SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano anunció este lunes que procederá a revisar los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las contrataciones de obras firmadas entre el Estado y la constructora Odebrecht, a los fines de finiquitar dichos contratos.
La información fue servida en el Palacio Nacional por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien estuvo acompañado de Isidro García, abogado ayudante de la Consultoría Jurídica, y de Daniel García Archibald, director de Información y Prensa de la Presidencia.
Peralta Romero comunicó que el presidente Luis Abinader instruyó al Ministerio de Obras Públicas para que, junto a la Consultoría Jurídica, se cumpla la disposición.
La medida del Gobierno también incluye “las obras contratadas con las filiales de Odebrecht, consorcios y empresas relacionadas con la constructora brasileña, todo en atención al interés general y el beneficio de la nación”.
“El Gobierno informa que se procederá, oportunamente, a convocar las licitaciones para la culminación de las obras pendientes de ejecución por ser de interés nacional, siempre en apego a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad y participación que rigen las compras y contrataciones públicas”, afirma el comunicado de prensa leído por el consultor jurídico.
“El Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la transparencia en las compras y contrataciones públicas, en el manejo de los recursos, con el debido proceso de ley, así como su firme determinación de defender los mejores intereses de la República Dominicana”, concluye.
De los 17 contratos obtenidos por Odebrecht desde el 2002, unos cinco aún están en ejecución: el corredor ecológico Pontezuela, los acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, y la carretera Cibao-Sur que incluye el tramo entre Piedra Blanca y Ocoa.
Los restantes 12 son estos: el acueducto de la Línea Noroeste y su ampliación posterior; las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino; el Corredor Duarte I; la Autopista del Coral y Circunvalación La Romana; la carretera El Río-Jarabacoa; la carretera Casabito-Constanza y su rehabilitación; la carretera San Pedro de Macorís-La Romana; el Boulevard Turístico del Este, y la rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Jigüey y Aguacate.
Aunque sumida en el escándalo público por presunta corrupción, la central termoeléctrica de Punta Catalina fue excluida del expediente judicial por el Ministerio Público, al determinar que no hubo pago de sobornos para esa megaobra.
Empero, una investigación hecha por periodistas y sustentada en documentos de Brasil, arrojó que se habría entregado unos US$39 millones para dicha construcción. Aun así, las pesquisas y los sometimientos por coimas no incluyen las termoeléctricas y solo abarcan 16 obras.
Actualmente, se celebra juicio en el país contra seis acusados de, presuntamente, repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado en el país entre 2001 y 2014.
El juicio contra comenzó el 21 de septiembre desde cero en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras más de tres años en la Suprema Corte de Justicia.
Los imputados son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y su supuesto testaferro Conrado Pittaluga Arzeno, así como Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país y presunto distribuidor de los US$92 millones en sobornos.-
