SANTO DOMINGO.- Mediante una labor de inteligencia y coordinación interinstitucional contra la trata y tráfico de personas, el Ministerio Público y la Policía Nacional hicieron 16 allanamientos en diferentes lugares del país, en los cuales fueron arrestadas 29 personas.
Se informó que dos de los detenidos son de nacionalidad india, quienes estaban a la espera de la documentación para salir a Estados Unidos, dos pertenecen al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), siete son inspectores de la Dirección General de Migración y 18 dominicanos, de los cuales 10 son deportados, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas.
La información fue ofrecida durante una rueda de prensa en la Procuraduría General de la República, encabezada en representación de esta institución, por el director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, y el director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Bienvenido Ventura, y por la Policía, por el coronel Manuel Antonio Quiroz Félix, subdirector de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y el teniente coronel Luis Vargas Morillo, encargado de la Unidad Antilavado.
Las autoridades destacaron que este es el más grande operativo de investigación criminal que han realizado en un caso de trata y tráfico de personas el Ministerio Público y la Policía Nacional en el país, la cual inició en el mes de junio del año 2018, estando relacionada a una red de la criminalidad organizada que presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de personas hacia los Estados Unidos, utilizando rutas por Haití, Bahamas, Tórtola, México y Puerto Rico, quienes estarían proporcionando a sus clientes documentos de viajes falsos de Estados Unidos, España, Venezuela, Guatemala, Bahamas, Chile, Panamá y Costa Rica.
En ese orden, explicaron que como resultado de esa investigación, la madrugada de este miércoles fueron realizados los dieciséis allanamientos en zonas de Bani, en la provincia Peravia; Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, Hato Mayor y el Distrito Nacional.
Al ofrecer los detalles de la operación, las autoridades explicaron que incluyó el desplazamiento de 294 efectivos policiales de investigación criminal, Swat, Inteligencia y Prevención y 16 fiscales, utilizándose durante el desarrollo de la misma unos 84 vehículos en las zonas donde estaban programadas las operaciones policiales. Dicho operativo, contó además con el apoyo de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Indicaron que durante el desarrollo de la investigación, en un período de ocho meses, identificaron hechos puntuales que vinculan la asociación de 26 de los arrestados, entre ellos siete mujeres, a delitos de trata y tráfico de personas, quienes se presume han violado lo establecido por el legislador en los artículos 147, 148, 151, 153, 154, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como también violaciones a la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Además, tres fueron arrestados infraganti, completando un total de 29 personas detenidas.
De manera individual, detallaron, que presuntamente han incurrido en la promoción, falsificación, alteración, venta, compra y distribución de documentos de viajes (pasaportes y visas de diferentes nacionalidades), sellos migratorios y documentos públicos y privados en general, con el fin de traficar personas mediante la introducción, paso y salida ilegal de éstos hacia diferentes países del mundo, específicamente a los Estados Unidos, para lo cual estarían cobrando sumas entre US22,000.00 a 27,000.00 dólares norteamericanos por cada cliente traficado mediante esta modalidad.
Precisaron que los oficiales investigadores se apoyaron en cientos de operaciones de inteligencia y diligencias operacionales que les han permitido definir la estructura de esta organización e individualizar las violaciones que han cometido a las leyes dominicanas.
Las autoridades reiteraron el compromiso asumido con la nación, de seguir enfrentando de manera firme estos delitos del crimen organizado, mediante acciones puntuales y la implementación de estrategias concretas que permitan, como ha ocurrido en este caso, desmantelar fuertes redes dedicadas a esa práctica ilegal.
