SANTO DOMINGO, RD.- En relación con la reciente operación realizada por el gobierno mediante la cual vende títulos de deuda pública del Ministerio de Hacienda por 40 mil millones de pesos a las principales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se evidencian serias contradicciones.
Esas contradicciones hacen referencia, primero, al impacto sobre la economía dominicana; y segundo, con respecto a la oposición de utilización por parte de los trabajadores de una proporción de sus ahorros administrados por las AFP.
La operación realizada por el gobierno implicó que el Banco Central recomprara títulos que tenían las AFP en esa entidad, para que éstas, a su vez, pudieran disponer de liquidez a los fines de adquirir los referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda.
Esa operación, además de ser una triangulación que impacta la institucionalidad del sistema de pensiones y de las normativas presupuestarias, constituye una visión distinta con respecto a la enfática declaración emitida con anterioridad por el gobernador del Banco Central, en relación con el uso de esos fondos de pensiones y la propuesta legislativa de devolver a los trabajadores un porcentaje de sus ahorros en el referido Fondo de Pensiones.
Este doble discurso denota, cuando menos, improvisación e inseguridad. Cuando se argumenta una decisión y se adopta otra, eso genera desconfianza en las autoridades por parte de los agentes económicos; y eso, por supuesto, resulta altamente perjudicial en momentos en que la prudencia en el manejo de la economía resulta una prioridad para superar la presente crisis generada por la pandemia del Covid-19.
De hecho, en su momento, el principal representante de la autoridad monetaria del país calificó de “desafortunada e improcedente” la propuesta introducida en las cámaras legislativas en relación al uso de los fondos de pensiones por parte de los trabajadores.
Se argumentó que devolver a los trabajadores parte de sus ahorros, “…generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza”.
Asimismo, expresó que: “Ese proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa.”
Sin embargo, a pesar de todos esos argumentos en contra, el gobierno y el Banco Central acaban de realizar una operación que tendría prácticamente los mismos efectos que se le atribuye a la solicitud de los trabajadores de acceder a sus ahorros en el Fondo de Pensiones, esto es, devaluación, inflación, e incertidumbre de parte de los agentes económicos.
Al tomar esa decisión no se consideró que esos fondos son propiedad de los trabajadores; y son ellos, precisamente, quienes reclaman disponer de una proporción de los mismos, en razón de que en estos momentos necesitan recursos para mantener un nivel mínimo de consumo en sus hogares, afectados de manera muy sensitiva por la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19.
Constituye un despropósito por parte de las autoridades, el que se haya sido ignorado la solicitud de los trabajadores con argumentos técnicos, y que haya sido el propio gobierno, el que con esta operación haya pulverizado sus propios argumentos, al acceder a 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones, para, entre otras cosas, realizar obras de infraestructura cuando, en realidad, al gobierno le quedan menos de tres meses de ejercicio de poder.
La pregunta que habría que hacerse es la siguiente: ¿Por qué razón el gobierno puede utilizar los fondos de pensiones y no así los trabajadores que son sus verdaderos dueños?.
Obviamente, no hay respuesta convincente. En realidad, por eso, frente a esa situación de ambigüedad que perjudica a los trabajadores, proponemos, primero, que se revierta la operación de venta de certificados al gobierno; y segundo, que con esos 40 mil millones de pesos se dé inicio de inmediato, por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la entrega de una parte de sus ahorros a los trabajadores, quienes en estos momentos de angustia y desasosiego, son quienes más lo necesitan.
