domingo, noviembre 24, 2024
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Canciller Miguel Vargas suscribe acuerdo con Colombia para combatir narcotráfico

WASHINGTON D C.- El Canciller Miguel Vargas firmó un acuerdo de cooperación entre República Dominicana y Colombia para el control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos.

El documento, que también suscribió el ministro de Exteriores colombiana María Ángela Holguín, establece que las instituciones de ambos países colaborarán en la reducción de la demanda de drogas para uso indebido, mediante estrategias de prevención, tratamiento, reducción de daños, rehabilitación y reinserción social.

El canciller Vargas destacó la importancia del convenio, que además contempla planes de control a la producción y el tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y la generación de conocimiento técnico sobre el problema mundial de las drogas.

“Este es otro paso que da el país para atacar desde todos los frentes una actividad ilícita cuyos efectos se multiplican y provocan graves daños a todo el tejido social de nuestros pueblos”, explicó el ministro de Exteriores dominicano.

Convenio sobre radioaficionados

En otro acto celebrado en la capital estadounidense, en el marco de la 48ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Vargas firmó la adhesión de República Dominicana a la “Reforma del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado (IARP)” presentada por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).

El acuerdo permite que, “respetándose la soberanía nacional sobre la utilización del espectro radioeléctrico comprendido dentro de su jurisdicción, que cada Estado apruebe operaciones temporales de estaciones de aficionados bajo su autoridad, a personas licenciadas con un IARP por otro Estado, sin un examen adicional.”

Varios países de la región también se adhirieron al convenio, cuyo texto indica que el IARP será válido para operar por un año en los Estados visitados que sean parte del acuerdo. Sin embargo, la autorización no tendrá validez en el territorio del Estado que la emita.

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