Los nuevos reglamentos modernizan el control externo y consolidan mecanismos de integridad, participación social, interoperabilidad y rendición de cuentas.
Santo Domingo, República Dominicana. – El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), encabezado por su presidenta, la doctora Emma Polanco Melo, consolidó un moderno marco normativo que fortalece el control externo de los recursos públicos y moderniza el funcionamiento institucional, en cumplimiento de la Constitución de la República y de la Ley núm. 18-24.
Este proceso incorpora instrumentos jurídicos que actualizan la organización y los procedimientos de la institución conforme a estándares contemporáneos de fiscalización, integridad, participación ciudadana, interoperabilidad y gobernanza pública.
Entre las principales normativas aprobadas figuran el Reglamento de Aplicación General de la Ley núm. 18-24, el Reglamento de Participación Social, el Código de Ética e Integridad, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, y el Reglamento de la Mesa de Control y Fiscalización para la Interoperabilidad.
La nueva arquitectura normativa fortalece la capacidad de la Cámara de Cuentas para ejercer una fiscalización más técnica, preventiva y coordinada, al tiempo que incorpora mecanismos que promueven la participación social, la articulación interinstitucional, la gestión de riesgos y la mejora continua de los procesos institucionales.
Este proceso ha sido impulsado por el Pleno de la Cámara de Cuentas, integrado por la presidenta, doctora Emma Polanco Melo; el vicepresidente, licenciado Francisco Tamárez Florentino; y los miembros licenciado Francisco Franco, licenciado Ramón Méndez Acosta y licenciada Griselda Gómez Santana, quienes, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, han promovido una agenda de reformas orientada a consolidar un sistema de control externo más eficiente, moderno y articulado.
Con estas acciones, la Cámara de Cuentas reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la protección del patrimonio público y la consolidación de una administración pública sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, transparencia, ética e integridad, en beneficio de la ciudadanía dominicana.
Reglamentos aprobados y vigentes:
