Santo Domingo. La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados sostuvo un encuentro con la Directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, con quien pasó revista a varios proyectos de ley que estudia la Comisión, que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado.
Entre las iniciativas de ley está el proyecto para el fortalecimiento del sistema de justicia y que crea el Ministerio de Justicia, una propuesta del Poder Ejecutivo.
Sobre este proyecto, Yeny Berenice resaltó la importancia del mismo porque toca aspectos esenciales de lo que han sido por décadas funciones del Ministerio Público y reiteró la posición de la Procuraduría General de la República de apoyar la creación de un Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la Procuraduría no está de acuerdo con que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pase a ser una dependencia del Ministerio de Justicia, si no que sea mantenido bajo el control del Ministerio Público, amparado en la Ley Orgánica que lo rige.
«Yo quisiera que entendiéramos que significa y que implica el Inacif, una institución que no ha tenido un desempeño que haya tenido cuestionamientos, de hecho las defensas, cuando solicitan contraperitaje quieren que por lo general se lo haga los propios peritos del Inacif», explicó.
Reynoso afirmó que toda la droga que se incautó en el país va al Inacif, así como los estudios de balísticas, las autopsias, las certificaciones de violaciones sexuales, los golpes y heridas y todo lo que tenga que ver con las falsificaciones.
«Cuando estamos analizando si es suicidios u homicidio, si el Inacif dijo que es suicidio no hay caso, por todo lo antes expuesto nosotros entendemos no es aconsejable en estos momento pasar el organo central de las investigaciones forences a un organo que es eminentemente politico como seria el Minsterio de Justicia», recalcó.
Dado el incremento de los fraudes inmobiliarios, los diputados y la magistrada Reynoso plantearon la necesidad de modificación a la Ley 58-69, que castiga con prisión correccional y multas a las personas que sin permiso del dueño se introduzcan en propiedades inmobiliarias urbanas o rurales.
«Pongan en nuestras manos herramientas jurídicas con la que nosotros podamos trabajar en la tutela del derecho de propiedad, para reducir los delitos inmobiliarios y los desalojos forzosos», demandó.
De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jimenez, expresó que los diputados siempre han estado en la mejor disposición de trabajar de la mano de la Procuraduría General de la República.
