Santo Domingo. Treinta tres presidentes de las seccionales de todas las provincias del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), representantes asociaciones de abogados y defensores de los Derechos Humanos denunciaron un plan para boicotear la apertura judicial ordenada mediante sentencia por el Tribunal Constitucional por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La denuncia fue realizada en el marco de las vistas públicas que realiza la comisión que estudia el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, dijo que con ese plan se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional, y con ello presionar al Congreso Nacional para que se apruebe al vapor, y a como dé lugar el proyecto de Ley de virtualidad.
“Esto se puede comprobar en el hecho de que han transcurrido casi tres meses de la emisión de la sentencia que ordenó la apertura de los tribunales y el Consejo del Poder Judicial no ha tomado las medidas administrativas, ni logística para dotar a los tribunales del personal secretarial para atender a los ciudadanos” denunció Surun Hernández.
El gremialista indicó de manera escrita y verbal que el proyecto elaborado y depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
Manifestó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13, 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución.
El presidente del Colegio de Abogados entiende que en esas condiciones predominaría la desigualdad entre los usuarios y recordó que el artículo 69 de la Constitución de la República habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en este anteproyecto se violentan todos estos derechos.
Los juristas también denunciaron que la pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales con lo que viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821. Asimismo, da validez al uso de documentos escaneados.
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un Juez” dijo Surun Hernández-
En ese sentido precisó que ese proyecto vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código de Trabajo y otros.
Retrasos y retrocesos en servicios judiciales
Los abogados recordaron al Consejo del Poder Judicial que en tiempos de pre-pandemia, una fijación de audiencia se realizaba en dos horas y que en la actualidad tarda un tiempo estimado de 30 a 45 días, que los aplazamientos eran de 30 días y ahora se hacen de 3 a 4 meses y que las sentencia eran obtenidas en media hora y actualmente tardan de 20 a 30 días.
También precisaron que las copias de los expedientes en se obtenían en una hora y que en estos momentos tardan de 30 a 45 días, por lo que la justicia era más eficiente.
Derechos Humanos
De su lado, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que la pieza legislativa viola varios artículos de la Constitución y derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia.
