El gremio depositó un recurso de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto Nacional en procura que se le asignen los recursos necesarios al sector justicia.
SANTO DOMINGO, RD.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) deploró que se cumplan 17 años de violación a la independencia financiera de la justicia precisamente en el Día del Poder judicial y lamentó que este sector tenga que mendigar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional los recursos que les toca por Ley.
Una comisión de juristas encabezada por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que el artículo 3 de la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria establece que el presupuesto del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público debe de ser de por lo menos 4.10% del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el (PJ) y un 35 para la Procuraduría General de la República.
Los togados denunciaron que las limitaciones de recursos han imposibilitado mejorar las condiciones laborales y económicas de jueces, fiscales y otros servidores del sector, muchos de los cuales laboran en condiciones deplorables, recibiendo salarios pírricos, pocos incentivos y sufriendo carencias de insumos y herramientas para perseguir el crimen; asimismo mantiene estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales, la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto e igual cantidad de tribunales aprobados por leyes especiales, lo que mantiene asfixiado económicamente al sector justicia.
Para lograr este objetivo, el Colegio de Abogados declaró el 2022 el año de la Independencia Financiera de la Justicia y depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley No. 345-21, de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Presupuestario del año 2022. G. O. 11047 del 15 de diciembre de 2021, alegando que la misma viola los artículos 2, 6, 69, 149, 151 y 170 de la Constitución Dominicana; así como los artículos 1, 2, 3, 4, 6 Párrafo I, II, y 7 de la Ley 194-04, debido a la conculcación o vulneración de derechos, de la supremacía constitucional, del estado social y democrático de derecho, el principio de progresividad de la Norma Laboral, por afectar derechos fundamentales adquiridos y vulneración de la racionalidad, justeza y utilidad de la ley.
La acción en inconstitucionalidad fue depositada por decenas de abogados miembros del gremio, encabezados por su presidente Surun Hernández, quien indicó que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles con falta de personal, de equipos, de infraestructura física adecuada, sumado a la virtualidad lo que dificulta su operatividad.
El presidente del CARD agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años”.
Asimismo, valoró el inicio del acatamiento de la Sentencia TC/0286/21, por parte del Consejo del Poder Judicial con la apertura de las secretarías y el acceso a los expedientes.
El jurista anunció que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la Independencia Presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
