Por Emiliano Reyes Espejo
“Los haitianos han sido los que han hecho a este país”. “El desarrollo y progreso de los dominicanos se le debe a los haitianos”. Estas y otras expresiones similares se escuchan cada vez con más frecuencia en diferentes ámbitos de la vida nacional.
Se ha machacado con tantas frecuencias esas supuestas verdades que ya muchos dominicanos han terminado creyéndoselas. Incluso, eso ocurre en esferas del Estado, sectores empresariales, industriales y en círculos de opinión.
No hay dudas de que dichas presunciones llegaron al país desde el exterior, a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de sus voceros y propagandistas más calificados.
Estas entidades –y no es de extrañar- tienen sus soportes vía sostenibles financiamientos que vienen desde el exterior, o sea, Estados Unidos, Canadá y potencias europeas, e incluso, de agencias de las Naciones Unidas (ONU). No tenemos otra explicación.
Dizque no nos gusta trabajar
El otro mito que se propala y que parece una verdad “de a puño”, y que llevamos a cuesta, es aquel que afirma que “a los dominicanos no nos gusta trabajar”. Pero para suerte nuestra, hay una verdad que derrota ese señalamiento, y es el anuncio hecho por el Banco Central, en el sentido de que “la ocupación laboral de República Dominicana alcanzó un máximo histórico con 5, 029,347 trabajadores en el tercer trimestre del año”.
Y eso que no nos gusta trabajar, ¿y si nos gustara?.
Todo lo planteado por sectores que favorecen la presencia extranjera ilegal en el país, parece estar concatenado.
Si como dicen a los dominicanos no les gusta trabajar, entonces, y como algo lógico, ese trabajo debe recaer en los haitianos u otros extranjeros, quienes según parece ser, son los que se han encargado en estos últimos 70 años de erigir las infraestructuras, el turismo, las políticas de desarrollo, progreso y servicios que hoy sirven de soporte a lo que conocemos como la República Dominicana.
Las falacias que se venden y que sabemos no llegan solas, en el sentido de que “a los dominicanos no nos gusta trabajar”, se desploman cuando se observa la cantidad, millones de criollos que por diversas razones ha tenido que emigrar y que, en países extranjeros, especialmente en Estados Unidos y España, se emplean y realizan duras faenas, sin poner reparos.
¿Por qué esos emigrantes, trabajadores de diferentes niveles, no hacen lo mismo aquí, en su país? Esa es la pregunta que muchos deben hacerse. Y que sobre la misma se ofrece una multiplicidad de disquisiciones.
Una explicación que no se queda, es aquella que señala que las condiciones de trabajo y la expectativa de vida, con un mínimo de esperanza para el momento del retiro, que viven los trabajadores dominicanos, obligan a estos a emigrar, a trabajar duro en otras latitudes.
Prohíjan la ilegalidad
La decisión del Señor Presidente de la República, Luis Abinader, de disponer la repatriación cada mes de diez mil emigrantes ilegales, ha desatado la alarma de sectores productivos que se han encargado de incubar esa ilegalidad en el territorio dominicano. Han sido éstos quienes a través de los años han estado “comiendo con sus damas”, usando la mano de obra barata e ilegal, con lo cual se mantienen al margen de los cánones legales que rigen en sus áreas.
Para nadie es un secreto que la masiva presencia de ilegales haitianos en nuestro territorio está creando una fuerte e inusitada presión a la sociedad dominicana, en todos los ámbitos, pero sobre en el ámbito laboral. Amén que la situación está exacerbando una preocupante ola de nacionalismo.
Los sectores que recurren con mayor frecuencia a la impunidad en la utilización de mano de obra ilegal se han quejado de la medida presidencial que dispone la deportación de diez mil ilegales haitianos, y coinciden con grupos y entidades extranjeras en los ataques al país, con el “San Benito” de la violación de los derechos humanos. Saben ellos muy bien que sus intereses se mueven en un esquema ilegal cuando contratan este tipo de mano de obra.
No han sido capaces de proponer al gobierno ni a las autoridades correspondientes ninguna medida alternativa que permita a ellos acogerse a la legalidad, sin lesionar el suelo patrio, a la vez que contribuyan a la preservación de la Patria que nos legaron los patricios Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.
¿Qué proponen los constructores?
La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) ha afirmado que tras la medida del presidente Abinader sus miembros denuncian una “baja importante” en la asistencia de la mano de obra haitiana en proyectos de construcción en Bávaro, provincia La Altagracia.
Acoprovi considera que las repatriaciones de haitianos han afectado al sector, pero ¿se ha hecho este gremio un mea culpa por la sistemática e impune violación de las leyes y reglamentos migratorios del país? Otra pregunta que hay que hacerle a esta asociación ¿Qué hace esta poderosa entidad para salir de la ilegalidad y proponer salidas a esta acuciante situación que crea la masiva presencia de ilegales haitianos en nuestro territorio?
La utilización masiva de ilegales haitianos se registra también en el sector agrícola, especialmente en zonas de producción de bananos, en la Línea Noroeste.
La realidad expuesta, y que exacerba los ánimos patrióticos y nacionalistas, requiere de salidas inteligentes que fortalezcan la institucionalidad, el respeto a las leyes y la buena costumbre en el territorio nacional.
Sugerencias
En tal sentido, nos animamos a sugerir al gobierno, a los sectores que utilizan la mano de obra ilegal y a la multiplicidad de entidades ONG que se mueven alrededor de esta problemática, las siguientes sugerencias:
-Que el gobierno del presidente Luis Abinader cree un programa dirigido a sustituir por obreros dominicanos a trabajadores ilegales extranjeros. Para lograr ese objetivo de captar mano de obra criolla en sectores específicos de la construcción y la agricultura, se debe otorgar “un bono especial” o “un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales” por cada trabajador captado por dichos sectores, independiente del pago que recibirán de su empleador.
-Que el Estado disponga crear un mecanismo que permita a constructores y productores agrícolas abocarse a importar maquinarias y tecnologías (mediante incentivos especiales) para contribuir a reducir el empleo de mano de obra en sus empresas.
-Realizar un plan de formación masiva de jóvenes del campo y de la ciudad como técnicos constructores, técnicos agrícolas a través del INFOTEP y de las Escuelas de Formación Técnico Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el apoyo de la Cámara de la Construcción de la República Dominicana.
-Que en el estímulo especial que se otorgue para las empresas
constructoras y agrícolas se priorice a las que se acojan a la implementación integral de la Ley 16-92 que estipula en su artículo 135 que “el 80% del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos, dando preferencia a la mano de obra nacional, lo que significa que un negocio solo puede contratar como máximo un 20% de personal extranjero total de los trabajadores que conforman la empresa”.
-Que dicho estímulo se entregue a las empresas que cumplan con la Ley 16-92 en un acto en el Palacio Nacional.
