Según el proyecto de resolución del senador de la provincia Santo Domingo, los nuevos incumbentes tienen un plazo de dos meses para rendir un informe donde se detallen hallazgos con posibles consecuencias penales.
SANTO DOMINGO, RDE.- El senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, presentó este miércoles al Senado un proyecto de resolución mediante el cual se solicita a todos los ministerios del nuevo gobierno presentar a la Cámara Alta un informe detallado de la situación administrativa encontrada en sus
Respectivas instituciones.
Resaltó que el fin de la impunidad, y del borrón y cuenta nueva, concluyó. “Es un deseo de la inmensa mayoría del pueblo que se expresó en las urnas el pasado 5 de julio”.
Puntualizó que los primeros ministerios que deben ser fiscalizados deben ser Obras Públicas y Educación, así como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) .
Taveras Guzmán dijo que los ministerios deben informar y alertar al Senado sobre las irregularidades que hayan podido detectarse en la gestión anterior, la gravedad de las mismas y las consecuencias penales que puedan ser aplicadas a los responsables.
En la resolución se otorga un plazo dos meses a cada ministerio para que entregue su respectivo informe a la Comisión Especial de Investigación creada para los fines.
“Ya no más borrón y cuenta nueva. Este Senado debe cumplir su función de fiscalizar y garantizar el uso correcto de los recursos públicos. Vamos a identificar cualquier irregularidad cometida en la gestión pasada y a tomar las medidas de lugar para que sean sancionadas y no vuelvan a repetirse”, declaró el senador de la provincia Santo Domingo al motivar la pieza en el hemiciclo.
En el caso de encontrarse indicios que vinculen prácticas o conductas con infracciones administrativas o penales, la comisión especial de investigación deberá recomendar la comunicación de las informaciones recopiladas a las autoridades correspondientes para agotar los procedimientos previstos de conformidad con la normativa aplicable.
En sus consideraciones, el proyecto apela al ejercicio de las atribuciones de fiscalización y control del Congreso Nacional, las cuales están reconocidas por el artículo 93, numeral 2 de la Constitución de la República. Además, justifica la solicitud en el artículo 146 de la carta magna, el cual consigna la proscripción de la corrupción y condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.
El senador Antonio Taveras Guzmán recordó a sus compañeros legisladores que de manera enfática la ciudadanía ha reclamado a las autoridades la ejecución de medidas tendentes a prevenir y enfrentar los posibles actos de corrupción administrativa.
