El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, instaron a la Comisión Permanente sobre Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados a rechazar el contrato con Apache por los graves e irreversibles daños que causará en el medio ambiente y en la plataforma costeromarina del país la exploración y la explotación de hidrocarburos.
El pasado jueves, 11 de febrero, esta comisión escuchó las explicaciones de ambas entidades de las razones por las cuales el Congreso Nacional debe rechazar el contrato con la empresa petrolera estadounidense.
La reunión que se celebró en la Sala Rafaela Alburquerque de la Cámara de Diputados, estuvo encabezada por el diputado Jorge Cavoli Balbuena, presidente de la comisión. Participaron los diputados José Miguel Cabrera, Lourdes Aybar Serulle, Juan José Rojas, Lily Florentino, Danny Valdez, Miguel Alberto Bogaert y José Horacio Rodríguez.
Por parte de las organizaciones, acudieron al encuentro Euren Cuevas, Rubén Toribio Rosario, Enrique de León, Tito Olivo Salazar y Xabier Francisco de León. Enrique de León tuvo a su cargo la presentación del documento que fue depositado por las entidades en la comisión.
Impactos ambientales, ecológicos y climáticos
Las organizaciones explicaron que la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas frente al litoral de la ciudad de Santo Domingo, producirá una gran contaminación al suelo, subsuelo, cuerpo de agua, la costa y las playas.
Advirtieron que como resultado de estos impactos, especialmente de vertidos y derrames de hidrocarburos inevitables en este tipo de operaciones y en los pozos abandonados, desaparecerán ecosistemas y las especies que habitan en ellos.
Destacaron que tanto la exploración como la explotación de los hidrocarburos emitirán gases de efecto invernadero, especialmente de metano con un potencial de calentamiento 86 veces mayor que el dióxido de carbono.
Señalaron que a causa de estas emisiones se incrementará la vulnerabilidad del país al cambio climático, y será imposible el cumplimiento de la reducción de estas emisiones en un 27% antes del 2030 y de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050, comprometidas por el Gobierno dominicano ante el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
Denunciaron que el contrato forma parte de la agresión de Apache, de TOTAL y de otras petroleras en contra del mar Caribe, las cuales están perforando pozos en aguas profundas ante las costas de Trinidad y Tobago, de Guyana y de Surinam.
“Estamos ante el riesgo de que el Caribe se convierta en un gran lodazal y en un mar muerto, incluido el litoral del Gran Santo Domingo”, aseguraron.
Afectará a RD como destino de turismo sostenible o verde
Las organizaciones llamaron la atención sobre el hecho de que el área que se concederá a Apache está situada frente de las costas de la ciudad de Santo Domingo, Primada de América y Patrimonio de la Humanidad, teniendo el límite más cercano a cinco kilómetros de distancia.
Plantearon que esta ubicación ante la ciudad de Santo Domingo y ante cinco de los principales puertos del país que son la entrada de la mayor cantidad de mercancías y de turistas por mar, “será un golpe de muerte a la marca país asociada al trópico y a la naturaleza, y a esta actividad que es actualmente la más importante para nuestra economía”.
Manifestaron que es incompatible el turismo, especialmente el tipo de turismo de naturaleza como el que ofrece la República Dominicana, con la explotación de hidrocarburos, por lo que iniciadas estas operaciones se reducirá grandemente la llegada de turistas de EUA, Canadá, Inglaterra y Europa, nuestros principales clientes.
Expusieron que la merma y posible desaparición de la actividad turística del país, no podrá ser compensada por los posibles ingresos consignados en el contrato con Apache, “aún en el mejor de los escenarios que está muy lejos de hacerse realidad”.
Indicaron que los hidrocarburos son un pésimo negocio por sus bajos precios, aumento de sus costos y por la baja demanda de estos combustibles.
Observaron que para el 2050 habrá desaparecido el vehículo de motor de explosión, y las energías de fuentes renovables y el hidrógeno verde habrán reemplazado por completo a los hidrocarburos.
“Está muy claro que la explotación de hidrocarburos no es hoy y, mucho menos en el futuro, un negocio rentable y carece de la capacidad de pagar los daños y la remediación de éstos que produce su extracción. Es más lo que se pierde que lo que se gana”, dijeron.
Contrato de Apache es una estafa
Las organizaciones calificaron de ilegal el origen de la contratación de Apache, por haber sido, de nueve empresas originalmente interesadas, la única que permaneció en la licitación de la primera ronda de bloques de hidrocarburos efectuada el 27 de noviembre de 2019, en Houston, Texas, EUA.
Consideraron que por la circunstancia de que solo una empresa permaneció en la ronda, este proceso de licitación debió haberse declarado desierto y jamás adjudicarle el contrato a Apache que al igual que las demás empresas que se retiraron no cuenta con ningún financiamiento bancario.
Adujeron que el Estado dominicano firmará un contrato con Apache que según el artículo 5 del mismo puede ser sustituida por decisión de las denominadas “Empresas participantes” que no son identificadas en ningún lugar, sin consultar a las autoridades dominicanas. “Es decir, que en realidad Apache no es la otra parte del contrato, sino desconocidos, lo que hace de este contrato una gran estafa”, concluyeron.
Igualmente revelaron que se otorga al contrato la capacidad de modificar la ley, en el mismo se reconoce la vigencia de la ley inglesa en materia no incluida en la legislación nacional y establece el inglés como el idioma oficial para cualquier comunicación.
Afirmaron que el contrato implica una concesión hasta de 60 años de duración y una regalía de apenas 3 y 2% cuando la regalía en Guyana y Surinam es de 6.25%, en Brasil de 16% y en EUA de un 12%.
Aclararon que como resultado de un muy generoso régimen de exención fiscal, el Estado en realidad no recibirá ingresos significativos de la ganancia aunque el contrato consigna una participación en los beneficios netos de un 40% a favor del país.
Significaron que en el contrato se establece un mecanismo para evadir la responsabilidad de Apache de responder por los daños causados por contaminación y derrames de hidrocarburos.
Las organizaciones sugirieron que en caso de que el informe de la comisión sea favorable al contrato de Apache, proponga al pleno de la Cámara de Diputados que convoque vistas públicas para escuchar a los sectores afectados por la exploración y explotación de hidrocarburos.
Basaron su petición en que “el debate de este contrato con la empresa Apache se está tomando la decisión de escoger entre una economía de fósiles o una economía verde sustentada en energías renovables, y también si queremos o no salvar el mar Caribe de la contaminación de la explotación de los hidrocarburos”.
