En el plantón que realizaron esta mañana ante la sede del Tribunal Superior Administrativo, TSA, afectados directos de la contaminación de Punta Catalina, autoridades municipales y legisladores de la provincia Peravia y representantes del Instituto de Abogados para la Protección de Medio Ambiente, INSAPROMA, y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, pidieron a ese tribunal que proteja a la población de esta provincia de los efectos dañinos de esta central termoeléctrica.
En la proclama que fue leída durante la protesta, los representantes de la provincia Peravia y de las organizaciones, compararon a Punta Catalina con un volcán que “está arrojando gases ácidos y venenosos, micropartículas de metales pesados, cenizas tóxicas y vertiendo agua hirviente al mar, impactando de manera directa a más de cien mil personas y a su hábitat con graves e irreversibles daños”.
En la mañana de hoy el Tribunal Superior Administrativo, TSA, conoció en audiencia la solicitud de acción de amparo en contra de las plantas de carbón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, después de cuatro aplazamientos.
A las 12.20 p.m., los jueces concluyeron y dejaron todo listo para fallo, el cual será comunicado en los próximos días a través de la secretaria del Tribunal Superior Administrativo, TSA.
En el plantón tomaron la palabra el presidente del Ayuntamiento de Baní, Leónidas Díaz, Don Yiyo, la concejal Ingrid Carolina Díaz y otras autoridades municipales y representantes de las comunidades aledañas a Punta Catalina.
Toda la provincia Peravia reclama que se solucione la contaminación de Punta Catalina
La profesora Virtudes Martínez, del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, rodeada por manifestantes portando cartelones en contra del carbón y a favor de la conversión a gas natural de Punta Catalina, leyó la proclama. A continuación el texto íntegro de esta declaración.
Nosotros y nosotras, los afectados directos de la contaminación letal de Punta Catalina, las autoridades municipales y los legisladores de la provincia Peravia, así como el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, les solicitamos a los jueces del Tribunal Superior Administrativo que protejan a la población, al medio ambiente y a la producción de la provincia Peravia del volcán de Punta Catalina en permanente erupción.
No se trata de una metáfora poética. Punta Catalina es un volcán en erupción que está arrojando gases ácidos y venenosos, micropartículas de metales pesados, cenizas tóxicas y vertiendo agua hirviente al mar, impactando de manera directa a más de cien mil personas en la provincia Peravia y a su hábitat con graves e irreversibles daños.
Las plantas de carbón de Punta Catalina queman 4 millones de toneladas de carbón al año, producen 400 mil toneladas de cenizas al año y una gran cantidad de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno diez o más veces por encima de todas las normas establecidas, y 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente, el principal gas causante del calentamiento global y del cambio climático.
La construcción del largo espigón de 1,200 metros del puerto carbonero de Punta Catalina dinamitó los corales subyacentes y ha producido la desaparición de forma parcial de la playa de Nizao y de forma total de la de Paya, y por consiguiente, toda la vida marina en este litoral, y por tanto la eliminación de la pesca de la cual vivían decenas de familias.
Aunque la contaminación de Punta Catalina es de la misma naturaleza que la de un volcán, el Gobierno central no ha hecho nada para impedir que perjudique a los habitantes de las comunidades aledañas y de la ciudad de Baní, aún cuando en las últimas semanas se han producido densas nubes tóxicas cargadas de micropartículas de metales pesados expulsadas por la chimenea de esta central que han colocado en riesgo de muerte a la población.
A diferencia de un volcán natural, Punta Catalina es un volcán construido y por tanto puede ser apagado a voluntad. Aún así, en ningún momento las autoridades gubernamentales han considerado sacarla de servicio o reemplazar el carbón por otro combustible menos dañino, para proteger a Nizao, Don Gregorio, Catalina, Carretón, Santana, Pizarrete, Paya y Baní de la contaminación letal emitida por esta central.
Hasta el día de hoy, el Presidente de la República, Luis Abinader, los ministros de Medio Ambiente y de Energía y Minas ni ninguna otra autoridad nacional, han querido escuchar las resoluciones de los concejos municipales y de la juntas distritales directamente afectados por Punta Catalina en las que se solicita la conversión a gas natural de Punta Catalina, el traslado fuera de la provincia de la montaña de cenizas tóxicas depositadas en las inmediaciones del Batey San José y la reparación e indemnización de los daños causados por esta termoeléctrica.
Tampoco han escuchado el proyecto de resolución en el mismo sentido que han elaborado los diputados de la provincia Peravia de manera unitaria por encima de sus diferencias partidarias e ideológicas. Así mismo, se han hecho oídos sordos ante la resolución del senador de la provincia en iguales términos.
Por esa razón hemos apelado al Tribunal Superior Administrativo, TSA, para que proteja nuestro derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano que consagra la Constitución de la República.
Durante las cuatro audiencias que se han fijado, tres de las cuales han sido aplazadas por petición nada menos que del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hemos venido a las puertas de este tribunal a reiterar nuestra solicitud de amparo a través de la celebración de plantones, de forma presencial y virtual.
En esta ocasión el Tribunal Superior Administrativo, TSA, debe conocer nuestra acción de amparo, concluir y dejar todo listo para emitir sentencia. Llevamos cinco meses esperando que la Justicia nos otorgue la protección que el Gobierno central se ha negado a darnos, violando nuestros derechos fundamentales y constitucionales.
Durante estos cinco meses en los que hemos estado esperando la protección de la Justicia, la contaminación de Punta Catalina ha empeorado y en ocasiones los habitantes residentes entre esta central y la ciudad de Baní, hemos estado en riesgo de padecer numerosas muertes súbitas como consecuencia de nubes de gases tóxicos estacionadas sobre nuestras cabezas.
Durante este tiempo se ha demostrado ante todo el mundo que Punta Catalina es un gravísimo peligro público, y la prestigiosa Universidad de Duke, de Carolina del Norte, EUA, ha confirmado después de un estudio con los más avanzados procedimientos y equipos científicos, que las cenizas de esta termoeléctrica arrojadas de manera irresponsable y criminal a la intemperie, son tóxicas y contaminan el aire, el suelo y las aguas subterráneas y superficiales.
Señores jueces, ordenen que se apague de inmediato el volcán de Punta Catalina hasta que las autoridades gubernamentales eliminen de forma definitiva su contaminación letal. Esta sentencia respaldará nuestros derechos constitucionales y respaldará los esfuerzos por solucionar este problema para el bien común.
