Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República publica la auditoría coordinada en Áreas Protegidas (AP) del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el período comprendido entre el 1.º de enero del año 2015 y el 31 de diciembre del año 2019.
Entre los hallazgos del equipo de auditores de la CCRD están: ausencia de planes de manejo en áreas protegidas, personal insuficiente, debilidad en la realización de las actividades esenciales por falta de personal, recursos financieros insuficientes para su gestión, dependencia de recursos externos en la realización de actividades esenciales y la ausencia de estructuras administrativas en esas áreas.
También detectó equipos y mobiliarios insuficientes para las necesidades de la gestión (infraestructura de vigilancia, formulario de vigilancia, identificación oficial, uniformes, equipo de comunicación, binoculares, cámara fotográfica, medio de transporte, equipo de posicionamiento geográfico (GPS) e instrumentos de protección). Servicios básicos insuficientes, ausencia de planes de manejo, deficiente implementación o vencimiento donde existen, ausencia de evidencias de gestión participativa en las Áreas Protegidas e inactividad de los actores involucrados, ausencia de promoción para la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones para la gestión de esas áreas, falta de cooperación de organismos gubernamentales.
Además, los límites territoriales de Áreas Protegidas no contribuyen al logro de objetivos, debilidades en su demarcación y señalización y ausencia de límites físicos, procesos no completados de Ordenamiento Territorial. No existen instrumentos de planificación para la fiscalización y enfrentamiento de emergencias ambientales, acciones de fiscalización y/o enfrentamiento de emergencias ambientales no efectivas, ausencia de actividades de monitoreo de la biodiversidad e insuficiente en las áreas protegidas.
Monitoreo insuficiente sobre deforestación y especies en peligro de extinción, ausencia de infraestructura de apoyo a la investigación, falta de priorización e identificación de necesidades de investigación. Áreas Protegidas ocupadas irregularmente por comunidades y la ausencia de instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales por las comunidades locales en las Áreas Protegidas.