Por Emiliano Reyes Espejo
El aforismo “Vox populi, vox Dei” es una expresión latina que significa “la voz del pueblo es la voz de Dios”. El término lo dice todo respecto al pasado proceso electoral. Habló el pueblo y no hay vuelta atrás. A los ciudadanos, por demás, no nos queda otra que no sea, en la medida de las posibilidades, contribuir a un buen desempeño del Estado, y acogernos a esta elevada y sagrada determinación del soberano.
En esa línea de pensamiento, trasuntan la necesidad de que en el próximo cuatrienio de gestión gubernamental, se soporten las obras y realizaciones en estudios sociológicos y socioeconómicos y se eviten las improvisaciones. Partiremos de esas premisas, si deseamos realmente que, al término del nuevo gobierno que culminará en el año 2028, cuando ya no esté la opción de la reelección, se puedan sacar balances altamente positivos para la sociedad.
El actual mandatario, Luis Rodolfo Abinader Corona, fue ratificado con honrador voto mayoritario del pueblo dominicano (vox populi, vox Dei) el cual acudió a las urnas este 19 de mayo, dándole a éste un espaldarazo de 60% de la votación, lo que permite al gobernante seguir conduciendo con holgura los destinos de la nación, conforme a su proyecto de gobierno.
No obstante, los dominicanos debemos apelar a que en el cuatrienio 2024-2028 se gobierne con máxima prudencia y sabiduría. He sugerido incluso que se conforme una especie de “gabinete de guerra” que maneje el Estado como si aquí existiera una emergencia preventiva, un gabinete que esté en capacidad de adelantarse a la crudeza de los acontecimientos de estos tiempos que se avecinan.
Apelar a sociólogos
Para llevar a cabo esta enorme, ciclópea tarea a que se enfrentará la nueva administración del Estado (con deudas disparadas, cambios de políticas fiscales y en la Constitución de la República, etc.), es necesario apelar a la utilización de sociólogos y otros especialistas del área de las humanidades para encaminar por buen rumbo los destinos del país.
Aspiramos a que los incumbentes que sean designados en los ministerios e instituciones autónomas, o los que sean ratificados, no improvisen y fundamenten sus realizaciones en estudios sociológicos y socioeconómicos. Echarles mano a los sociólogos será una buena opción. Hay que darle ahora la “oportunidad de oro” que estos profesionales han anhelado por muchos años.
Se debe partir de estudios científicos indiscutibles, sondeos e investigaciones sociológicas como herramientas para buscar soluciones eficientes a los problemas que afecten a los pueblos y sectores. Los estudios sociológicos pueden incidir en que se planteen y ejecuten medidas eficaces para beneficio de la población.
Con esa práctica se buscará lograr objetivos de alto valor para la administración del Estado, como serían:
1) Identificar y solucionar problemas con la mayor eficacia posible, lo que implica gastar de manera correcta y economizar los escasos recursos que posee la nación. Una investigación previa permite aplicar una rigurosa economía del gasto y evitar dilapidar los capitales que se destinan a proyectos e iniciativas, en razón de que las inversiones se harán acordes con las necesidades reales de los beneficiarios, a la vez que se garantiza que las obras sean necesarias, oportunas y seguras.
2) El método sociológico para ejecutar proyectos permite, asimismo, conocer las verdaderas parquedades de los pueblos y ofrecer soluciones certeras a las mismas. Permitirá dirigir los recursos a prioridades específicas identificadas mediante el recurso científico de la averiguación sociológica y socioeconómica. Por ejemplo, un pueblo confronta múltiples carencias: agua, electricidad, carreteras asfaltadas y telecomunicaciones. El gobierno decide realizar un estudio sociológico que determinará la prioridad de esta comunidad frente a todas estas carencias para entonces decidir a cuál de ellas destinar la inversión. Con esa iniciativa, el Estado puede lograr una mayor satisfacción de la gente porque se logra resolver su problema más acuciante, o sea, que no se impone el deseo o la visión del incumbente, sino que se aplica el resultado de una investigación sociológica.
Las escuelas de sociología
Para llevar a cabo cualquier iniciativa que impacte a los sectores más empobrecidos, el Estado debe apelar a los sociólogos. Para eso será necesario que ministerios e instituciones se dispongan a crear en los organigramas de sus instituciones (o fortalecer si ya existen) los departamentos de investigaciones sociológicas y socioeconómicas.
Nos referimos a instituciones como la Agricultura, Educación, Salud Pública, Economía y Desarrollo, Industria y Comercio, Obras Públicas, Interior y Policía, Indotel, INESPRE, SENASA, el Congreso de la República, Cultura, Deportes y Hacienda, Pro-consumidor, entre otras. Esta iniciativa, además, tendría como objetivo fomentar el activo de la investigación en estos organismos e instituciones públicas.
Recursos para formar sociólogos
Al respecto, el nuevo gobierno que presidirá el presidente Abinader debe lograr acuerdos con las universidades del país, especialmente con la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para que estas refuercen las carreras de sociología. Para ello debe especializar recursos destinados a la formación de los nuevos profesionales de dicha disciplina.
En el marco de esa iniciativa es preciso dotar de atractivos sueldos a estos profesionales, a los fines de que eso sirva como atrayente para que los jóvenes se inclinen por los estudios de la sociología.
El Estado, igualmente, deberá propiciar o auspiciar a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) la creación de nuevos departamentos para la formación de sociólogos en aquellas universidades donde estos no existan y que también se imparta esta carrera en las extensiones universitarias del interior del país.
En esa línea de acción, el MESCYT deberá gestionar acuerdos con universidades extranjeras para que contribuyan a preparar, no solo los nuevos sociólogos, sino a especialistas, según las necesidades del país.
Fomentar investigación sociológica
En la actualidad, instituciones como el Banco Central, ministerios de Economía y Desarrollo, Industria y Comercio, entre otros, realizan sus propios estudios socioeconómicos, con sus técnicos o mediante acuerdos con especialistas de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco Mundial, UNICEF, Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros.
Tanto el BID, el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), etc. concretan investigaciones específicas sobre diversos temas y problemas de las áreas económicas, sociales y de telecomunicaciones en el país. Si se crea una buena masa de estos profesionales, los expertos extranjeros tendrán, si es necesario, las contrapartes nacionales del área de la sociología.
Un ejemplo digno de tomar en consideración
En el sector agropecuario, en la otrora Secretaría de Estado de Agricultura, el entonces secretario Hipólito Mejía creó el icónico Departamento de Economía Agropecuaria que sentó un precedente en materia de investigaciones a nivel nacional. Mejía puso al frente de ese departamento al economista Joaquín Nolasco, un verdadero experto en la materia. Recuerdo que cuando el ex secretario Mejía iba a dar una rueda de prensa nos decía a los periodistas que cubrían esa fuente: -“Vamos para el edificio del frente al despacho de Joaquín Nolasco que está más bonito que el mío”.
Mejía dotó a este nuevo departamento de las herramientas de investigación más avanzadas de la época, envidiables niveles de confort y buenos sueldos para sus técnicos e investigadores. Con esa iniciativa se sentaron las bases para realizar importantes investigaciones socioeconómicas sobre importantes rubros agropecuarios, a la vez que se crearon los soportes para un significativo desarrollo de la economía agropecuaria en el país.
Algo similar debe ocurrir ahora con los sociólogos en esta nueva gestión de gobierno, de manera que cada una de las instituciones que lo amerite, cree su departamento de sociología para realizar las investigaciones pertinentes en sus respectivas áreas.
Así tendremos, por ejemplo, a un ministerio de Educación con un departamento de sociología que disponga de manera permanente investigaciones acerca de los impactos de los programas educativos en determinado segmento de la población o de los alimentos escolares, a los fines de introducir medidas que contribuyan a mejorar la calidad de esos servicios.
También, el Congreso de la República podrá tener su departamento de sociología para evaluar científicamente los efectos, previo a su aprobación, de los proyectos de leyes, no sólo en términos jurídicos y administrativos, sino también en la transformación social de la población.
En cuanto al ministerio de Salud Pública, esta institución o el SENASA a través de unos bien estructurados departamentos de sociología podrán medir constantemente la calidad de los servicios que se ofrecen en los hospitales.
También, en los programas de salud preventiva, los planes de vacunación, incidencias de determinadas enfermedades por regiones o poblaciones, mientras que Pro-Consumidor podría, por su lado, realizar investigaciones sociológicas acerca del impacto de los precios de los productos de primera necesidad en los consumidores y trazar pautas para lograr soluciones.
*El autor es periodista.
