SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) dejó este lunes en estado de fallo diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, durante la audiencia pública que se llevó a cabo en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, encabezó las deliberaciones junto a los jueces de esta alta corte, Leyda Margarita Piña Medrano y Lino Vásquez Sámuel, primera y segundo sustituto del presidente, respectivamente; los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Wilson Gómez Ramírez, Idelfonso Reyes, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos y Jottin Cury hijo.
La audiencia pública inició con el expediente TC-01-2018-0017 en el que sus accionantes, Manuel de Jesús Muñoz Hernández, Gilberto Aquino Elsevif y Benny Peets, atacaron el artículo 2, numerales 1 y 4, del Reglamento Interno Estatutario del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
La alta corte conoció el expediente TC-01-2018-0023 en el que la accionante, Juana Idelsa Mateo Bodre atacó el artículo 44 de la Ley número 176-07 del Distrito Nacional y sus Municipios de 2007. Así mismo, ventiló el expediente TC-01-2018-0024, que tuvo como accionante a Carlos Julio Cuesta Feliz, contra la Resolución número 472-2018 de 2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El TC conoció el expediente TC-01-2018-0025 en el que varias empresas e industrias atacaron el párrafo II del artículo 15, de la Ley número 243-17, que aprueba el Presupuesto General del Estado Dominicano para el año 2018 y su adenda del 2017.
Los jueces continuaron la sesión conociendo el expediente TC-01-2018-0026, cuyo accionante, Máximo Antonio Reyes Vásquez, atacó el Decreto número 411-97 de 1997, emitido por el Poder Ejecutivo, que autoriza la entrega en extradición. A solicitud de la parte accionante, el TC otorgó un plazo de 5 días calendario a los fines de que puede concluir las diligencias procesales para completar la acción de inconstitucionalidad.
Del mismo modo, el tribunal al conocer el expediente TC-01-2018-0030, en el que se ataca el artículo número 5 de la Norma General número 08-18, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el 2018, concedió un plazo de dos días calendario a los accionantes Manuel Arístides Feliz Espinoza y Germán A. Ramírez y a la DGII para completar el expediente.
También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2018-0027, que ataca el artículo 1, literal b, del acuerdo entre el Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), del 2017.
Asimismo, conocieron el expediente TC-01-2018-0028, que tuvo como accionante a Andrés Antonio Madera Pimentel, quien atacó la Resolución número 003/2017, emitida por el Consejo Nacional de la Defensa Pública en el 2017, que aprueba el reglamento sobre la evaluación de desempeño del personal de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).
Además, se conoció el expediente TC-01-2018-0031, que con el accionante Alfredo Ramírez Peguero atacó el Acta número 12-2018, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) de 2018 y, por último, el TC-01-2018-0032, con el Colegio Dominicano de Notarios como accionante, contra la Resolución número 21/2018, 2018, dictada por el Consejo del Poder Judicial, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y Equivalentes.
Las autoridades de las cuales emanaron las normas y actos atacados son: el CODIA, el Senado y la Cámara de Diputados de la República, la SCJ, el Poder Ejecutivo, el Minerd, el Consejo de la ONDP, la DGII, la JCE y el Consejo del Poder Judicial.
