El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este miércoles en su despacho la visita del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, con quien trató diferentes temas relacionados a las iniciativas legislativas pendientes en el seno del Congreso, las cuales tienen una alta relevancia para el fortalecimiento institucional del país.
Alfredo Pacheco valoró positivamente el encuentro, además de los planteamientos del vicepresidente de FINJUS, quien depositó un documento, como forma de contribuir al desarrollo legislativo.
“Hemos listado dichos anteproyectos, proyectos y/o iniciativas legislativas y ponderado brevemente su importancia para el desarrollo nacional, y nos permitimos sugerirle que sean integrados al listado de las iniciativas prioritarias de la agenda legislativa para la legislatura que inicia”, expresó Servio Tulio.
Precisó que las iniciativas legislativas identificadas se enmarcan en tres grandes aspectos, esto es: seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y sistema de justicia.
Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía
La seguridad ciudadana ha sido señalada de manera reiterada como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en los más recientes estudios y encuestas realizadas, como el Índice de Competitividad Global y el Barómetro de las Américas 2021, considerándose la inseguridad como el problema más importante que enfrenta el país a juicio de la población dominicana.
Lo anterior amerita que el Estado y en particular, el Poder Legislativo, se aboquen a la tarea de desarrollar una política de seguridad ciudadana integral, lo cual requiere, a modo de componente clave, la aprobación de iniciativas tales como la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Policía y la reforma al Código Penal correspondiendo esta última a todo lo relativo al fortalecimiento del sistema de justicia.
Reforma a la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
El artículo 41 de la Constitución dominicana, en su parte in fine, prohíbe todas las formas de trata y tráfico de personas. De igual modo, el país es signatario de convenios internacionales como la Convención Belém do Pará, donde este tema es considerado como un imperativo para los países que lo suscribieron.
Sin embargo, para el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana se requiere una norma sobre trata y tráfico de personas que responda a las nuevas dinámicas que también ha asumido la criminalidad organizada, mejorando así la Ley No.137-03, la cual es además previa al nuevo orden constitucional vigente.
Los alcances de la protección jurídica brindada a las víctimas afectadas por este delito, las técnicas especiales de investigación a aplicar en estos casos, así como también la precisión de la responsabilidad penal en un fenómeno tan complejo como la trata de personas, requiere una modificación normativa que permita activar nuevos mecanismos para propiciar un mayor clima de seguridad en este ámbito.
Reforma del Código Penal
Transcurridos más de cien años desde la promulgación del Código Penal dominicano en 1884, entendemos que actualmente resulta impostergable la reforma del texto íntegro de dicha normativa pues la misma no responde a las necesidades de prevención y persecución del delito en una sociedad cada vez más globalizada.
En efecto, el Código Penal Dominicano se encuentra desfasado y constituye un obstáculo a la persecución del crimen en nuestro país en desmedro de la seguridad ciudadana. Esta legislatura debe colocar dentro de sus principales objetivos la promulgación de una normativa más adecuada a la dogmática jurídico-penal moderna y, de conformidad a esto, apostar también a la modernización del sistema penitenciario, entre otras normas conexas.
Otras leyes
En el encuentro en la Cámara de Diputados, también trataron sobre la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley sobre juicios de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, Reforma de la Ley 140-15, que regula el Notariado dominicano.
Además, sobre las Leyes de Régimen Electoral y Partidos Políticos, Reforma a la Ley 29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ley de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, Ley que regula el indulto, Ley de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, entre otras.
