país, y no le exigen tarjetas de vacunación.

Entiende que es una exageración del Gobierno las medidas exigir la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 a todos los pasajeros que aborden nuestras unidades a partir del lunes 18 de octubre, además de no contar con la logística para hacerla cumplir.

Pérez Sánchez, dijo que esta medida retrasaría la salida de los pasajeros de los controles de los sindicatos y durante el trayecto, ya que a cada usuario que se le exija la tarjeta de vacunación, se perderá muchísimo, por esta razón tendrán que salir más temprano de sus hogares.

Sin embargo, consideró que nunca es bueno imponer, pero entiende que con la exigencia que hará el Gobierno, a partir del 18 de este mes, va a contribuir a bajar la incidencia de la enfermedad del COVID-19.

El presidente de la UNET, Reinaldo Pérez Sánchez (Moreno), dijo que no está de acuerdo con esta medida, aunque entiende que es por el bien de todos, pero es muy molestosa para los pasajeros y para los choferes del transporte público urbano, exhorto que sea aplicada al transporte interurbano, que transportan a los ciudadanos de una terminal a otra.

Esta semana las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se reunió con los transportistas, con el objetivo de coordinar una serie de medidas, antes que entre en vigencia la resolución del Ministerio de Salud Pública que establece que los ciudadanos deben presentar la tarjeta de vacunación con una o dos dosis para existir a espacios cerrados u de uso colectivo como el transporte masivo de pasajeros.
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SANTO DOMINFGO, RD.-. La Junta Central Electoral (JCE) realizó un encuentro con los representantes de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por esa institución, en donde socializaron sobre el formato para la entrega del listado de afiliados, a fin de conocer sus observaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 33-18.

La miembro titular del Pleno de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua, explicó que en la reunión se abordó sobre el formato en que los partidos deben entregar el listado de sus afiliados.

“Se les dio la información específica de cómo lo vamos a necesitar para luego nosotros poder disponer de esa información y hacer los cruces necesarios para poder identificar los afiliados duplicados”, expresó Lorenzo Paniagua, quien encabezó la jornada.

En cuanto al segundo tema, la magistrada Lorenzo Paniagua manifestó que se trató de una solicitud del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) para que se desarrolle una plataforma en donde los partidos puedan registrar sus afiliados, tema que fue socializado con los presentes.

“Estuvimos viendo cuáles serían esos requerimientos y socializándolo con los partidos políticos”, concluyó la magistrada Lorenzo Paniagua, quien estuvo acompañada de los integrantes de la Comisión de Partidos Políticos de la JCE.

El director de informática, Johnny Rivera, quien agotó un turno, detalló los requisitos establecidos en la propuesta presentada para realizar la afiliación de sus miembros y, recalcó que la fecha límite para presentar el padrón de afiliados es el diecisiete de diciembre del año en curso.

Los representantes de los Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas saludaron la propuesta presentada por el órgano comicial y coincidieron en la preocupación de que con la misma se pueda detectar la duplicidad de filiación a esos partidos.

Al concluir el encuentro la Comisión de Partidos Políticos estableció a los representantes de esas agrupaciones políticas, un plazo de cinco días iniciando desde este lunes 18 del presente mes, para enviar los requerimientos y consideraciones relacionadas con la elaboración de la aplicación. En ese sentido, luego de la fecha, la JCE tomará en cuenta dichas opiniones para el diseño de la misma.

Sobre la obligatoriedad del registro de afiliaciones en los partidos políticos

El artículo 9 de la Ley 33-18 establece que: “Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos llevarán un registro general actualizado de todos sus afiliados, ordenado por circunscripción electoral, municipio y provincia, así como los del exterior”.

Ese mismo artículo manda, además, que estas instituciones “proporcionarán un duplicado de este registro a la autoridad competente de la Junta Central Electoral y comunicarán a dicha institución las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones que por cualquier causa se produzcan en su organización política”.

En un párrafo de ese artículo se detalla que el registro de afiliados será entregado actualizado cada año a la autoridad competente de la Junta Central Electoral y de las juntas electorales y contendrá las fichas correspondientes a la afiliación o desafiliación de sus miembros, firmada por la autoridad partidaria competente.

En la actividad estuvieron presentes los miembros titulares de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Isa. También el director de la Unidad Especializada del Control Financiero de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos, Ramón Hilario Espiñeira; el director de Elecciones, Mario Núñez; la directora de Partidos Políticos, Lenis García; el director de Informática, Johnny Rivera y el director de Registro Electoral y encargado de impresión de padrón, Luis Mariano Matos.

La magistrada Vanessa Acosta Peralta, integrante de la sala civil de esa alta corte y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial entiende que en esa materia hay grandes avances, entre ellos que para ingresar a la carrera judicial es necesario aprobar un concurso sin importar si es hombre o mujer.

La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Vanessa Acosta Peralta, consideró que es necesario unirse y empoderarse con la finalidad de lograr los cambios necesarios en materia de igualdad de género.

La magistrada Acosta Peralta hizo esos planteamientos al participar en la cátedra virtual Justicia y Género 2021, en el que se abordó el tema “Sororidad entre Mujeres tomadoras de decisiones”.

La jueza integrante de la Sala Civil de la SCJ y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial valoró como positivo ese tipo de cátedras a los fines de mantener y aumentar los derechos de las mujeres.

Explicó que en el Poder Judicial de República Dominicana hay grandes avances y puso como ejemplo que para ingresar a la carrera judicial no se toma en cuenta el género, sino que hay que pasar por un concurso público establecido en la Ley 327-98 y se logra por mérito propio.

La magistrada Acosta Peralta informó que el 61.35% de las juezas y empleadas judiciales son mujeres y el 38.67 % hombres, de estos hay 471 magistradas y 313 magistrados.

Asimismo, detalló que la Suprema Corte de Justicia de 17 jueces solo 4 son mujeres, en el Consejo del Poder Judicial de un total de 5 miembros 2 son mujeres y una suplente, en la corte 125 mujeres y 196 juezas de primera instancia y 146 de Paz.

Entiende que debe ser aumentado el número de juezas en la Suprema Corte de Justicia, la matrícula de legisladoras y de las mujeres que integran el Consejo Nacional de la Magistratura (este último órgano constitucional que designa los jueces y juezas de las altas cortes) conforme a la Constitución y la Ley 327-98 de la Carrera Judicial.

La magistrada sostuvo que no hay tribunales exclusivos para hombres o mujeres en las materias civil, penal y administrativa, por lo que no existe la discriminación de género y, por tanto, ser mujer no es una limitante para presidir o dirigir esos tribunales.

Además, puntualizó que no debe existir discriminación y que el hecho de ser mujer no debe representar un obstáculo para las funciones que se quieran desempeñar.

Entre los logros que el Poder Judicial puede exhibir de manera concreta a través de la Comisión para la Igualdad de Género de la entidad, la aprobación de la Política de género en el año 2007 que ha servido de base para el desarrollo de iniciativas que han sensibilizado a muchas personas, en lo que tiene que ver con la igualdad entre hombre y mujer.

“Para lograr mayores alianzas sororas es necesario mantener la Comisión para la Igualdad de Género alcanzando que más personas se integren en cursos y talleres en esa materia; que se tenga un objetivo de más sororidad, más alianzas para detener y tomar conciencia de los niveles y violencia contra las féminas y finalmente, manejar los patrones de conductas que limitan la unión entre las mujeres”, indicó Acosta.

En la cátedra participaron también Yanira Argueta Martínez, activista feminista y exdirectora del Instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer y la comunicadora Priscila Barredo, quien fungió como moderadora.

El propósito de la cátedra es reconocer la importancia de la actitud sororaria dentro de las instituciones y organizaciones para la toma de decisiones más certeras y de mayor alcance.

La sororidad: es el pacto entre mujeres, principalmente ante situaciones de discriminación sexual, actitudes y comportamiento machista.

Sororidad, es un término derivado del latín “soror”, que significa hermana. Sororidad es un término utilizado para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Otras fuentes afirman que el término sororidad proviene de la palabra inglesa “sisterhood”, utilizadas en los años 70 por Kate Millet, referente del feminismo de la segunda ola y autora de Política sexual.

Se recuerda que el Poder Judicial inició el proceso para la implementación del Sello Igualando RD en el Sector Público, el cual busca generar cambios en la gestión de las instituciones para incrementar la competitividad, la productividad y la promoción de acciones, encaminadas a eliminar brechas de género y aumentar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.